La sentencia 337/2010 del Juzgado de lo Laboral número 2 de Sevilla ya estableció un precedente, cuando desestimó la circunstancia de que altos cargos del Consorcio de Bomberos pudieran ser calificados como personal de extincion de incendios. Ahora, la problemática vivida en la provincia vecina se ha trasladado a estas tierras a raíz de una denuncia que han querido poner de relieve fuentes profesionales, advirtiendo de la “presunta estafa” en que a su juicio se estaría incurriendo con el sistema de pensiones de los directivos del Consorcio gaditano. Como consta en el Real Decreto 383/2008, los bomberos tienen derecho a una jubilación anticipada debido a los índices de penosidad en los que desarrollan su trabajo, además de los requerimientos físicos que se exigen para su ingreso en el Cuerpo.

Por estas condiciones especiales, los funcionarios que lo deseen pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años, lo que se concretará a través de una póliza suscrita con la compañía de seguros Aviva en virtud del convenio regulador vigente. Los beneficiarios de esta medida será todo el personal ‘operativo’, lo que los funcionarios entienden por bomberos, cabos y sargentos sometidos a turno rotativo. Aquí es donde radica precisamente el quid de la cuestión: existen otras categorías profesionales, encuadradas en la escala técnica-directiva, que no podrían englobarse en este personal ‘operativo’ según las fuentes consultadas, ni tendrían por tanto la opción de beneficiarse de esta jubilación anticipada.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que parte de esos directivos se han “recalificado” convirtiéndose en ‘operativos’ con al menos 15 años de cotización, con el fin no solo de retirarse a los 60 años, sino también de cobrar la pensión oficial de la Seguridad Social más la póliza del seguro Aviva. De esta forma, tendrían unos salarios brutos equivalentes a su sueldo en activo, mientras que si no se hubieran acogido a esta medida cobrarían la pensión pública máxima, estipulada en 2.522,89 euros. En el caso del gerente, por ejemplo, si se incluyera en esta jubilación anticipada se embolsaría cada mes alrededor de 9.300 euros, equivalentes a esa pensión máxima de la Seguridad Social más la de Aviva, de unos 6.800 euros.

Las fuentes consultadas afirman que esta “presunta estafa” se ha llevado a cabo con la connivencia de algunos líderes sindicales, que habrían resultado supuestamente beneficiados por el sistema de jubilación anticipada. En total, concluyen con que fueron 2,4 millones de euros los que la aseguradora pagó en 2010 por estas pensiones “irregulares” que, siguiendo la estela de lo ocurrido en Sevilla, podrían acabar en los tribunales.

Cuatro personas de diversas nacionalidades (brasileña, portuguesa y española) se sentarán el próximo 15 de octubre en el banquillo por un presunto delito de estafa en grado de tentativa, al haber intentado cobrar cheques de una cuenta que había sido cancelada años atrás. En la calificación del fiscal, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, se explica cómo los tres extranjeros (Luiz D. M., María Adelina G. D. y Pedro R. V.) llegaron a Jerez en mayo de 2006 con seis cheques bancarios pertenecientes a una cuenta que había sido abierta por un ciudadano alemán en Alicante en 2000, pero que en 2005 había sido cancelada por falta de movimientos. El valor de los cheques, firmado por el titular de la cuenta, era de 200.000 euros en cinco de ellos y 300.000 en el sexto.

Aunque el fiscal apunta a que durante la tramitación del procedimiento no se ha podido localizar ni contactar con esta persona, lo que ha ralentizado el proceso, en principio se descarta que tuviera conocimiento alguno de lo ocurrido. Una vez que llegaron, contactaron con el español Antonio R. S. para que se dirigiera a una entidad bancaria de la ciudad que él mismo eligiera y preguntara si era posible abrir tres cuentas a nombres de los tres interesados, a donde redirigir el dinero de esos cheques. Por esta gestión, el sujeto cobró 5.000 euros. Al día siguiente, los cuatro se personaron en la citada oficina para realizar la operación y “obtener un lucro ilícito”.

LA JUGADA

La jugada era la siguiente: los procesados pretendían cobrar de manera inmediata estas cantidades facilitadas por el banco, como una especie de préstamo, para que éste con posterioridad las reclamara a su vez de la cuenta inicial. Sin embargo, no contaron con un hecho tan simple pero crucial como que la entidad en cuestión era la misma que en la que había abierto el ciudadano alemán su cuenta en Alicante, por lo que el director de la oficina jerezana enseguida se percató de que ésta había sido cancelada y, por tanto, estaban intentando supuestamente estafar a la entidad.

A todos ellos el fiscal les imputa un presunto delito de estafa en grado de tentativa. En el caso de los portugueses y el brasileño en concepto de autores, y en el del español como cómplice. Para los tres primeros (que estuvieron entre rejas unos meses en 2006 por esta causa) solicita diez meses de prisión y una multa de 20 euros diarios durante cinco meses, mientras que para el cuarto pide cuatro meses de cárcel y la misma multa durante dos meses. Como ha sabido este medio, en la actualidad Luiz D. M. se encuentra en busca y captura, aunque eso no es óbice para que se suspenda la vista.