La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a los tenientes de alcalde Javier Durá y Enrique Espinosa, dio a conocer en rueda de prensa el procedimiento de reestructuración del grupo municipal de empresas cuya tramitación está previsto que se inicie en el próximo Pleno. El mismo supondrá la reducción del número de empresas y organismos autónomos de los 21 actuales a un total de 12. La primera edil explicó que es una medida que se enmarca en el Plan de Ajuste que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento, siendo la previsión de ahorro aproximado de unos tres millones de euros.

Previamente a la comparecencia, la alcaldesa mantuvo sendas reuniones con los gerentes de las empresas municipales y con los representantes sindicales de los trabajadores. Dejó claro que el procedimiento afecta a todas las empresas, se incorporen o no al Ayuntamiento, “ya que se va a llevar a cabo la homologación retributiva y salarial con el Ayuntamiento a través de la Relación de Puestos de Trabajo y el convenio”. De los aproximadamente tres millones de euros de ahorro, explicó que serán “en torno a 1,6 millones de euros de coste de personal por prejubilaciones y bajas incentivadas para mayores de 59 años y también en torno a otros 1,6 millones en relación a lo que pueda venir derivado de la homologación de las condiciones retributivas laborales, de convenio y de RPT, que se va a producir tanto en las empresas incorporadas en el Ayuntamiento como en las demás”.

La reestructuración consistirá en ocho operaciones, que reducirán el grupo empresarial a 12 entidades. Para ello, se llevará a cabo la integración en el Ayuntamiento de la Escuela de Negocios, de Ajemsa, de Jereyssa, de Jesytel, de XEREZ 21 y del Zoobotánico, así como la disolución de la Fundación Universitaria y la fusión de Emuvijesa, Emusujesa y Geldemsa.

De esta forma, el grupo municipal quedará conformado por Centro de Acogida San José, Fundación Andrés de Ribera, Fundación Municipal de Formación y Empleo, Comujesa, Emuvijesa+Emusujesa+Geldemsa, PCTA, Cirjesa, Mercajerez, Fundación Teatro Villamarta, Fundación Caballero Bonald, Jecomusa y Ememsa.

Para iniciar la reestructuración, en el próximo pleno se acordará el inicio de la tramitación administrativa de cada uno de los procedimientos en cada una de las empresas. Una vez que se apruebe en Pleno, se producirá la apertura del periodo de consultas del Ayuntamiento con cada comité de empresa. La alcaldesa ha destacado que “este periodo de consultas se va a tramitar con la mejor voluntad de llegar a consenso para que pueda finalizar con acuerdo entre las partes”.

La regidora destó que “esta medida viene derivada del plan de ajuste, pero también de lo que es la lógica del día a día. No tiene sentido mantener un bloque empresarial tan amplio cuando en ninguno de estos casos las empresas se autofinancian”. Añade que “las empresas que se mantienen como tal lo hacen por criterios varios, porque tienen participación con otras Administraciones (como la Fundación Andrés de Ribera, en la que la Diputación hace aportación económica), porque tienen subvenciones que no podrían mantener de otra forma(como es el caso del Centro de Acogida San José), porque como Comujesa tienen una utilidad para solucionar otros temas puntuales como se ha hecho con el servicio de ayuda a domicilio, o por su propio funcionamiento, como son las Fundaciones Caballero Bonald y Teatro Villamarta”.

Al inicio de esta legislatura, el grupo empresarial contaba con un total de 596 trabajadores. En la actualidad, tras la absorción de 80 trabajadores de Ajemsa por Aqualia, el número de trabajadores es de 516, a los que se restarán 29 por acuerdos por prejubilaciones. En esta disminución del número de trabajadores del grupo empresarial entrarán también los empleados de Jecomusa que se adhieran a las bajas incentivadas, que en la actualidad son 19.

En el caso del Ayuntamiento, la plantilla es en la actualidad de 1.581 personas. Durante 2013 se han producido 31 bajas por jubilaciones e incapacidades. Al comienzo de la legislatura, la plantilla municipal era de 1.900 trabajadores.

