La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha iniciado hoy un desembalse preventivo de agua desde la presa de Guadalcacín como medida de seguridad para garantizar el resguardo ante la previsión de lluvias de esta semana. El embalse, el más grande de la provincia y uno de los de mayor tamaño de Andalucía, se encuentra al 97,7% de su capacidad tras haber recibido aportaciones de agua un 946% superior a la aportación media histórica en el mes de marzo desde 1942 y alcanzar, además, el máximo registro histórico de los últimos 75 años.

El agua desembalsada de este pantano -entre 30 y 50 metros cúbicos por segundo- se dirige hacia la Junta de los Ríos, donde se unen el Majaceite y el Guadalete por lo que la cota de los dos podría registrar en las próximas horas un nuevo crecimiento. A esta cantidad, además, hay que unirles los 75 metros cúbicos por segundo que se alivian desde el pantano de Bornos y que van a parar también al Guadalete.

Hay que recordar también que el pantano de Guadalcacín alivia agua también por los canales de riego a razón de 11 metros cúbicos por segundo desde hace aproximadamente diez días.

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El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

El drama de Manoli Pinto es el de cada vez más españoles cuya vida ha dado un vuelco en los últimos años y afrontan una deuda monstruosa con el banco cuando apenas si pueden subsistir día a día. Esta sevillana afincada en Jerez ha expresado su desesperación después de conocer que la entidad bancaria con la que tenía concertada la hipoteca de una casa que ya no le pertenece le exige el pago de 70.000 euros en concepto de “intereses y costas” tras haberse quedado con la vivienda. Como explica la propia afectada, su declive económico comenzó en 2009 cuando adquirió una casa junto con su pareja en Punta Umbría, localidad en la que por aquel entonces residían. Al Poco tiempo él se quedó parado, constituyendo hasta el momento su única fuente de ingresos, por lo que no podían continuar haciendo frente a esa hipoteca.

“Fui a hablar con el BBVA y les dije que quería la dación en pago. Ellos me hablaron de refinanciación pero eso era engordar para morir, porque yo tenía dos hijos que alimentar y no podía seguir pagando 1.000 euros al mes, así que dejé las llaves en el buzón y nos vinimos para acá, de donde es mi marido”. Una vez en Jerez, Manoli le pidió un préstamo a su madre con el que logró comprar el bajo que actualmente ocupa junto a su familia en San Juan de Dios. En lo que respecta a la otra vivienda, le consta que “pasó a nombre del banco y a mí nunca más me llegó ninguna carta ni nada que tuviera que ver con ella”. Pasaron los años y de buenas a primeras, como asegura, recibió una misiva por la que la entidad le pide el abono de 70.000 euros por los intereses del préstamo que solicitaron en su momento, sin obviar que sobre ellos planea ahora la posibilidad de embargo del inmueble en el que habitan si no hacen frente a ese pago.

“Yo les he explicado que no tenemos dinero; ya nos quitaron una casa y ahora se quieren llevar todo lo demás. He solicitado un abogado de oficio que tiene que ser de Huelva, porque el procedimiento se inició allí, y me dicen que van a tardar en asignármelo. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados”. El marido de Manoli trabajaba en la construcción y lleva seis años en paro. Los ingresos que entran en casa se reducen a una ayuda a la que tiene derecho de 426 euros, lo que les obliga a acudir cada día a un comedor social para alimentar a sus hijos. “El cambio de estar bien hace unos años y vernos ahora en las últimas es duro, pero tenemos que ser realistas y mirar para adelante porque es lo que hay. Nosotros tenemos que comer, y si nos quitan la casa ya no tendremos a dónde ir”.

Por ello, solicitan que el banco tenga en consideración su situación y se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo, antes de que acaben desahuciados como está está ocurriendo cada vez con más frecuencia. “Queremos llegar a un acuerdo, aunque sea pagando 50 euros al mes, pero así podremos seguir viviendo en nuestra casa y nos quedaremos más tranquilos”. A pesar de que el futuro no se presenta muy prometedor para ellos, Manoli es optimista al tiempo que agradece y valora la ayuda de gente que tiene a su alrededor, que les ofrecen ropa e incluso alimentos, y sin la que no podrían continuar viviendo.

