Esta es la principal conclusión que extrae el gobierno local del informe emitido por el organismo estatal y que la alcaldesa, Mamen Sánchez, trasladó ayer a los afectados en la Mesa del ERE. Los afectados eludieron pronunciarse ayer hasta conocer y estudiar en detalle el informe, objeto de la nueva reunión de la Mesa del ERE convocada para hoy y tras la que los portavoces de los ex trabajadores municipales, que a priori no comparten la interpretación que hace el ejecutivo local del texto, darán a conocer su opinión.

El gobierno de Mamen Sánchez solicitó el informe en cuestión –sobre la viabilidad jurídica transaccional del ERE municipal, es decir, la legalidad de alcanzar acuerdos como la reincorporación de los afectados– a instancias de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, para la que el ‘dictamen’ de la Función Pública es vinculante.

En un comunicado, el gobierno local explica que la doctrina legislativa que avala el informe señala que para la transacción se requieren tres elementos: la existencia de una relación jurídica dudosa, controvertida o en la que exista incertidumbre para ambas partes; la voluntad de éstas de eliminar la controversia y de establecer de cara al futuro una situación segura; y la obligatoriedad de que haya concesiones recíprocas –que ambas partes cedan– para poder poner fin a la controversia.

En virtud de lo expuesto, el informe avala la readmisión en los procedimientos en los que esté pendiente de dictarse resolución judicial, si bien la regidora jerezana y su equipo de gobierno interpretan que la posibilidad de la readmisión se ciñe únicamente a los afectados que presentaron recurso solicitando la nulidad de sus despidos, no así a los que pidieron la improcedencia, de ahí que en su nota informativa reduzcan a 74 los trabajadores con posibilidades de reincorporarse a la plantilla del Ayuntamiento. En este sentido, el gobierno indica en el comunicado que el informe rechaza la posibilidad de la transacción “cuando sólo una parte cede en sus pretensiones, cuando el acuerdo transaccional resulta para una parte más gravoso que su mero desestimiento en la vía judicial pendiente o cuando no le va a aportar ninguna ventaja adicional en la relación jurídica que vincule a ambas partes”.

El ejecutivo local también entiende que, en virtud del refrendo de la causa económica del ERE por parte del Tribunal Supremo, procede motivar, caso por caso, “que el acuerdo transaccional resulta más viable organizativa y financieramente para el Ayuntamiento que otro tipo de opciones” y que “no supone un perjuicio para la situación económica y la prestación de los servicios por la Corporación, sino que redunda en beneficio del interés general”. “Precisamente –prosigue el comunicado–, el hecho de que en algunos procedimientos sólo exista un recurso interpuesto por el Ayuntamiento incide en esta necesidad”.

Para atender esta formalidad, el gobierno local asegura que se ha puesto manos a la obra para la redacción de los documentos individuales transaccionales y su justificación caso por caso –se entiende que para los 74 afectados a los que entiende que puede beneficiar el informe de la Dirección General de la Función Pública–, del mismo modo que solicitará un nuevo informe de la situación de cada uno de los trabajadores al Consejo Consultivo de Andalucía. En el encabezado del comunicado, el ejecutivo de Sánchez puntualiza que “va a hacer nuevas consultas”, pese a que “el informe de la Función Pública dificulta la reincorporación de los demás trabajadores” –los cerca de medio centenar que también recurrieron y lograron la improcedencia–.