El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha presentado en rueda de prensa las propuestas que se elevarán al Pleno, entre las que destaca una iniciativa contra la ley de Reforma de la Administración Local que el Gobierno central quiere poner en marcha, “despreciando la autonomía municipal y bajo la excusa del ahorro económico”. Alconchel ha asegurado que la misma “no ahorra ni un solo céntimo, ni supone ninguna medida que permita bajar el déficit mientras conlleva la práctica desaparición de un buen número de municipios, por lo que se trata de una Ley que va contra la ciudadanía y la democracia local”.

La portavoz adjunta ha añadido que “bajo la excusa de la rentabilidad y el ahorro, el PP ha trazado una medida de carácter político que va a conllevar la aniquilación de los pequeños pueblos y la privatización de los servicios públicos, además de una perdida importante de puestos de trabajo en el sector público” y ha advertido que el desmantelamiento del sector público local “pondrá en peligro más de 250.000 empleos en España, 40.000 en Andalucía y en el caso de nuestra ciudad unos 200 puestos de trabajos de las empresas municipales”.

Ha valorado la incidencia que tendrá esta normativa en las Entidades Locales Autónomas y, de hecho, ha asegurado que “cuando el Gobierno redacte esta ley parece ignorar que los servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a los ciudadanos y, concretamente, a los vecinos de las pedanías de Jerez, ya que son las administraciones más próximas al ciudadano que prestan un servicio esencial que equipara los vecinos del medio urbano y rural” , por lo que ha alertado de que esta reforma supondría “la desaparición de las ELAs o su intervención”.

En lo que respecta a las grandes ciudades, Alconchel ha mantenido que la ley permite que se aumente el número de concejales que pueden optar a la liberación y también el número de asesores. “Estamos de acuerdo en que se racionalicen servicios, en que se modifiquen la financiación de los ayuntamientos y el sueldo de los cargos públicos, pero en Andalucía ya somos pioneros con el acuerdo que se concretó a través de la FAMP, donde se fijan los topes máximos para alcaldes y alcaldesas. Con esta ley el único ahorro que persigue el PP es la eliminación de los ayuntamientos”.

“Somos conscientes -ha matizado- de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente”.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

Por otro lado, Miriam Alconchel ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista va a exigir en el Pleno, a través de un ruego,  el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), aprobado en 2009 por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal.

Alconchel ha explicado que “la función del ROM es alcanzar los objetivos de agilidad, operatividad y eficacia, por lo que obliga a su cumplimiento  en el desarrollo de los Plenos, sin que ello  suponga en ningún caso que se coarte el debate de los grupos políticos representados en la Corporación”.

La portavoz adjunta ha denunciado que en este mandato municipal “hemos asistido a una alteración de funciones, formas y contenido del ROM” y ha insistido en que “el gobierno municipal del PP y la Presidencia están haciendo un uso discrecional de la aplicación del ROM que ha conllevado un interesado desarrollo de las sesiones de control, principalmente, lo que está restando dinamismo, agilidad, eficacia y operatividad a los debates plenarios hasta provocar el cansancio y el desinterés en la audiencia pública”.

Javier de Torre ha presidido este lunes la Comisión de asistencia al subdelegado del Gobierno en Cádiz, que por primera vez sale de la capital hasta Jerez como muestra del compromiso de cercanía del Gobierno con la provincia. Esta reunión, en la que han participado los 22 responsables provinciales de los servicios integrados de la Administración General del Estado (AGE), también se desarrollará en breve en el Campo de Gibraltar.

En el marco de esta comisión, el subdelegado ha realizado dos importantes anuncios para la ciudad: de un lado la nueva fase de los fondos ICO para proveedores; y de otro la corrección de los “excesivos” valores catastrales que se aplican en la ciudad.

Así, De Torre ha explicado hoy que ya en breve estará en marcha la segunda fase del Plan de Pago a proveedores, que facilitará un nuevo crédito ICO a los ayuntamientos, y en la que a Jerez le corresponden en esta ocasión 34 millones de euros. Esta cifra servirá para pagar a autónomos y pequeñas y medianas empresas que, tal como ha recordado el subdelegado, fueron el 95% de los beneficiados en la primera fase.