Ayuda por redes sociales

La desesperada situación de Manoli le condujo en los últimos días a pedir ayuda a través de las redes sociales. Con su cuenta de twitter (@manoliasecas) se encargó de pedir RT a personajes famosos para que su mensaje llegara al mayor número de personas, indicando que si 70.000 personas les donaban un 1 euros conseguiría saldar su deuda y no perder la casa. Hubo disparidad de respuestas a su llamamiento y actualmente su perfil ha sido suspendido.

La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las “relaciones” que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el “alimento” del que se nutrían todas las partes de la trama.

La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Prejubilaciones fraudulentas

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría ‘Hermes Consulting’ y ‘Maginae Solutions’ habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, la juez atribuye de nuevo a Lanza la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”. Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

El tironero que desde hace un tiempo tenía en jaque a la Policía ha sido detenido por los agentes del grupo de Delitos Contra las Personas, que cierran así una ardua investigación iniciada hace unas semanas cuando el individuo comenzó a perpetrar sus golpes. Como ha podido saber este medio por fuentes del caso, el sospechoso es un vecino de San Telmo Nuevo de unos 30 años cuya motocicleta también ha sido intervenida, dado que de ella se servía presuntamente para llevar a cabo los tirones. El arresto se produjo la pasada semana y el sujeto fue puesto de inmediato a disposición del juez, quien ha decretado su ingreso en prisión.

Según las fuentes consultadas, se le imputan un total de 16 presuntos robos con fuerza pero la causa ha sido dividida, de tal forma que cada hecho será procesado en un juzgado distinto. Como ya publicara Reporteros Jerez, en solo una semana un individuo cometió una serie de tirones con violencia por diversas zonas de Jerez y su actividad se fue extendiendo como la pólvora en poco tiempo. El sujeto en cuestión utilizaba para sus tropelías una moto Aprilia blanca y roja, e iba ataviado con un casco integral para evitar ser reconocido.

Algunos de estos tirones llegaron a acabar con la víctima en el hospital a causa de la violencia del golpe, sin olvidar que el ladrón se hizo en ciertas ocasiones con importantes sumas de dinero, lo que hace sospechar que vigilaba a sus presas en los cajeros o a la salida de los bancos. La Policía Nacional, en colaboración con la Local, puso en marcha un dispositivo que ha culminado ahora con la detención de un varón al que señalan como presunto autor de todos estos hechos, algo que tendrá que dirimir el juez.

Cuando aún seguían limpiando y adecentando sus viviendas tras las últimas riadas, los vecinos de la zona conocida como Los Cejos del Inglés han vuelto a tener “una cuarta de agua” dentro de sus casas. Atendiendo la recomendación de desalojo, cuatro de las cinco familias abandonaron este pasado viernes sus viviendas ante la crecida prevista por el desembalse del pantano de Bornos. Aunque aún no han vuelto, esperan poder hacerlo pronto ya que el agua ha comenzado ya a retirarse.

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La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ha mostrado su absoluto rechazo a la “actitud chulesca” mantenida en el Pleno por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que considera “un oprobio a la Justicia y a los trabajadores despedidos amparados por una sentencia que deja muy claro que el ERE aplicado por el PP en el Consistorio no se ajusta a derecho”. “Querer defender, como ha hecho la alcaldesa, que el ERE no es nulo y al mismo tiempo, admitir que hay un problema con la selección del personal despedido pone de manifiesto que el Ayuntamiento está ahora en un callejón sin salida, peor que antes de decidir hacer un ERE en el ayuntamiento”, ha señalado Armario.

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En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

Una nueva crecida del río Guadalete ha provocado hoy viernes el corte de la carretera de La Ina y la recomendación de desalojo de las viviendas de Los Cejos del Inglés. De hecho, cuatro de las cinco familias residentes en la zona han vuelto a pasar la mañana recogiendo enseres y muebles antes de marcharse nuevamente de sus casas, apenas una semana después de haber retomado cierta normalidad. Se trata de un nuevo aumento del caudal provocado por la liberación de  agua de los pantanos, una medida “controlada” en todo momento y con la previsión de que dure poco tiempo.

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Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.