La sesión plenaria celebrada este pasado viernes en el Ayuntamiento de Jerez será posiblemente recordada como la que formalizó el relevo de Pedro Pacheco y su compañero de Foro Ciudadano José López como ediles, después de que se confirmase que no podían continuar en el cargo tras ser condenados judicialmente por el conocido como ‘caso de los asesores’. Tal como estaba previsto, sus sitios han sido ocupados por Daniel Gómez y Manuel Rosa, que tomaron formalmente posesión de sus actas de concejales. Aunque, eso sí, no fueron los únicos que se estrenaron en el plenario municipal. También lo hizo el socialista Abraham Granadino, que se ha incorporado en sustitución de Miriam Alconchel, recientemente nombrada delegada provincial de la Junta.

Más allá de esto, uno de los pocos puntos más destacados que fue aprobado en dicha sesión fue una propuesta realizada por el PSOE sobre la necesidad de impulsar la actividad en la terminal de carga del aeropuerto de Jerez. La iniciativa contó con el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, aunque el PP aprovechó para reclamar también la implicación de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, los momentos más polémicos se vivieron con otra proposición socialista, en este caso, desgraciadamente, sobre un asunto tan sensible como el de las ayudas sociales. El encargado de defenderla fue el concejal del PSOE José Manuel Jiménez, pero en un momento dado fue interrumpido por Antonio Saldaña, portavoz del gobierno municipal, quien pidió a los socialistas que devolviesen el dinero por el caso de los ERE en Andalucía. También se le recriminó a Jiménez que en la pasada legislatura, cuando era miembro del gobierno local, usase coche oficial para ir cada día al Consistorio a trabajar, algo que encendió aún más los ánimos de los miembros del Grupo Municipal Socialista, que poco después hizo pública una nota de prensa reprochando esa actitud, así como la permisividad de la alcaldesa.

El segundo debate sobre el estado de la ciudad, celebrado este sábado, se ha saldado sin grandes sorpresas. Una de las más destacadas ha sido el anuncio realizado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, de que se invertirán 20 millones de euros este año y el que viene en la mejora de diferentes servicios urbanos. Buena parte del debate se centró, como era de esperar, en el estado de las arcas municipales. Y al respecto, la primera edil, que se ha limitado casi prácticamente a desgranar la gestión económica del actual gobierno municipal para aliviar las cuentas del Consistorio, ha reconocido que no se ha logrado reducir deuda. Eso sí, ha señalado que se ha reducido el déficit público y se han sentado las bases para sanear el Ayuntamiento.

Sobre los 20 millones que se invertirán en la mejora de servicios urbanos, el dinero llegará de la privatización de la gestión del agua. Se invertirá, por ejemplo, en la finalización de las obras de la Jefatura de la Policía Local, la terminal de autobuses de Esteve, el arreglo de la Laguna de Torrox, mejoras en San Juan de Dios y el refuerzo en el servicio de limpieza los fines de semana, entre otras actuaciones.

LA OPOSICIÓN

También como cabía esperar, los discursos de los distintos partidos de la oposición han sido muy críticos. La socialista Miriam Alconchel, que centró buena parte de su discurso en la política de personal, preguntó qué ha cambiado en los ya más de dos años de gestión del PP y recordó la cantidad de personas que recurren actualmente a diferentes servicios de ayuda a personas necesitadas en la ciudad.

Rocío Montero, de Foro Ciudadano, insistió en que el gobierno municipal no ha cumplido la mayoría de promesas realizadas y le reclamó que deje a un lado los triunfalismos, recordando que el último informe de La Caixa señala a Jerez como la ciudad con más paro del país.

Por su parte, Joaquín del Valle, de IU, lamentó la ausencia de un modelo de ciudad y criticó con dureza medidas como el ERE municipal, la privatización dela gestión del agua o el incumplimiento de promesas.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos. Fuentes judiciales informaron de que, en un auto del pasado 31 de julio, la juez Alaya ha decidido imputar a intrusos y empresarios citados en seis informes de la Guardia Civil sobre las ayudas de la Junta de Andalucía. Entre ellos han sido imputados Javier y Pablo Ruiz Mateos por el ERE del Hotel Cervantes de Málaga, propiedad del grupo empresarial familiar. Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Ovejuna, SOS Cuétara, Saldauto, Interur y Cespa

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido un balance económico del primer semestre del año arrojando un dato cuanto menos alentador: el Ayuntamiento ha logrado reducir su déficit nada menos que en un 95%, pasando de los 30 millones de 2011 a 1.380.000 registrados durante el pasado ejercicio. Una hazaña con la que, como ha subrayado la edil, se logra “romper una tendencia histórica” gracias al “importante esfuerzo” llevado a cabo y a los resultados del controvertido Plan de Ajuste. “Nosotros nos comprometimos a estabilizar ingresos y gastos y romper con la dinámica de gastar más que ingresar. Todos los años ha habido un déficit estructural, y el objetivo del Plan de Ajuste era precisamente el de arreglar eso”. Junto a este esperanzador dato, García-Pelayo ha señalado la bajada de las opas, que antes rondaban los 16 millones de euros y ahora se sitúan en los 11, junto al hecho de que el remanente de Tesorería haya descendido de 421 a 218 millones de euros. Leer noticia completa

El Pleno ordinario celebrado esta mañana y presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Galicia y ha aprobado un pronunciamiento institucional de todos los grupos municipales de condolencia. El pronunciamiento expresa las “condolencias de la Corporación y el pueblo de Jerez a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario así como desea la pronta recuperación de los heridos y felicita a todas las personas que han intervenido en las tareas de rescate. Haciendo especial mención a las víctimas de la localidad vecina y hermana de San Fernando”.

