La Consejería de Justicia e Interior ha realizado un nuevo pago de 263.778 euros  a los abogados y procuradores de la provincia de Cádiz por la asistencia jurídica gratuita, un abono que se ha hecho efectivo esta semana a los Consejos Andaluces de estos colectivos profesionales para sufragar el turno de oficio.

Una vez certificados los servicios prestados, la Consejería ha abonado 188.073 euros a los abogados y 75.705 euros a procuradores de esa provincia, cantidades correspondientes a una parte del turno de oficio del primer trimestre de este año.

“La Junta continúa así realizando un gran esfuerzo por atender estos pagos con la mayor celeridad posible pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales, compromiso que ha dejado patente en los abonos continuos que vienen realizando cada mes desde julio de 2012″, aseguran a través de un comunicado. Este esfuerzo de la Administración autonómica está permitiendo, en la medida de la disponibilidad presupuestaria, rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono de los mismos.

En lo que llevamos de año, el importe abonado supera los 34 millones de euros por la prestación de este servicio, del que 5,6 millones corresponden a la provincia de Cádiz.  La Consejería ha puesto de manifiesto el importante esfuerzo y compromiso de los abogados y procuradores gaditanos en la prestación de este servicio y su sostenimiento, destacando además la interlocución permanente que mantiene con representantes en los Consejos andaluces, a los que viene informando de forma constante de los pagos que viene afrontando.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha vuelto a poner de relieve que “el respaldo económico del Gobierno andaluz al programa de asistencia jurídica gratuita garantiza un servicio fundamental como es la defensa y la representación letrada ante los tribunales para aquellas personas que no disponen de recursos económicos suficientes para ello y se están viendo más afectadas por la actual crisis”.

López Gil ha insistido en que “con estos pagos el gobierno andaluz cumple sus compromisos con los profesionales del sector y con la ciudadanía”. “No en vano, la Justicia Gratuita es un derecho básico que forma parte de las políticas sociales a las que la Junta está dando la máxima prioridad con el objetivo de combatir los efectos de la actual coyuntura económica”, ha afirmado el delegado del Gobierno antes de añadir que “la Consejería considera irrenunciable el sostenimiento de este servicio, que beneficia a más de 300.000 andaluces, con el objetivo de hacer valer el principio de igualdad en el acceso a la Justicia por parte la ciudadanía”.

En la asistencia jurídica gratuita, la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.

La Consejería de Justicia e Interior subraya también el compromiso presupuestario con la Justicia Gratuita para el sostenimiento de este servicio esencial para la ciudadanía. Desde que en 1997 se asumieron las competencias en esta materia, la Administración autonómica ha destinado más de 340 millones de euros a este programa en Andalucía, multiplicando por diez su presupuesto.