La portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Rocío Montero, ha expresado su asombro e indignación por el hecho de que la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento del pasado ejercicio 2013 arroje datos “escalofriantes” sobre la manera en que el gobierno local del PP está gestionando el dinero público en la ciudad. En este sentido, la concejala y diputada de Foro ha denunciado que el gobierno municipal del PP que preside la alcaldesa, María José García-Pelayo, dejó de abonar las cuotas y prestaciones sociales de la plantilla de trabajadores del Consistorio durante todo el pasado año. Una cantidad algo superior a los 19 millones de euros que suponen un “gravísimo” incumplimiento con el Estado y con la propia plantilla, y una “dejación absoluta” de funciones respecto de la obligatoriedad de cumplir con los pagos a la Seguridad Social. La liquidación también recoge que el Ayuntamiento, en manos del PP, dejó de pagar 34 millones que comprometió con los bancos, puesto que solo ha liquidado un 7% de las amortizaciones de los créditos y un 27% de los intereses. Además de otros más de 19 millones de obligaciones con los proveedores del Ayuntamiento. “Esto solo representa más intereses financieros y, en suma, más asfixia para los jerezanos y jerezanas”, ha recalcado.

“Con la liquidación del Presupuesto de 2013 en la mano queda ratificada la incapacidad del gobierno local para ordenar las cuentas, empezar el necesario saneamiento financiero municipal y, especialmente, hacer que el Ayuntamiento funcione y empiece a tirar de la recuperación social y económica de la ciudad”, ha afirmado Montero. A su juicio, “la alcaldesa ha emprendido una disparatada carrera para tratar de llegar viva políticamente a 2015 sea como sea y cueste a los jerezanos lo que les cueste, algo que si no podemos impedir democráticamente por ahora, sí vamos a seguir denunciando permanentemente”. La gravedad del impago durante todo 2013 de las cuotas y prestaciones sociales de la plantilla es aún peor si se recurre a las recientes declaraciones de la señora García-Pelayo con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, de visita a la Alcaldía. “Hemos recuperado la credibilidad ante las instituciones y ante los bancos y proveedores, este es un acuerdo que vamos a cumplir”, dijo la alcaldesa en relación con un acuerdo por el que los ingresos que Jerez recibe del Estado quedarán embargados durante la próxima década.

“No solo no va a cumplir nada, sino que esta alcaldesa y este equipo de gobierno no pagan absolutamente nada. La liquidación, que está ‘colgada’ en la web municipal y puede ser consultada por cualquier ciudadano, derrumba la fachada de cartón piedra que García-Pelayo ha montado para hacer creer que Jerez está mejor que hace tres años”, ha dicho Montero. En este punto, ha considerado que “Jerez no solo no ha mejorado, sino que el futuro a corto plazo que está labrando la derecha pinta terrorífico a menos que se les desaloje democráticamente del poder municipal”. Los gastos financieros han crecido de forma brutal por el incremento de la deuda con los bancos en un 443%, la deuda con la Seguridad Social también se ha disparado en estos años y el agujero de la deuda no deja de hacerse mayor pese a decisiones nefastas como privatizar el agua o echar a la calle a 260 padres y madres de familia, ha enumerado la concejal de Foro. Montero entiende que “hay que coger el toro por los cuernos de una vez por todas y reclamar lo que es de Justicia, fundamentalmente un Estatuto Económico Especial para Jerez por su singularidad territorial, lo que García-Pelayo prometió y ahora es incapaz de defenderlo ante los gerifaltes de su partido”.

El Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón al Ayuntamiento en la bajada de las retribuciones que aprobó en Junta de Gobierno Local al inicio de la legislatura y considera que esta medida es “ajustada a derecho”. Cabe recordar que esta reducción se aplicó, en concreto, a las productividades que percibían los empleados con sueldos que oscilaban entre los 40.000 y los más de 122.000 euros anuales.

El juez recoge en su sentencia que la reducción efectuada “es ajustada a derecho” y supone una vuelta “a la senda de la legalidad” que es, según insiste el juez en la sentencia, “la única que puede determinar las retribuciones de los empleados públicos”. Igualmente, en otra sentencia, el juzgado  desestima también en su integridad otra demanda presentada por una funcionaria del Ayuntamiento en relación a este mismo asunto.

En su fallo, el juez “desestima en su integridad” el recurso interpuesto por la ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales)contra los acuerdos que adoptó la Junta de Gobierno Local los días 16 y 23 de septiembre de 2011, en el marco del Plan de Ajuste, para reducir las productividades que percibían los empleados con sueldos superiores a los 40.000 euros anuales, que en algunos casos superaban los 122.000 euros.

