Corren malos tiempos para la abogacía, especialmente en el caso de la jerezana que al frente que mantiene abierto a nivel nacional contra la Ley de Tasas, se unen los impagos de la Junta que hacen peligrar el turno de oficio. Los profesionales, sin que sirva de precedente, han puesto al mal tiempo buena cara y han celebrado el día de su patrón, San Cayetano, y su patrona, la Virgen de la Consolación, con un reconocimiento a los 25 años de servicio de una quincena de letrados y el juramento de otros 12 que se incorporan al Colegio de Abogados. Un ambiente festivo que culmina con una misa y una comida, pero en el que persiste de forma inevitable esa preocupación que asola a todos los letrados.

Como ha informado el decano de los abogados, Marcos Camacho, hoy se cumplía el ultimátum a la Junta y hoy mismo la administración regional ha ingresado el 65% de lo relativo a las guardias del turno de oficio en todo el año. Sin embargo, además del porcentaje que falta hay que tener en cuenta que no se ha abonado nada de lo correspondiente a los gastos de infraestructura, por lo que el Colegio cumplirá su amenaza y a partir de la semana próxima, concretamente del miércoles, se adecuará el servicio de justicia gratuita al presupuesto existente.

Ello implicará que solo este día de la semana se atiendan los casos de turno de oficio dándole prioridad a los procedimientos con plazos improrrogables, lo que podría dilatar las designaciones de letrado en seis meses. Según Camacho, esta decisión del colectivo jerezano de recortar la asistencia ha sido secundada por el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, de manera que en toda la comunidad autónoma se empezarán a tomar medidas. Cabe recordar que, si el 15 de enero siguen los impagos, los profesionales cancelarán el turno de oficio hasta nuevo aviso, asistiendo solo a los detenidos. “Si no pagan, no tendremos dinero para realizarel servicio -sentencia el decano. La Junta será la que haya provocado su suspensión”.

Lo que hasta ahora no era más que una simple amenaza se puede tornar muy pronto en realidad si la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos con los abogados jerezanos. Tras una concurrida asamblea a la que asistieron más de 100 letrados, los profesionales que ejercen el turno de oficio han decidido lanzar un ultimátum a la administración autonómica para que les abone todos los atrasos: es decir, lo correspondiente al año vigente. El plazo, como ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, expira el viernes. Si antes del día 1 no han cobrado, restringirán el servicio de tal forma que solo asistirán a los ciudadanos un día a la semana, frente a los cinco laborables de la actualidad.

“Si la Junta no responde al comunicado que vamos a remitirle -argumentó el decano-, adecuaremos la prestación del servicio a los fondos recibidos, por lo que asistiremos solo un día o unas horas. Hay que recordar que no nos han pagado nada en todo el año”. El montante total de la deuda supera el millón de euros, lo que a juicio de los interesados justifica esta medida e incluso una más drástica que no dudarán en adoptar si el 15 de enero persisten los impagos. “Si en esa fecha seguimos sin cobrar, estaremos imposibilitados para prestar el servicio”. O, lo que es lo mismo, los jerezanos se quedarán sin justicia gratuita nada más empiece el año.

Camacho quiso puntualizar, no obstante, que los letrados garantizarán la asistencia al detenido, “paguen o no paguen”. En el resto de los casos, los ciudadanos sin recursos o con presupuesto limitado se verán despojados del derecho de tutela judicial efectiva. “El ambiente entre los compañeros está muy caldeado -justificaba el titular del Colegio-. De hecho, hemos llegado a un acuerdo intermedio porque había algunos que querían tomar decisiones más drásticas. La verdad es que a nosotros nos duele no asistir a todos los ciudadanos”. Aunque el peor de los escenarios no llegue a cumplirse, el simple hecho de que los abogados del turno de oficio reduzcan a un día el servicio implicará que se ralenticen los procesos hasta el punto de que la mera designación de letrado suponga una espera de seis meses, cuando lo habitual es que no supere los 30 días.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

Cerca de medio centenar de abogados se han concentrado a las puertas de los juzgados de García-Figueras para protestar por la nueva Ley de Tasas, que se aprobará el próximo miércoles. Se trata de una protesta que han secundado letrados de toda España para reivindicar un derecho de los ciudadanos que consideran usurpado con esa norma. “la ley atenta contra el principio del derecho a la justicia de los ciudadanos -argumenta Marcos Camacho, decano del colegio de abogados de Jerez- Ahora hay justicia para ricos y justicia para pobres. Consideramos que es muy perjudicial y no vemos que este sea el camino para arreglar el sistema”.

