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El TSJA afirma que la RPT del Ayuntamiento se ajusta a Derecho


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en el recurso presentando por el sindicato CGT contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el cual se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de manera definitiva, en septiembre de 2012. El recurso ha sido desestimado por el alto tribunal andaluz en todos los puntos denunciados por el sindicato, salvo en lo que se refiere a la provisión de los puestos de escoltas al entender que el sistema elegido no ha sido suficientemente motivado, considerando, por el contrario, que el resto de los puestos para los que se ha utilizado el procedimiento de libre designación está plenamente justificado al ajustarse a Derecho.

El gobierno local considera que “la sentencia del TSJA supone un espaldarazo a la RPT ya que en la misma queda acreditado que se ha hecho conforme a la Ley, reconociéndose además la voluntad negociadora, con existencia real de negociación y, por tanto, ha quedado también claro que no se vulneró el derecho a la misma”. “Además, confirma que la valoración de los puestos de trabajo se hizo correctamente, al igual que se reconoce la especial situación del Ayuntamiento de Jerez, dando la posibilidad de que de forma provisional el personal laboral pueda ocupar puestos de funcionarios, tal y como se recoge en la modificación que se hizo de la RPT, en enero de 2013, para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento dado el escaso número de funcionarios”, destaca el ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.

Considera igualmente importante que “el TSJA haya dictaminado que el procedimiento de libre designación para los puestos previstos se ajusta a Derecho y, por tanto, está plenamente justificada, estimándose únicamente la demanda en lo que se refiere a los escoltas, y cuestionando solamente la motivación que justifica la opción por este sistema, sin que se haya cuestionado el procedimiento en sí”.

El TSJA, tras dejar clara la utilidad de la RPT como instrumento técnico legalmente previsto para llevar a cabo la ordenación del personal, considera que el resto de los puntos denunciados por el sindicato deben ser desestimados. De esta manera, entiende y justifica, atendiendo a las numerosas ocasiones en las que fue convocada la Mesa General de Negociación, la existencia “real” de negociación y declara que no se ha vulnerado el derecho a la negociación por cuanto se ha garantizado el sometimiento del documento a la negociación con sus representantes, con independencia del resultado.

En la misma sentencia, el alto tribunal andaluz alude a la falta de quórum para la celebración de las reuniones por ausencia de representantes sindicales, y añade “entre ellos el sindicato recurrente”. También considera que todos los puestos están suficientemente valorados de manera individualizada, por lo que desestima también el punto en el que el sindicato alega la falta de valoración de los mismos.

Igualmente, en el dictamen de los jueces se considera que el procedimiento de libre designación para determinados puestos, en atención a su especial responsabilidad y confianza, se ajusta a Derecho y está, por tanto, justificado, ya que, según reconoce en la sentencia, se utiliza de forma excepcional, siendo la generalidad el concurso de méritos.

Conforme a este argumento, la sentencia admite el uso de este procedimiento para los puestos de carácter directivo (coordinadores generales y titular de la asesoría jurídica); el jefe de la Policía Local, por su especial responsabilidad; las direcciones de servicio, por entender que son puestos de responsabilidad en cuanto que dirigen los servicios y procuran el cumplimiento de las directrices políticas del Ayuntamiento; los puestos de secretario y secretaria de órganos directivos, que han sido motivados por la confianza en el puesto en el que sirve, “encontrándose dicha previsión expresamente recogida dentro de los límites excepcionales fijados por la jurisprudencia”.

En todos estos casos, la sentencia declara que de las fichas que recogen las funciones de los puestos y de la propia memoria de la RPT se desprende que está plenamente justificada su utilización.

Por último, el Tribunal estima que es correcta la utilización indistinta de puestos para funcionarios y laborales (F/L) en la medida que los puestos sólo pueden ser desempeñados provisionalmente por laborales y en los términos que se describieron en la modificación puntual de la RPT, aprobada el 21 de enero de 2013, declarando la sentencia que esta modificación tiene plena cobertura legal. Por tanto, el alto tribunal andaluz considera en este punto que no ha existido “vulneración alguna cuando se permite sólo con carácter provisional el desempeño por el personal laboral que lo venía desarrollando”.

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Antonio Millán se acerca a la presidencia de la AEDD


Antonio Millán, expresidente del Xerez, se acerca a la presidencia de la AEDD. La Junta Electoral de la Asociación Española de Derecho Deportivo acordó el pasado 28 de mayo proclamar provisionalmente al exmandatario azulino como único candidato a la presidencia y de esta manera se inicia el plazo de impugnación de la misma. Leer noticia completa

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El TSJA tumba el ERE municipal y dictamina que los despidos no se ajustaron a Derecho


Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.

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La cuestión palestina, a debate en el Campus de Jerez


La Universidad de Cádiz, desde la cátedra Jean Monnet y el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, ha celebrado este lunes el seminario-debate La Cuestión Palestina en la actualidad en el Campus de Jerez.

