Foro Ciudadano de Jerez ha considerado penoso y lamentable que Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, no haya promovido ni adquirido nuevos suelos para la construcción de ni una sola vivienda de protección oficial (VPO) en los últimos tres años, casi en lo que llevamos de legislatura. La situación de esta sociedad municipal, como reflejan sus propios balances anuales, ha sido de “caída libre” como consecuencia de la “desidia y la dejadez de un gobierno del Partido Popular y de María José García-Pelayo que la han llevado hasta la parálisis total y, por ende, a la ruina más absoluta”, ha afirmado el portavoz de Foro Ciudadano, Raúl Ramírez. No en vano, Emuvijesa ha pasado de presentar beneficio en sus cuentas en los años 2010 y 2011 a arrojar graves pérdidas en 2012 (-125.794 euros) y 2013 (-3,096 millones de euros). Del mismo modo, y a raíz de esta “paralización”, ha sido incapaz de tratar de cumplir con su objetivo fundamental como es “facilitar el acceso a un techo a los jerezanos que más lo necesitan”. “Y éstos, desgraciadamente, cada vez son muchos más”, ha enfatizado el representante de esta organización política, que ha mantenido que “desde abril de 2012 el registro público de demandantes de Emuvijesa ha crecido en un 65%. Un porcentaje de incremento muy elevado en apenas dos años para un registro que se creó hace ahora cuatro años”.

Actualmente, ha añadido, hay un total de 3.951 jerezanos y jerezanas inscritos (frente a los 2.400 que había en abril de 2012) que “necesitan urgentemente acceso a una vivienda pero que se encuentran con que su Ayuntamiento, dirigido claramente por un grupo de políticamente incapaces, no tiene margen para atender la altísima demanda existente”. “Pelayo y su partido, el PP, ya han dejado claro que en estos tres años no solo no tienen el más mínimo interés por promover vivienda pública, de ahí que lo que se desprende de su ‘no gestión’ es  que lo único que están esperando y deseando con ahínco es que el Gobierno de Rajoy les marque una vez más la agenda desde Madrid y les diga cuándo pueden terminar de dejar morir y disolver definitivamente Emuvijesa para desentenderse de la lista de casi 4.000 demandantes que hay en la ciudad”, ha recriminado Raúl Ramírez. “La señora Pelayo, alcaldesa del PP, se hartó de prometer viviendas para todos en la campaña de las municipales de 2011, pero hoy, casi tres años después, está claro que su amnesia política le ha llevado a olvidar el 100% de sus compromisos, y ya no le importa tanto contribuir a garantizar este derecho constitucional, por lo que prefiere lavarse las manos también en este asunto prioritario en la ciudad”, ha mantenido.

En este sentido, Ramírez ha recordado, “porque para eso están las hemerotecas”, que Pelayo llegó a asegurar públicamente, y en rueda de prensa, que “en esta legislatura promovería entre 3.500 y 4.000 viviendas protegidas, fundamentalmente de alquiler con opción a compra; pero la realidad es que no ha sido capaz de gestionar que se mueva ni un solo ladrillo en la ciudad”. “La alcaldesa Pelayo y el PP han vivido de las poquitas rentas en materia de vivienda pública del pasado, y han demostrado con creces que también en esta materia tienen poco o nada que ofrecer a la ciudadanía”, ha añadido Ramírez. A su juicio, y como así lo han valorado una y otra vez los especialistas, “Emuvijesa siempre fue una empresa pública modélica en todo el país por su gestión y su competitividad en el mercado de la VPO, por lo que desde Foro Ciudadano tenemos claro que es “prioritario” relanzar esta empresa municipal, ya sea en solitario como hasta ahora o dentro de un organismo autónomo que aglutine las políticas de Urbanismo y Suelo, promoviendo la vivienda protegida en alquiler con opción a compra (reconvirtiendo por ejemplo el ‘stock’ actual de esta sociedad municipal), negociando con los bancos para impulsar alquileres sociales de viviendas vacías, y sobre todo trazando un nuevo plan local de vivienda “realista” y “concertado” con las administraciones supramunicipales.