Posteriormente, durante la sesión plenaria ha tenido lugar una protesta por parte de trabajadores afectados por el ERE, toda vez que se ha cumplido un año del mismo y piden la readmisión. La protesta ha sido en silencio, mostrando carteles con sus peticiones, con los que sí hacían ruido cada vez que intervenía algún miembro del PP, además de varios abucheos. “¡Embusteros, mentirosos y Bárcenas!” son algunos de los gritos en la protesta. Algunos de los momentos más tensos se han vivido cuando el edil popular José Galvín ha asegurado que él iba a seguir adelante y el concejal socialista, Francisco Lebreros, en su turno de palabra, le ha pedido “que no desprecie al público que acude a los plenos”.

Los manifestantes han aplaudido algunas intervenciones de apoyo de los ediles de la oposición y han abandonado el salón poco antes de las 11,30 horas.

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El colectivo de prejubilados tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la bodega Williams & Humbert van a tener que volver a echarse a la calle después de que todas las gestiones realizadas con la entidad bancaria La Caixa y con el gobierno andaluz no hayan servido para conseguir que se les abonen los retrasos.

Por eso, tras una asamblea celebrada ayer, los afectados por dicha situación han anunciado que “se ven obligados a tomar las medidas reivindicativas pertinentes, con la misma intensidad y directamente proporcional a la gravedad del problema, que suponen a fecha de Junio, el cúmulo de seis meses sin percibir los honorarios y con el agravante de que los afectados tienen que asumir las cuotas a la Seguridad Social dando cumplimiento a lo acordado en el convenio especial del propio ERE”. Es decir, que ellos tienen que seguir abonando importantes cantidades aunque en sus cuentas no hayan cobrado ni un céntimo en este tiempo.

Por ese motivo hoy mismo han llevado a cabo una movilización en la sede del grupo municipal del PSOE de Jerez, donde han tratado de encerrarse. Finalmente han conseguido forzar una reunión con la secretaria general del partido en la ciudad, Miriam Alconchel, y el portavoz municipal, Francisco Lebrero, para exponerles su situación y pedirles que recuerden a la administración sus compromisos.

Y es que estos extrabajadores de la bodega reiteran su denuncia del incumplimiento de los plazos para la resolución del proceso de la renovación de las pólizas con Vida-Caixa. Además, se quejan de que desde la administración habían realizado promesas que no se han cumplido, en concreto en una reunión celebrada el pasado 25 de abril con el director general de trabajo, Francisco Javier Castro, en la que se comprometió a dar una resolución positiva con un plazo máximo de 30 días. Tras el retraso transcurrido, “volvimos a ponernos en contacto con el personal técnico de la Junta de Andalucía y no hemos recibido respuesta alguna que no conlleve más retraso, derivando la responsabilidad sobre William M Mercer (empresa a la que se le adjudica la auditoría de las pólizas)”, explican los afectados.

En esta situación, solo les queda el camino de retomar las protestas al tiempo que piden al al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que “asuma las responsabilidades que les compete en esta materia, tomando cartas en el asunto de carácter urgente al amparo del decreto aprobado en octubre de 2012, dando cobertura y cumplimiento para llevar a buen puerto la finalización del citado Expediente de Regulación de Empleo”.

La jueza que investiga los ERE falsos ha decretado este martes prisión para el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Aunque la fiscalía anticorrupción había pedido prisión incondicional sin fianza, la jueza Mercedes Alaya ha decidido fijar la fianza en 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla al decidir dejar en libertad a varios imputados.

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

“Otra nueva jornada en la calle reclamando lo nuestro”. Así explicaba esta mañana Diego Navarro, portavoz de los antiguos trabajadores de Williams & Humbert, las protestas que están protagonizando por todo el centro, y frente a cada una de las sucursales de La Caixa en Jerez, para reclamar soluciones al impago de sus pensiones tras el ERE por el que se prejubilaron.

Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, al colectivo de trabajadores afectados a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres mensualidades, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.

“Estamos asfixiados, y algunos incluso mucho peor que eso, con familias a nuestro cargo y sin saber por donde salir”, apunta Navarro, que ha recordado que la aseguradora de la entidad bancaria (VidaCaixa) asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía “y ahora no está cumpliendo y está dejando en la estacada a 40 familias”.

Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.

Precisamente mañana tendrán en Madrid una reunión, a instancias de las centrales sindicales, con los responsables de VidaCaixa para pedirles que busquen una solución.

Además, también están a la espera de conocer la respuesta de la entidad bancaria a la propuesta que le ha hecho llegar la administración regional a La Caixa para facilitar el pago a estos pensionistas. “La delegada provincial de Empleo, Angelines Ortiz, nos ha informado de este trámite y estamos a la espera de ver cómo acaba”, apunta el portavoz de los afectados, que hoy han vuelto a llenar de pancartas y pitidos el centro de Jerez.

La secretaria general del  PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su gobierno que han participado en la elaboración del ERE, que pida perdón a los jerezanos y que presente su dimisión. García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CC OO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo. García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados y por todo lo que ello conlleva para la ciudad y la provincia.

En este sentido, la socialista ha criticado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, asegurando que “lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”.  “Pero, sobre todo, -apunta- ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”.

Por ello, la secretaria provincial ha reafirmado la petición del PSOE de que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos, calificando de “lamentable” que el gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”. Asimismo, ha tachado de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no solo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, ha aclarado que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar”.