La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, el delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, y la delegada de Educación y Juventud, se ha reunido con la Plataforma Ciudadana para la Regularización de los Hábitat Rurales Diseminados Afectados por Vías Pecuarias, que reivindica a la Junta de Andalucía la legalización de las viviendas de la zona rural afectadas por vías pecuarias. La regidora ha trasladado a la plataforma el apoyo “firme” del Gobierno municipal a sus demandas.
Los delegados Susana Sánchez y Agustín Muñoz, junto a los portavoces de la plataforma Susana Corredera (Rajamancera), Susana Bustos (Las Pachecas), Ildefonso Roldán (La Guareña), Manuel Jurado (Gibalbín) y Francisco Javier Ruiz (Las Tablas), han pedido a la Junta de Andalucía la desafectación de las vías pecuarias y que en el caso de que no se pudiese llevar a cabo la desafectación total, que la vía pecuaria quede reducida a su tamaño actual al paso por estas barriadas rurales, es decir que se permita la ‘huella pecuaria’ y no se exija en ningún caso el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas en ellas situadas, tras la aprobación definitiva de los correspondientes Planes Especiales por este Ayuntamiento. También han reclamado el diálogo a la Junta de Andalucía a través de la creación de una Mesa Técnica de trabajo donde participen técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, de Obras Públicas y del Ayuntamiento, mesa que se viene reclamando desde el año 2012, que incluso fue solicitada en Pleno en febrero de 2014. La plataforma realizará su presentación pública a partidos políticos y organizaciones sociales el próximo lunes 2 de febrero, a las 18 horas, en Cuartillos.
Los representantes de esta plataforma ciudadana, que se constituyó el pasado día 18 de diciembre, han señalado que esta iniciativa ha nacido ante la imposibilidad de regularizar viviendas de la zona rural, ya que en algunos casos tienen más de 50 años de antigüedad, viviendas que surgieron históricamente por la necesidad y los oficios vinculados a la zona; viviendas humildes de primera residencia que pagan impuestos. Como primer paso, la Plataforma Ciudadana ha comenzado una recogida de firmas (40.000) para presentar una iniciativa popular en el Parlamento andaluz en la que se inste a la Junta a modificar la normativa vigente y permitir la desafectación de la vía pecuaria sin el trazado alternativo o sin que se exija la integridad superficial de éste, permitiendo una solución técnica rápida: la huella pecuaria.
Agustín Muñoz ha cifrado, según datos del PGOU, en unos 1.800 los vecinos afectados por este problema y en unas 521 las viviendas que tienen el “hándicap de estar sobre una cañada”; y ha enfatizado que otros habitas rurales diseminados, que no tienen vía pecuaria, ya cuentan con Planes Especiales aprobados. En el PGOU vigente figuran como hábitats rural diseminado con vías pecuarias: Cuartillo Oeste, Gibalbín, Las Tablas, Baldío Gallardo, El Mojo, Repastaderos-Las Pachecas, Puente de la Guareña y Rajamancera-Cañada del León.
El delegado ha recordado que el actual Reglamento de Vías Pecuarias de 1998 dice (artículo 31) que de forma excepcional la Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar previo estudio de cada supuesto, siempre que en los usos de los terrenos desafectados prevalezca el interés público o social. Pero la realidad es que cuando se presenta un caso concreto, como el Plan Especial del Puente de la Guareña, la Junta lo ha rechazado, ha explicado. Por ello Agustín Muñoz ha defendido la modificación de la actual ley “para ir más allá, porque ahora se da cierta arbitrariedad; se trata de establecer derechos de forma objetiva y que la desafectación no dependa de la voluntad política”, ha subrayado.
Ildefonso Roldán, uno de los portavoces de la plataforma y delegado de alcaldía de La Guareña, ha recordado que durante años se ha intentado la regularización de las viviendas históricas. “Se pagan impuestos, tenemos servicios básicos como recogida de basura, agua, luz y alcantarillado. Pero nos topamos siempre con el mismo problema, queremos una solución. En estos núcleos sus vecinos no pueden reparar las viviendas, ni los carriles, ni los parques infantiles, ni abrir negocios. Sin embargo, pagan el IBI y el Impuesto de Bienes Patrimoniales de la Junta de Andalucía pero no tienen escrituras de las viviendas, porque son viviendas alegales. Ahora vamos todos unidos en la plataforma dejando fuera las siglas”. Ildefonso Roldán ha dejado claro que nunca ha pedido los terrenos gratis.
La también portavoz Susana Corredera, delegada de alcaldía de Rajamancera, por su parte, ha pedido que se les deje de llamar domingueros y caraduras. “Son viviendas de más de 50 años; lo único que queremos es regularizar la situación. El crecimiento económico de nuestras barriadas es nulo, no se puede montar ni una simple tienda”. Manuel Jurado, delegado de alcaldía de Gibalbín, ha subrayado que las barridas rurales sufren despoblamiento por que muchos vecinos no tienen viviendas para sus hijos. “Tenemos todos los servicios, colegios, centro de salud pero las personas se tienen que desplazar a vivir a Jerez a pesar de que los trabajos los tienen en la barriada”, ha afirmado. Ildefonso Roldán, por último, ha pedido el apoyo a la Plataforma en su recogida de firmas. “No queremos cortar el paso de la cañada queremos vivir dignamente”, ha apostillado.
La portavoz Susana Bustos, delegada de Las Pachecas, ha recordado que el Parlamento andaluz rechazó el punto de la propuesta presentada el pasado 27 noviembre donde se pedía la creación de la mesa técnica para estudiar de forma individual la situación de cada barriada. Finalmente, Francisco Javier, portavoz y delegado de Las Tablas, ha reiterado que hay barriadas, como la que preside, donde no existe vivienda alguna de segunda residencia.