El acuerdo-convenio municipal, aprobado el pasado 11 de octubre en Junta de Gobierno Local,  ya cuenta con la resolución a favor por escrito de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Esta resolución supone que, “por primera vez en décadas, el Consistorio cumple escrupulosamente con la normativa legal en esta materia”, según se apunta desde el propio gobierno municipal.

La resolución de la Junta de Andalucía, fechada en este pasado miércoles, ordena la inscripción de dicho acuerdo-convenio del personal funcionario y laboral en el Registro de Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose la misma a la Comisión Negociadora. Asimismo, la resolución de la delegación territorial en Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía dispone la publicación del acuerdo-convenio en el Boletín Oficial de la Provincia.

El gobierno municipal destaca, a través de un comunicado, que “esta resolución a favor “ha sido posible gracias al esfuerzo desarrollado tanto por la plantilla municipal como por los sindicatos,  gracias al cual y por primera vez este Ayuntamiento va a contar tanto con una Relación de Puestos de Trabajo como con un convenio aprobado y con todos los requisitos legales”.

Recuerda también que “el acuerdo-convenio cuenta con todos los informes preceptivos, y cumple el compromiso tanto de bajada de sueldos para los altos cargos como que los salarios más bajos no se vean afectados por los recortes salariales”, ya que “nunca antes este Ayuntamiento había contado con un convenio estatutario, es decir, un convenio negociado, fiscalizado por la Intervención municipal, ratificado por el órgano competente y remitido a la autoridad laboral para su control, inscripción, depósito y, finalmente, su publicación”.

Las secciones sindicales de CC OO, UGT, ATMJ y CTP, que representan al 53% de la plantilla municipal, se reunieron este lunes con Antonio Maíllo, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, por su competencia en las directrices técnicas que rigen las relaciones entre la entidad autonómica y las administraciones locales. En este sentido, los sindicatos pusieron en su conocimiento “las gravísimas irregularidades que está llevando a cabo el Gobierno municipal en materia de personal mediante actuaciones absolutamente arbitrarias amparadas en informes, a nuestro entender, confeccionados a tal fin”, resaltan en un comunicado. Tal como insisten, se trata de informes que “benefician directamente al que lo suscribe y en otros incluso llegan a contradecirse entre ellos, según convenga aplicar un criterio o el contrario en los diversos expedientes”. Por eso acusan al ejecutivo de “arbitrariedad”, e insisten en subrayar que “la gravedad es de tal magnitud que de estas actividades pudieran derivarse acciones penales, cuestión que está siendo estudiada por parte de estas secciones sindicales”.

Por otro lado, destacan que durante la reunión “se nos confirmó lo que ya sospechábamos, que la alcaldesa mintió cuando afirmó públicamente que la RPT municipal se había consensuado con la Junta de Andalucía, extremo que negó taxativamente Maíllo”. Una circunstancia ante la que el responsable de esta Dirección General de la Junta, se comprometió a facilitar cuanta información y documentación se le requiriera.

Maillo, según los representantes sindicales, también “reconoció que cuando llegaron a su conocimiento algunas de nuestras denuncias  ante la Delegación Provincial sobre los extremos ilegales de la RPT, ya habían transcurrido los plazos legales para interponer los oportunos recursos ante los órganos jurisdiccionales competentes”. A tenor de lo cual, no han ocultado su sorpresa  al “comprobar cómo la Junta de Andalucía desconoce la  realidad de las actuaciones que se están llevando de aplicación de la RPT, sobre todo porque la que le remite el Ayuntamiento es  intencionadamente parcial, sesgada y manipulada, con  patente incumplimiento de la obligación de transparencia”.

Las secciones sindicales citadas concluyen al respecto que “la obstinada realidad del día a día en la gestión de recursos humanos, nos obliga a seguir denunciando las arbitrariedades de sus decisiones”.