La cifta del nuevo préstamo del ICO inyectará en el Ayuntamiento jerezano una cantidad muy inferior a los 328 millones que se ingresaron en la primera fase. No en vano, como ha recordado el propio delegado, Jerez fue la segunda ciudad de España con el importante más importante.

Este préstamo mantendrá las mismas condiciones del anterior. Es decir, habrá que devolverlo en 10 años con un interés del 5,9%. El subdelegado cree que las condiciones son “ventajosas” y afirma que la devolución de este préstamo no debe conllevar “excesivos esfuerzos” para el Ayuntamiento en forma de recortes.

Por primera vez, además, se incluyen en este plan a las mancomunidades, tal como estas habían demandado. En la reunión de hoy los técnicos de ambas administraciones ya han dado los primeros pasos para la puesta en marcha de esta medida.

Por otro lado, el subdelegado ha anunciado una nueva revisión de los valores catastrales, a los que se aplicarán correcciones para actualizarlos ya sea al alza o a la baja. Así, en el caso concreto de Jerez, supondrá que a partir de 2014, que es cuando entrará en vigor la medida, se aplicará una disminución del 27%, lo que influirá también en el pago de todos aquellos impuestos que tomen este valor como referencia y que se verán “minorados”.

Según De Torre, lo que se va a hacer es aplicar coeficientes correctores para subsanar situaciones que se habían producido y por las cuales en algunos casos los valores catastrales, como en Jerez, estaban muy por encima del 50% del valor del mercado que exige la ley. En el caso del municipio jerezano el problema fue que la revisión de los valores se hizo en pleno ‘boom’ inmobiliario. Por contra, está el caso de los municipios que no hicieron el ajuste, y que tenían “valores deficientes”. En esos casos habrá una subida del 10% que se realizará de forma paulatina.

“Jerez sufrió un ‘catastrazo’, una sobrevaloración que situó estos indicadores un 400% por encima del valor del mercado”, ha afirmado el subdelegado.

El delegado del Gobierno, Javier de Torre, ha estado hoy en Jerez visitando los centros de salud de La Barca y Guadalcacín, las dos instalaciones sanitarias jerezanas que van a recibir fondos Aepsa (antiguos PER) para acometer reformas. Concretamente, en el centro de salud barqueño se van a invertir 176.000 euros, lo que supondrá la contratación de 25 personas y más de 500 jornales para completarán las peonadas suficientes para acceder al subsidio por desempleo.

De esta forma “no solo garantizamos, como dice la ministra Fátima Báñez, la llegada de fondos a Andalucía y Extremadura, sino que colaboramos desde la lealtad institucional para que la Junta vea que nuestros compromisos los cumplimos y apostamos a pesar de que no es de nuestra competencia expresa”, ha explicado De Torre. Jerez “es una de las localidades más beneficiadas por estos fondos”, que van a suponer una inversión de 1,8 millones de euros en 17 proyectos y más de 16.000 jornales.  “Los presupuestos generales del Estado ya han comprometido otros 216 millones de euros para fondos PER de Andalucía y Extremadura, lo que quita la incertidumbre y las dudas que se sembraron durante las elecciones autonómicas y sobre todo, da la tranquilidad necesaria a los trabajadores del campo que pueden seguir sumando peonadas para cobrar sl subsidio agrícola que tan importante es”, ha añadido De Torre, que ha expresado así el “total apoyo del Gobierno de España” a municipios como Jerez.

Tirón de orejas a la Junta

Estas actuaciones en los dos centros de salud -cinco en toda la provincia- “son fundamentales para solventar el problema sanitario, dado que la comunidad autónoma no ejecuta lo que debería en materias de su competencia”, ha dicho De Torre. Concretamente, la reforma de La Barca -en cuya inversión también está presente la Junta- consistirá en la instalación de una marquesina para la ambulancia, la climatización del edificio y la mejora de los accesos.

