La cantera del Xerez CD pasa por su peor momento en los últimos años. Los equipos de las categorías inferiores de la entidad azulina deportivamente viven un estado de gloria sin precedentes, militando en las máximas categorías, aunque la situación inestable del club ha terminado pasando factura. Leer noticia completa

Parece que la interminable espera de los trabajadores del Xerez llega hoy a su fin. Después de haber retrasado las diferentes soluciones con respecto a las deudas que la entidad azulina mantiene con sus empleados, el grupo Energy ha citado para hoy, a partir de las 09.00 horas, a sus trabajadores en la sede de la entidad azulina. Leer noticia completa

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

La portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Rocío Montero, ha lamentado que el supuesto apoyo del Gobierno central al Ayuntamiento de Jerez se haya quedado simplemente en un “paripé para la foto que ni siquiera ha logrado el objetivo primordial y básico de desbloquear la retención del 100% de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)”. Estas declaraciones surgen después de que hayan pasado cuatro días desde que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aterrizase en la provincia para acudir a la intermunicipal del PP en Chiclana, previo paso por Jerez para “única y exclusivamente hacerse la foto” dentro de la “alocada campaña de marketing y maquillaje político que han puesto en marcha ante el desplome electoral sin precedentes que se les avecina”. En este sentido, Montero ha asegurado que el anunciado plan de reestructuración o refinanciación de la deuda a largo plazo del Ayuntamiento “no es más que una huida hacia adelante” porque la señora García-Pelayo “ya ha arrojado la toalla con Jerez y simplemente busca ganar tiempo hasta 2015 para que el nuevo gobierno que le suceda sea el que arree con esta nueva hipoteca para todos los jerezanos”.

“Lo peor de todo lo anterior -ha dicho la concejala de Foro Ciudadano- es que esta declaración de intenciones, que se acompaña de un nuevo e incomprensible plan de pago a proveedores que debe ir vinculado a la aprobación de un nuevo Real Decreto por el Gobierno central, tendrá necesariamente que ir aparejada de más despidos y más privatizaciones en el Consistorio jerezano”. “No conocemos la letra pequeña de la refinanciación, ni los intereses que supondrá, ni tampoco el coste económico y social que conllevará sumarse a otro plan de pagos a proveedores cuando nos dijeron que ya estaban todas las facturas anteriores a 2011 pagadas; pero es que además tampoco conocemos una vez más los verdaderos planes del gobierno municipal a corto plazo”, ha expresado Montero. Sin embargo, ha dicho, “mucho nos tememos que esta es la confirmación de que el PP prepara en Jerez un nuevo Plan de Ajuste que supondrá más despidos y más privatizaciones de servicios con la consiguiente merma para los ciudadanos”.

Según ha expuesto la edil de Foro, “el siguiente paso será acometer los 150 despidos en las empresas municipales, pero tenemos claro que la cosa no quedará ahí y que el objetivo último es liquidar sociedades municipales y profundizar en la trama de privatizaciones que ha orquestado en el Ayuntamiento de Jerez”.

“El PP ha ordenado desde Madrid movilizar a todos los cuadros para tratar de salir de la caída en picado que tienen en estos momentos y que ratificó el pasado domingo Metroscopia en un medio de tirada nacional”, ha resaltado la concejala, para añadir que “ver a gente como el señor Antonio Sanz en esa foto del pasado sábado es la prueba evidente de lo que decimos porque aún no logramos entender qué pinta ese señor en esa foto si no es para participar en una ceremonia de la confusión de los intereses partidistas y los institucionales”. “Deprisa y corriendo, han querido buscar la foto para salir en los periódicos del domingo, pero no aclaran nada y presentan un acuerdo de intenciones que no hay por dónde cogerlo”, ha remarcado. “¿Para qué ha servido el anterior plan de proveedores del ICO?; ¿para qué va a servir la privatización del agua?; ¿para qué 260 despidos en el Ayuntamiento?; ¿cuántas veces vamos a pagar las mismas facturas y a qué interés?; ¿qué ha pagado este gobierno local del PP desde que ostenta el poder municipal si ahora van a incluir todas las facturas de 2012 y parte de 2013? ¿Por qué se han anunciado cuatro veces diferentes acuerdos con Seguridad Social y Hacienda que no terminan nunca de concretarse?”.

