El secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), han anunciado este sábado una reestructuración de la deuda financiera del Ayuntamiento jerezano, por un importe total de 111 millones de euros, correspondientes a la deuda a corto plazo vencida y a largo plazo.

En rueda de prensa, Beteta ha confirmado que esta es una medida más de apoyo del Gobierno de España al Ayuntamiento de Jerez tras demostrar el “estricto cumplimiento” de su Plan de Ajuste y la “seriedad y el rigor” en la gestión económica del actual gobierno local.

El secretario de Estado ha dejado también claro que esta iniciativa se engloba en un paquete de medidas concretas especiales para Jerez que se irán aplicando a lo largo del año, ya que el Gobierno es “consciente de la especial situación en Jerez y de su Ayuntamiento”.

Este paquete de medidas ha sido posible tras el “intenso trabajo” que se ha venido realizando en las negociaciones mantenidas con el Ayuntamiento jerezano, en las que este ha ido aportando toda la documentación que se le ha ido requiriendo en relación al cumplimiento de su Plan de Ajuste y sobre la gestión económica para el impulso de la ciudad.

Junto a esta medida, ha avanzado también que Jerez tendrá la oportunidad de acogerse al nuevo Plan de Proveedores anunciado por el Gobierno, por un importe de 85 millones de euros, correspondientes a las facturas pendientes de 2012, sin descartar que se puedan incluir las del primer trimestre de 2013. Esta iniciativa “contribuirá a la reactivación económica” de la ciudad al afrontar el Ayuntamiento sus pagos pendientes con proveedores.

Beteta ha destacado la importancia de estas dos medidas, que junto a las que ya se venían desarrollando por parte del Gobierno central para apoyar a la ciudad, van a permitir que el Ayuntamiento de Jerez, en una situación “muy complicada debido a una deuda de más mil millones de euros”, disponga de una capacidad financiera que le permitirá ir afrontando sus pagos con normalidad.

La consecuencia directa, según ha detallado el secretario de Estado, será “que se vaya liberando la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), lo que va a suponer un importante balón de oxígeno, ya que actualmente a Jerez le corresponden 49 millones de euros, tras el incremento aplicado por el actual Gobierno”.

Los detalles del plan

El Plan de Reestructuración de la deuda financiera incluye 89.103.000 euros de deuda a largo plazo -de los cuales 72 millones corresponden al préstamo sindicado adoptado por el anterior gobierno local socialista-, más 22.153.000 euros de deuda a corto plazo vencido.

Beteta ha explicado que esto va a permitir alargar los vencimientos de los pagos, mejorar los tipos de interés, disminuir la carga financiera, dar un periodo de carencia de dos años, y, en definitiva, este conjunto de beneficios va a significar “que el Ayuntamiento de Jerez pueda pagar lo que debe, en cómodos plazos, y con menos intereses”.

Asimismo, ha explicado que entre las medidas que van a beneficiar a Jerez, está prevista para este año la aprobación de la normativa de control de la morosidad, que obligará a las administraciones al pago de sus facturas en un plazo máximo de 30 días. Beteta ha señalado que “estamos trabajando para que no se repitan situaciones anteriores en las que se contrataba lo que no se podía pagar, porque no vamos a permitir que nadie compre lo que no puede pagar. Ya se ha acabado eso de gastar sin tener”, ha sentenciado.

“El presidente Rajoy dijo que este Gobierno iba a apoyar a Jerez y así lo está demostrando, todo ello porque el equipo de gobierno de García-Pelayo está haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo desde el primer día para sacar a esta ciudad adelante”.

Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha agradecido el apoyo del Gobierno a la ciudad y ha asegurado que estas medidas van a permitir el impulso económico de la ciudad.

La regidora jerezana ha recordado que “desde el primer día hemos estado trabajando pensando en el interés general de la ciudad y hoy, gracias a ello, ya estamos pudiendo normalizar el pago a la plantilla y en el caso de las concesionarias, este año está previsto que se pueda abordar entre el 60 y el 70 por ciento de los servicios prestados, frente a años anteriores en los que se ha abonado un diez por ciento o directamente nada”.

