Un varón falleció este martes 17 de noviembre tras caerle encima una chapa mientras trabajaba en una planta de reciclaje ubicada en El Portal. Emergencias 112 recibió la primera llamada alertando del suceso. Tras el aviso, el 112 dio traslado de lo sucedido a Policía Nacional, efectivos del servicio sanitario de EPES e Inspección de Trabajo, que se personaron en la planta. Tanto los agentes de la Policía Nacional como los sanitarios confirmaron el fallecimiento del trabajador como consecuencia del golpe recibido tras caerle la chapa encima.

El sindicato CCOO está estudiando ir a los tribunales por la muerte del trabajador. La secretaria general de Construcción y Servicios en Andalucía, Juana Mancilla, exige que se depuren responsabilidades para que los culpables “paguen donde deben”. Mancilla asegura que la dirección de la UTE Sufi-Verinsur, encargada de la planta de reciclaje de Las Calandrias, le trasladaron las condiciones “tercermundistas” de estas dependencias y alerta de la “precariedad” y “turnos excesivos” que rigen las condiciones de trabajo actuales en el centro.

Ante los antecedentes de esta planta, en la que, según el sindicato, ya han fallecido otros dos trabajadores, no descartan recurrir a la vía judicial. La investigación permanece abierta y entre las causas se baraja que la caída de la plancha metálica pudo deberse a “un fallo de coordinación”, dándose la circunstancia de que cuando la víctima se incorporó a su puesto se encontraba suelta porque durante la mañana se había estado trabajando en su mantenimiento

El Ayuntamiento de Jerez ha informado de que ha recibido una notificación del Ministerio de Hacienda en el que le reclama 467.638,89 euros correspondientes a los intereses del anticipo de 26 millones de euros solicitado por el anterior gobierno municipal del PP a cuenta de la PIE y al amparo del Real Decreto de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. Leer noticia completa

Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional así como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwiślański de  Polonia, coordinados por Europol, han desarticulado una organización de origen pakistaní dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes con destino a España y otros países europeos. Habían creado todo un entramado empresarial formado por más de cincuenta establecimientos de comida rápida tipo “kebab”, donde los inmigrantes eran explotados laboralmente una vez llegaban a nuestro país. La operación se ha saldado con la detención de sus principales miembros, 25 de ellos en España y otros cuatro en Polonia. También se ha contado con la colaboración entre los investigadores de funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, a raíz de diversas inspecciones realizadas en locales de hostelería de la provincia de Cádiz, detectaron que entre mediados de 2011 y finales de 2012 se había procedido a la apertura de un elevado número de establecimientos de comida rápida tipo “kebab” en la zona. Todos los locales reunían unas características comunes, la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní, y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.

Con esas premisas, los investigadores empezaron a investigar en profundidad dichos locales y a sus titulares, ante la posibilidad de que pudieran estar llevando a cabo algún tipo de actividad delictiva y así, se detectaron tres cadenas distintas de kebabs, que respondían a nombres comerciales distintos pero, sin embargo, estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios y que disponían de catorce locales distribuidos por toda la provincia de Cádiz.

Controlaban más de 60 establecimientos, en su mayoría “kebabs”

A medida que las investigaciones fueron avanzando, los agentes comprobaron que la red de kebabs se extendía también a diversas localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, contando con más de cincuenta establecimientos dirigidos por diferentes miembros de la organización desarticulada. También se pudo constatar el acercamiento de la red a otro tipo de actividades, habiéndose detectado locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez y Antequera (Málaga) propiedad también de los mismos.

A partir de ese momento, los esfuerzos de los investigadores se centraron tanto en el seguimiento operativo de los propietarios de los negocios, con el fin de averiguar las funciones específicas de cada uno dentro de la organización, como en la investigación de la verdadera actividad económica de la red y sus fuentes de financiación.

La organización había construido un entramado empresarial compuesto por más de treinta sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por co-titularidad, que amparaba su actividad comercial ante organismos estatales de inspección y justificaba la supuesta relación laboral con empleados que, si bien se encontraban “de facto” trabajando, no estaban regularizados laboralmente ya que se encontraban en España de forma irregular.