Representantes de Foro Ciudadano de Jerez volvieron ayer a acudir a la barriada de Torresoto, en el distrito Sur, y no han tenido más remedio que volver a lamentar que la alcaldesa Pelayo y su equipo de gobierno del PP prefieran “mantener infrautilizado el centro de barrio de Torresoto, en la plaza Hermana María Dolores, antes que fomentar y posibilitar la participación entre los vecinos y vecinas de la zona”. Junto a los representantes de las asociaciones de vecinos Creando Futuro y del colectivo de Mujeres por la Igualdad y el Progreso, que fueron expulsados por el PP de estos salones públicos hace año y medio, el portavoz de Foro, Raúl Ramírez, la concejala y diputada Rocío Montero, y los ediles Manuel Rosa y Daniel Gómez han acudido a la barriada para constatar cómo el gobierno local, un año después de hacer idéntico recorrido, “no ha hecho absolutamente nada por solventar las demandas ciudadanas: ni de mantenimiento urbano, ni de algo tan esencial como hacer posible que los vecinos y vecinas tengan un espacio donde reunirse, organizar actividades y fomentar la solidaridad, pues no olvidemos que entre las funciones de estos colectivos estaba colaborar con el Banco de Alimentos, para el que recogían cientos de kilos de comida”.

En cambio, han asegurado desde Foro, “la señora Pelayo prefiere coartar la participación y la iniciativa vecinal, pues dando espacio y juego corre el riesgo de que surjan nuevas voces críticas a su nefasta gestión desde los movimientos vecinales y sociales de la ciudad”. Por ello, han reclamado al equipo del PP que permita que estos colectivos retornen a su sede y a su barrio para seguir cumpliendo y llevando a cabo “la magnífica labor que hacían con sus conciudadanos”. Además de la demanda prioritaria de poder volver a utilizar este espacio con 450 metros cuadrados, que puede dar cabida a multitud de asociaciones y ha sido siempre un referente lúdico, asociativo, solidario y formativo en el barrio, los vecinos de Torresoto han vuelto a denunciar a Foro Ciudadano la “desidia y la desconsideración” con la que el gobierno local trata a las barriadas y a los residentes que habitan en ellas. Los servicios públicos están totalmente mermados, como es el caso de la limpieza viaria para la que solo acude un operario una vez a la semana, mientras que el abandono y degradación del entorno va a más “sin que el Ayuntamiento actúe ni atienda la zona”.

La proliferación de solares vacíos y fincas abandonadas se suma al estado existente de algunas promociones paralizadas en la zona cuyos suelos se han convertido en auténticos vertederos, escombreras y focos alarmantes de insalubridad. Es el caso de la promoción abandonada entre Álvar Fáñez y avenida Blas Infante, cuyo aspecto es “deplorable” y “cualquier día va a costar una desgracia”. Además los vecinos han denunciado viviendas abandonadas y objeto de saqueo y vandalismo en la Cuesta del Palenque, y calles Pedro Nolasco y Fernando Rodrigo. Por si fuera poco, los representantes vecinales de Torresoto siguen reclamando mayor presencia policial en la zona, la retirada de vehículos abandonados en la vía pública, poda de arbolado, limpieza y desbroce de los jardines abandonados junto a la iglesia de La Inmaculada, arreglos de acerados y pavimento, reposición de solería, papeleras y arreglo del alumbrado público en muchas zonas de la barriada.

El PP de Jerez asegura que la readmisión de la causa contra María José García-Pelayo por la presunta adjudicación irregular de un pabellón en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en el año 2004 a la red Gürtel “está pendiente” de la resolución del recurso de reforma presentado por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE. Según han indicado fuentes del Partido Popular, será la resolución de dicho recurso contra el auto del juez Pedreira la que “determine” si se admite a trámite o no la denuncia interpuesta por el PSOE en 2009.

Las mismas fuentes han recordado que la alcaldesa ya compareció hace una semana en un Pleno extraordinario para defender la “legalidad” de los contratos cuestionados y del proceso de contratación tras contar con los informes “favorables” de intervención.

Asimismo desde el PP mantienen que en este nuevo auto “lo único que se está haciendo” es “recabar nueva información” de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para “resolver” sobre la denuncia existente.