Finalmente, la alcaldesa ha reflexionado que el actual gobierno municipal no es “culpable de políticas equivocadas de anteriores gobiernos”. De hecho, “la soga al cuello que tenemos ahora mismo son los 72 millones del préstamo sindicado con los que supuestamente el PSOE iba a arreglar la situación de Jerez y gracias a esta reestructuración financiera vamos a poder afrontar este crédito con mayor comodidad, aplazándose el pago para cuando la situación económica general y del Ayuntamiento esté mejor”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto con el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, el diputado nacional, Aurelio Romero, así como los tenientes de alcalde, Antonio Saldaña, y Enrique Espinosa, han mantenido en Madrid una nueva reunión de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para seguir avanzando en el plan de ayuda al Ayuntamiento de Jerez.

En esta ocasión, el encuentro se ha mantenido con el secretario de Estado del área de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, José Antonio Antonio Beteta, y con la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del mismo ministerio, Rosana Navarro Heras. Tras esta nueva reunión de trabajo, la alcaldesa ha valorado de forma “muy positiva” el importante avance que se ha dado en las negociaciones, ante el cierre inminente del  acuerdo que permitirá la adopción de un paquete global de medidas de apoyo para el Ayuntamiento de Jerez.

Según ha explicado García-Pelayo, el encuentro ha servido para dar un importante paso en la definición del plan de ayuda que se prevé para Jerez. En este sentido, ha asegurado que “se trata de un ambicioso acuerdo en el que se incluye un paquete global de medidas con el que se abordará la solución a las finanzas del Ayuntamiento a medio y largo plazo.

En la reunión se ha vuelto a hacer un seguimiento del Plan de Ajuste del Ayuntamiento, poniendo de manifiesto el Ministerio su conformidad y “apoyo absoluto con la gestión económica que se está haciendo en el Ayuntamiento”.

Asimismo, tras la cita, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, junto con Rosana Navarro, han  quedado en trasladarse a Jerez en las próximas semanas para mantener una nueva reunión de cara a cerrar el acuerdo.

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han llegado a  un acuerdo para introducir una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “sobre un aspecto muy concreto del documento, con el que se evita recurrir a la vía contencioso-administrativa, además de garantizar el funcionamiento del Consistorio”, según ha anunciado el gobierno municipal a través de un comunicado. Apunta en el mismo que el acuerdo “ha sido posible por la vía del diálogo tras cuestionar la administración autonómica un aspecto determinado del documento, motivado por la falta de funcionarios, y no la generalidad del documento”.

El Ayuntamiento agradece “la predisposición al diálogo” mostrada por la Junta de Andalucía, ya que “este acuerdo evita que se paralice el Ayuntamiento tras la aprobación de la RPT, el pasado mes de septiembre, y resuelve una situación que ya el Ayuntamiento preveía como transitoria, dada la situación actual de falta de funcionarios”.

Recuerda también que en la actualidad el Ayuntamiento cuenta con un total de 575 funcionarios, de los que 298 pertenecen a la Policía Local y los 277 funcionarios restantes tendrían que asumir el resto de las labores administrativas del ayuntamiento. Además, de los funcionarios sólo 32 son A-1 (licenciados) y, por tanto, reúnen los requisitos exigidos para ocupar determinados puestos.

La Junta de Gobierno Local, convocada en sesión extraordinaria, ha dado, por tanto, el visto a esta modificación tras aceptar la Junta de Andalucía la propuesta remitida por el Ayuntamiento, en la que deja claro que el personal laboral sólo podrá ocupar determinados puestos, de forma provisional, hasta que culmine el proceso de funcionarización que se espera iniciar en el mes junio e incluso antes.

En concreto, el Ayuntamiento mantiene el compromiso en la modificación de que conste de forma explícita en la RPT que el desempeño de las funciones de estos puestos por el personal sujeto a régimen laboral lo sea con carácter provisional, y, en consecuencia, el tipo de puesto descritos en la RPT bajo el epígrafe “F/L” debe considerarse “a extinguir” respecto al personal laboral que en la actualidad lo pudiera ocupar y entendiéndose que tal ocupación, en todo caso, tiene un carácter provisional, para convertirse en una “F” con ocasión de la cobertura definitiva tras el proceso de funcionarización.

El Ayuntamiento recuerda además que ya ha iniciado los procesos para la convocatoria de los concursos de mérito, cuyos baremos han sido consensuados con los sindicatos, así como para la libre designación; siendo el concurso de méritos el criterio general para acceder a todos los puestos de trabajo, quedando sólo la libre designación, como un mecanismo excepcional para cubrir los puestos de naturaleza directiva así como aquellos que impliquen una especial relación de confianza. Igualmente, deja también claro que todo ello se está haciendo conforme a las bases de sus respectivas convocatorias.

