La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8.783.898,15 euros a los seis hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos imputados en la causa, que deberán hacer frente a dicha cantidad con carácter solidario. En un auto notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone dicha fianza civil a Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero y declara la responsabilidad civil subsidiaria de Zoilo Ruiz Mateos S.L., Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes. 

La magistrada considera que, tras la adquisición por parte del Grupo Nueva Rumasa del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) en el año 2003, los seis hermanos, junto a su padre también imputado en la causa, “se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta”.

De este modo, “contactaron” con el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, quien “se comprometió a conseguirles” la financiación para el ERE de esta empresa y de otras del grupo “mediante el uso de sus influencias a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido”, por lo que, además del ERE de Europa Center –Hotel Cervantes–, la Junta financiaría las prejubilaciones de Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista, entidad a la que la Junta financió las prejubilaciones de dos ERE, y los ERE de Zoilo Ruiz-Mateos.

La juez sostiene que todos los pagos a Lanzas “fueron efectuados en ‘B’, mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros”, siendo los sobres “retirados personalmente por Lanzas o por su compañera”.

Al hilo de ello, la magistrada señala que las cantidades efectivamente abonadas por IFA/IDEA, con cargo al programa presupuestario 31.L en concepto de ayudas sociolaborales a las empresas del grupo, ascendieron a 21,9 millones de euros.

En relación a Europa Center –Hotel Cervantes–, la juez dice que los hermanos Ruiz-Mateos “conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas suscritas” de dos ‘intrusos’ que “fueron contratados pocos meses antes de solicitar el ERE y que eran antiguos trabajadores de empresas distintas también pertenecientes a la familia Ruiz-Mateos”.

En igual sentido, y respecto a Dhul, Alaya asegura que el ERE estuvo precedido de la firma de un protocolo de colaboración entre el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el director comercial de Dhul, Rafael Carvia, por el que la Junta “se comprometía” a financiarlo.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha librado un exhorto al juzgado decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a fin de que, a la vista del informe médico aportado, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos sea reconocido por un médico forense “para que informe si el mismo puede comparecer” en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a fin de recibirle declaración como imputado “atendidas sus condiciones físicas y cognitivas”. En un auto la magistrada Mercedes Alaya toma esta decisión después de que el abogado de Ruiz-Mateos, Marcos García-Montes, haya elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que su cliente “sufre graves problemas físicos y de salud que le imposibilitan desplazarse” a Sevilla, por lo que pide que se le tome declaración en los juzgados de Pozuelo de Alarcón “al ser el mismo el más cercano a su lugar de residencia”. En el auto, la juez acuerda también suspender “por ahora” la comparecencia de los peritos de la Intervención General del Estado prevista inicialmente para el próximo 1 de abril.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, citó este miércoles a declarar como imputado a José María Ruiz-Mateos por la inclusión de ‘intrusos’ en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. El empresario jerezano no ha acudido a los juzgados. Quien sí lo ha hecho ha sido su hijo Zoilo Ruiz-Mateos. Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, ya que él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas. Leer noticia completa

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos. Fuentes judiciales informaron de que, en un auto del pasado 31 de julio, la juez Alaya ha decidido imputar a intrusos y empresarios citados en seis informes de la Guardia Civil sobre las ayudas de la Junta de Andalucía. Entre ellos han sido imputados Javier y Pablo Ruiz Mateos por el ERE del Hotel Cervantes de Málaga, propiedad del grupo empresarial familiar. Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Ovejuna, SOS Cuétara, Saldauto, Interur y Cespa

La jueza que investiga los ERE falsos ha decretado este martes prisión para el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Aunque la fiscalía anticorrupción había pedido prisión incondicional sin fianza, la jueza Mercedes Alaya ha decidido fijar la fianza en 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla al decidir dejar en libertad a varios imputados.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.

La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía aprobó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que Nueva Rumasa  llevó a cabo en la región y que éstos se acogieron “perfectamente” a la legalidad, insistiendo en que se realizaron sin “ningún tipo de irregularidad”.

Sale así al paso de las informaciones que vinculaban algunos de los expedientes en empresas de los Ruiz-Mateos con la trama de los ERE que investiga actualmente la jueza Alaya.

En concreto, Nueva Rumasa llevó a cabo cinco ERE en cuatro compañías del grupo, concretamente en Dhul (Granada), en la que se realizaron dos, en las  bodegas Garvey y Zoilo Ruiz-Mateos (Jerez) y en el Hotel Cervantes  (Torremolinos, Málaga). Dichos ERE, según ha precisado la familia, se realizaron para rejuvenecer las plantillas de cada una de las compañías, sustituyendo íntegramente el personal que se prejubilaba por personas más jóvenes.

La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las “relaciones” que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el “alimento” del que se nutrían todas las partes de la trama.

La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Prejubilaciones fraudulentas

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría ‘Hermes Consulting’ y ‘Maginae Solutions’ habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, la juez atribuye de nuevo a Lanza la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”. Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

Nuevo capitulo en la trama de los ERE en Andalucía, y en este caso con la ciudad de Jerez como uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma responde a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha ordenado más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudan a declarar al juzgado.

Se han producido una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas. Y es que, a estas alturas del caso, ya nadie cree que lo descubierto por entonces se limitara solo a Mercasevilla.

Según ha podido confirmar Reporteros Jerez, en esta segunda fase de la operación por los EREs fraudulentos, se han producido más de una docena de detenciones en diferentes puntos de Andalucía: cinco en Sevilla, tres en Jaén, una en Granada, una en Almería y tres en la provincia de Cádiz. Entre estas últimas, una en Jerez, que las fuentes consultadas aseguran que se trataría de JC.G.T, hijo del empresario titular de Uniter Seguros en la calle Larga.

LOS DELITOS

Todos los detenidos han sido acusados de cometer presuntamente numerosos delitos: contra la hacienda pública, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación apunta que podrían ser responsables de diferentes firmas que habrían intermediado entre empresas y la administración autonómica para facilitar expedientes de regulación de empleo (ERE) a trabajadores. Éstos habrían accedido, así, a prejubilaciones que en una parte habría subvencionado la Junta. También se señala que las comisiones de las empresas intermediarias podrían haber alcanzado los 50 millones de euros.

La ’operación Heracles’, que es como se ha bautizado a la operación llevada a cabo este miércoles, es un paso muy importante en la investigación de la Guardia Civil al fraude de las ayudas al empleo en la Junta de Andalucía. El principal imputado continúa siendo el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero.

La operación ha comenzado en Jerez sobre las ocho de la mañana bajo la dirección de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con apoyo de agentes de la provincia. Han sido alrededor de 20 los que han estado en la ciudad. Antes de a las oficinas de Uniter Seguros, han llevado a cabo un registro en una vivienda.