“Hay una confusión. No hay reapertura de nada. Lo que hay es un auto del juez Pedreira y el juez Ruz quiere resolver el recurso presentado por el Partido Socialista. Hablan de reabrir cuando no ha habido nada abierto porque la denuncia nunca ha sido admitida a trámite. Me ratifico en todo lo que dije en el pleno”.

“Estos días estoy viviéndolos con mucho trabajo, como siempre. Estoy tranquila. Hay que dar tiempo al tiempo hasta que se resuelva, pero no va a paralizar la actividad del día a día ni la acción del gobierno porque estamos tranquilos en todo lo que respecta a la contratación de Fitur”, ha asegurado García Pelayo.

El diputado nacional del Partido Popular, Aurelio Romero, ha respondido a las manifestaciones realizadas por representantes del Partido Socialista, quienes han criticado el acuerdo que ha cerrado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y su equipo de gobierno, con el Ministerio de Hacienda que dirige el ministro Montoro, por el que se ha conseguido arreglar las cuentas con Hacienda y Seguridad Social.

En este sentido, Romero ha destacado que gracias al acuerdo con Hacienda, los 116 millones de euros de deuda con la Seguridad Social y los 26,8 millones de euros con Hacienda se van a pagar, con el 75 por ciento de los ingresos de la PIE, por lo que en un periodo de unos diez años se va a conseguir reducir la deuda en un 50 por ciento, así como que se pague el corriente. En el convenio también se especifica que con el 25 por ciento restante de los ingresos de la PIE se va a pagar los créditos promovidos a través del ICO para el pago a proveedores.

El dirigente popular también ha hecho hincapié en que, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Jerez, se está pagando a los proveedores y a las entidades financieras, lo que con mucho esfuerzo está devolviendo la credibilidad que había perdido el Ayuntamiento tras los años de desfases y despilfarro del PSOE y Pacheco.

Y ha recordado que gracias al PP, el Ayuntamiento ha liquidado más de 15.230 facturas pendientes que estaban guardadas en los cajones desde hace 20 años y que sumaban casi 400 millones de euros, que es lo que se ha podido pagar a los proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas de Jerez y la comarca, para las que el pago de la deuda que mantenía con ellos la administración local ha caído como agua de mayo, evitando en muchos casos la quiebra.

Por todo ello, el diputado jerezano ha rechazado las críticas de los socialistas,  que sólo ponen pegas a la recuperación que lidera García-Pelayo. “Si lo que quiere el PSOE es que la ciudad no se recupere –ha afirmado-, se puede echar a dormir, porque esta alcaldesa va a sacar a Jerez adelante”.

Aurelio Romero ha reprobado además la actitud de los socialistas, que sólo buscan arañar votos a costa de lo que sea, “y en esa ambición son capaces, como ya han demostrado en varias ocasiones (huelga de la basura, huelga de la limpieza en los colegios, impago de la ayuda a domicilio, etc…), de hacer daño a los intereses de nuestra ciudad”.

El diputado nacional del PP ha comentado que no puede entender que el PSOE no se alegre y ponga zancadillas al proceso de recuperación de la ciudad, así como que protesten porque García-Pelayo busque solución a los graves problemas económicos que ellos mismos dejaron.

Por este motivo, Romero ha pedido a los socialistas que se informen bien antes de criticar, “porque la PIE, tal y como se encontraba retenida antes del acuerdo alcanzado por el Gobierno municipal y el Ministerio de Hacienda, iba acrecentando la deuda, porque los intereses eran superiores a los ingresos retenidos”. Así, con el nuevo acuerdo, el Ayuntamiento consigue una liquidez importante anual de 5,4 millones de euros, ya que se eliminan 3,6 millones de euros que hay que abonar por el recargo de la deuda de Seguridad Social y Hacienda y los 150.000 euros de la devolución del exceso de transferencias de la PIE al aumentar el plazo de devolución de cinco a siete años.

El diputado ha aclarado también que el Gobierno municipal del PP ha conseguido arreglar lo que, precisamente, el PSOE dejó bloqueado por su falta de formalidad y su mala gestión. Concretamente, el PSOE incumplió el acuerdo para el fraccionamiento de los pagos que alcanzó en 2010, incumplimiento que provocó que se retuviera desde enero de 2011 el 100% de las transferencias procedentes de la PIE. Hay que recordar que la deuda con la Seguridad Social se incrementó en 130% con el anterior gobierno socialista.

