La magistrada del juzgado de instrucción número 3 ha emitido un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y otros seis imputados por la contratación supuestamente irregular de cinco asesores en el Ayuntamiento.

Tal como ha informado hoy la Cadena Ser, finalmente la exprimera edil y exsecretaria general del PSOE tendrá que sentarse en el banquillo y responder de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Hay que recordar que la jueza ha tomado esta decisión al finalizar la fase de instrucción en la que la Fiscalía, en dos ocasiones, ha pedido el archivo de la causa al no ver indicios de delito.

Así, fue en noviembre de 2011 cuando la Fiscalía se pronunció por primera vez instando al sobreseimiento de la causa. En el auto del fiscal se reflejaba entonces que Pilar Sánchez “no participó en el proceso de selección como consta en las actuaciones, siendo las áreas mencionadas del Ayuntamiento las que demandan un puesto de trabajo, las que una vez realizada una preselección por parte del Serjil a través de Recursos Humanos, las que deciden la contratación”.

En este sentido, el fiscal matiza que “aunque hubiera participado, para que hubiera incurrido en un delito de prevaricación debería haber adoptado una resolución contraria a Derecho”. Por eso, el fiscal advierte que la ”mera irregularidad administrativa” o la ”discordancia interpretativa” de las normas ”no es bastante”.

De nuevo el pasado mes de noviembre la Fiscalía emitió otro auto ratificando aquellas mismas tesis y recomendando el sobreseimiento de la causa.

Pese a todo, la juez ha optado por seguir adelante con el caso y ordenar la celebración de un juicio que podría celebrarse en unos seis meses y en el que Pacheco se ha personado ya como acusación particular.

De hecho, hay que destacar además que al auto de la jueza se añade el escrito de acusación presentado por el abogado de Pacheco, que solicita para la exalcaldesa 23 años y 10 meses de cárcel por además de 20 años de inhabilitación en cargo y empleo público.

El actual dueño de Nueva Rumasa y del grupo turístico Viajes Marsans, el empresario valenciano Ángel de Cabo, ha sido detenido hoy en Valencia por la Policía en la misma operación en la que ha sido arrestado el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

De Cabo está especializado en la compra de empresas quebradas yen septiembre de 2011 formalizó con los Ruiz-Mateos una escritura para elevar a públicos diecinueve contratos privados de compraventa de sociedades españolas de Nueva Rumasa, todas ellas con capital en Belice salvo una, a un precio de un euro cada una.

El pasado 11 de enero, el exabogado de Nueva Rumasa Joaquín Yvancos aseguraba, en la querella presentada contra siete de los hermanos Ruiz-Mateos y Ángel de Cabo, que desde las oficinas de éste en Valencia se habrían falsificado avales y se pretendería hacer lo mismo con pagarés.

De Cabo ha sido detenido en Valencia y la Policía ha comenzado el registro en unas oficinas del empresario situadas en esta provincia. En la operación policial han sido detenidas nueve personas y se han llevado a cabo registros en varias provincias españolas.

El expresidente de la CEOE y antiguo copropietario de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido detenido esta mañana en su domicilio madrileño y conducido después a dependencias policiales. Díaz Ferrán ha sido arrestado por un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, han informado fuentes policiales y judiciales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, se ha hecho cargo de esta operación. Los antiguos gestores del Viajes Marsans se enfrentan ya a varias querellas por su presunta mala gestión al frente del conglomerado y a otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de fondos.

La última es la que han presentado en la Audiencia las empresas Orizonia, Pullmantur, Meliá y AC Hoteles, que reclaman 40 millones a los querellados, a los que acusan de un presunto delito de fraude procesal y alzamiento de bienes al entender que ocultaron parte de su patrimonio con el fin de evitar posibles embargos.

Ni las denuncias vecinales ni las continuas intervenciones policiales están sirviendo para poner freno al coto de delincuencia implantado en la avenida de México. El pasado fin de semana se escribió otro capítulo de disturbios con la actuación de los agentes en dos trifulcas ocurridas en la noche del sábado, con unas pocas horas de diferencia. Como han contado a este medio fuentes de la investigación, la primera de ellas ocurrió al principio de la noche cuando desde el pub Cohíba alertaron de la presencia de un grupo de jóvenes que estaban formado gresca. Según estas fuentes, se trataba de unos clientes que tuvieron un desencuentro con una camarera y acabaron agrediéndola a ella y a otro cliente que se hallaba en ese momento en el local.