Ante un nutrido auditorio, el embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, y el profesor Michel Remi Njiki, han dado su particular visión de los últimos acontecimientos vividos en la zona.

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Jerez alberga las II Jornadas sobre Derecho del Fútbol


Los próximos días 22 (jueves) y 23 (viernes), bajo la dirección del profesor Antonio Millán Garrido, tendrán lugar en Jerez las II Jornadas sobre Derecho del Fútbol, que tratarán diversas cuestiones actuales del fútbol profesional, como son su sistema disciplinario, las licencias, el arbitraje, el régimen fiscal y la incidencia de la Ley del Juego en las apuestas deportivas. Leer noticia completa

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Último plazo para solicitar el nuevo máster de Abogacía


Los licenciados en Derecho tienen a partir de hoy y hasta el próximo martes, 2 de octubre, para solicitar su admisión en el nuevo Máster Universitario en Abogacía que imparten conjuntamente la Universidad de Cádiz (UCA) y el Colegio de Abogados de Jerez. Se trata de un programa formativo que arranca este año adaptado a la última Ley de Acceso a la Abogacía y que es obligatorio para los licenciados o graduados que quieran ejercer la profesión.

El máster tiene 90 créditos, de los que 24 corresponden a prácticas y seis al trabajo final. Entre las asignaturas que cursarán los alumnos destacan Ejercicio de la Abogacía y Deontología Profesional, Práctica Notarial y Registral, Derecho Laboral y de la Seguridad Social y Derecho Procesal Penal, entre otras.

El coordinador del título, que tiene 85 plazas, es el doctor Enrique Víctor de Mora. Las clases se impartirán en el Campus de La Asunción.

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La Universidad colaborará con el Centro Nacional de Inteligencia


El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha firmado un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia para desarrollar líneas de investigación y formación especializada en la gestión de fronteras y la toma de decisiones en el campo de la seguridad.

Con la firma de este acuerdo, la UCA se incorpora a una red de excelencia conformada por siete de las principales universidades públicas españolas, entre ellas, Barcelona, Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid, Granada o Valencia. La invitación a integrarse en esta red ha sido posible por las consolidadas líneas de investigación en criminología y seguridad que la UCA lleva desarrollando desde hace casi dos décadas en su Campus de Jerez. Uno de los puntos fuertes de esta red es el intercambio de experiencias, investigadores y docentes y su especialización temática, por lo que las líneas de investigación y formación que se vayan a desarrollar en la UCA serán únicas a nivel nacional.

Estos acuerdos se enmarcan en el desarrollo de lo que en el CNI se conoce como Cultura de Inteligencia, esto es, acercar el trabajo del Centro a Universidades, empresas y diferentes ámbitos de la sociedad. Estrechar la cooperación entre la Academia y el servicio de inteligencia permitirá estar en la vanguardia de los desarrollos en seguridad y generará importantes sinergias entre ambas instituciones.

El convenio será coordinador por el profesor del Área de Derecho Penal, Antonio Díaz y está abierto a los diferentes investigadores de la UCA que trabajen en campos afines.

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Más de 500 inmigrantes, sin tarjeta sanitaria en Jerez


El colectivo de atención a los inmigrantes, Ceain, ha mostrado su rechazo a la medida tomada por el Gobierno de la nación de retirar las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situación irregular. En Jerez, según la organización, hay unas 500 personas que desde el pasado sábado 1 de septiembre ya no disponen de este derecho.

Ceain, que se ha unido a los cientos de colectivos que piden la marcha atrás de la decisión, alerta de las consecuencias que puede acarrear la retirada de la tarjeta a estas personas. “Para empezar, disminuirá el control que se va a tener sobre las enfermedades  infectocontagiosas al dejarse de detectar en consultas ambulatorias y previsiblemente aumentará las demandas de los servicios de urgencias, por parte de enfermos crónicos a los que no les quedará otra vía para ser atendidos”, aseguran a través de un comunicado. Según Ceain, “no se ha calculado el coste social” por lo que la cifra de 1.500 millones de euros que pretende ahorrar el gobierno popular “es irreal”.

Aunque la comunidad autónoma andaluza es una de las que ha asegurado que seguirá prestando Atención Primaria a los afectados, desde Ceain recuerdan que “aún no han determinado cómo lo harán”. Según estipula la nueva normativa nacional, solo se atenderá a los inmigrantes irregulares en los centros sanitarios en tres casos: urgencias, durante el embarazo, parto y posparto. También entran en las excepciones los menores de edad.

Para el colectivo, la medida no solo supone la exclusión de un determinado sector de la sociedad de un derecho sino que va más allá ya que “es un cambio de modelo, que pasa ahora a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas”, aseguraron.

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