La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la explotación de la Operación ‘ENTREAGUAS’, donde se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial a 7 personas como presuntos autores de un delito de robo continuado de cable de cobre y otro contra el orden público, cometido en las instalaciones que albergan el sistema de emergencia de abastecimiento de agua potable a la provincia. Como consecuencia de esta operación de la Guardia Civil, se ha detenido a los 7 presuntos autores de los robos, localizando el cobre sustraído, el cual a pesar de su recuperación no puede paliar el coste de volver a poner en servicio las estaciones de bombeo que han quedado inutilizadas y cuyo valor supera con creces los 2,5 millones de euros. El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ya han anunciado que se personarán como acusación particular en la causa.

Los hechos ocurrieron cuando los guardias civiles del Grupo Cobre del Puesto Principal de Jerez, en colaboración con el Grupo Cobre de Arcos, detectaron una serie de ventas de cable de cobre de un tipo poco común, identificando a los responsables de las ventas, pero no teniendo constancia de la comisión de ningún robo donde el material sustraído se correspondiera con las ventas efectuadas.

En el empeño de los guardias civiles por averiguar la procedencia de este material, se toparon con la posibilidad de que procediera de algún tipo de instalación hídrica, por lo que con la colaboración de personal del Consorcio se procedió a revisar las instalaciones de este organismo, descubriendo con asombro, que se había producido un robo en las instalaciones del sistema de emergencia que abastece de agua potable a la provincia de Cádiz, el cual entra en funcionamiento cuando existe algún problema en la red que conforma el sistema primario. Este caso entre los meses de octubre a abril no es demasiado frecuente, además al haber en esos meses menos demanda de suministro, se solventa el problema con las reservas municipales, por lo que no entra en funcionamiento el sistema de emergencia, todo esto habría propiciado que hasta hace 15 días no se descubriera el robo cometido.

Una vez descubierto el robo y constatado que los pozos habrían quedado inutilizados, se le solicitó al Consorcio el informe pericial que evaluara los daños ocasionados, así como el reconocimiento pericial de las muestras de material de cable de cobre, que los autores habían repartido en diferentes ventas y en chatarrerías distintas para no atraer la atención de la Guardia Civil.

En las primeras horas del día 24 de abril, se producían las detenciones simultáneas de estas siete personas, detenciones que se produjeron en San José del Valle, Arcos, Alcalá del Valle, El Cuervo y Coin, viéndose dificultadas algunas de ellas por las peculiaridades de la forma de vida de algunos de los detenidos.

Los detenidos han pasado a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Jerez de la Frontera.

Este tipo delictivo está ocasionando graves perjuicios a las instituciones de todos los ámbitos, puesto que la valoración de los daños, va más allá del valor de los cables que se han cortado, ya que para poner de nuevo en servicio estas instalaciones se requiere la contratación de empresas especializadas, peticiones de material, abono de indemnizaciones a los usuarios afectados, etc…, además en ocasiones, para reponer un corte de unos metros de cable, es necesario reponer líneas enteras, que algunas veces son de kilómetros.

Además del perjuicio económico y social que este tipo de hechos delictivos supone para todos, estos conllevan un gran peligro para la vida de los autores, puesto que el material que manipulan soporta corrientes de alta tensión de miles de voltios, no siendo extraño que se produzcan lesiones que en ocasiones suponen la muerte para quienes manipulan este material.

Las labores policiales continúan a fecha de hoy, centradas en la investigación de varios robos detrás de los que podría estar este grupo, por lo que la operación sigue abierta sin descartar que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con este ilícito penal.

La Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur han hecho balance del primer año de la privatización del servicio del agua en Jerez. A través de un comunicado, aseguran que “se confirma la única razón que movió al equipo de gobierno popular, para vender Ajemsa; la de hacer “caja fácil” para invertir en campaña electoral, a sabiendas de la difícil situación que vive la ciudad y de la hipoteca que supone a todos los jerezanos, un pago extra que montará más de cuatro mil euros, en los próximos 25 años”.

