PP y PSOE se han vuelto a enzarzar en una guerra dialéctica que va subiendo de tono conforme pasan las horas. El motivo, unas obras de mejora en calles de Jerez y de ampliación del cementerio. A simple vista, nada fuera de lo que es habitual entre estos dos partidos más o menos periódica. En esta ocasión, sin embargo, el origen de la confrontación se ha localizado en el Congreso de los Diputados y de ahí ha saltado a la ciudad, con un cruces de declaraciones y comunicados de prensa que descubren algo que va más allá de una simples diferencias políticas.

Todo comenzó este pasado miércoles con una pregunta que el PSOE realizó al ministro de Agricultura, el jerezano Miguel Arias Cañete. El diputado socialistas Alejandro Alonso le cuestionó sobre una serie de actuaciones anunciada recientemente en Jerez y que afectaban, concretamente, a diferentes calles y al cementerio, por un importe de 5,3 millones de euros. Alonso hizo referencia en su intervención a una publicación del PP de Jerez que recientemente ha sido buzoneada por buena parte de las viviendas de la ciudad y en la que se dice, textualmente, que este paquete de obras será posible gracias a un convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura. El socialista, que mostró en varias ocasiones la publicación del PP de Jerez, criticaba que el ente ministerial tenga como prioridad, destinándole una cantidad tan elevada, una serie de actuaciones en calles de Jerez cuando el sector agrícola tiene tantos problemas en la actualidad.

La sorpresa llegó con la respuesta de Arias Cañete. Tal como se puede ver en el vídeo que completa esta información, el ministro se desmarcó del supuesto convenio, afirmando que se trata en realidad de unas obras que el Ayuntamiento de Jerez ha contratado a la empresa pública Tragsa (y por tanto, tendrá que pagar) y que Agricultura nada tiene que ver en eso. Desmentía de esta manera lo que se decía en la mencionada publicación que había realizado su propio partido en la ciudad.

Las reacciones no tardaron en llegar. Y por ambas partes. Primero fue el diputado popular Aurelio Romero, con un comunicado en el que aseguraba que el PSOE “está perjudicando a los jerezanos y criticaba “su doble discurso”. Después vino otro de la secretaria general del PP en Jerez, Lidia Menacho, en el que dedica numerosas frases contundentes a los socialistas. “El PSOE vive en un Halloween permanente”, “son doctor Jekyl y Mister Hyde contra Jerez”, “demuestra que tiene un trastorno de personalidad múltiple” y “debe dar explicaciones por esta puñalada trapera que le han hecho a Jerez a los ojos de toda España”, son solo algunas de ellas.

Luego vino la respuesta del PSOE de Jerez, también a través de una nota de prensa. En ella duda del rigor del citado convenio, “ya que no es comprensible que el ministro Arias Cañete lo niegue y se desmarque trasladando la responsabilidad exclusiva y excluyente a una empresa pública y que la posición del PP no coincida con lo publicado y publicitado por la señora Pelayo en su propaganda gubernamental y se lamenta de que un diputado del PP, el señor Romero, tenga que tapar las contradicciones del ministro y del PP”.

Añade que, ante las dudas existentes en torno a este convenio y las contestaciones contradictorias dadas en sede parlamentaria por el ministro Arias Cañete, el PSOE-A de Jerez demanda claridad por parte de los firmantes del confuso convenio, que expliquen si existe alguna “trampa” y si a Jerez le va a costar más del importe que figura en ese convenio.

El Juzgado de lo Social número 2 de Jerez ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en el juicio por la huelga de basura al desestimar la demanda interpuesta por el comité de empresa de Urbaser contra el propio Consistorio y la Empresa de Transformación Agraria, Tragsa, al “no constatar probada la vulneración del derecho a la huelga ni la libertad sindical”. “En conclusión, ratificamos que la decisión y actuación del Ayuntamiento de Jerez y la actuación posterior de Tragsa no vulneraron el derecho a la huelga, ni la libertad sindical, como así informó en juicio el Ministerio Fiscal”, se señala en la mencionada sentencia.