El Grupo Municipal Socialista, a través de un comunicado, acusa al gobierno municipal de “discriminar y favorecer el amiguismo” en el Ayuntamiento “con su descerebrada y caótica política de personal que ha sido objeto de denuncia por parte de este grupo de la oposición”. Recuerda que “ya advirtió de las irregularidades detectadas” en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “un documento que se realizó a conveniencia del PP para obtener voluntades a base de complementos en el sueldo para determinados nombramientos afines al PP”. Y añade que “esta práctica también se llevó a cabo en la aplicación del ERE, en el que el Gobierno de la señora Pelayo aplicó despidos de forma arbitraria para compensar posteriormente a sus afines en puestos privilegiados del organigrama municipal”.

Recuerda también que de todo ello dio cuenta tanto en las alegaciones presentadas a los Presupuestos Municipales de 2013 como en las alegaciones que se presentó a la RPT.

En lo que respecta a las alegaciones al Presupuesta Municipal, apunta que alertó de diversos contenidos de estas partidas por estimar que no cumplen con la legislación vigente. En concreto, destacó que  el Presupuesto “incumple el Plan de Ajuste aprobado por el gobierno del PP en marzo de 2012; incumple lo exigido en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y, por último, advirtió que la plantilla presupuestaria y el documento de Relación de Puestos de Trabajo del Presupuesto contiene adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen con la legislación reguladora”.

Apunta que los Presupuestos Generales del Estado respecto a las retribuciones del personal municipal establece que para el año 2013 “no se podrá incrementar la masa salarial y tampoco podrá existir incrementos de las retribuciones de los empleados públicos, salvo que el incremento obedezca a los supuestos casos específicos”. Añade que si se analiza el Capítulo I de gastos del Presupuesto de 2012 y se compara con el Presupuesto de 2013, “encontramos que la RPT ha supuesto un incremento de las retribuciones de un gran número de empleados y ello se demuestra ya que  la aplicación de la eliminación de los pluses del convenio suponía un importe de 15,8, lo que sumado a la reducción de 10,3 millones por el ERE, supondría  una reducción de 26,1 millones  y finalmente se ha quedado en una reducción de gastos de personal del Ayuntamiento de 14,4 millones,  lo que quiere decir que la RPT ha supuesto una subida de retribuciones de alrededor de 12 millones de euros”. Todo ello, apostilla, “teniendo en cuenta que ha habido empleados municipales que han visto reducidas sus retribuciones, la cuantía de incrementos retributivos es aún superior a los 12 millones de euros”.

En cuanto a las alegaciones presentadas en lo que respecta a personal, explica que “se detectó que la plantilla presupuestaria y el documento  de Relación de Puestos del Presupuesto contienen adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen la legislación reguladora”.  Concreta que en la documentación del Anexo de Personal del Presupuesto “aparecen empleados municipales adscritos a puestos de la RPT sin que haya sido como consecuencia  de la superación de los sistemas de provisión contenidos en la ley, es decir, el concurso y la Libre Designación”.

En cuanto a las alegaciones presentadas a la RPT, el Grupo Municipal Socialista aclara que en su día se denunció “la arbitrariedad en la valoración de los puestos, ya que existen puestos excepcionalmente valorados sin existir en el expediente  justificación alguna sobre ello, con lo que es evidente que el reparto de puestos se ha hecho a dedo”.

Además, el PSOE denunció que la RPT “contiene una adscripción de puestos de manera directa a todos los empleados, sin justificar porqué a unos trabajadores le dan un puesto más valorado que a otros, al margen de denunciar que los incrementos retributivos eran “arbitrarios e injustificados”.  “El gobierno de la señora Pelayo ha utilizado la RPT como un instrumento para premiar a los empleados afines al PP  en detrimento del resto del personal”, sentencia.

“La política de gestión de recursos humanos emprendida  por este gobierno municipal está siendo una caza de brujas para despedir y para premiar y castigar a los empleados que se quedan. Está haciendo del ‘amiguismo’ a política laboral del Ayuntamiento y mucho nos tememos que los próximos nombramientos vayan en la misma línea para favorecer a personal cercano a ese partido”, concluye.

