Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.