La alcaldesa, por su parte, ha recalcado las deficiencias que sufre el centro de salud de Guadalcacín, donde “hay goteras en Pediatría y no tienen médico por la tarde”. “Frente a esa asistencia sanitaria deficitaria que ofrece el PSOE, el PP impulsa la construcción de un centro de salud en Guadalcacín que abrirá a principios de 2014. Es la Junta la que lo tiene que equipar y dotar de médicos”, ha asegurado. Además, García-Pelayo ha recordado otras actuaciones pendientes del mapa sanitario jerezano y que “están sumidos en la parálisis”. Ha citado, por ejemplo, el centro previsto en la zona sur “con las obras paradas desde hace más de un año”, el de la zona este “que va al ritmo de la Junta, es decir, a paso de tortuga” o el de Díez Mérito, “del que no se sabe nada a pesar de que tienen el edificio cedido desde hace años”.  Para la primera edil, “es momento de poner los puntos sobre las íes y lanzar un mensaje claro: con independencia de que sea competencia o no, cuando haya una necesidad por parte de los ciudadanos y en la medida de nuestras posibilidades, siempre vamos a dar la cara”.

Por su parte, el alcalde de La Barca, Alejandro López (PP), ha agradecido las inversiones tanto del centro de salud como de la recuperación del que fue el primer edificio de la pedanía, por valor de 210.000 euros. “Se han recuperado planes provinciales que estaban paralizados o que se concedían a algunas pedanías según el signo político”, ha explicado. Lo más importante, a su juicio, es la posibilidad de crear puestos de trabajo en la localidad.

Los polémicos pluses de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez, ésos que incluyen ejemplos como el premio de asistencia por acudir al puesto de trabajo, el plus de transporte aunque vivas a dos casas del trabajo o el plus de nupcialidad, ya son historia.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, María José García-Pelayo, que ha explicado que la Junta Local de Gobierno ha decidido dejar en suspenso el convenio colectivo del Consistorio para renegociar el nuevo y de paso eliminar todas esas gratificaciones, que al año suman la cifra de 15 millones de euros anuales.

Tal como ha recalcado la primera edil, algunos de estos pluses se van a dejar en suspenso desde el 15 de octubre, que es cuando entra también en vigor la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada definitivamente hoy. Algunos de estos pagos que se eliminarán dentro de un mes son los que se abonaban cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre), el muy polémico plus de asistencia, el plus de pantalla y muchos otros más que gravaban la nómina de la plantilla municipal.

Hay otra tanda de pluses que se eliminan antes, desde hoy mismo, y ya no aparecerán en la próxima nómina. Es el caso de lo que la primera edil ha calificado como “privilegios” y que tienen que ver con la ayuda para los dientes, para las gafas, para aparatos auditivo, la ayuda escolar, etc.

También se borran de un plumazo los pagos al plan de pensiones y al seguro de vida, lo que implicará que haya un ahorro en el pago a la Seguridad Social de casi tres millones de euros.

Algo parecido pasará con las productividades, ese complemento salarial que tenía un coste para las arcas públicas de 2,5 millones al año, al que la propia alcaldesa se ha referido hoy como prebenda “política” y que ahora irá como complemento específico para el trabajador según la RPT. Además, solo se darán si el presupuesto anual lo ha contemplado “y no siempre tiene que hacerlo”, ha dicho la alcaldesa, que también ha apuntado que habrá un reglamento para otorgarlas con criterios y un procedimiento claro.

Respecto a la Relación de Puestos de Trabajo, García-Pelayo ha recalcado que viene a reordenar la estructura municipal y a “acabar con el dedazo” en la administración. A todos los efectos, esta RPT lo que hace es homogeneizar de forma lineal a los trabajadores municipales y adecuar sus tareas y salarios a un puesto concreto que permitirá también corregir arbitrariedades salariales. Eso quiere decir que algunos verán rebajar considerablemente su sueldo, mientras que otros que hasta ahora no lo habían hecho podrán optar en un concurso de méritos a un cargo acorde con su titulación.

Según el gobierno, la RPT también descarga y “abarata” la estructura municipal al reducir en un tercio la estructura de mando, que pasa de 231 jefes de área a 158.

En definitiva, el ejecutivo ha querido hoy dar un paso más en su plan de ahorro en el capítulo de personal, y con la eliminación de estos pluses y la aplicación de la RPT recorta nada menos que 12,6 millones en total los costes para el Ayuntamiento, que se suman a los 9,7 millones que se ahorrará cada año con la salida de 260 empleados por el ERE.