El delegado de Personal, Javier Durá, ha dejado claro que “el gobierno municipal no va a ceder a las presiones de una parte interesada de la ATMJ, en el esfuerzo que se está realizando para poner orden en el caos salarial que les ha beneficiado durante años y que les ha permitido contar con sueldos superiores a los 100.000 euros”. En respuesta a las declaraciones del colectivo, que ha sido muy crítico con la Relación de Puestos de Trabajo planteada por el ejecutivo, Durá ha sido muy claro: “Esta pataleta de los que se han beneficiado de unos sueldos astronómicos durante años no representa a esa mayoría de técnicos que se están beneficiando con la RPT y que, por primera vez, van a poder tener una carrera profesional”. Leer noticia completa

El portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Pedro Pacheco, ha repasado en rueda de prensa asuntos de actualidad, deteniéndose especialmente en la situación de “abandono” y “ausencia de proyecto” para la ciudad, sobre todo para su centro histórico; la conmemoración del Día de Andalucía; y el “grave ataque” a la autonomía municipal emprendido por el PP con su anteproyecto de ley de reforma de la administración local.

Así, se ha referido a la imagen “desoladora” que está ofreciendo el centro de la ciudad, “con decenas y decenas de locales cerrados durante el Festival de Jerez, una magnífica prueba más de la herencia recibida por el PP de la gestión de gobiernos anteriores”, así como al proyecto fallido de la terminal de autobuses en plaza Esteve, que ha pasado de “proyecto estrella de la derecha antes de las elecciones y durante su mandato a proyecto estrellado”.

Respecto a lo anterior, Pacheco ha retomado la propuesta que lanzó Foro Ciudadano en la pasada campaña de las municipales. Ésta planteaba que la mejor solución para concentrar paradas de autobuses en el entorno del mercado central de abastos pasa por una pequeña actuación en el ensanche de la calle Corredera, “donde entrarían tres cabeceras de líneas”, y en la ampliación de la parada de Esteve hacia Doña Blanca, lo que permitiría la llegada de seis líneas más. “Se trata de una propuesta para ahorrar más de 1 millón de euros de fondos públicos que es lo que iba a costar el despilfarro inmobiliario de Esteve, que no convence a nadie y que va ya por el cuarto borrador”, ha dicho. De todos modos, ha reiterado, “veremos en qué acaba finalmente esa inversión de Zona Franca que iba a ser millonaria en la pasada legislatura”.

Hilando con la necesidad de reactivar el centro histórico de la ciudad, Pedro Pacheco ha incidido en que ese “corazón” de Jerez “sólo presenta actualmente miseria, paro, oscuridad y abandono, lo que en nada sirve para impulsar el turismo”. “Vaya imagen más triste y penosa que están llevándose estos días los cientos de visitantes que vienen al Festival de Jerez”, ha subrayado, para avanzar que “vamos a reunirnos en unas semanas con empresarios y promotores para presentarles una moción que reinterpreta el PGOU y que persigue que se inyecten vitaminas al necesitado centro histórico de la ciudad”. “Tenemos decenas y decenas de ideas pero también queremos abrir un debate ciudadano importante a través de las redes sociales para que los propios jerezanos se animen a participar y a plantearnos sus propuestas para mejorar el centro histórico, que en algún momento se desatendió pero sobre el que obligatoriamente hay que volver para hacer del turismo nuestra gran industria local”, ha enfatizado el portavoz de Foro, el cual mantiene que esta organización política “sigue sin variar ni un ápice su objetivo de ser gobierno en la sombra, fiscalizando y proponiendo”.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

El líder de Foro se ha referido durante su comparecencia ante los medios a la reforma de la administración local emprendida por el PP “sin consultar con los afectados” y ha dicho que los populares, “la derecha”, van a devolver a los ayuntamientos a la situación predemocrática, “criadas del Estado y eslabón último del sistema político español”.

Pacheco ha señalado que “no se va a dejar margen de maniobra para los ayuntamientos, a los que el PP quiere intervenir mediante la figura del interventor y el secretario para justificar privatizaciones y menos participación ciudadana”. “Disfrazan su pensamiento real, sus planes ideológicos, hablando de racionalización y sostenibilidad. O sea, más despidos, más privatización y menos Democracia y carácter público de los ayuntamientos”, ha reprobado, antes de abogar por una reforma “efectiva, rigurosa y en la que no haya jerarquía entre lo municipal, regional y estatal”.