Asimismo, el responsable popular ha apuntado que el PSOE prefiere que siguiera imperando el desastre económico que ellos dejaron en el Ayuntamiento, sin pagar las nóminas de los funcionarios y arruinando a empresas. “Gracias al gobierno responsable del PP, se ha puesto orden en las cuentas y en el Ayuntamiento, se pagan las nóminas y se han pagado las deudas con proveedores, y todo ello sin subir los impuestos. Poco a poco se va solucionando la situación”, ha concluido.

La alcaldesa de Jerez, María José Garcia-Pelayo, ha remitido una carta a Francisco Javier Camacho, director general de Administración Local y Relaciones Institucionales, en la que le traslada el firme compromiso del Ayuntamiento con la ELAS de Jerez. Previamente a este escrito, la regidora ha mantenido esta mañana una conversación telefónica con el director general para transmitirle y facilitarle toda la información sobre la designación de forma provisional de María de Paz Sánchez Manzano como interventora municipal tras la baja por incapacidad temporal de la funcionaria que ocupaba de forma accidental la plaza.

La alcaldesa le ha explicado también que esta misma persona sigue prestando servicios como secretaria interventora en colaboración con las ELAS, sin que éste haya dejado de ser desatendido, y reforzando el mismo con personal administrativo de la Intervención Municipal.

De esta manera, la regidora, en el escrito remitido, pone en conocimiento del director general que “no existe  incumplimiento de las funciones de fe pública, asesoramiento legal y fiscalización obligatorias que competen a la secretaría-intervención”. Es más, la alcaldesa ha recordado que se han adoptado medidas tendentes al aumento de personal para reforzar el apoyo a esta Secretaría-Intervención con personal del Ayuntamiento.

La alcaldesa añade en su escrito aclaratorio que el Ayuntamiento de Jerez “no solo ha asegurado la cobertura de sus funciones con el nombramiento de la interventora municipal en las ELAS, sino que además se completa la atención diaria a las necesidades de las mismas con la Delegación de Medio Rural y con un departamento concreto de Pedanías cuyo personal está dedicado exclusivamente a esta labor de apoyo”. Según añade en el escrito, toda esta información ya ha sido puesta en conocimiento de la Junta de Andalucía.

Para informar de estos asuntos y aclarar cualquier duda, la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, asistirá a  la reunión que hay previsto celebrar mañana en la Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales donde se abordará la solicitud de las pedanías para la creación de plazas de Secretaria-Intervención en las ELAS de Jerez. En esta reunión, la delegada explicará con detalle cómo se está prestando el servicio de secretaria-intervención en las pedanías, así como el refuerzo de personal llevado a cabo para mejorar su atención.

La Federación Andaluza de Entidades Locales (FAEM)  ha pedido a la alcaldesa de Jerez, “que deje de esconderse detrás de la delegada de Medio Rural, que dé la cara directamente a sus entidades locales Autónomas y se dedique a lo que tiene que hacer: liquidar su deuda histórica, transferir mensualmente lo que les corresponde y, por supuesto, concederles los medios de gestión que les corresponde por ley”, al tiempo que ha incidido en su opinión respecto al “expolio económico y funcionarial al que somete el Ayuntamiento de Jerez a sus entidades locales”, ha dicho su presidente, Antonio Martín Cabanillas.

En este sentido, recuerdan que “en Andalucía en la mayoría de las ELAs de igual número de habitantes e incluso inferior a las entidades jerezanas, se presta este servicio a tiempo completo por parte de funcionarios habilitados de carácter estatal, y cada ELA tiene su propio funcionario”. Y tal y como aseguraban ayer, invitan a la alcaldesa, senadora y Presidenta  del Comité de gobiernos locales del PP a “comprobar los casos de las entidades de La Guijarrosa, con 1409 habitantes; Fuente Carreteros, con 1224; Encinarejo, con 1800; Ochavillo del Rio, 900, Balanegra, 2861; Dehesas Viejas, 822; Domingo Perez, 992; Torrenueva ,2661, Carchuna-Calahonda, 3596; Ventas de Zafarraya, 1134; Fornes, 668; Jatar 621; Valderrubio, 2192; Tharsis, 2014; La Redondela, 1503; Palmar de Troya, 2497; Marismillas, 1603; Isla Redonda, 360, y un largo etcétera. Todas con menos habitantes que las Elas de Jerez, y con Secretario-Interventor en su plantilla”.

