En un informe sobre alcoholemia en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de los años 2012 y 2013, la Policía Local ha detectado el descenso de un 40% en la comisión del delito de conducción bajo los efectos del alcohol. De esta manera, los 26 delitos cometidos en el citado periodo en 2012 se han reducido a 16 en el mismo periodo de 2013. El segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ha explicado que “la labor preventiva de la Policía Local, una mayor concienciación ciudadana debido a distintas campañas de sensibilización y el incremento de los controles en distintos puntos de la ciudad han sido claves para este descenso tan importante en el número de delitos por alcoholemia”.

Durá ha subrayado que “en el botellódromo, la Policía Local está realizando controles de alcoholemia voluntarios a los jóvenes que quieran pasar la prueba, lo que no deja de ser una medida preventiva que invita a los que superen la tasa permitida a no coger el vehículo. Es también una manera de concienciar sobre la incompatibilidad del alcohol y la conducción”.

De los 26 delitos de 2012, seis fueron detectados por observarse una conducción deficiente; nueve tras estar implicados en accidentes de tráfico y 11 por superar las tasas de alcoholemia en los distintos controles establecidos. De los 16 delitos registrados por la Policía Local en 2013, nueve fueron detectados por observarse una conducción deficiente; seis tras estar implicados en accidentes de tráfico y uno por superar las tasas de alcoholemia en los distintos controles establecidos.

El informe estadístico recoge además un notable incremento de los resultados negativos en las pruebas de detección alcohólica, de tal manera que, en 2012, de 614 conductores controlados hubo 591 que ofrecieron resultado negativo por 23 que dieron positivo, mientras que en 2013 aumentaron a 800 los conductores sometidos a control, siendo 772 los que dieron negativo por idéntico número de 23 que ofrecieron positivo.

Actualmente, la sanción administrativa por conducir con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l (0,15 para conductores profesionales, de servicio de urgencias, mercancías peligrosas o transportes especiales y noveles) es de 500 euros y pérdida de 6 puntos. Por su parte, conducir con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 mg/l, es constitutivo de delito y puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Policía Local, en un informe estadístico comparativo realizado para el mismo periodo (enero-agosto) en los años 2011, 2012 y 2013 referido a seguridad vial, refleja un aumento de los detenidos en 2013 por estos delitos con respecto a los dos años anteriores. Así, en lo referido a la alcoholemia, si en los años 2011 y 2012 la cifra era de 97 y 98 detenidos, respectivamente, en el presente 2013 la cifra ha ascendido a 126. El segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ha destacado “la labor intensiva de la Policía Local a la hora de prevenir conductas incívicas al volante como conducir bajo los efectos del alcohol, que suponen poner en riesgo a todos los que participan en la seguridad vial. Se están realizando distintos controles en toda la ciudad y seguiremos trabajando en la misma línea”.

Cabe destacar que en estos 126 detenidos se han incluido a 9 conductores a los que además de la alcoholemia se les ha imputado un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal por conducir sin permiso, habiendo perdido los puntos del carnet de conducir o por resolución judicial. El número de ‘negativas’ a someterse a los controles de alcoholemia ordenados por los agentes ha descendido de forma progresiva. De los tres imputados por negativa de 2011, se ha pasado a los 2 de 2012 y a 1 en el presente ejercicio. La incidencia de las detenciones por día de la semana va cambiando por año, aumentando este año 2013 de forma significativa los miércoles. El viernes vuelve a los valores del año 2011, después del aumento del año pasado. Algo similar ocurre con los sábados, solo que este día como uno de los de mayor número de detenidos descendió el año pasado. El domingo continúa aumentando, siendo este año 2013 el día con mayor número de detenidos.

Con respecto a la edad de los detenidos, se aprecia un significativo aumento en el tramo de edad de mayores de 45 años. Suben también en las estadísticas de este año los del tramo de edad comprendido entre 36 y 45 años, mientras que disminuyen en los otros dos tramos. En ninguno de los tres años se han dado detenidos menores de 18 años por este motivo. En cuanto al motivo de realización de la prueba de alcoholemia, se aprecia que si bien en el año 2012 aumentaron los detectados en un control preventivo en detrimento de las realizadas tras un accidente, este año experimentan un ligero incremento los sometidos a pruebas tras haberse vistos afectados en un accidente. 

MÁS DELITOS POR CONDUCIR SIN CARNÉ

Los detenidos por carecer de permiso de conducir o por hacerlo sin tenerlo en vigor tras haber perdido los puntos han registrado un aumento considerable respecto al año pasado,  superando incluso los del año 2011. En efecto, frente a los 82 detenidos en el periodo de enero a agosto de 2011, en 2012 para el mismo periodo estudiado fueron sólo 52 los detenidos por este ítem. Este año, el número ha sido de 112 detenidos. De todos ellos, 39 han sido arrestados por conducir con pérdida de vigencia del permiso (por puntos o resolución judicial) y a uno se le ha imputado además un delito de conducción temeraria.  Asimismo, se han imputado 44 delitos a ‘cooperadores necesarios’ para la comisión de este tipo penal, al ser dueños del vehículo que conducían las personas que cometieron la infracción penal.