Los primeros en acudir a la llamada fueron funcionarios de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría, aunque desafortunadamente no lograron atrapar a los maleantes, que huyeron antes de que la Policía los pudiera alcanzar. El propietario del negocio, por su parte, mostró su intención de denunciar los hechos ante los golpes que presentaba el cliente y los arañazos sufridos por la chica. Al cabo de unas horas fueron los vecinos de la misma zona los que volvieron a llamar a los agentes, en esta ocasión por una pelea ocurrida en plena calle. Como informan estas fuentes, a su llegada los patrulleros sorprendieron a un grupo de jóvenes en la puerta del pub Ópera en medio de una fuerte discusión, presuntamente motivada por los celos.

En el altercado, compuesto por una decena de personas, participaban hombres y mujeres algunas de origen sudamericano cuyos gritos había alertado al vecindario. Nada más llegar los agentes, el grupo se dispersó y la cosa no llegó a mayores. Lo que se desprende de todo esto, como corroboran desde la propia Policía, es que los disturbios se suceden cada fin de semana en la avenida de México sin que nadie tome cartas en el asunto. Los residentes denunciaron hace una semana los problemas derivados de la prostitución en Reporteros Jerez, mostrando su preocupación por el brote de violencia y delincuencia que invade la zona. A pesar de sus continuas reivindicaciones, siguen conviviendo con ello día a día.

Corría el mes de diciembre de 2010 y toda la ciudad estaba pendiente de una familia: los Carribero Moreno. Su hijo Marcos se sometía a una crucial intervención quirúrgica en Boston después de haber conseguido los fondos necesarios gracias a una movilización social sin precedentes en Jerez. Instituciones, colectivos, empresas y particulares se volcaron con sus aportaciones para reunir el dinero que podía hacer realidad la única esperanza de la familia.

Han pasado dos años y Marcos, que está a punto de cumplir 10, juega en el salón de su casa con su peluche favorito, un perrito al que llama ‘Guagüi’. No para de hablar, llama la atención de los que estén a su alrededor, está atento a la televisión y va y viene por la casa buscando nuevos entretenimientos. Sus padres lo miran tranquilos, sabiendo que hacen lo posible y lo imposible por mejorar su calidad de vida.

“Todavía se está recuperando de la operación”, dice Juan Carribero, su padre. La saturación de oxígeno, que llegó a estar en un 65%, ha alcanzado el 85% gracias a la técnica de ventrículo y medio (antes conocida como operación de Fontán), practicada por el doctor Pedro Del Nido en el Children’s Hospital de Boston. En este tiempo, el pequeño ha sido intervenido en España para otros problemas de salud como la rigidez de los músculos. Aunque mejoró mucho gracias la mano del doctor Villamor -el prestigioso especialista que opera al Rey- la rodilla sigue sin poder doblarse y ahora se le ha deformado la planta del pie. Nuevamente, la familia está consultando sus opciones y esta misma semana viajan de nuevo a Madrid.

“Sabíamos que íbamos al mejor hospital del mundo porque nos lo habían demostrado con papeles y habíamos conocido a otros niños que se habían operado allí. Pero llevábamos mucho miedo”, dice Ana María Moreno. “Ha cambiado su color de piel, ya no se cansa tanto y solo utilizamos su carrito si el paseo es muy largo”, añade, aunque Marcos sigue sufriendo crisis relacionadas con sus patologías. “Debemos volver a Boston para un cateterismo y para una revisión completa de Marcos”, asegura la familia. Para eso, nuevamente, les hacen falta fondos por lo que están a la espera de poder celebrar un partido de fútbol benéfico o cualquier otro evento con el que puedan hacer frente a los nuevos gastos.

Proceso judicial

Mientras tanto, los Carribero Moreno se han embarcado en una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por hasta tres presuntas negligencias ocurridas en las múltiples intervenciones e ingresos hospitalarios de Marcos en su corta vida. Fue cuando recabaron y analizaron todo el historial del pequeño para trasladarlo a Boston cuando se dieron cuenta de los hechos.

El recién rehabilitado cementerio de la Sauceda, situado en el término de Cortes de la Frontera (Málaga) ha sido este sábado el escenario del homenaje a las víctimas de la represión fusiladas sin formación de causa en el Valle de la Sauceda en el otoño-invierno de 1936-37. En este acto, organizado por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, en colaboración con la Junta de Andalucía y la empresa Festina, se procedió al entierro digno de las 28 víctimas cuyos restos fueron exhumados este verano de fosas comunes de la finca del Marrufo, ubicada en las proximidades aunque en el término de Jerez, en el límite con los de Ubrique, Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga.