El Ayuntamiento ha decidido aplazar el proceso de modificación de la plantilla municipal para la creación de plazas hasta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permita ofertar dichas plazas. De esta manera, se persigue que la creación y la oferta de las plazas se hagan en paralelo en el tiempo, garantizando la estabilidad de la plantilla. Este punto ha quedado retirado del orden del día del pleno.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a los tenientes de alcalde Javier Durá y Enrique Espinosa, dio a conocer en rueda de prensa el procedimiento de reestructuración del grupo municipal de empresas cuya tramitación está previsto que se inicie en el próximo Pleno. El mismo supondrá la reducción del número de empresas y organismos autónomos de los 21 actuales a un total de 12. La primera edil explicó que es una medida que se enmarca en el Plan de Ajuste que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento, siendo la previsión de ahorro aproximado de unos tres millones de euros.

Previamente a la comparecencia, la alcaldesa mantuvo sendas reuniones con los gerentes de las empresas municipales y con los representantes sindicales de los trabajadores. Dejó claro que el procedimiento afecta a todas las empresas, se incorporen o no al Ayuntamiento, “ya que se va a llevar a cabo la homologación retributiva y salarial con el Ayuntamiento a través de la Relación de Puestos de Trabajo y el convenio”. De los aproximadamente tres millones de euros de ahorro, explicó que serán “en torno a 1,6 millones de euros de coste de personal por prejubilaciones y bajas incentivadas para mayores de 59 años y también en torno a otros 1,6 millones en relación a lo que pueda venir derivado de la homologación de las condiciones retributivas laborales, de convenio y de RPT, que se va a producir tanto en las empresas incorporadas en el Ayuntamiento como en las demás”.

La reestructuración consistirá en ocho operaciones, que reducirán el grupo empresarial a 12 entidades. Para ello, se llevará a cabo la integración en el Ayuntamiento de la Escuela de Negocios, de Ajemsa, de Jereyssa, de Jesytel, de XEREZ 21 y del Zoobotánico, así como la disolución de la Fundación Universitaria y la fusión de Emuvijesa, Emusujesa y Geldemsa.

De esta forma, el grupo municipal quedará conformado por Centro de Acogida San José, Fundación Andrés de Ribera, Fundación Municipal de Formación y Empleo, Comujesa, Emuvijesa+Emusujesa+Geldemsa, PCTA, Cirjesa, Mercajerez, Fundación Teatro Villamarta, Fundación Caballero Bonald, Jecomusa y Ememsa.

Para iniciar la reestructuración, en el próximo pleno se acordará el inicio de la tramitación administrativa de cada uno de los procedimientos en cada una de las empresas. Una vez que se apruebe en Pleno, se producirá la apertura del periodo de consultas del Ayuntamiento con cada comité de empresa. La alcaldesa ha destacado que “este periodo de consultas se va a tramitar con la mejor voluntad de llegar a consenso para que pueda finalizar con acuerdo entre las partes”.

La regidora destó que “esta medida viene derivada del plan de ajuste, pero también de lo que es la lógica del día a día. No tiene sentido mantener un bloque empresarial tan amplio cuando en ninguno de estos casos las empresas se autofinancian”. Añade que “las empresas que se mantienen como tal lo hacen por criterios varios, porque tienen participación con otras Administraciones (como la Fundación Andrés de Ribera, en la que la Diputación hace aportación económica), porque tienen subvenciones que no podrían mantener de otra forma(como es el caso del Centro de Acogida San José), porque como Comujesa tienen una utilidad para solucionar otros temas puntuales como se ha hecho con el servicio de ayuda a domicilio, o por su propio funcionamiento, como son las Fundaciones Caballero Bonald y Teatro Villamarta”.

Al inicio de esta legislatura, el grupo empresarial contaba con un total de 596 trabajadores. En la actualidad, tras la absorción de 80 trabajadores de Ajemsa por Aqualia, el número de trabajadores es de 516, a los que se restarán 29 por acuerdos por prejubilaciones. En esta disminución del número de trabajadores del grupo empresarial entrarán también los empleados de Jecomusa que se adhieran a las bajas incentivadas, que en la actualidad son 19.

En el caso del Ayuntamiento, la plantilla es en la actualidad de 1.581 personas. Durante 2013 se han producido 31 bajas por jubilaciones e incapacidades. Al comienzo de la legislatura, la plantilla municipal era de 1.900 trabajadores.