RESPUESTA DE LA ALCALDESA

La respuesta de la alcaldesa, María José García-Pelayo, a las palabras de Pedro Pacheco no se ha hecho esperar: “Lo que diga Pacheco, que está plurimputado, no me preocupa. Lo que tengo claro es que a él no le interesa que se haga una RPT porque le dejará en evidencia. Pacheco tuvo 25 años para hacerlo y no le interesó. Todos sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Esas declaraciones me resultan lamentables, pero es algo que no me preocupa”.

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han llegado a  un acuerdo para introducir una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “sobre un aspecto muy concreto del documento, con el que se evita recurrir a la vía contencioso-administrativa, además de garantizar el funcionamiento del Consistorio”, según ha anunciado el gobierno municipal a través de un comunicado. Apunta en el mismo que el acuerdo “ha sido posible por la vía del diálogo tras cuestionar la administración autonómica un aspecto determinado del documento, motivado por la falta de funcionarios, y no la generalidad del documento”.

El Ayuntamiento agradece “la predisposición al diálogo” mostrada por la Junta de Andalucía, ya que “este acuerdo evita que se paralice el Ayuntamiento tras la aprobación de la RPT, el pasado mes de septiembre, y resuelve una situación que ya el Ayuntamiento preveía como transitoria, dada la situación actual de falta de funcionarios”.

Recuerda también que en la actualidad el Ayuntamiento cuenta con un total de 575 funcionarios, de los que 298 pertenecen a la Policía Local y los 277 funcionarios restantes tendrían que asumir el resto de las labores administrativas del ayuntamiento. Además, de los funcionarios sólo 32 son A-1 (licenciados) y, por tanto, reúnen los requisitos exigidos para ocupar determinados puestos.

La Junta de Gobierno Local, convocada en sesión extraordinaria, ha dado, por tanto, el visto a esta modificación tras aceptar la Junta de Andalucía la propuesta remitida por el Ayuntamiento, en la que deja claro que el personal laboral sólo podrá ocupar determinados puestos, de forma provisional, hasta que culmine el proceso de funcionarización que se espera iniciar en el mes junio e incluso antes.

En concreto, el Ayuntamiento mantiene el compromiso en la modificación de que conste de forma explícita en la RPT que el desempeño de las funciones de estos puestos por el personal sujeto a régimen laboral lo sea con carácter provisional, y, en consecuencia, el tipo de puesto descritos en la RPT bajo el epígrafe “F/L” debe considerarse “a extinguir” respecto al personal laboral que en la actualidad lo pudiera ocupar y entendiéndose que tal ocupación, en todo caso, tiene un carácter provisional, para convertirse en una “F” con ocasión de la cobertura definitiva tras el proceso de funcionarización.

El Ayuntamiento recuerda además que ya ha iniciado los procesos para la convocatoria de los concursos de mérito, cuyos baremos han sido consensuados con los sindicatos, así como para la libre designación; siendo el concurso de méritos el criterio general para acceder a todos los puestos de trabajo, quedando sólo la libre designación, como un mecanismo excepcional para cubrir los puestos de naturaleza directiva así como aquellos que impliquen una especial relación de confianza. Igualmente, deja también claro que todo ello se está haciendo conforme a las bases de sus respectivas convocatorias.

El Ayuntamiento hace de nuevo hincapié en que “el objetivo de la RPT es organizar la plantilla y acabar con las arbitrariedades retributivas, sabiendo quién es quién en cada puesto de trabajo, cumpliendo además con la obligación legal de tener este documento en el Consistorio”. Además, insiste en que es un documento abierto a las sugerencias que puedan plantearse durante su aplicación.

El Ayuntamiento ha explicado que en la actualidad no cuenta con personal funcionario suficiente para cubrir todas las plazas de dirección de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “situación que ha obligado a ocupar de manera provisional determinados puestos, tanto por funcionarios como por personal laboral”. No obstante, aclara que esta situación sólo está previsto mantenerla hasta la culminación del proceso de funcionarización que se espera iniciar el próximo mes de junio e incluso antes, siendo, por tanto, una medida provisional.