Todo este entramado empresarial era utilizado por la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes que introducían irregularmente, así como diversos beneficios sociales para los mismos.

Además, les permitía justificar la presencia física de numerosos ciudadanos pakistaníes en nuestro país, mediante la simulación de relaciones laborales de los mismos con las numerosas empresas que lo componían.

Los propietarios de los negocios presentaban a la Administración propuestas de contrato de trabajo para supuestos futuros empleados (que, en realidad, ya se encontraban trabajando para ellos sin ningún tipo de protección legal) que servían como base para la obtención de permisos de trabajo, lo que les permitía regularizar su situación en España.

Sin embargo, los trabajadores no eran luego dados de alta en la Seguridad Social, lo que conlleva, por una parte, una clara actividad defraudadora contra la Administración y, por otra, la más absoluta desprotección legal de los supuestos trabajadores.

Los empleados pagaban por trabajar para obtener su regularización 

El avance de las investigaciones llevó a los agentes a comprobar que las diferentes empresas habían contraído importantes deudas con la Seguridad Social, observándose, además mínimos movimientos de capitales y patrimonios, lo que contrastaba enormemente con una expansión constante de los negocios.

El desproporcionado número de sociedades mercantiles y las numerosas cuentas de autónomos utilizadas para una misma actividad comercial, permitía a la organización diversificar la deudas contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que dificultaba la actividad inspectora y permitía diluir las posibles responsabilidades administrativas y penales que, en su conjunto, supondría un fraude de tales proporciones.

Por otra parte, los agentes corroboraron numerosos envíos de dinero desde España a Pakistán realizados desde diferentes locutorios también relacionados con el entramado investigado, así como graves  irregularidades cometidas en dichos envíos.

Además, los supuestos empleados pagaban a la organización con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión y dependencia absoluta de la misma, que se aprovechaba de la situación de necesidad de estos compatriotas.

Todos estos indicios llevaron a los investigadores a descubrir el verdadero motor económico de la organización, que estaba basado en la introducción ilegal de inmigrantes, en su mayoría de origen pakistaní, en España y otros países europeos y su explotación laboral en los diferentes locales regentados por la organización.

Modus operandi

Los inmigrantes eran trasladados a España utilizando la “ruta central” (a través de Libia e Italia) o la “ruta oriental” (atravesando Turquía y Grecia) previo abono de unos 14.000 euros aproximadamente por cada uno de ellos.

Durante las investigaciones han quedado de sobra acreditados los graves riesgos que suponían los trayectos a través del Mediterráneo para la vida de los inmigrantes que, en muchas ocasiones, viajaban hacinados en  embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas y sanitarias, como ocurrió el pasado agosto, cuando uno de estos inmigrantes pereció por la inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado.

Una vez en España, eran distribuidos por la organización por los diferentes kebabs de los que disponían, donde eran explotados laboralmente, siendo obligados a trabajar en jornadas continuadas, sin ningún tipo de descanso y sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración ni tener ningún tipo de derecho social.

Una vez comprobados todos los indicios y tras varios años de investigaciones, agentes de Guardia Civil y Policía Nacional realizaron un operativo policial simultáneo en las provincias de Málaga, Cádiz, Badajoz, Alicante y Sevilla, que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal formada por ciudadanos pakistaníes que se dedicaba a la introducción ilegal de inmigrantes procedentes de su mismo país de origen en España y otros países de la Unión Europea y con la detención de 25 miembros de la misma.

Las gestiones policiales permitieron asimismo comprobar el carácter transnacional de la organización, que mantenía conexiones con otros individuos dedicados a la misma actividad asentados en Polonia, donde se ha realizado otro operativo policial, de forma simultánea al llevado a cabo en España, en el que se ha detenido a otras cuatro personas más en relación con los mismos hechos.

En total en la operación han intervenido casi 250 agentes, tanto de Guardia Civil y Policía Nacional en España, como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwiślański (Polonia), y miembros de Europol destacados en ambos países, se han realizado 23 registros domiciliarios en varias provincias españolas y otros 28 en Varsovia (Polonia), en el transcurso de los cuales se han intervenido varios vehículos, dinero en metálico e importante documentación incriminatoria, que está siendo analizada por expertos policiales en la materia (todo tipo de soportes informáticos, terminales móviles y numerosos documentos de identidad para su posible uso fraudulento).

También, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda, se han realizado 60 inspecciones en establecimientos de comida rápida, durante los cuales se ha localizado a 26 ciudadanos pakistaníes en situación irregular.

JOT MARE

La operación se encuadra dentro del Proyecto “JOT MARE”, un nuevo centro de inteligencia de Europol creado para luchar contra las redes de tráfico ilegal de inmigrantes que operan en el Mediterráneo, en colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea, y en cuyo equipo operativo participa España.

El Palacio de Villavicencia del Alcázar de Jerez albergará esta semana, tanto el jueves como el viernes, el 28º Congreso de la Asociación Andaluza de Urología (AAU). Según indica el presidente de la AAU, el doctor Miguel Arrabal, en este congreso, se incidirá en temas relativos a la uro-oncología, pero no se dejan de lado otras patologías relativas a la urología como lo pueden ser la litiasis renal o la incontinencia urinaria. Además, se debatirán avances relativos a los tratamientos médicos y quirúrgicos de las enfermedades urológicas.  Leer noticia completa

El área de Turismo del Ayuntamiento ha organizado recientemente una visita patrimonial a Jerez para el consorcio empresarial ´Elite Travel Group´, que agrupa a 85 agencias de viaje que operan en el Reino Unido y que han celebrado del 2 al 5 de octubre su “Elite Travel Group Conference” en la provincia. Leer noticia completa

El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia gaditana sube un 4,3% durante el mes de septiembre, lo que supone 7.559 personas desempleadas más inscritas en las oficinas de Empleo que en agosto. Así, el total de parados registrados de Cádiz se eleva hasta las 181.659 personas. De esas 181.659 personas, 32.992 son jerezanos después de que 875 personas pierdan su empleo, lo que en términos porcentuales se traduce en un 2,72%. Septiembre rompe, de esta manera, la evolución de los siete meses precedentes –desde febrero-, en los cuales la provincia gaditana redujo sus cifras de paro registrado en relación al mes anterior, aunque si comparamos con el año pasado a estas alturas, Jerez tenía 800 parados más.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) aumentó en 26.087 personas en septiembre, un 0,64 por ciento respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.094.042 personas.

Este repunte, con el que se encadenan dos meses consecutivos de ascensos, supera al de septiembre de 2014 (19.720 parados más) y es similar al de 2013. Septiembre suele registrar subidas del paro por el fin de la temporada estival. En toda la serie, iniciada en 1996, sólo se han producido tres descensos este mes, en 2005, 2006 y 2007.

En Andalucía, por sectores, el paro registrado en Andalucía ha subido especialmente en el sector Servicios, con 19.834 parados más; el colectivo Sin Empleo Anterior, con 2.749 desempleados más. Por su parte, el desempleo baja en la Agricultura, con 5.885 desempleados menos; Construcción, con 2.557 parados menos, y la Industria, con 284 desempleados menos.

El desempleo registrado en el INEM ha subido en septiembre en todas las provincias andaluzas en relación con el mes anterior, excepto en Córdoba, donde el paro bajó en 194 personas, (-0,21 por ciento); y en Sevilla, donde el paro bajó en 3.583 personas (-1,49 por ciento).

En el resto, el paro aumentó en Cádiz, con 7.559 personas, un 4,34 por ciento más que el mes anterior; en Málaga, el paro creció en 4.447 personas (+2,55 por ciento); en Granada, el paro ha aumentado en 2.558 personas, un 2,58 por ciento más; en Huelva, con 1.742 desempleados más (+3,03 por ciento); en Jaén, el desempleo aumentó en 1.153 personas más (+1,78 por ciento); y en Almería el desempleo aumentó en 175 personas más (+0,22 por ciento).

La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha querido mostrar su solidaridad con los más de 23.000 funcionarios andaluces, 2.005 gaditanos, que han visto mermados sus derechos en virtud de la pinza que tienen oculta los parlamentarios Populares y los de Podemos. “La traba a la aprobación de este decreto, vital para los interinos, es una merma en su presente y su futuro ya que los privan de poder trasladarse a otros destinos para estar cerca de sus familias y se les niega la posibilidad de poder ascender internamente en las administraciones públicas andaluzas a través de sus méritos y oposiciones”, asevera García.