Desde FAEM aseguran que “la alcaldesa necesita que le recuerden que prometió un Estatuto consensuado hace meses, antes de terminar 2013; y lo que hay en este momento no es más que una alegación contraria desde las Elas a un estatuto que pretende ahondar en ese expolio económico y competencial de las mismas. Nada, en otras palabras”. Por tanto, le piden que  “no utilice más la demagogia con las ELAs, no se esconda más detrás de la delegada del Medio Rural,  que dé la cara y abone la deuda a las Elas, para  que éstas no queden desatendidas y dote a su servicio de nuevos funcionarios habilitados para que los representantes de las ELAs no tengan que desplazarse a Jerez buscando a un funcionario que debe ejercer su responsabilidad en sede local como el resto de las entidades andaluzas”.

Por ello piden, que “resuelva cuanto antes este problema; una solución que pasa por dotar a las Elas de los recursos que se le adeudan y, con esos recursos, ellas resolverán cubrir estas plazas por sus propios medios. Así,  la secretaria de las ELAs, puede quedarse, si así lo estiman,  en el Ayuntamiento de Jerez el tiempo que convenga, dado que al parecer hace falta”.

Finalmente, le reprochan que “nos acuse de crear alarma por decir la verdad. La realidad es la que hemos descrito: impagos constantes que impiden gestionar, deuda histórica, estatuto que no llega, escasez de funcionarios y una ley de Reforma Local que describe muy claramente los casos en los que las ELAs pueden desaparecer. Decir la verdad no es crear alarma, a no ser que al Ayuntamiento de Jerez no le interese que la ciudadanía conozca realmente cómo está la situación”. 

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha remitido hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la información relativa a las contrataciones realizadas para la promoción de la ciudad en Fitur 2004, con informes del secretario general del Ayuntamiento certificando que se ajustaban a la legislación, así como el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se dispone el archivo de la causa. Por otro lado, la regidora ha solicitado a la presidenta de la Junta de Andalucía que le remita  información de interés para todos los jerezanos como es la documentación relativa a los Expedientes de Regulación de Empleo en empresas de la ciudad que están siendo investigados por la jueza Alaya, así como los expedientes relacionados con el Plan Bahía Competitiva.

En el escrito remitido hoy la alcaldesa expresa que tras las declaraciones realizadas públicamente por la presidenta de la Junta, y a pesar de no haberse recibido ninguna petición formal al respecto, se le envía la documentación relativa a la participación de Jerez en Fitur 2004 “para que usted tenga conocimiento de los mismos y así poder eliminar la dudas que manifiesta tener en los medios de comunicación”.

La regidora explica en la carta remitida hoy que “en los documentos que le envío, adjunto el auto del juez de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con fecha de 30 mayo de 2011, en el se dispone el archivo de la causa por “inadmisibilidad y, subsidiariamente por desestimación”.

En el mismo auto, en su punto décimo, se expresa textualmente que “no aparecen indicios suficientes para imputar delitos a María José García-Pelayo”. Asimismo, este auto aclara que “no basta una mera irregularidad administrativa o la discordia interpretativa de las normas, porque sí así se hiciera se correría el riesgo de criminalizar toda la actividad administrativa”.

La  documentación remitida hoy a Susana Díaz incluye informe del secretario general del Ayuntamiento y, a su vez, secretario del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, sobre la contratación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2004, en el que se concluye que “el procedimiento para la contratación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2004, se adecua a la legislación vigente”. Asimismo se adjunta un segundo informe relativo a la contratación de los servicios de acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid con ocasión del espectáculo ecuestre a celebrar durante FITUR 2004. El citado informe, firmado también por el secretario general del Ayuntamiento, acredita que el procedimiento para la contratación de los servicios mencionados “se adecua a la legislación vigente”.