La ceremonia, que contó con una muy nutrida asistencia de público que llenó por completo el recinto, lo abrió el presidente de la asociación de familiares, Andrés Rebolledo Barreno, quien dio la bienvenida a los asistentes e invitó al alcalde de Cortes, Antonio Granero González, y al director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo Cordobés, a que descubrieran una cerámica conmemorativa instalada en el centro del cementerio con la siguiente leyenda: “Valle de la Sauceda. Donde talaron vidas, sueños e ilusiones retoñan la memoria y la justicia”.

Seguidamente hizo uso de la palabra el alcalde de Cortes, quien señaló que este acto era una deuda que estaba pendiente en el valle de la Sauceda.

Por su parte, el director general de Memoria Democrática expresó que éste era un día histórico y consideró que las víctimas fueron al mismo tiempo “resistentes”. Además, encomió todo el proceso de investigación y exhumación desarrollado este verano en el Marrufo, al que calificó de ejemplar.

Por su lado, Andrés Rebolledo leyó un emotivo manifiesto. Tras su lectura, se desarrolló la ceremonia de entierro digno de las 28 víctimas exhumadas en El Marrufo. En un ambiente de gran emoción y respeto, distintos familiares y colaboradores portaron las cajas en las que se depositaron de manera individualizada cada uno de los cuerpos, a los que se ha dado una numeración correspondiente con la ficha elaborada por los antropólogos físicos. Estas cajas fueron introducidas en un modesto mausoleo recién construido para esta finalidad. En la fachada de esta construcción se ha colocado una cerámica con los nombres de medio centenar de personas que fueron fusiladas en el Marrufo y su entorno próximo y que han podido conocerse gracias a los testimonios personales de sus descendientes y a documentación de archivo.

Estos restos humanos fueron exhumados durante las excavaciones arqueológicas dirigidas en los meses de julio a septiembre por el arqueólogo Jesús Román Román. Fueron localizados en siete fosas comunes en la finca de El Marrufo.

Estos cuerpos fueron trasladados a primera hora de la mañana al cementerio desde la Casa Verde de Jimena, donde los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero han efectuado los últimos estudios científicos, complementarios de los realizados a pie de fosas.

Tanto de estos cuerpos como de distintos familiares se han extraído muestras para la realización de las pruebas de ADN, tarea que se está realizando en el laboratorio NBT de Bollullos (Sevilla).

La historia

Cabe recordar que estos restos humanos corresponden a personas que fueron enterradas clandestinamente en el mencionado cortijo, tras ser éste ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas contra la República en una acción combinada. Previamente, la Sauceda y El Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos núcleos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, El Mimbral, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, El Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles Alés, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indica que en todo el Valle de la Sauceda (entorno en el que se ubica el Marrufo) pudieron ser fusilados sin formación de causa varios cientos de personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.

El proyecto de exhumación de las fosas del Marrufo estuvo coordinado en su conjunto por Andrés Rebolledo Barreno, presidente de la asociación de familiares, con Fran Gómez como adjunto, y el equipo técnico lo formaron Jesús Román Román, coordinador de las actuaciones arqueológicas; Juan Manuel Guijo, responsable del estudio antropológico físico; Manuel Castro Rodríguez, responsable de los trabajos topográficos; y Fernando Sígler Silvera, coordinador de las investigaciones históricas.

Las obras de rehabilitación del cementario de la Sauceda (que había quedado en desuso en la década de los años sesenta del siglo XX) han sido financiadas por el grupo Festina.

Este proyecto tendrá su continuidad con la edición de un libro, la realización de una exposición itinerante y la construcción de la Casa de la Memoria en Jimena.

Además, la iniciativa de localización de nuevas fosas comunes tendrá su continuación en 2013, una vez que la Dirección General de Memoria Democrática confirme la resolución provisional de concesión de subvención al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que presentó un proyecto de localización de fosas y, en su caso, de exhumación, en el valle de la Sauceda.