A solo un año de la privatización de Ajemsa, las consecuencias negativas para Jerez se hacen notar de forma sustancial. “Aun no es nada con lo que nos espera, es solo la punta de un enorme iceberg que nos llevará al naufragio a todos los ciudadanos”, han afirmado.

Para esta Coordinadora, los daños se apuntan en distintas vertientes:

Menos calidad del servicio en general: se han dejado de cubrir trabajos de mantenimiento cotidianos que antes se ejecutaban desde Ajemsa, directamente a los usuarios y han centralizado operaciones de cobros, recobros y trámites ordinarios, de forma que los jerezanos tienen que desplazarse más y hacer grandes colas, en una oficina mal ubicada, con problemas de acceso y aparcamiento.

Pérdida de empleo y de derechos laborales: esta privatización se ha cobrado ya varios puestos directos de trabajo y ha provocado regulaciones de empleo en empresas con servicios de mantenimiento subcontratado con Ajemsa. Se han cargado el Convenio Colectivo conseguido por la plantilla, durante décadas, para acabar en el Convenio Marco Nacional de Aguas, a mucha distancia del existente y que no llega ni a mileurista. Además de no reconocer el obligado Plan de Pensiones, como tal.

Aumento de los recibos: la carga de imposición de pago a los ciudadanos en la “factura del agua”, ha supuesto el 25% de incremento, desde que la señora alcaldesa iniciara el proceso de privatización, a principio de 2012, por lo que una familia media de cuatro miembros que pagaba habitualmente unos 55 – 60 euros, no consigue actualmente bajar de los 80 euros. Primero fue una subida de la recogida de la basura domiciliaria del 50%; más tarde una subida a todo el recibo del 3,4%, sin justificación técnica de equilibrio de costes reales, como antesala generosa, a la firma de la licitación con la empresa privada; el pago obligado del IVA a conceptos que antes por ser pública, no se imponía, sobre alcantarillado y depuración de las aguas y por último la subida del IPC del 2013, a partir de enero del 2014.

Deshumanización del servicio: el trato o relación con los usuarios, convertidos desde la privada en meros clientes, se ha deformada considerablemente, hasta el punto de perderse la cercanía entre sus operarios y la ciudadanía y deteriorarse su imagen, hasta el extremo de haberse dado “casos de amenazas o aptitudes agresivas y violentas hacia su plantilla”, sobre todo en los que hacen tareas de procesos de corte de suministros por débito. En este proceso, los cambios han sido muy bruscos y donde antes los avisos, así como los aplazamientos eran repetitivos y persuasores, por teléfono y con visitas a los domicilios; ahora, la empresa privada, ajustándose a norma, solo espera los quince días previstos y ejecuta sin miramiento.

La Coordinadora entiende que “el Ayuntamiento sigue siendo quien tiene la competencia, aunque haya vendido la gestión, por lo que es el que tiene que garantizar a sus ciudadanos todos los derechos reconocidos como tal y el del agua es un hecho confirmado en la mismísima Organización de las Naciones Unidas, por lo que la gestión del agua urbana tiene en todo momento que ser auspiciada por las ordenanzas y decretos municipales; no puede delegar en una empresa privada tal competencia. Significa que, tiene que administrar este servicio de forma que el derecho al agua, llegue a todos sus ciudadanos sin discriminación alguna; apoyado en el principio que le otorga y obliga esa competencia legal, en el derecho de los ciudadanos y en el desarrollo del Pliego de Condiciones”, continúan.