Toda esta documentación ha sido remitida junto a una carta en la que la alcaldesa solicita por escrito y formalmente a la presidenta de la Junta que remita al Consistorio toda la información sobre los expedientes de regulación de empleo en empresas de la ciudad, “atendiendo a la importante repercusión social de las causas y, por la directa vinculación de fondos públicos con la generación de empleo en la ciudad”.

En la carta enviada hoy, la regidora solicita a la presidenta de la Junta “que remita a este Ayuntamiento los expedientes de tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo que se llevaron a cabo en empresas jerezanas y que están siendo investigados por la juez Alaya con numerosas imputaciones de responsables técnicos y políticos de la Junta de Andalucía, así como los expedientes relacionados con el Plan Bahía Competitiva por el que fondos públicos destinados a la generación de empleo supuestamente fueron desviados a otros fines y por el que también se encuentran imputados responsables técnicos y políticos de la Junta de Andalucía”.

Información al grupo municipal de IU

Asimismo, en el día de hoy, y en respuesta a su escrito de 5 de marzo, se ha remitido al portavoz del grupo municipal de IU, Joaquín del Valle, tanto el auto de 30 de mayo de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que  se declara la inadmisión de la denuncia formulada contra el Ayuntamiento de Jerez por las contrataciones realizadas para Fitur 2004, el informe del secretario del Ayuntamiento que señalaba que “cabe concluir  que el procedimiento para la contratación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2004 se adecua a la legislación vigente”.

El portavoz del Gobierno, Antonio Saldaña, ha adjuntado a esta documentación un escrito en el que se recuerda a Joaquín del Valle que IU formaba parte de la Corporación en 2004 y que  destaca que “como tal, tenía un vocal representante en el Consejo Rector del Organismo Autónomo Instituto de Promoción de la Ciudad. Con fecha 24 de marzo de 2004, se celebró sesión del mismo, a la que su representante estuvo citado y, en consecuencia tuvo a su disposición, desde el momento de la convocatoria, los expedientes que fueron objeto de tratamiento en la sesión”.

También se le ha remitido a Joaquín del Valle una copia de la carta enviada hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía “con el ruego de que a través de su Partido Político, en coalición de gobierno con el Partido Socialista de Andalucía, facilite que por parte de la Junta de Andalucía se ponga a disposición de este Ayuntamiento la información allí requerida”.

La oposición se ha puesto de acuerdo en reclamar a la alcaldesa que “dé la cara” y explique los motivos de su vinculación con la trama Gürtel, después de que se haya hecho público un informe de la UDEF sobre ese caso que alude a la primera edil. Y así lo ha puesto de manifiesto a lo largo de este miércoles. El PSOE, a través de su secretaria de Organización Provincial, Araceli Maese, y de la secretaria General de Jerez, Miriam Alconchel, han vuelto a solicitar que se esclarezca cuanto antes la presunta vinculación existente entre la actual alcaldesa y la trama Gürtel.

Así las socialistas han lamentado la imagen que este caso “vuelve a dar a la quinta ciudad de Andalucía, que no se puede permitir estar también en el fango de la trama Gürtel” al tiempo que le han exigido “transparencia absoluta ante una situación política de opacidad”.

Maese exigió en este sentido que García-Pelayo no se esconda tras compañeros de partido y el PP prosiga  “con su manía de levantar dudas sobre todo el mundo, de criticar a los jueces y fiscales, desprestigiar a la Policía si hace falta cuando son cuestiones que les afectan”, aseveró Maese quien lamentó igualmente que “Moreno Bonilla, marioneta en manos de Arenas, haya perdido la oportunidad de hacer una regeneración en sus filas mientras Antonio Sanz o Antonio Saldaña montan un circo en la provincia”.

Por su parte Alconchel volvió a solicitar “la dimisión inmediata” de García-Pelayo si se demuestra su vinculación “con la mayor trama y escándalo de corrupción de la historia de nuestro país” y denunció “la ineptitud e ineficacia de esta señora para sacar a Jerez del atolladero en el que la ha sumido”, en referencia a casos como el despido de 260 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez con un ERE arbitrario y no ajustado a derecho, la privatización del servicio del agua, su nefasta gestión económica gracias al Plan de Ajuste y el impago del ICO, entre otras cuestiones”.