Para terminar, Andrés Rebolledo leyó un poema escrito por Luis García Bravo, en el que se alude al acebuche que preside la zona de donde fueron exhumadas las víctimas de El Marrufo.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

El sindicato CGT, con mayoría en el comité de empresa de Urbaser, ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento, contra Urbaser y contra Tragsa por “su juego sucio” y “una vulneración descarada del derecho a la huelga”. Ha realizado el anuncio unas pocas horas después de que se llegase a un acuerdo para suspender la huelga que la plantilla del servicio de recogida de basura y limpieza viaria que se prolongó durate 21 días.

En un comunicado, CGT explica que Tragsa fue contratada por el Ayuntamiento “para hacer de esquirol” durante la mencionada huelga, retirando basura en sustitución de los huelguistas. Afirma que también ha presentado en Fiscalía un escrito denunciando a la alcaldesa, María José García-Pelayo, por un presunto delito de prevaricación, ya que considera que “cometió, a sabiendas, una ilegalidad al contratar los servicios de ‘esquirolaje’ de Tragsa, vulnerando, por tanto, el derecho a la huelga”. También anuncia que se ha presentado como acusación particular en las diligencias previas abiertas en el juzgado de guardia con motivo de los incidentes “ocurridos tras la llegada de Tragsa”, cuando “la Policía retuvo a los huelguistas impidiendo el ejercicio de información a los trabajadores y la supervisión de la huelga”.

El gobierno municipal ha reaccionado asegurando, a través de un comunicado, que quiere dejar claro que todas las medidas que se han llevado a cabo durante la huelga de la basura se han hecho cumpliendo la “más estricta legalidad” y con tres informes, técnico, sanitario y jurídico, que justifican la actuación llevada a cabo ante la acumulación de más de 3.300 toneladas de basura en las calles de la ciudad “como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos”.

Recuerda que toda esta documentación se puso a disposición del Juzgado de Guardia, el pasado lunes 19 de noviembre, con el objetivo de denunciar ante la autoridad judicial los hechos acaecidos en la madrugada del pasado domingo, 18 de noviembre, y poner en conocimiento del juez los tres informes que justifican las medidas tomadas por el gobierno local para garantizar el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Andalucía del 50 por ciento de servicios mínimos.

Muestra su más “absoluta tranquilidad” ante la denuncia del comité de Urbaser ya que insiste en que todas las medidas se han tomado para garantizar la salubridad de los ciudadanos, “desde la responsabilidad y la obligación moral de velar por el interés ciudadano”. En este sentido, apunta que, entre los informes presentados, se encuentra el jurídico, “donde se pone de  manifiesto que con la medida el gobierno no se ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores, mientras que en el sanitario se pone de manifiesto los peligros que existen para la salud pública la acumulación de residuos en las calles”.

Explica que la actuación de la empresa pública Tragsa en ningún caso ha supuesto realizar unos servicios mínimos superiores al 50% marcado en el auto del TSJA, sino que han venido a apoyar las labores de la empresa Urbaser para cumplir con unos servicios mínimos que no se estaban realizando con la celeridad que debiera hacerse.

EL SERVICIO RETOMADO

Cabe recordar que los trabajadores de Urbaser ratificaron el jue ves en asamblea el principio de acuerdo alcanzado con la empresa para poner punto y final a la huelga en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en la ciudad. Por la noche retomaron ya el servicio, doblando turnos, y el Ayuntamiento ha garantizado que a principios de la próxima semana se recuperará “la normalidad en la calles de la ciudad y zona rural”.

Por otro lado, en cuanto a los contendores Ajemsa repondrá estos días los quemados con otros de carga trasera que tiene disponibles, hasta tanto en cuanto, se vuelvan a contar con los nuevos que tienen que ser encargados a la empresa suministradora de éstos, en Madrid.

A comienzo de semana se iniciará, por parte de los equipos del Centro Zoosanitario, un plan de choque intensivo de desinsectación en los puntos de contenedores que la inspección sanitaria considere necesarios para garantizar la salubridad de los ciudadanos. Después de esta fumigación se comenzará con una campaña de desratización.

Si nada lo impide, la huelga de basura llegará hoy por fin a su fin la jornada en la que se cumplen 21 días de paros indefinidos del servicio.

Anoche se anunció el preacuerdo al que habían llegado por fin las partes en conflicto, y aunque hoy por la mañana vuelven a sentarse para ajustar números y terminar de redactar el acuerdo, nada va a cambiar ya el signo de esta historia. Por eso, tras la reunión a las 18 horas de la asamblea de trabajadores y la ratificación del principio de acuerdo, la huelga será historia.