Igualmente, se recoge que “el derecho a la huelga no es un derecho absoluto y debe ponerse en relación con otros derechos constitucionales, como es el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución, que además señala en su número 2 que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

En este sentido, el texto recoge que la alcaldesa tenía plena competencia para actuar para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía, así como que estaba suficientemente probado que existía una alerta sanitaria, motivada en su origen por los insuficientes servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía, la duración de la huelga de basura y la acumulación de residuos en las calles, una situación que empeoraría por la alerta de lluvias.

La sentencia establece que “la huelga tuvo una enorme repercusión en los ciudadanos y en los medios de comunicación, que no fue menor por la intervención de Tragsa. La huelga fue efectiva ya que se acordó la retirada del Expediente de Regulación de Empleo planteado para 125 trabajadores de la concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, aunque con recortes en el convenio colectivo. En conclusión, ratificamos que la decisión y actuación del Ayuntamiento de Jerez y la actuación posterior de Tragsa no vulneraron el derecho de huelga, ni la libertad sindical”.

El auto judicial también establece claramente que se estima “la condición de autoridad sanitaria de la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez en materia de salud pública y la plena competencia de este municipio para velar en su territorio por la protección y la promoción de la salud de la población, realizando las intervenciones necesarias para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía. Ello sin perjuicio de la competencia de la Junta de Andalucía en esta materia”.

La jueza entiende, por tanto, que “el llamamiento por el Ayuntamiento a la empresa Tragsa tiene amparo jurídico” ya que se trata de una empresa que actúa “con especial prioridad en aquellos casos que son urgentes o se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaran”, quedando probado que “nos encontramos, por tanto, con un medio propio instrumental que fue aportado por el Estado al Ayuntamiento en su relación de cooperación, acreditándose que se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento”.

La sentencia deja patente que existía, en el momento en que el Ayuntamiento llama a la empresa Tragsa, una situación de alerta sanitaria en el municipio. “Estimamos probado la existencia de una alerta sanitaria, tanto por la acumulación de basuras, como su prolongación en el tiempo, y la amenaza de lluvias en alerta amarilla”.

La jueza aclara que “es público y notorio, se resaltó en todos los medios de comunicación locales y nacionales que existía una importante acumulación de basura y residuos, parte de la basura estaba en los contenedores pero la mayoría en el suelo de la vía pública, bolsas de basuras rotas, desperdicios por el suelo, cristales…lo que dificultada la recogida”.

“En este estado de cosas era imposible que los servicios mínimos pudieran recoger en estos primeros días los residuos al ritmo del 50% de la recogida habitual con los medios ordinarios que tenía Urbaser”, quedando claro cuando la empresa Tragsa utiliza maquinaria pesada y medios como pala cargadora, retrocargadoras o camiones para retirar los residuos acumulados en las calles.

Ante la alerta sanitaria, el auto establece igualmente que “no existe un contrainforme de ningún organismo público de la Junta de Andalucía o de otra autoridad, ni ningún informe privado, que contradiga, cuestione o anule” lo afirmado por los técnicos municipales. Es más, la sentencia establece que no se emitieron por parte de la Junta de Andalucía certificaciones sobre la posible situación de riesgo para la salud durante los días de la huelga.

En la sentencia se deja igualmente claro que por parte de la Junta de Andalucía no se aportó informe oficial técnico sobre la situación de salubridad ni consta que tales informes fuesen elaborados, lo que hubo fueron declaraciones en prensa del delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y del responsable del Servicio de Salud Pública, Andrés Rabadán. Así la sentencia dice textualmente: “Dichos documentos no dejan de ser noticias de prensa, de manifestaciones a los periodistas, vertidas por estos al papel. Es cierto que aluden a que no existe riesgo de salubridad, pero no existe ningún informe oficial técnico de la Junta de Andalucía aportado a autos que así lo acredite, ni consta que tales informes se elaboraran. Incluso a nuestro juicio algunas declaraciones vertidas en prensa son plenamente desafortunadas”.

