Un respaldo sin medias tintas. Eso es lo que el gobierno municipal considera que ha recibido hoy al conocerse que la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha emitido un informe en el que da el visto bueno a la actuación municipal en la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así, según ha explicado el portavoz del ejecutivo de María José García-Pelayo, Antonio Saldaña, “el informe avala tanto en el fondo como en las formas el procedimiento realizado en el ERE por la consultora Deloitte, representante legal del Ayuntamiento”.

No en vano, el contenido del informe repasa y avala con su opinión favorable tres aspectos fundamentales: las causas motivadoras del ERE; el desarrollo del procedimiento y el periodo de consultas y los criterios de designación de los trabajadores afectados.

De estas conclusiones emitidas por la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha dicho Saldaña que es “un informe realizado por una entidad independiente y ajena a las partes que respalda completamente el procedimiento realizado por Deloitte”. No en vano, el texto llega a referirse a la seriedad con la que ha trabajado el ejecutivo local, la voluntad de diálogo y la determinación en trabajar por solucionar los problemas de la ciudad.

En el caso concreto de las causas económicas que justificaron el ERE, el informe dice que “se entiende que la situación económica negativa de la empresa afecta directamente a la financiación de los servicios públicos correspondientes, con las consecuencias que ello podría tener sobre dichos servicios en relación al aseguramiento y mantenimiento de los mismos”. Pero incluso va más allá y, como ha destacado Saldaña, considera que además “concurrirían otro tipo de causas de carácter organizativo”.

La Inspección de Trabajo afirma que sí ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento, Deloitte, así como del gobierno municipal. “En consecuencia, al entender de los abajo firmantes, puede hablarse de buena fe en la negociación, ha existido un mínimo de negociación entre las partes, habiéndose planteado las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias”, dice literalmente.

Saldaña también ha explicado que el informe respalda incluso los criterios objetivos aplicados a la hora de designar a los trabajadores afectados por la medida. Y es que el documento recogido hoy mismo por el gobierno local dice a las claras que se ha articulado “un sistema notoriamente documentado, razonable y objetivo a la hora de determinar el número de extinciones que se han de llevar”. Es decir, como ha hecho hincapié Saldaña, “se entiende que la edad es un criterio objetivo y fácilmente determinable, y se deduce la misma objetividad de los criterios de ponderación (formación, experiencia, polivalencia, etc.)”.

Claro que una lectura en profundidad y detallada del texto también deja muy claro que los inspectores no dudan en afirmar que no pueden validar cada uno de los 260 expedientes aplicados porque no tiene documentación por escrito al respecto. En concreto, dice el informe que “no es menos cierto que al no existir documento alguno que lo sustente y acredite, no podemos determinar con precisión si su aplicación a cada caso particular ha sido efectivamente objetiva, tratándose de una cuestión de prueba, circunstancia ésta que a nuestro entender deberá ser sustanciada a título particular por cada uno de los trabajadores afectados ante la jurisdicción del orden social”.

Por este motivo, Saldaña ha dicho hoy en su comparencia que todo lo argumentado “no es óbice para que a título individual las personas afectadas puedan ejercer las acciones judiciales que consideren oportunas en la jurisdicción social, el Ayuntamiento acatará las decisiones judiciales que se determinen de estas acciones judiciales emprendidas a título personal por los trabajadores afectados por el ERE”, si bien ha añadido que “en este caso el gobierno se verá en la obligación de tomar las decisiones oportunas para ajustar los costes por el bien de la ciudad y de los jerezanos”.

El portavoz municipal también ha tenido hoy palabras para los incidentes ocurridos anoche en el Consistorio, cuando varios manifestantes aporrearon el coche de la alcaldesa y la insultaron. Según Saldaña, “la alcaldesa no estuvo en ningún momento retenida, sino que estuvo en estas instalaciones trabajando”. También ha afirmado que la Policía, con la ayuda de las cámaras de seguridad de la plaza de la Asunción, ya está investigando quiénes intervinieron en los incidentes más violentos, y que se va a presentar la correspondiente denuncia.