El consenso se propició ayer porque por fin el Ayuntamiento dio un paso más activo en la negociación, y se sentó a la mesa con los trabajadores y la plantilla hasta que por fin se ha podido alcanzar un punto de encuentro.

Según explicó la alcaldesa, María José García-Pelayo, finalmente las dos partes en conflicto, trabajadores y Urbaser, han optado por repartir el sacrificio de recortar el 20% del coste del servicio que ha decretado el Ayuntamiento.

De esta forma, el recorte de los 4,5 millones de euros se reparte de la siguiente forma: 2 millones que se reducen del convenio colectivo por los artículos que la plantilla ha aceptado dejar sin efecto; algo más de un millón de euros por el recorte salarial del 10% que acepta la plantilla (se les pedía un 12%); y otro millón y pico más que aporta la empresa que a la cantidad que aportaba al principio suma ese 2% que no querían asumir ya los trabajadores.

Esta reducción salarial a la plantilla se aplicará durante tres años, hasta 2015.

El acuerdo, que evitará el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 125 empleados, también incluye una cláusula por la cual Urbaser se compromete a no realizar despidos colectivos mientras mantenga la concesión del servicio.

Para el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Cazalla, la única valoración posible al acuerdo es la de la satisfacción porque “se pone fin a los paros tras muchos días y sobre todo porque hemos salvado 125 puestos de trabajo de compañeros, y eso es para celebrarlo”. Cazalla ha recalcado que este acuerdo podría haber llegado mucho antes de que la situación se desbordara como se ha desbordado.

Será esta noche cuando vuelvan al trabajo todas las cuadrillas de operarios de Urbaser. Mientras, anoche y hoy por la mañana seguirán actuando los servicios mínimos del 50%.

Tras conocerse este preacuerdo, la Junta ha desconvocado la reunión a cuatro bandas (gobierno regional, Ayuntamiento, Urbaser y trabajadores) que estaba prevista hoy a las 9 de la mañana precisamente para tratar de alcanzar un acuerdo a toda costa y tras las horas de negociación que hicieran falta, como dijo ayer el delegado del Gobierno, Fernando López Gil.

Pese a que alrededor de las nueve de la noche se anunció la adopción de un principio de acuerdo entre trabajadores y Urbaser, la quema de contenedores y los actos vandálicos volvieron a ser ayer una constante en la ciudad. Y no solo durante la madrugada, ya que como han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos las intervenciones del retén de guardia del Parque de Jerez llegaron a 80 desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana de hoy. La mayor parte de ellas, no obstante, se concentró a partir de la medianoche con un total de 65 actuaciones por quema de mobiliario urbano, aunque el número exacto de contenedores afectados no ha trascendido.

Las zonas más calientes volvieron a ser San Benito, San Juan de Dios, San Telmo y el Mopu, donde los vándalos intentaron campar a sus anchas; no obstante, la fuerte presencia policial impidió que se registraran incidentes de gravedad. Como se recordará, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz había dispuesto el refuerzo de las unidades policiales desplegadas en Jerez con motivo de la huelga de basura, con el fin de que no se “propagasen” los actos vandálicos registrados en las últimas jornadas y que la situación acabase derivando en un conflicto de orden público.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, manifestó que esos altercados “no son admisibles”, habiéndose producido ya la detención de una persona y la identificación de otras once. Por ello, el subdelegado hizo un llamamiento a la “calma” al tiempo que detalló que varios agentes han resultado heridos de carácter leve, un bombero ha sufrido un impacto al ser recibidos “a pedradas” y varios furgones de la Policía han resultado dañados, entre otras cuestiones. Ante tal panorama, la Policía acompañó ayer a la empresa Tragsa en la recogida de basura, en cumplimiento de los servicios mínimos. Una escolta que ya se retirará, una vez que en la asamblea de esta tarde los trabajadores certifiquen la aprobación del acuerdo adoptado con la empresa.

El primer detenido por los disturbios generados en la ciudad por la huelga de basuras, que se han saldado ya con 150 contenedores incendiados, según la cifra ofrecida por el Ayuntamiento de Jerez, es un menor de San Telmo que fue sorprendido anoche mientras quemaba uno de ellos. Así lo ha confirmado esta mañana el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Javier Durá, que ha explicado que ya ha sido puesto a disposición judicial.