El Consistorio quiere dejar claro, por tanto, que la falta de funcionarios con los requisitos exigidos para cubrir determinados puestos es lo que ha provocado que algunos puestos hayan tenido que ser ocupados por laborales. Asimismo, explica que lo que cuestiona la Junta de Andalucía es un aspecto muy concreto de la RPT, provocado precisamente por esta falta de personal funcionario con los requisitos exigidos para ocupar determinados cargos, y no la generalidad del documento.

Ante esta situación y para evitar la paralización del Consistorio -mientras se realiza el proceso de funcionarización-, el Consistorio optó por cubrir determinadas plazas con trabajadores que, cumpliendo los requisitos exigidos para ocupar el cargo, no tienen en la actualidad la condición de funcionario, dejando claro que esto se hace de forma provisional, hasta que no se inicia el mencionado proceso.

El Ayuntamiento además ha iniciado ya los procesos, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local, para la convocatoria de los concursos de mérito, cuyos baremos han sido consensuados con los sindicatos, así como para la libre designación. En este sentido, recuerda que el criterio general para todos los puestos de trabajo es el concurso de mérito, quedando sólo la libre designación, como un mecanismo excepcional para cubrir los puestos de naturaleza directiva así como aquellos que impliquen una especial relación de confianza. Igualmente, deja también claro que todo ello se está haciendo conforme a las bases de sus respectivas convocatorias.