Denuncia esta coordinadora que el Pliego de Licitación con Aqualia ha sido violado en lo que llevamos de privatización. “Más bien es una responsabilidad que demandamos a la alcaldesa por no haber creado la STM, unidad de vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Pliego y que se recogía en la misma redacción del mismo; por otro lado, la Alcaldesa ha regalado a Aqualia tres sueldos que puede montar más de trescientos mil euros anuales, asumiendo tres altos cargos que obligatoriamente por cumplimiento del Pliego, tendría que haber tomado Aqualia. En cuanto a la propia empresa privada, denunciamos que haya pasado un primer año de contrato, sin haber invertido un solo euro en mejora de infraestructuras, habida cuentas de que el Pliego bien que recogía que se invertiría un millón de euros cada año; consideramos una falta grave que debiera conocer de primera mano la alcaldesa, por lo que su silencio le hace cómplice del incumplimiento de Pliego”.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado esta semana desembalses preventivos en siete presas de la provincia de Cádiz como medida de seguridad para garantizar la capacidad adecuada para las lluvias previstas estos días.

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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, han visitado esta mañana las obras del nuevo ramal que unirá los depósitos de San Cristóbal con los de Montealto, una infraestructura que garantizará el abastecimiento de agua a los más de 220.000 habitantes de Jerez y Trebujena. La Junta ha invertido en esta obra prioritaria para ambos municipios un total de 11,2 millones de euros financiados con Fondos Feder y su ejecución está suponiendo la generación de más de 6.000 jornales.

Las obras, que se encuentran en la actualidad al 80% de su ejecución, son de una gran complejidad ya que las tuberías tienen que atravesar hasta seis cruces de carreteras. El ramal en el que se está trabajando tiene además un metro de diámetro y una longitud de 11,7 kilómetros, lo que supone prácticamente la distancia existente entre Jerez y El Puerto de Santa María.

Esta inversión garantizará que no se produzcan bajadas en la presión del suministro durante los periodos de mayor demanda, como en verano, y dará cobertura a los crecimientos urbanísticos previstos. De esta manera, la actuación no sólo beneficiará a los habitantes actuales de Jerez y Trebujena, sino que se ha adecuado a la demanda para el año horizonte 2035, cuando la población podría superar las 280.000 personas.

La tubería que se está construyendo y garantizará el correcto suministro en todo el sistema, parte de una conexión situada en San Cristóbal y continúa paralela a la cañada del Carrillo en sus dos primeros kilómetros, hasta llegar a la N-IV. Pasa por debajo esta carretera y la variante oeste y a partir de ahí discurre por la margen exterior de la variante teniendo en cuenta los cruces con las carreteras de Sanlúcar, el Calvario y Trebujena, luego vuelve a cruzar bajo la variante y finaliza en Montealto. En el nuevo ramal se dispondrá también una conexión con la derivación de Trebujena que permita un funcionamiento compatible con el actual.

Los cruces de estas carreteras se están realizando mediante pasos subterráneos para evitar molestias a los ciudadanos por cortes de tráfico. Actualmente los trabajos que se están realizando son precisamente los de estos pasos bajo los viales. Posteriormente se unirán los tramos que ya están enterrados y para finalizar se ejecutarán las conexiones.

Los barqueños están convocados este martes a una Concentración Ciudadana para avalar las firmas que el Movimiento Social montado a tal efecto en estos dos últimos años va a registrar en su ayuntamiento. Se contabilizan en 1.500 personas mayores de edad, censadas en esta entidad local autónoma, las que han querido dejar su deseo expreso de que el agua de la Barca, pase a manos públicas, con su firma de puño y letra. Con esta iniciativa arrancada por el propio pueblo, los barqueños les dicen a sus políticos que no quieren que su agua sea gestionada por una empresa privada, como ocurre en Jerez.

Tras varias asambleas informativas, la gente ha ido concienciándose y conociendo los pormenores de la diferencia entre los dos modelos de gestión, máxime cuando estos mismos han vivido en sus propias carnes, con el servicio de aguas de Jerez en manos privadas, el escarnio de una serie de cortes masivos de agua, entre sus familias, hace poco más de un mes.

La situación económica que atraviesa esta población jerezana, sitúa el problema de la comercialización del agua, en manos privadas, en un escenario que se aventura dramático cada dos meses de facturación, a 25 años vista.