Si desde el mes de agosto no para de hablarse de los perjudicados por el ERE municipal, en estos días la noticia se ha vuelto aún más candente una vez que se les ha puesto rostro y nombre y han comenzado ya a recibir las cartas de despido y las correspodientes indemnizaciones. Desde ayer, la Delegación municipal de Recursos es un no parar de ir y venir de damnificados por el Expediente de Regulación de Empleo que acuden a recoger sus cheques como prueba fehaciente de que el proceso es irreversible y a partir del 12 de septiembre dejarán de prestar sus servicios en el Consistorio. Esta mañana se han vivido momentos de verdadera tensión cuando decenas de afectados han guardado cola y han ido siendo llamados a voz en grito, “como si de la carnicería se tratara”.

En este sentido la indignación era total, puesto que los presentes sentían que el proceso se está llevando a cabo con una falta de humanidad patente, sin tener en cuenta a los perjudicados ni la situación concreta de cada uno de ellos. “No hemos recibido ningún tipo de información -se quejaba una de las afectadas, Paqui Perdigones-, y Jerez tiene que saber cómo nos están echando y por qué. No sabemos qué criterios han seguido y para colmo nos están tratando como borregos. Si yo quiero llorar y desahogarme, al menos que nos dejen un despacho para eso y no nos liquiden aquí en medio”.

Paqui entró en la Delegación de Participación Ciudadana en 2001, y se lamenta de que hayan incluido su nombre en la lista ‘negra’ y no el de otros compañeros con bastante menos antigüedad. “Esto ha sido una caza de brujas”, asegura, argumentando que en su caso todo viene porque trabajó durante un tiempo para el grupo municipal socialista. En la misma línea se expresó Pilar Lebrón, otra de las perjudicadas, que confirmó que llegará hasta el final junto con Paqui en la batalla legal contra el Ayuntamiento.

“En mi expediente reza que soy soltera y no tengo hijos a mi cargo, cuando en realidad estoy casada y tengo dos hijos -declara-. Yo trabajo en el Ayuntamiento de El Torno y entre dos personas lo hacemos absolutamente todo; no sé qué va a ocurrir a partir de ahora, puesto que una sola no dará abasto”. Éstos son solo dos ejemplos de los 260 que conforman el ERE municipal, y que no hay que olvidar que continuará engordando con los más de 100 despedidos que se incluirán en el procedimiento de recortes de las empresas municipales.

La alcaldesa de Jerez,  María José García-Pelayo, ha estado retenida en el Ayuntamiento durante varias horas debido a que un grupo de alrededor de cien personas ha bloqueado las tres puertas de acceso al Consistorio mientras se encontraba en su interior ofreciendo una recepción al pintor ruso Muhadin Kishev, que hoy ha estrenado su muestra en la sala Pescadería Vieja.

El malestar por las medidas adoptadas en el Ayuntamiento, con el ERE, y la entrega hoy de cartas de despido e indemnizaciones, ha calentado los ánimos de algunos de los afectados, que han decidido emprender esta acción como medida de protesta.

Después de cuatro horas de espera, Pelayo ha logrado salir en su coche, que ha sido aporreado, mientras que otros miembros del gobierno, como Javier Durá, Antonio Saldaña, Felisa Rosado, que han permanecido en el interior de la instalación más tiempo y al final se los han llevado en una furgoneta municipal. La alcaldesa ha salido protegida por nueve policías locales y con la cara muy desencajada, según testigos presenciales.

Con gritos de “fascista” y numerosos insultos hacia su persona, la situación ha sido muy tensa hasta pasadas las diez de la noche, cuando ha logrado salir del Consistorio. Y la situación parece que no va cesar en las próximas fechas, ya que aseguran que seguirán con más acciones de presión. Por la tarde han hecho un teatrito con caretas en la calle.

La sombra de las protestas vuelve a planear sobre el servicio de autobuses urbanos de la ciudad de Jerez. Y es que como parecía que iba a ocurrir, los trabajadores de Urbanos Amarillos han decidido esta tarde en asamblea convocar nuevos paros por el impago de sus nóminas, unas movilizaciones que darán comienzo el próximo día 1 de octubre.

Hay que recordar que actualmente y desde hace cuatro meses la gestión de esta empresa está en manos del Ayuntamiento que es el que gestiona la concesión tras el secuestro, por lo que será el equipo de gobierno de García-Pelayo el que deberá lidiar con este asunto.