Durá ha vuelto a condenar hoy los altercados y ha recalcado que “este no es el camino adecuado para buscar soluciones, porque el camino adecuado es la negociación y por eso esperamos que la reunión hoy de trabajadores y empresa sea fructífera”.

Los datos del operativo de anoche ofrecidos por el gobierno municipal arrojan que los bomberos tuvieron que realizar unas 115 salidas, ya que hubo 78 contenedores incendiados, y nada menos que 35 focos simultáneos.

Durá ha recordado que el coste de cada contenedor es de 1.000 euros, por lo que estas acciones ya tienen un coste para las arcas públicas de al menos 150.000 euros.

El delegado también ha confirmado, como había adelantado este medio, que la empresa Tragsa, “contratada con toda la legalidad para completar los servicios mínimos y garantizar la salubridad, y respetando el derecho a huelga de la plantilla”, ha empezado a trabajar a las 5 de la mañana y estará hasta la noche.

Según los datos municipales, hasta ahora se han recogido unas 30 toneladas de basura, y no ha habido enfrentamientos con la plantilla de Urbaser.

Trabajadores y representantes de Urbaser volvían a reunirse ayer a las siete de la tarde para intentar llegar a un acuerdo que posibilitara poner punto y final a la huelga en el servicio de recogida de basura, pero el final fue el mismo de las ocasiones anteriores: las partes se levantaron de la mesa sin ese acuerdo. Y lo peor de todo es que parece que las posturas siguen sin acercarse, lo que invita a pensar que el conflicto se dilatará todavía más en el tiempo después de 20 días. Aun así, han quedado para mantener un nuevo encuentro este miércoles por la tarde, a las 16.00 horas, así que las negociaciones no están rotas y se abre, por tanto, una puerta a la esperanza, aunque sea pequeña. Mientras tanto, los trabajadores de Tragsa recogen desde primera hora de la mañana parte de la basura acumulada en las zonas conflictivas tras una nueva noche de incidentes.

Fuentes del comité de empresa señalaban a Reporteros Jerez que la empresa sigue en su postura y la plantilla, por su parte, no está dispuesta a ser ella la que asuma la totalidad del recorte después de que el Ayuntamiento decidiese rebajar un 20% el coste de la prestación del servicio para las arcas municipales.

Mientras tanto, los incidentes de la noche del pasado lunes han vuelto a repetirse la pasada madrugada en diferentes puntos de la ciudad, con quema de contenedores por parte de vecinos, lanzamiento de bolsas de basura a avenidas y calles y hasta enfrentamientos con bomberos y agentes policiales que redoblan esfuerzos para intentar sofocar los incidentes. Más de 80 llamadas recibió el 112 desde ayer por la tarde relacionadas con el incendio de contenedores en Jerez. El punto más caliente de todos, posiblemente sea la barriada del Mopu. También se han quemadoc ontenedores en varios puntos del centro, en Sancho Dávila, plaza Luis Parada, San Benito, San Telmo, centro…

Se contabilizaron más de medio centenar de fuegos en más de una veintena de calles diferntes de la ciudad. La actividad de los Bomberos fue frenética y los antidisturbios volvieron a hacer acto de presencia para evitar que los disturbios fuesen a más. Aun así, los enfretamientos de vecinos con la Policía, con lanzamiento de piedras incluidos, se sucedieron en varios momentos de la noche.

EL PSOE APUESTA POR EL DIÁLOGO Y HABLA DE EMERGENCIA SOCIAL

El presidente del PSOE provincial y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, apuesta por la negociación y el diálogo para propiciar una solución a la huelga de la basura que afecta a Jerez. Tras analizar la situación que atraviesa la ciudad en un encuentro mantenido en la sede del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jerez con el portavoz, Francisco Lebrero, la secretaria general del PSOE de Jerez, Miriam Alconchel, y los concejales del grupo municipal, Jiménez Barrios ha hecho un llamamiento expreso a la alcaldesa para que cree una mesa permanente de diálogo con la empresa Urbaser y los trabajadores para poner fin al conflicto.

En rueda de prensa, Jiménez Barrios calificó de “emergencia social” la situación que está viviendo Jerez y ha mostrado su convencimiento de que “ante situaciones como ésta los responsables políticos tienen la obligación de poner todo su empeño en buscar soluciones y máxime una alcaldesa, que ha sido votada por los ciudadanos, tiene la obligación de poner mesura, templanza y no contribuir a la crispación”.