Una de las consecuencias más desastrosas, detrás de una privatización de un servicio ciudadano, como es el agua, es la deshumanización de este derecho consolidado, incluso elevado como tal en Resolución de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que la socialización que cada vez se está engendrando más en la gestión pública del agua en España, garantizaría mucho más este drama por el que tienen que pasar miles de familias; no hay que olvidar, que en el caso de Aguas de la Sierra, con dispositivo reglamentado adecuado, no se usa habitualmente el proceso de corte a suministros domiciliarios, por lo que “el derecho al agua”, es una garantía aplicada y ha sido un aliciente fundamental por el que las pedanías vecinas jerezanas, Guadalcacín, Torrecera y Estella hayan optado por este modelo de gestión puramente público.

Esta coordinadora entiende que el alcalde debe sopesar esta demanda vecinal, que entre otras cosas, supone numéricamente hablando, superior a los habitantes de la Barca que le dieron su voto para gobernar su pueblo.

“Esperamos sinceramente, que esta iniciativa ciudadana haga recapacitar a Alejandro y se ponga al servicio de los intereses solicitados por su pueblo. Apunta en un desacertado panfleto que ha repartido por su vecindad, cuatro opciones distintas a Aguas Sierra de Cádiz; todas ellas con carácter privado, por lo que nos parece que aún no ha entendido el mensaje de su gente, ni ha aprendido sobre las distintas formas de gestión de un servicio de competencia municipal, como es el caso de su agua; únicamente es pública, cuando solo y exclusivamente está gestionada por el propio ayuntamiento o consorcio mancomunado, bien como servicio municipal o empresa 100% municipal creada a tal efecto, tal y como se administraba antes Ajemsa; todas las demás formas de gestión, terminan siendo de control y con el coste añadido del Beneficio Industrial de una concesionaria o una empresa socia. Esto significa, que en ningún caso, se conoce que una empresa haya invertido en una gestión de agua, sin hacerse cargo técnica y económicamente de la misma y sin prever el beneficio para su junta de accionistas privados.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha trasladado a los representantes de la Coordinadora por la Gestión Pública del Agua que tiene regulado normativamente la bonificación del agua, la tasa de basura y depuración “para que ninguna persona que tenga necesidad se quede sin suministro de agua”. Lo ha hecho durante el encuentro que la edil ha mantenido con los miembros de la mencionada entidad Francisco López y Diego Almodóvar, donde ha informado de las iniciativas tomadas desde hace tres años por el gobierno municipal para “implantar un nuevo sistema de bonificaciones de agua más amplio y completo”.

En este sentido, Paredes ha hecho entrega a los representantes de la coordinadora de copias de las ordenanzas y de modelos de solicitud de bonificaciones. Ha señalado “que con las ordenanzas en la mano a las familias con dificultad no se les corta el agua, pero deben acudir a la puerta de entrada del sistema público de servicios sociales”.

Ha explicado al respecto que “la nueva ordenanza aprobada por el gobierno municipal recoge  bonificaciones del agua en convocatorias ordinarias, extraordinarias, de ayudas compensatorias automáticas durante todo el año, con un informe de  los trabajadores sociales; y, por primera vez, bonificaciones a usuarios de contadores comunitarios”, ha subrayado.  A pesar de ello, tan solo se han presentado en los Servicios Sociales Comunitarios 1.700 solicitudes de bonificaciones y de ellas 300 de bloques comunitarios. “Un número de solicitudes que nos hace pensar que no se corresponde con la realidad de Jerez, entre otras cosas porque de los 272.000 euros de presupuesto en 2013 para estas ayudas se dejaron de emplear 20.000 euros por falta de peticiones”.