El Ayuntamiento asegura que de no haberse cubierto estos puestos con funcionarios y personal laboral se hubiera paralizado en Consistorio al haberse aprobado la RPT de forma definitiva el pasado mes de septiembre.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha mostrado su satisfacción por el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento aprobada por el gobierno municipal. Ha recordado en rueda de prensa que el Grupo Municipal Socialista ya presentó en septiembre del año pasado una batería de alegaciones sobre la RPT, en las que se denunció “las distintas irregularidades que se habían detectado”, entre las que se incluye la que ha motivado el recurso de la Junta sobre la función funcionarial. De hecho, explicó que “legalmente no se sustenta que los puestos de funcionarios puedan ser ocupados por personal laboral, salvo en casos excepcionales” y destacó que hay jurisprudencia al respecto que refuerzan estos argumentos. Alconchel también hizo referencia a otro tipo de irregularidades que fueron denunciadas en su día por el Grupo Municipal Socialista sobre los incrementos salariales “cuando lo prohíbe la Ley de Presupuestos o la asignación de puestos de libre designación para directores de servicio”. Al hilo de esta denuncia, cuestionó “cuál será el caos que tiene el gobierno del PP en materia de personal cuando hasta cinco responsables han pasado por esa área y se han ido” y añadió ¿cómo va a funcionar Recursos Humanos en esas circunstancias?”. Por ello, le reprochó que haya utilizado la RPT como “instrumento para favorecer a determinados trabajadores municipales y para castigar a otros a través del ERE”. PROPUESTAS La dirigente socialista realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha presentado las propuestas que el Grupo Municipal presentará al próximo Pleno del Ayuntamiento. Por ello, explicó que se ha presentado una propuesta para  la creación de un Plan Municipal de Formación para el empleo. Alconchel recordó que el PP prometió en campaña un Plan Municipal para la Generación de Empleo que aún no ha visto la luz, “a pesar de que tenemos 35.235 parados en la ciudad y que sólo en la etapa de gobierno del PP (de junio de 2011 a diciembre de 2012), el paro ha aumentado en 6.339 personas”. Miriam Alconchel aseguró que plantean “alternativas” y por ello creen “necesario que se ponga en marcha este Plan Municipal de Formación para el Empleo, que debe ser el resultado de la puesta en común con los grupos municipales y los agentes económicos y sociales”. Por ello, el Grupo Municipal ha propuesto  la creación de una Comisión por el Empleo,  compuesta por los grupos políticos y agentes sociales y económicos, para que se reúna con una periodicidad trimestral con el fin de estudiar y llevar a cabo medidas que reactiven el mercado laboral a través de la creación de ese Plan. Relacionada con esta propuesta, Alconchel avanzó otra iniciativa en defensa del mantenimiento de la ayuda de los 400 euros para los personas han agotado su prestación por desempleo, una ayuda que expira a mediados de febrero. También informó que otra propuesta que “responde a una demanda ciudadana y una realidad social por la que están pasando muchas familias en Jerez, que son beneficiarias de un alquiler social de viviendas de Emuvijesa y que, por haber perdido el empleo no pueden afrontar el pago de esos arrendamientos, ni siquiera hacer frente a los gastos de manutención”. Aseguró que “la empresa municipal de la vivienda tiene facultades y competencias para adoptar medidas excepcionales que den respuesta a esa realidad social, facilitando no sólo el acceso a una vivienda  las familias con escasos recursos económicos sino atendiendo también los casos que se están produciendo de personas que no pueden afrontar el pago de los alquileres” por lo que se solicita que se estudien estas circunstancias para que los beneficiarios de los alquileres sociales de Emuvijesa, cuyos ingresos no superen el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un baremo parecido al Salario Mínimo Interprofesional) sólo tengan que pagar el 10 por ciento de sus ingresos por el uso y disfrute de la vivienda. PRIVATIZACIÓN DE AJEMSA Por otro lado, la dirigente socialista hizo referencia a la privatización de Ajemsa. Al respecto, dijo que “la venta del agua responde a las ansias del PP por privatizar y poner al servicio de los intereses privados los recursos públicos, porque aquí no se está mirando cual es el interés social para los ciudadanos con la excusa de la crisis y la herencia, pero no deja de ser una medida más de la ruta ideológica que está marcando el PP”. Criticó que “se esté haciendo negocio con lo público y defendió que hay distintos modelos; uno que defiende lo público y el interés general y el que supedita el interés colectivo al general”. “No negamos -añadió- que la privatización sea legal, pero dudamos que sea una medida que beneficie a la ciudad”. Abundó en que con la privatización de Ajemsa, vamos a perder ingresos de una empresa rentable y la capacidad de  de gestionarlos”. Advirtió que la venta del agua conlleva el empeoramiento del servicio, la previsible disminución de la plantilla de trabajadores y el empeoramiento de las condiciones laborales y la subida de tarifas.  Alconchel recordó también a la coordinadora local del PP que “el PSOE ni se inventa ni manipula cifras, porque nos basamos en la memoria que el propio PP presenta, con lo que es evidente que el PP no se mira ni sus propios papeles”.

El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha anunciado hoy que el gobierno andaluz ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de junta de gobierno local de septiembre de 2012 por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según ha explicado hoy López Gil, la Junta ha realizado un informe jurídico que apunta que la normativa elaborada por el gobierno de Jerez es contraria a ley, ya que esta, como norma general, establece que los puestos deben ser ocupados por funcionarios y solo con carácter excepcional por laborales. Sin embargo, según el delegado, en el caso de Jerez casi todos los puestos recogidos en la RPT tienen la doble adscripción para funcionarios o laborales, y en el caso de 181 casos concretos ha apuntado que hay un claro incumplimiento de la norma general.

Por este motivo han decidido acudir a los tribunales, aunque afirma que “esta vía se abre para iniciar un diálogo y buscar el consenso al que como administraciones debemos llegar para subsanar los posibles errores”. “No está en nuestro ánimo paralizar la RPT, por eso seremos colaboradores con el Ayuntamiento,”, argumenta el representante de la Junta.

Hay que recordar que también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) contra esta Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el gobierno municipal y dirigida a regular la estructura funcional y organizativa de la plantilla.

Según han informado desde el sindicato que agrupa a los técnicos, el Alto Tribunal andaluz ha admitido a trámite la demanda porque “ha encontrado indicios de que se habrían cometido determinados actos ilegales relacionados con la falta de negociación sindical y la arbitrariedad de la determinación, clasificación y valoración de los puestos de trabajo, entre otros”.