Por último Alconchel reclamó que “las mismas explicaciones que ahora pedimos no caigan en saco roto porque aún esperamos las mismas sobre la aparición del jerezano Aurelio Romero y Teófila Martínez en los famosos papeles de Bárcenas”.

IU

IU, por su parte, exige al gobierno local una reunión en la que les den las debidas explicaciones, les aclaren los términos en los que se ejecutaron los contratos objeto del informe y les expliquen por qué el nombre de María José García Pelayo aparece vinculado “a la mayor trama de corrupción de la historia de este país”.

A juicio de Izquierda Unida, el informe de la UDEF “es muy claro” y sus aseveraciones son “lo suficientemente graves” como para precisar de una respuesta urgente, “alejada de las que se han dado hasta la fecha y que no han ido más allá de echar balones fuera ante una realidad que daña no sólo la imagen de la alcaldesa sino también la de la ciudad de Jerez”.

FORO CIUDADANO

Por último, Foro Ciudadano, a través de su portavoz Raúl Ramírez, ha considerado de “extrema gravedad” el informe de la Policía Judicial (UDEF) que concluye que la alcaldesa María José García-Pelayo participó activamente en la contratación irregular de empresas vinculadas a la trama Gürtel con motivo de la presencia de Jerez en Fitur 2004.

A la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, toda vez que los contratos a la trama de Francisco Correa ya obran en poder del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el representante de Foro ha manifestado que “la señora Pelayo debe plantearse y considerar desde ya su dimisión porque no puede seguir por más tiempo al frente del Ayuntamiento de Jerez y seguir dañando la imagen de la ciudad. A su probada incapacidad política para sacar a Jerez del fango en el que se encuentra, suma ahora la incapacidad para dar lecciones a nadie de transparencia, honestidad y manos limpias, lo cual como decimos deberá ser refrendado por los tribunales ante los que debe aclarar cómo se urdió todo este procedimiento para satisfacer a empresas de la trama Correa, como Special Events y Down Town Consulting”.

El Ayuntamiento de Jerez quiere aclarar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya archivó el 30 de mayo de 2011 la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo (PP), por el caso Gürtel. En este sentido, apunta que en el archivo el juez dispone no admitir a trámite los escritos de denuncia contra García-Pelayo, ya que se acreditó que el procedimiento se había tramitado conforme a lo establecido en la ley.

De esta manera responde el Ayuntamiento jerezano al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se precisa que García-Pelayo participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos. En un comunicado, el Consistorio señala que la investigación de la UDEF se centra en personas ajenas al Ayuntamiento de Jerez.

Asimismo, aclara que en la propuesta de actuación del informe de la UDEF, del 28 de febrero, en ningún caso se plantean acciones sobre personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez, centrándose “en un interrogatorio a una persona que nada tiene que ver con el Consistorio jerezano”.

Igualmente, el Ayuntamiento deja claro que el expediente de contratación de actividades con motivo de Fitur 2004 se tramitó “según la legislación vigente”. En este sentido, insiste en que “todo lo que se firmó desde la Alcaldía se hizo con la rúbrica del interventor y del secretario del Ayuntamiento, cumpliéndose los trámites legales y con la consignación presupuestaria correspondiente, figurando todos los pagos en la contabilidad de las cuentas municipales”.

El informe de la UDEF que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.

Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 –valorado en 162.806 euros–, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre –por 39.366 euros– y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.

Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y conseguido por Europa Press, rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el Comité Andaluz de Gobiernos Locales. El antiguo instructor del caso ‘Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jerez.

La UDEF explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.

Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 -valorado en 162.806 euros-, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre -por 39.366 euros- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.

Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización.

“De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado”, remarca el informe.

Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban “dar una apariencia de legalidad” al procedimiento.

Los agentes también sitúan en un “papel fundamental” a Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz, quien ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez. ”El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros”, detalla la Policía.

La UDEF destaca que participó en el procedimiento formal de adjudicación por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad de Jerez la actual alcaldesa de Jerez. Su nombre figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su “antefirma y firma” en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.

La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su “antefirma, firma y rúbrica”. El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz Bernardo Villar también rubricó los contratos.