Por este motivo, apunta que el gobierno municipal ha dado más pasos de cara a difundir estos mecanismos de bonificación. “Durante estos últimos días hemos analizado en la delegación la situación de los usuarios que la concesionaria Aquajerez tenía en su relación de impagos del agua, tal como acordó el Ayuntamiento con esta empresa, y hemos comprobado que al menos 1.500 de estas familias podrían ser susceptibles de ser usuarias de los servicios sociales municipales”, ha afirmado. “A todas esas personas se les va a bloquear el corte del suministro y se va a trabajar con ellas para que puedan acceder a todas las bonificaciones y compensaciones que están previstas. No sabemos por qué no vienen a los Servicios Sociales a hacer uso de estos recursos”, ha añadido Isabel Paredes.

Cabe recordar que en la reunión que el Ayuntamiento mantuvo con Aquajerez el pasado 30 de enero se acordó un protocolo para actuar en los casos en los que la empresa decida cortar el agua por impagos. Dentro de ese protocolo se recoge que la empresa remitirá al área de Bienestar Social, antes de proceder al corte, los datos de la persona afectada para que los servicios sociales municipales estudien la situación de la familia y si puede acogerse a las bonificaciones.

La secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha valorado las declaraciones realizadas por los representantes de PSOE e IU criticando algunas actuaciones del Ayuntamiento de Jerez. Menacho ha sido contundente al afirmar que “la mejor manera de garantizar la luz y el agua es que la Junta pague todo lo que debe a los ayuntamientos”. Lidia Menacho ha manifestado además que el Ayuntamiento de Jerez, así como el resto de ayuntamientos del PP de la provincia, llevan años ayudando a las familias más desfavorecidas, a pesar de que las políticas sociales son competencia de la Junta de Andalucía.

Por este motivo, la responsable popular ha manifestado que los representantes de la alianza socialista-comunista deberían venir a Jerez “a vender menos humo y decir más la verdad”, porque además de “llegar tarde con medidas demagógicas”, ni López Gil ni Antonio Maíllo han sido capaces de dar las explicaciones pertinentes sobre la trama de corrupción de la Junta con dinero que debería haber estado dirigido a la creación de empleo y, por tanto, a los parados; “así como tampoco han sido capaces de explicar a los jerezanos por qué la Junta de Andalucía no paga su deuda con Jerez, por qué la Junta no cumple sus compromisos con Jerez en política social, en sanidad, educación e infraestructuras”, ha comentado.

En este sentido, “y porque el bipartito andaluz tiene mucho que esconder –ha señalado”, PSOE-IU han elegido Jerez como diana de su política más panfletaria, “el motivo es que el gobierno municipal de Jerez es ejemplo de buena gestión y el de la Junta es ejemplo de corrupción”.

Menacho ha apuntado, además, que el líder de IU viene a Jerez de “salvapatrias” para vender  medidas demagógicas que ya están en marcha en nuestra ciudad, y ha puesto en evidencia que el PSOE venga el mismo día, y prácticamente a la misma hora, a ponerse medallitas con ayudas a empresas, “olvidándose ambos de dar explicaciones”.

El PSOE-A Jerez lamenta que “la gestión de un bien público y de primera necesidad como es el agua haya experimentado un incremento de más del 8 por ciento en un año para los jerezanos, teniendo en cuenta el incremento experimentado con la aplicación del 4,42 por ciento del IVA que se aplica al privatizarse la gestión, a lo que se suma la subida aprobada hoy en el Pleno del Ayuntamiento del 0,3 por ciento, en aplicación del IPC”, un incremento que los socialistas califican de “antisocial” y de  “burla” a los ciudadanos.

A juicio de los socialistas, tal y como ha ocurrido en Madrid con la sanidad, “la derecha se está equivocando tomando el camino de la privatización en los servicios públicos, ya que se está demostrado que los costes acaban siendo más caros para el ciudadano sino para las arcas públicas y que lo único que priman son los intereses de García-Pelayo”. Desde el PSOE se ha denunciado que la subida del agua desde que fue privatizado “da como resultado un incremento desorbitado y antisocial en un momento como el que está atravesando la ciudad”.