En la asamblea celebrada esta tarde en el edificio de los sindicatos la plantilla ha votado a favor de las protestas que comenzarán el próximo día 1 de octubre, y que incluirán paros de 24 horas en semanas alternas hasta el día 10 de diciembre. Si llegada esa fecha sigue sin haber solución, los empleados de los autobuses han decidido que la huelga pase a ser todas las semanas hasta el próximo 4 de enero, lo que puede dar la puntilla al muy perjudicado comercio de la ciudad en la campaña navideña.

El comité de empresa apunta que han intentado por todos los medios evitar la huelga, pero que las cinco nóminas que se les deben a los trabajadores han pesado más en el ánimo. “Están desesperados”, afirman.

El próximo paso que darán será entregar un escrito en el que se notificará la convocatoria de las movilizaciones a ejecutivo, y esperarán que les citen desde el Sercla o en cualquier otro ámbito para “poner soluciones en la mesa que alivien nuestra situación y eviten la movilización”.

Cuando ya el Expediente de Regulación de Empleo de la plantilla del Ayuntamiento está prácticamente finiquitado, ahora le toca el turno a los trabajadores de las empresas municipales, que verán reducido su personal en virtud de un procedimiento de despido en al menos un 20% cada una de ellas. Esta mañana el gobierno local ha iniciado de forma oficial este proceso en los consejos de administración de las diferentes entidades: Emuvijesa, Emusujesa, Jesytel, Ememsa, Patronato del Zoo, Jereyssa, Jecomusa y Cirjesa. Dichos consejos apenas han durado unos minutos, como informó a este medio la portavoz de Foro Ciudadano, Rocío Montero, puesto que la aprobación del procedimiento se ha convertido en un mero trámite en el que no se han tenido en cuenta los votos en contra de la oposición, dada la mayoría absoluta del gobierno popular.

Así pues, desde este momento se inicia un trámite con el que se calcula que se quedarán en la calle más de un centenar de empleados públicos, a falta de concretar cifras exactas, a los que hay que sumar los 262 que han entrado a formar parte ya del ERE del Ayuntamiento. En el caso concreto de Jecomusa y Cirjesa, las sociedades que gestionan Onda Jerez y el Circuito, como se encuentran en concurso de acreedores no estaba previsto que se incluyeran en el procedimiento de despido del resto de empresas; sin embargo, finalmente así ha sido y lo que queda por definir es cuántos trabajadores exactamente se verán perjudicados.

En el documento que se ha aprobado hoy por el que se inicia el expediente  y al que Reporteros Jerez ha tenido acceso, la presidenta de los organismos municipales, María José García-Pelayo, insta a la empresa que ha elaborado el ERE (Deloitte Abogados) a que también ponga en marcha los trámites necesarios para hacer efectiva esta medida. Además, se faculta a la propia presidenta para que adopte “cuantas decisiones crea convenientes hasta culminar el procedimiento de despido”.

Las reacciones al inicio de este procedimiento (que no sería considerado un ERE como tal debido al número de trabajadores por empresa), se han sucedido durante toda la mañana. Desde Foro Ciudadano han criticado lo que consideran la enésima “decisión unilateral” del equipo de gobierno, reprochando a la alcaldesa que ni siquiera haya aportado cifras concretas, fechas o qué criterios se van a seguir a la hora de decidir quiénes engrosarán la lista ‘negra’. El grupo socialista, por su parte, ha entregado un escrito a García-Pelayo durante los consejos de administración, en el que denuncia que la medida supone un “incumplimiento flagrante” de los acuerdos adoptados en pleno por unanimidad sobre el personal.

Joaquín del Valle, concejal de Izquierda Unida, ha ido más lejos y ha abandonado la reunión mostrando así su total rechazo al procedimiento argumentando que “no está justificado ni técnica ni políticamente”, por lo que su partido se niega a “ser cómplice de una negligencia”.

En cuanto a los 262 empleados del Ayuntamiento afectados por el ERE, fuentes consultadas por este medio han confirmado que los despidos comenzarán a hacerse efectivos a partir del día 12 de septiembre.