Rocío Montero ha lanzado todas estas preguntas ante “la opacidad, el oscurantismo y las patrañas que viene caracterizando la desastrosa no gestión del PP en Jerez”. Por ello, ha instado cuanto antes a la alcaldesa Pelayo y a los miembros de su “desgobierno” a dar explicaciones contundentes de la situación actual del Ayuntamiento porque “están ahondando cada vez más en el caos en lo que parece ya una política clara de tierra quemada ante la consciencia de que no volverá a ocupar el sillón de Alcaldía”.

RESPUESTA DEL PP: “QUE PACHECO VAYA PREPARANDO UN PLAN DE AJUSTE PARA PAGAR SU FIANZA”

Como cabía esperar, la respuesta del PP no se ha hecho esperar. Ha llegado en boca de su secretaria general en Jerez, Lidia Menacho, Para la responsable popular, “las ‘fantasmadas’ de este partido de la oposición  son ya una constante en el devenir político de esta ciudad, por lo que desde el PP lo único que podemos decir es que, si no están contentos con lo que son excelentes noticias para el Ayuntamiento y para la ciudad, por lo menos que dejen de mentir, asustar y se mantengan al margen, abandonando su ansiedad por boicotear todos los pasos hacia adelante que está dando el Gobierno municipal del PP en el proceso de recuperación que ha iniciado con el esfuerzo de todos los jerezanos”.

Menacho ha destacado que Pacheco debería preocuparse por hacerse un plan de ajuste personalizado para pagar la millonaria fianza (1.695.000 euros), ratificada hoy por la Audiencia Provincial, que le ha impuesto el juez por su imputación en un presunto caso de corrupción, detectado en el proceso de venta del suelo de la estación de autobuses.

La secretaria local ha manifestado, además, que el Foro es un pájaro de mal agüero “asustado”, ya que al ex alcalde se le acumulan las imputaciones y, el próximo lunes, ya se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados, “lo que lógicamente debe tener muy preocupados a estos representantes de la oposición”.

En este sentido, ha recordado que Pacheco se enfrenta a posibles penas de inhabilitación y cárcel por sus imputaciones en presuntos delitos de corrupción, “por lo que sus ataques continuados e injustificados a la labor del Gobierno municipal del PP pueden, incluso, ser consecuencia de su desesperación y de su intención de salir en prensa por un tema distinto a los que tienen que ver con sus cuentas pendientes con la Justicia y con los supuestos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto”.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

La secretaria general del Partido Popular, Lidia Menacho, ha afirmado que “el numerito de Pacheco y el PSOE es vergonzoso y sus risas son un insulto para los jerezanos, que les importan bien poco”, en referencia a las imágenes publicadas en distintos medios de comunicación, “en las que el ex alcalde imputado por presunta corrupción y el partido que roba el dinero de los parados estaban divirtiéndose a propósito de una sentencia del TSJA sobre el ERE del Ayuntamiento de Jerez”.

Menacho ha manifestado su indignación ante “la lamentable actuación” que están teniendo los partidos políticos de la oposición, “que no tienen por qué reírse de una sentencia que ni anula ni tumba en ningún caso el expediente de regulación de empleo que ha tenido que llevar a cabo el gobierno municipal”.

“No entendemos –ha explicado la secretaria general- cómo PSOE y Pacheco pueden hacer una fiesta, que han alargado apoyándose en las barras de los bares, de un tema tan sumamente serio y delicado como es el despido colectivo de 260 trabajadores municipales, siendo ellos, para colmo, los culpables de que se tuviera que hacer un ERE por la ruina tan grande que dejaron en el Ayuntamiento, tras la nefasta y sospechosa gestión que hicieron del dinero de todos los jerezanos”.

Menacho ha dicho además que la única prioridad de la oposición es “atacar al gobierno del PP, por encima de los intereses generales de la ciudad, y para ello están dispuestos a mentir, como hicieron ayer dando una versión falsa de la sentencia del TSJA, sabotear, que es lo que vienen haciendo de manera continuada desde que diera comienzo la legislatura, y traicionar por la espalda a los jerezanos, lo que en el día de ayer volvió a quedar en evidencia”.

En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.