En este sentido, el PSOE-A de Jerez reprocha a la alcaldesa que “mintiera a la ciudad y faltara a su palabra cuando en agosto de 2012 declaró que el recibo del agua no va a subir” para defender  la concesión administrativa a Aqualia. Para los socialistas, la evidencia pone de manifiesto que la privatización  ha sido un “fiasco para los jerezanos que tendrán que esperar hasta 2037 a que expire la concesión, mientras que la venta de este servicio público por 80 millones de euros está reportando a la empresa privada 270 millones de euros de beneficios que deberían revertir en el pueblo de Jerez”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha avanzado los tres bloques de actuaciones previsto en el Plan de Actuación que llevará a cabo en 2014 para acometer distintas mejoras en la ciudad con un presupuesto de 20 millones de euros, provenientes de parte del canon de la concesión del agua. Ha declarado que “de esta manerase cumple con el compromiso adquirido de que el canon de la concesión del agua revierta en mejoras para las ciudadanos. Estamos siendo muy escrupulosos a la hora de gastar los 80 millones de euros procedentes de la concesión del agua y queremos que se utilicen en distintas actuaciones de mejoras en la ciudad”.

Ha explicado que 60 millones de euros se destinarán a reducir deuda municipal y los 20 millones de euros restantes a inversiones en proyectos específicos que se dividirán en tres bloques: actuaciones en el casco histórico, en distintas barriadas de la ciudad y en equipamientos públicos.

Afirma que los técnicos están trabajando ya en distintos proyectos. En concreto, en el casco histórico están previstas actuaciones con una inversión de 4 millones de euros en el arreglo del entorno de la iglesia de San Juan de los Caballeros; actuación en el Tabanco del Duque; consolidación de la fachada en el Palacio Riquelme y la consolidación del Palacio de Villapanés, entre otros proyectos que se están perfilando.

En cuanto a las actuaciones en los barrios, de momento hay previstos proyectos por importe de 7 millones de euros, a los que se sumarán otras iniciativas. Entre estas se encuentran  un aparcamiento en superficie y pista deportiva en el Parque Atlántico; intervención en la plaza Zahara de La Granja; obras de urbanización en Las Flores; la urbanización de la plaza Venus; arreglo de soportales en Madre de Dios; actuación en el campo de fútbol de Picadueñas y actuación en la ordenación del tráfico en la barriada La Constitución, entre otras.

Por lo que se refiere a las actuaciones en equipamientos públicos, de momento hay previstos proyectos por importe de 5 millones de euros en arreglos en equipamientos deportivos; la estación de autobuses, la Laguna de Torrox, adecuación de las glorietas; parques infantiles y biosaludables; la instalación de nuevas fuentes y papeleras en toda la ciudad o la adaptación a museo de Los Claustros, entre otros.

Por lo que respecta a la Laguna de Torrox, la alcaldesa ha explicado que es una actuación que debe acometer Aquajerez correspondiente a la inversión anual de un millón de euros recogidas en el contrato de concesión del agua.

Además de estos proyectos se sigue trabajando en los proyectos de más actuaciones hasta completar una inversión en torno aproximadamente a los 20 millones de euros previstos para este Plan en distintas zonas de la ciudad.

El diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Cádiz, el jerezano Aurelio Romero, ha respondido a las críticas vertidas por miembros del Partido Socialista de Jerez en la que se aportaban datos que son calificados como “totalmente falsos” por los populares. Concretamente, Romero ha afirmado que “los socialistas sólo saben restar en nuestra ciudad”, y es por ello que se han sentado a desayunar con los medios de comunicación de Jerez “sacándose de la manga –ha dicho- cifras inventadas y disfrutando de crear alarma social en nuestra ciudad”.

El diputado jerezano ha replicado además a las declaraciones de los socialistas asegurando que “a dos velas” fue cómo se quedó el Ayuntamiento de Jerez tras el paso de los socialistas por el Gobierno municipal, “donde arrasaron con todo, y por eso están en manos de la Justicia”.