Camacho ha pedido al ministro Gallardón que fomente el diálogo entre todos los operadores jurídicos, acusándole de haber creado una ley sin el beneplácito de los directamente implicados. “Esta claro que el sistema, tal y como está planteado, no funciona, pero necesitamos una reforma integral y no la aprobación de esta norma”.

Como se recordará, hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigen la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.

Hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Como han confirmado desde el Colegio de Abogados de Jerez, los letrados se sumarán a las movilizaciones emprendidas a nivel nacional y el próximo lunes se concentrarán a las doce del mediodía frente a los juzgados. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigirán la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos. Es decir, como explicó el decano jerezano Marcos Camacho, “muchas personas renunciarán a recurrir pero no porque no lleven razón, sino simple y llanamente porque no tengan dinero para ello”.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.

Hasta ahora, el ciudadano que se veía inmerso en un procedimiento judicial ya tenía bastante con los costes típicos derivados de éste, algunas veces incluso astronómicos. Sin embargo, al Gobierno central no le ha parecido suficiente y ha decidido incrementar esas cuantías mediante la Ley de Tasas, por la cual el  interesado deberá pagar cantidades que oscilan de media entre los 50 y los 750 euros por la interposición de los recursos que requiera. Los colegios de abogados de toda España han puesto el grito en el cielo ante una ley que considerán del todo injusta, puesto que “impedirá el acceso a la Justicia de los menos pudientes”.

Así lo ha explicado el decano de los letrados de Jerez, Marcos Camacho, que se ha sumado a las protestas organizadas por el territorio nacional contra esta medida. “Con ello, lo que conseguirán es que la gente no recurra pero no porque no lleve razón, sino porque no tenga dinero. Además, resulta incongruente porque se supone que la ley nace para amortizar los costes de la justicia gratuita, pero lo hará a costa de los demás”. Es decir, los acogidos al turno de oficio no abonarán estas tasas pero sí el resto, lo que perjudicará gravemente a los pequeños despachos de abogados, que previsiblemente perderán clientes y con ello sus ingresos.

De esta obligación, quedarán exentos únicamente los asuntos penales. Los otros, en una u otra medida se verán afectados con ejemplos ilustrativos como las apelaciones civiles o contenciosas, que pueden alcanzar los 500 euros o las casaciones, que abarcan entre 600 y 1.200 euros. En lo social, los recursos de súplica y casación hasta ahora gratuitos costarán entre 500 y 750 euros.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha comparecido para anunciar que su administración acaba de ingresar una inyección de 1,3 millones de euros en los servicios de justicia gratuita de la provincia. Un soplo de aire fresco para los ‘maltratados’ abogados del turno de oficio, que en el caso de Jerez han percibido 255.000 euros. El delegado se vanaglorió de la iniciativa, con la que destacó que la Junta “cumple el compromiso contraído” con los profesionales “afrontando el pago en tiempo y forma pese a la crisis”. Estas palabras, sin embargo, no han calmado los ánimos de los letrados del Colegio de Abogados de Jerez que, a través de su decano, Marcos Camacho, han querido puntualizar que aún existen ciertas cantidades pendientes de cobro.

En concreto, según el decano la Junta ha ingresado todo lo correspondiente a las tarifas pendientes del pasado año, pero no así en lo relativo a los gastos en infraestructuras, de los que demandan el 50% del último trimestre. Asimismo, recuerdan que a estas alturas aún no han cobrado ni un céntimo de lo perteneciente al año vigente. “Consideramos que este pago no cumple las expectativas -recalcó Camacho-, por no mencionar nuestro total rechazo a la orden por la que se nos baja el 10% del salario”. Ésa es la cuestión que verdaderamente les quita el sueño; a pesar de sus protestas, la medida se ha puesto en marcha desde el 1 de octubre.

López Gil también se refirió a ello justificándolo en que se trata de un “ajuste moderado de carácter temporal y reversible”, que se ha adoptado con el fin de “hacer sostenible este servicio”. Los abogados, como es lógico, lo ven desde otra óptica totalmente distinta y argumentan que la situación de los responsables del turno de oficio se ha vuelto “insostenible” a raíz de ello. De hecho, como ya publicara Reporteros Jerez, muchos de estos letrados se han visto obligados a costear parte de los procedimientos de sus propios bolsillos. Como la perspectiva no mejora para ellos, el decano ha confirmado que en los próximos días se reunirán para organizar posibles actos reivindicativos.