La huelga de basuras suma ya 19 días, y se está haciendo eterna para la sociedad jerezana, que ya ha perdido la paciencia y anoche volcó su frustración tirando de nuevo contenedores en mitad de la calle, quemando otros y provocando problemas de tráfico en los que ha tenido que intervenir hasta la Policía.

Ellos y el resto de ciudadanos que ven cómo la basura se acumula siguen con la vista puesta en la negociación que por fin retoman este martes los trabajadores de Urbaser, la concesionaria del servicio, y la dirección de la empresa. Según han confirmado a este medio desde el comité de empresa, será a las 11 de la mañana cuando las dos partes en conflicto se sienten de nuevo para tratar de alcanzar un consenso que se sustentará en el sacrificio económico que debe hacerse para ajustar el servicio al recorte del 20% que ha decretado el Ayuntamiento.

Además de la reunión se ha convocado una concentración a las 13 horas a las puertas del Ayuntamiento a la que están convocados todos los trabajadores de la plantilla y donde les acompañarán los representantes de los distintos grupos políticos y de los sindicatos.

Y a la espera de que avance la negociación, los vecinos de Jerez ya no aguantan más y anoche volvieron a volcar contenedores en diversas barriadas de Jerez. Así, se produjeron incidentes en Los Naranjos, MOPU, Juan XXII o Icovesa, hasta el punto de que la Policía Nacional tuvo que intervenir y cortar el tráfico mientras se desparramaban las bolsas por todas las calles y los vecinos se negaban a retirarlas. “Esto es ya la guerra”, decían algunos visiblemente contrariados y víctimas ya de la desesperación.

También continuó la quema de contenedores por toda la ciudad, como confirmaron desde el Consorcio de Bomberos. Así, se produjeron desde la mañana del lunes unos 14 incendios de mobiliario urbano en San Telmo, avenida Cantos Ropero o Santo Tomás de Aquino. Y a partir de las 20 horas volvieron los incendios en zonas como el Polígono San Benito, Vista Alegre, Méndez Núñez, calle Casiopea, Estancia Barrera y medio centenar de sitios más, llegando incluso al otro extremo de la ciudad, a la zona de Chapín, con el consiguiente riesgo para los coches aparcados junto a los contenedores.

Lo peor es que los ánimos están ya tan soliviantados que cuando los bomberos acuden a poner orden y sofocar el fuego son recibidos con pedradas y gritos de “fuera, fuera” que les obligan a alejarse y dejar que intervenga la Policía Nacional. La situación se ha tensado tanto que ya de madrugada se conoció que iban a ser movilizados los antidisturbios de Sevilla, así como efectivos del 061, para desplazarse a barrios como el MOPU para calmar los ánimos por los disturbios ocasionados.

Desde el comité de empresa de Ubaser su presidente, Juan Manuel Cazalla, negó que la plantilla de la concesionaria tenga alguna responsabilidad en los hechos, asegurando que se ha personado en Comisaría para dar fe de esto y para evitar que las sospechas recaigan sobre los trabajadores.

Lo cierto es que los actos parecen organizados, o se propagaron con rapidez, y por eso las fuerzas del orden ya indagan tratando de localizar a los responsables.

La pasada noche fue como se esperaba: complicada. Y es que la contratación por parte del Ayuntamiento de una empresa externa para retirar la basura mientras la plantilla de Urbaser está de huelga indignó a los trabajadores y ha provocado un rosario de acontecimientos que hoy probablemente acaben en los tribunales y hasta en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, los trabajadores de la concesionaria se fueron a la sede de Urbaser a las 6 para garantizar los servicios mínimos, como todos los días, y llamaron al director de la concesionaria y este también les confirmó la contratación de la empresa externa.

Ahí empezó la peor parte, una vez que los servicios mínimos salieron, y entonces llegó la Policía Nacional con varios furgones que cortaron la calle, sitiaron a los trabajadores y los mantuvieron retenidos hasta las 9 de la mañana, según ellos mismos relatan. “Parecíamos delincuentes, terroristas, nos pidieron los DNI y nos los retiraron físicamente”, se quejan, al tiempo que recuerdan que si intentábamos salir nos pedían hasta el número de matrícula del coche”.