Por todo ello, Romero ha señalado que no es apropiada la “tremenda demagogia” empleada por los representantes del PSOE. “No es propio de unos representantes políticos serios lanzar esos mensajes tan falsos y destructivos, más aún cuando son los socialistas los que tienen que callar, por cómo dejaron Jerez y por la nefasta política de recortes, impagos e incumplimientos que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en nuestra ciudad y nuestra provincia, donde se acumulan en la actualidad hasta 8 meses de retraso para acceder al salario social, entre otras muchas barbaridades”.

“¿Qué clase de política social es la que hace el PSOE? –se pregunta el diputado popular-. Mucha pancarta, muchos títulos y mucho marketing para programas y proyectos vacíos y sin financiación, y poca o nula ayuda real para las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Y luego se les llena la boca hablando de política social ante un micrófono, lo que es un auténtico fraude para los ciudadanos”.

Asimismo, y refiriéndose a la proposición de ley presentada ayer en el Congreso por Izquierda Plural, sobre medidas para prevenir la pobreza energética, a la que han hecho referencia los socialistas, Aurelio Romero ha explicado que la prioridad del Gobierno del PP no es solo luchar contra la pobreza energética, que también, sino además garantizar en su conjunto la sostenibilidad del Estado del Bienestar, “pues es la mejor forma de proteger a los más desfavorecidos o a las personas que estén en riesgo de exclusión social”.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno está trabajando muy duro desde hace tiempo, adoptando medidas y reformas estructurales para garantizar una mayor protección social, señalando la reforma laboral y haciendo alusión a que en la estrategia europea está el Plan nacional de reformas con el objetivo de reducir en un millón y medio el número total de personas en riesgo de pobreza y exclusión social hasta 2020.

Además, el Gobierno está trabajando en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016; un plan que incluye a comunidades autónomas, corporaciones locales, ONG y agentes sociales. “Este plan –ha detallado- tiene una dotación de 136.000 millones de euros con 240 medidas con especial dedicación a los sectores o grupos en situación de riesgo de exclusión social”. También el pasado 5 de abril se aprobó el Plan Penia para la lucha contra la pobreza infantil, se está elaborando un plan de apoyo a la familia y el Gobierno también ha aprobado una estrategia para la inclusión de la población gitana, que va a beneficiar a más de 750.000 personas.

Por otra parte, ha recordado que España ha conseguido que el 20 % del Fondo Social Europeo se destine al fomento de la inclusión social en nuestro país. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 ha creado una nueva y específica partida de 40 millones de euros para financiar el nuevo Fondo europeo de ayuda a los más desfavorecidos, que contribuirá a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Este Gobierno demuestra compromiso y sensibilidad social, adoptando las medidas necesarias”, ha apuntado.

En cuanto a la Ley del Sector Eléctrico, que es un tema sensible para las personas más desfavorecidas, Romero ha recordado el desmadre de reales decretos del PSOE “y el resultado fue que nos hipotecaron durante veinticinco años”.

Aurelio Romero ha querido destacar que este proyecto de ley incluye el suministro eléctrico a menor coste, se refuerzan los mecanismos de protección del consumidor actualizando la normativa de contratación de suministro y, sobre todo, se mantiene y se mejora la protección a los consumidores vulnerables, se mantiene el bono social, bono social que en estos momentos está afectando a más de 2,5 millones de consumidores con unos descuentos superiores al 20 % y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente garantizando su gratuidad.

El diputado jerezano ha hecho hincapié en que también se están tomando medidas de eficiencia energética que preocupan muchísimo al Gobierno y se está trabajando en proyectos de diversificación y ahorro de energía y rehabilitación energética de edificios.

Por último, Romero ha destacado la preocupación y sensibilidad del Gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social, incluyéndose las iniciativas planteadas por la proposición de ley sobre medidas para prevenir la pobreza energética debatida ayer en el Congreso, motivo por el cual no se consideró justificada su aprobación.