Por ese motivo, dice la socialista que “entendemos que lo que ha ocurrido es una fotografía oculta de lo que pretenden hacer Rajoy e Iglesias cuya finalidad es dificultar, absolutamente, el funcionamiento del Gobierno y es un reflejo de la política que quieren implantar”. Además tacha de “irresponsabilidad política” esta decisión, ya que no sólo obstruye los derechos de los funcionarios interinos, sino que también lo hace con las posibilidades de crear nuevos puestos en las administraciones públicas, coartando de esta manera la oportunidad de los ciudadanos  a acceder a una plaza pública.

García pide que “espero que PP y Podemos no utilicen sus claves internas y sus políticas para boicotear al Parlamento de Andalucía ya que con esto lo único que hacen es poner trabas a los propios ciudadanos”. Sigue argumentando, “ha sido fácil quitarle la careta a los que venían a hacer nueva política ya que al final han seguido las tendencias de los que llevan treinta años perdiendo elecciones”. La secretaria general advierte a PP y Podemos que “ahora tendrán que dar las explicaciones oportunas a los ciudadanos sobre sus decisiones  y dar un argumento que refuerce su postura de impedir a los funcionarios que tengan el derecho a la movilidad y a la promoción interna”.

En otro orden de asuntos, a García le preocupa el doble rasero de medir del PP con respecto a las imputaciones de cargos públicos en causas judiciales. En este sentido ha manifestado, “pedimos al PP que cumpla con su propia palabra y que no dé lecciones de moralidad, ni de cómo se tiene que actuar en las administraciones públicas”. Prosigue, “tras conocer la noticia de que el Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que imputa a la exalcaldesa de Jerez y senadora popular García Pelayo el PP debería hacer que dimitiese inmediatamente y no blindarla como ha hecho”. En referencia al auto mencionado cabe destacar que la exregidora jerezana ha sido imputada por su implicación en la rama de la Gürtel en Andalucía. De este modo, queda demostrado que la trama también tenía raíces en la comunidad andaluza y concretamente en Jerez en la persona de García Pelayo. “El PP era consciente de esta situación ya que no se entiende, entonces, la premura que han tenido en blindar el aforamiento de García Pelayo en la Diputación Permanente del Senado lo que hará que cuando se convoquen elecciones siga ostentando ese privilegio”, arguye la socialista.

En este sentido, apostilla la presidenta que “el PP suele utilizar muy bien la ley del embudo, cosa que Moreno Bonilla tiene muy bien aprendido, y si no quiere que siga siendo así que utilice todo lo que ha exigido a otras formaciones, especialmente al PSOE, y con ello le den decencia a la política y que no sigan negando una imputación que está claramente evidenciada”.

Por último, la dirigente del PSOE ha querido referirse a García Pelayo para exigirle que dimita y a sus socios del Partido Popular que no corresponde defenderla sino exigirle esa dimisión. “El cese como senadora y concejal sería un alarde de decencia que podría demostrar García Pelayo y una forma de no seguir manchando el nombre de Jerez y, por ende, el de toda la provincia de Cádiz”, concluye García.

La Secretaria General del PSOE en la ciudad, Miriam Alconchel, ha solicitado con urgencia la dimisión de la también senadora “por encubrir supuestamente un delito que ha mantenido ocho años a la ciudad en el centro del huracán de la corrupción en nuestro país y que tendrá graves consecuencias también para otros trabajadores municipales a sus ordenes en el momento de los hechos”.  Leer noticia completa

El Supremo ha abierto una causa para investigar si la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez María José García-Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004. Leer noticia completa

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha hecho balance de los primeros 100 días de mandato, en los que los socialistas -que gobiernan en minoría con siete de los 27 concejales de la Corporación- han demostrado que son “capaces de gobernar” y “ajustándose en todas sus iniciativas a la legalidad y a las ordenanzas municipales, con la máxima objetividad y tratando a todos los ciudadanos por igual”.  Leer noticia completa