“La alcaldesa de Jerez no puede estar preocupada cada mañana al levantarse de si será ese día cuando la imputen o no. Sus metas han de ser otras, comenzando por reducir la insostenible tasa de desempleo o de pobreza extrema que existen en la ciudad”. Mamen Sánchez, candidata socialista a la Alcaldía de Jerez, lamentó de este modo que el nombre de Jerez se relacione de nuevo con la corrupción y con la trama Gürtel, tras conocerse el auto del juez Ruz que imputa, entre otros, a  funcionarios municipales. “Ese no es el Jerez real, no es el que representa a sus decenas de miles de habitantes, pero, desgraciadamente, es el que estamos viendo desde hace meses en todos los medios nacionales. Hoy hemos de asistir nuevamente a una dañiña publicidad para nuestra ciudad”. 

Para Mamen Sánchez, lo único positivo del auto del juez Ruz de ayer es que “el final de este proceso está más cerca”. “Que acabe cuanto antes, con la decisión judicial más justa, pero que acabe ya. Lo que urge desde hace meses es dar una salida a los 35000 parados, a las 10000 personas que comen cada día del Banco de Alimentos, etcétera”.

La candidata socialista afirmó que no iba a entrar en consideraciones jurídicas sobre si la alcaldesa debe ser imputada. “Será el juez Ruz o quien le sustituya el que deba decidir si imputa o no a María José García-Pelayo. Quien sea culpable, que lo pague, que caiga sobre él el peso de la ley. Si se demuestra lo que los informes están diciendo, que se obró de forma totalmente irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables, desde el primero al último. Con el dinero público, ni con un céntimo de él, se puede jugar nunca, menos ahora, con la terrible situación que estamos pasando. Cuando asistimos a tantas dificultades de los jerezanos y jerezanas y leemos que se ha cometido un posible delito de prevaricación, es normal que todos nos indignemos”.

“Nosotros”, prosiguió diciendo, “estamos para dar soluciones a los ciudadanos, a mí me importa lo que estoy haciendo en estos momentos: charlar con los ciudadanos, debatir con ellos, con los agentes sociales, con los representantes de numerosos colectivos… con el fin de elaborar el mejor programa de gobierno que pueda existir, para, desde el primer día, atacar las crueles cifras de desempleo que padecen los jerezanos y las jerezanas, atraer a empresas del exterior, generar riqueza, potenciar el pequeño y el mediano comercio, etcétera”.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.