Al analizar la causa de la detención según el tipo de vehículos, aparecen los ciclomotores como en los que más se da la casuística de no haber obtenido nunca el permiso, mientras que en los turismos son casi a la par los conductores que carecen y los que han perdido la vigencia del permiso. Además de esto, se ha detenido  a tres personas más en 2013 que en años anteriores por conducir de modo temerario con peligro para la integridad física de las personas (tipificado en el artículo 380 del Código Penal) y a uno de ellos se le ha imputado también un delito de atentado contra agente de la autoridad.

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Jerez ha detenido a un  joven de nacionalidad rumana llamado C.V. que cuenta 20 años de edad, al que le consta orden de búsqueda y detención ordenada por una Autoridad Judicial de la ciudad de Rubí (Barcelona). Este mismo joven ya venía siendo buscado por la Policía Autónoma de Cataluña por su presunta participación directa en otros cuatro hechos delictivos ocurridos en otras tantas ciudades de la precitada región autónoma.

El acusado fue interceptado en uno de los operativos preventivos y de seguridad que lleva a cabo la Brigada de Seguridad Ciudadana en las zonas de las estaciones de ferrocarril y autobuses y lugares adyacentes ante el aumento de tránsito de personas motivada por la época estival donde se acentúan los desplazamientos de ciudadanos.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Jerez han identificado a distintos grupos de personas, la mayoría de ellos de Europa del Este, los cuales ocupaban ilegalmente inmuebles en distintas zonas de la ciudad, así como a otros grupos instalados en improvisados asentamientos de chabolas, que habían acudido  a la ciudad con motivo de la Feria.

Estas actuaciones se han llevado a cabo como medida preventiva de seguridad, al constatar desde la Comisaría que un número significativo de los mismos se encontraban implicados en hechos delictivos, más concretamente hurtos, en distintos lugares de la localidad, pudiendo reconocer a varios autores de hurtos en distintas casetas del interior del recinto ferial.

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Son cada vez más, y lo peor es que muchos dudan de que el sistema esté preparado para afrontar las peculiaridades de estos ‘nuevos delincuentes’. De un tiempo a esta parte, parecen haberse multiplicado las personas que delinquen y a las que se les diagnostica una enfermedad mental, lo que obliga a que se les trate de una manera concreta teniendo en cuenta su especificidad. Fuentes de la Fiscalía han confirmado a este medio que en los últimos años se ha producido un aumento más que considerable de delitos cometidos por enfermos mentales que para colmo reinciden una y otra vez sin que nadie termine de solucionar el problema. Esta circunstancia, no obstante, no resulta casual: detrás de todo ello se esconde una explicación tan simple como el hecho de que la droga haya influido decisivamente en la aparición de este fenómeno.

Mauricio Lorente es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz y profesor del departamento de Medicina Legal de la UCA. Como ha explicado a este medio, mientras que hace no mucho la heroína era la reina del consumo, ahora la cocaína se ha alzado como líder indiscutible con todo lo que ello conlleva. “Mientras que la heroína producía un efecto de somnolencia y en grandes dosis, claro está, podía provocar la muerte, la cocaína lo que produce son conductas agresivas que mezcladas con alcohol son aún más peligrosas y provocan una tremenda impulsividad. Como consecuencia de ello está el cocaetileno, un compuesto que se forma en el cuerpo y  y que es como una bomba. Muchas veces ése es el origen de conductas de violencia de género, robos, peleas y desafíos a la autoridad, que es lo que más se está dando”.

En este sentido, una de las cuestiones que más preocupa al profesional es la tolerancia social que este tipo de consumo está originando, asociado cada vez más a lo lúdico y que desafortunadamente acaba provocando un trastorno mental incluso en personas muy jóvenes. Esto da lugar, a su vez, a otro problema de tipo asistencial y legal. Como argumenta Lorente, la merma en las capacidades mentales puede conllevar hasta la inimputabilidad, que surge cuando alguien no sabe lo que hace o no puede controlar sus impulsos. En estos casos extremos, el sistema cuenta con los centros psiquiátricos penitenciarios donde los delincuentes son ingresados y se les trata según su trastorno. Pero, ¿qué sucede con el resto de casos?

¿Están desamparados?

Aquí es donde surge la controversia. Según el especialista, la ley recoge un régimen judicial diferente para estas personas, empezando por que el juez les puede suspender la condena por un tiempo mientras les exige que se sometan a una terapia. En los delitos más leves, incluso, la pena directamente puede ser sustituida por otras medidas que incluyan por ejemplo un tratamiento farmacológico. La dificultad se presenta cuando estos enfermos no tienen quién les haga un seguimiento y se cerciore de que cumplen con lo pactado; también puede suceder que aún disponiendo de ese apoyo, las personas de su alrededor se vean incapaces de tutelar hasta ese punto a un adulto.

Éste fue el caso, por ejemplo, de un chico marroquí recién salido del centro de menores que no hacía sino delinquir una y otra vez, a través de hurtos y delitos no graves. El joven tenía diagnosticada una enfermedad mental, por lo que la cárcel no era preceptiva, pero tampoco en libertad lograba seguir un tratamiento. Ante este tipo de coyunturas, el doctor Lorente reconoce que quizá aún no se haya dado en el clavo para solventar el problema. Antiguamente existían los llamados manicomios, que a su juicio suponían una forma cruel de aislamiento de los enfermos, que en ningún caso les beneficiaba. Hoy en día, estos centros no existen pero el ‘libre albedrío’ en el que parece dejarse al paciente tampoco resuelve el problema. De momento, la solución continúa en el aire.