El Ayuntamiento hace de nuevo hincapié en que “el objetivo de la RPT es organizar la plantilla y acabar con las arbitrariedades retributivas, sabiendo quién es quién en cada puesto de trabajo, cumpliendo además con la obligación legal de tener este documento en el Consistorio”. Además, insiste en que es un documento abierto a las sugerencias que puedan plantearse durante su aplicación.

El sindicato CGT, con mayoría en el comité de empresa de Urbaser, ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento, contra Urbaser y contra Tragsa por “su juego sucio” y “una vulneración descarada del derecho a la huelga”. Ha realizado el anuncio unas pocas horas después de que se llegase a un acuerdo para suspender la huelga que la plantilla del servicio de recogida de basura y limpieza viaria que se prolongó durate 21 días.

En un comunicado, CGT explica que Tragsa fue contratada por el Ayuntamiento “para hacer de esquirol” durante la mencionada huelga, retirando basura en sustitución de los huelguistas. Afirma que también ha presentado en Fiscalía un escrito denunciando a la alcaldesa, María José García-Pelayo, por un presunto delito de prevaricación, ya que considera que “cometió, a sabiendas, una ilegalidad al contratar los servicios de ‘esquirolaje’ de Tragsa, vulnerando, por tanto, el derecho a la huelga”. También anuncia que se ha presentado como acusación particular en las diligencias previas abiertas en el juzgado de guardia con motivo de los incidentes “ocurridos tras la llegada de Tragsa”, cuando “la Policía retuvo a los huelguistas impidiendo el ejercicio de información a los trabajadores y la supervisión de la huelga”.

El gobierno municipal ha reaccionado asegurando, a través de un comunicado, que quiere dejar claro que todas las medidas que se han llevado a cabo durante la huelga de la basura se han hecho cumpliendo la “más estricta legalidad” y con tres informes, técnico, sanitario y jurídico, que justifican la actuación llevada a cabo ante la acumulación de más de 3.300 toneladas de basura en las calles de la ciudad “como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos”.

Recuerda que toda esta documentación se puso a disposición del Juzgado de Guardia, el pasado lunes 19 de noviembre, con el objetivo de denunciar ante la autoridad judicial los hechos acaecidos en la madrugada del pasado domingo, 18 de noviembre, y poner en conocimiento del juez los tres informes que justifican las medidas tomadas por el gobierno local para garantizar el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Andalucía del 50 por ciento de servicios mínimos.

Muestra su más “absoluta tranquilidad” ante la denuncia del comité de Urbaser ya que insiste en que todas las medidas se han tomado para garantizar la salubridad de los ciudadanos, “desde la responsabilidad y la obligación moral de velar por el interés ciudadano”. En este sentido, apunta que, entre los informes presentados, se encuentra el jurídico, “donde se pone de  manifiesto que con la medida el gobierno no se ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores, mientras que en el sanitario se pone de manifiesto los peligros que existen para la salud pública la acumulación de residuos en las calles”.

Explica que la actuación de la empresa pública Tragsa en ningún caso ha supuesto realizar unos servicios mínimos superiores al 50% marcado en el auto del TSJA, sino que han venido a apoyar las labores de la empresa Urbaser para cumplir con unos servicios mínimos que no se estaban realizando con la celeridad que debiera hacerse.

EL SERVICIO RETOMADO

Cabe recordar que los trabajadores de Urbaser ratificaron el jue ves en asamblea el principio de acuerdo alcanzado con la empresa para poner punto y final a la huelga en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en la ciudad. Por la noche retomaron ya el servicio, doblando turnos, y el Ayuntamiento ha garantizado que a principios de la próxima semana se recuperará “la normalidad en la calles de la ciudad y zona rural”.

Por otro lado, en cuanto a los contendores Ajemsa repondrá estos días los quemados con otros de carga trasera que tiene disponibles, hasta tanto en cuanto, se vuelvan a contar con los nuevos que tienen que ser encargados a la empresa suministradora de éstos, en Madrid.

A comienzo de semana se iniciará, por parte de los equipos del Centro Zoosanitario, un plan de choque intensivo de desinsectación en los puntos de contenedores que la inspección sanitaria considere necesarios para garantizar la salubridad de los ciudadanos. Después de esta fumigación se comenzará con una campaña de desratización.