La Asociación de Técnicos Municipales ha reiterado este sábado su intención de impugnar el convenio colectivo tanto por la vía laboral como por la contenciosa si el documento sale ratificado en la asamblea de trabajadores convocada para este lunes 16 de septiembre. A juicio de este colectivo, “el SIP y CGT han conseguido que el gobierno reparta beneficios solo entre ellos. Es una demostración más de que el gobierno local es rehén de estos sindicatos y le importa poco el resto de la plantilla”.

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La Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía ha respondido a la denuncia efectuada semanas atrás por Foro Ciudadano de Jerez y ha requerido al gobierno municipal del PP a que amplíe “información rigurosa y creíble” sobre por qué ha llevado  a cabo “un reparto a dedo” de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para todos y cada uno de los empleados municipales (funcionarios, laborales fijos y laborales indefinidos) a través del documento denominado ‘Relación Nominal de Adscripciones a Puestos de la RPT’, el cual se aprobó en junta de gobierno local el pasado 15 de octubre. La propia formación liderada por Pedro Pacheco afirma que “es sólo un apartado más de la cadena de irregularidades y despropósitos que encierra el documento gestado por el PP con el único objetivo de premiar a los empleados de su cuerda y castigar a todos los niveles a quienes les son molestos”.

Y añade que, en los anteriores escritos remitidos a Gobernación, ya el Foro exponía “con claridad un decálogo de incumplimientos legales en la elaboración del documento, así como otros supuestos de ilegalidad que hacen a esta RPT arbitraria”.

En concreto, el gobierno andaluz, que ya hace un par de meses requirió información complementaria “ante el oscurantismo del documento diseñado a su medida por el gobierno local del PP”, ha solicitado la remisión a la Delegación del Gobierno de “información completa sobre el acuerdo adoptado en el punto 30 del orden del día de la junta de gobierno local del 15 de octubre de este año, relativo a la “corrección de errores materiales advertidos en el acuerdo de la junta de gobierno local, con el número 54 del orden del día de fecha 14 de septiembre de2012”, aportando la siguiente documentación:

1.- Certificación del acuerdo íntegro adoptado en el punto 30 del orden del día por la junta de gobierno local del pasado 15 de octubre.

2.- Copia del informe emitido por el Servicio Jurídico del Área de Gobierno de Personal y Seguridad que se menciona en el acuerdo.

3.- “Relación nominal de Adscripciones a Puestos de la RPT” que forma parte de la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo, y que no consta en la documentación aportada por el Ayuntamiento de Jerez.

4.- Relación y rectificaciones que consta y se relacionan en la propuesta, y no figuran en el extracto remitido a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

ACLARACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

El gobierno local, por su parte, deja claro que el requerimiento de ampliación de información sobre la RPT realizado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía “responde a un trámite habitual entre administraciones dentro de la complejidad técnica de los documentos”.

En este sentido, también hace hincapié en que esta es una práctica que se sitúa dentro de la normalidad que preside la relación entre las administraciones y que desde el Ayuntamiento, hasta la fecha, se está enviado toda la información demandada por la administración autonómica. El Ejecutivo insiste en que “la RPT se ha hecho cumpliendo con la legalidad y con la máxima transparencia”.

El Ayuntamiento explica que la ampliación de documentación complementaria que solicita la Junta forma parte de diferentes acuerdos de la Junta de Gobierno Local y que se han enviado todos los documentos con la información demandada “al no tener nada que ocultar”, ya que se trata de acuerdos de Junta de Gobierno Local.

Por último, el gobierno municipal recuerda que “la RPT es un instrumento de trabajo que viene a poner fin al caos organizativo y a los agravios comparativos en las retribuciones salariales, unas desigualdades que el ex alcalde Pedro Pacheco no quiso o no fue capaz de solucionar, al carecer este Ayuntamiento de una RPT, porque no quiso o no supo hacerla”.

Señala que ha tenido que ser “el Ejecutivo de María José García-Pelayo el que ha tenido que poner fin a la situación de desorden de este Ayuntamiento, con la aprobación de una RPT cuyo objetivo es organizar la plantilla y racionalizar los salarios, dotando al Ayuntamiento de un documento histórico que, además, es obligado por ley desde el año 1984”. “Un documento que en este Ayuntamiento ningún gobierno anterior se había atrevido a abordar por lo que seguíamos funcionando con un catálogo de puestos de trabajo de 1995”, concluye.