Además de este “abuso” contra sus derechos como ciudadanos, desde el comité de empresa han denunciado hoy que sospechan que la empresa “esquirola” ha estado realizando su trabajo si que hayan podido vigilarlo y denunciarlo. Eso mismo lo pudieron comprobar ellos mismos horas más tarde, sobre las 12 de la mañana, cuando se descubrió a máquinas excavadoras y vehículos no regulados recogiendo basura en distintos barrios de la ciudad, y siendo escoltados en todo momento por la Policía Nacional.

Algunos vecinos han relatado incluso que han tomado fotos de estos hechos, y que recibieron amenazas de la Policía por estar captando imágenes.

PRUEBAS GRÁFICAS

Pese a todo, el comité recabó sus pruebas gráficas, tomó las matrículas de los camiones “esquiroles” y hoy mismo han ido al juzgado para presentar la correspondiente denuncia no solo por la vulneración del derecho a huelga, sino también porque “con esta actituación el Ayuntamiento se pasa por el forro la sentencia sobre servicios mínimos del TSJA. Porque los servicios se están cumpliendo, no hay estado de emergencia, y no pueden hacer lo que están haciendo”, han recalcado hoy los líderes de CC OO y UGT, Rafael Tejada y Pedro Alemán.

Por su parte, el presidente del comité, Juan Manuel Cazalla, ha apuntado hoy que “hemos colaborado desde el principio con la Policía, no hemos creado disturbios ni vamos a caer ahora en la provocación, pero los servicios mínimos se están cumpliendo y ahora vamos a ir a que el juez nos dé la razón”.

Desde el comité también se han preguntado “dónde se están llevando los residuos, quién paga por este servicio y asume la responsabilidad, y qué se va a hacer ante esta indefensión”.

Algo parecido han denunciado desde la oposición. No en vano, representantes del PSOE como Mamen Sánchez, Miriam Alconchel o Francisco Lebrero, y de IU como el parlamentario Ignacio García, han comparecido hoy junto a los empleados para mostrar su rechazo.

Así, la diputada Sánchez ha dejado claro que van a llevar al Congreso una petición de comparecencia del ministro del Interior para que explique las razones de esta actuación policial “fuera de toda lógica”. También han recordado que Tragsa, la empresa que ha realizado los trabajos es una empresa participada por el Ministerio de Medio Ambiente, de Miguel Arias Cañete, por lo que van a pedir las correspondientes explicaciones en el mismo foro.

También García ha condenado la inexplicable “retención” por parte de la Policía Nacional de los empleados y la “injustificada identificación masiva efectuada, que cabe situar en los aledaños de la coacción. ”

Los trabajadores de Urbaser no salen de su indignación. Y es que hoy les han confirmado los propios empleados de la empresa Tragsa que el Ayuntamiento ha contratado a esta compañía para retirar la basura de las calles mientras continúa la huelga indefinida del servicio que hoy suma 16 días.

Según afirman fuentes de la plantilla a este medio, son los propios empleados de esa empresa externa los que les han dicho que será esta misma noche cuando empiecen a retirar los residuos acumulados. Esto ha caldeado los ánimos de los empleados que están en huelga,  que han criticado que el Ayuntamiento “eche más leña al fuego de este conflicto”.

Los trabajadores de esta otra compañía también les han informado de que los responsables de Tragsa estarían esta misma mañana reunidos con la delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosada, para planificar la tarea a realizar desde esta noche.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Cazalla, ha recalcado que esta actuación ”es ilegal, porque no se puede contratar a cualquiera para retirar la basura, sobre todo cuando hay una concesión y un pliego de condiciones cono Urbaser, y tampoco se puede hacer durante el desarrollo de una huelga legalmente convocada”.

Por todos estos motivos, los empleados de Urbaser ya han anunciado que van a vigilar durante las 24 horas en todos los puntos de recogida de basura de la ciudad para en caso de que aparezca esa empresa y sus operarios llamar a un notario y junto a los abogados presentar la correspondiente denuncia.