En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos.

Así lo mostró de manera contundente la representante legal de CC OO, Sonia Sierra, explicando que a su modo de ver el reconocimiento de que existió “arbitrariedad y mala fe” que recoge la sentencia a la hora de desarrollar los criterios que fundamentaron el ERE, tiene como consecuencia directa la nulidad del mismo. “Entendemos que un acto administrativo arbitrario es nulo de pleno Derecho, y más si lo ha llevado a cabo una administración pública”. En la misma línea se expresó Lidia Vargas, abogada de UGT, haciendo hincapié en que el TSJA ha demostrado que el Ayuntamiento actuó “de manera ilegal” al considerar como hechos probados las declaraciones que ofrecieron los diversos representantes municipales durante el juicio.

En ese sentido, todos los letrados han subrayado el testimonio del primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, que en la vista reconoció que “la selección se llevó a cabo sobre quién trabaja mejor o peor, era problemático, quejica, en base a la rumorología y con informes verbales, no valorando la formación y esa documentación se destruyó porque no eran buenos trabajadores y eran conflictivos“. Así aparece en la sentencia de manera literal, y son justamente esas declaracione las que los demandantes consideran determinantes a la hora de que la Sala de lo Social haya inclinado la balanza a su favor. Antonio Ortega, letrado del CTP, incidió en la contundencia de esta prueba testifical y manifestó que “partimos de la tranquilidad, porque esto ya no lo van a tumbar”, algo compartido por Adolfo Sánchez, de CGT, que confirmó que él también recurrirá la sentencia.

El letrado de la ATM, Emilio Álvarez, resaltó por su parte que tampoco ha quedado acreditada la causa económica, por lo que “aunque el criterio de evaluación hubiera sido ajustado a Derecho, el ERE tampoco habría salido adelante”. En lo que respecta a la reacción municipal a la sentencia, todos ellos coincidieron en pedir la dimisión del gobierno local “por responsabilidad, porque alguien tiene que pagar por esto”.