Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, expertos en temas laborales como Valeriano Gómez, Concha Gutiérrez, Isabel López i Chamosa y Manuel de la Rocha estudiarán la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE del Ayuntamiento de Jerez y vendrán a la ciudad a reunirse con los afectados antes de que interpongan las demandas individuales. Así se lo han transmitido a la diputada jerezana Mamen Sánchez en el transcurso de una reunión en el Congreso. 

Los diputados socialistas están a la espera de que se conozca  la sentencia del Tribunal Supremo, la primera que va a tener lugar en España sobre un ERE que aplica una administración pública y que puede estar acompañada de varios votos particulares, “algo excepcional e indicativo de las discrepancia que se han podido producir en el debate jurídico”, comenta la diputada jerezana. Será a partir de ver la sentencia y de conocer la concurrencia de los hechos y las causas, cuando los socialistas estudiarán cuáles son los contenidos más destacados que se pueden argüir en las demandas individuales.

Mamen Sánchez ha agradecido a sus compañeros la total disposición para desplazarse a Jerez con el fin de mantener una reunión con los trabajadores afectados y poder exponerles sus conocimientos en este tipo de procedimientos, por si a cada uno de ellos les puede ser útil en sus demandas individuales.

Sánchez mostró su incredulidad y su rechazo por que el Ayuntamiento haya gastado en junio casi 900 000 euros en gratificaciones, horas extras, productividad… “¿No decía la alcaldesa que no había dinero? Sí lo hay, la cuestión es dónde lo gasta. Ya sabemos cuáles son las prioridades de Pelayo. No son las barriadas, los colegios, los parques, las calles, poner en marcha planes de empleo para los casi 34 000 jerezanos que no tienen trabajo, arbitrar medidas para ayudar a las decenas de miles de personas que están en la pobreza… no, el dinero, que lo tiene, lo gasta en otras cosas”.

Los diputados han aprovechado la reunión para volver a criticar la reforma laboral del PP a la que califican como “uno de los mayores ataques al derecho del trabajo que ha permitido los contratos de extinción en la administración pública y la que ha judicializado las relaciones laborales”. A juicio de Valeriano Gómez “lo más efectivos en el mundo laboral son los acuerdos que nacen de la libertad negociadora de las partes y eso está desapareciendo”.

Los socialistas también han denunciado que a la reforma laboral, que devalúa los derechos de los trabajadores, el Gobierno está añadiendo “un ataque directo a todas las medidas que exteriorizan los conflictos laborales, tanto las manifestaciones, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, como las huelgas, mediante la aplicación coordinada del artículo 315.3 del Código Penal.  Por ello, el PSOE  empieza por instar al Gobierno a garantizar que el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores “no sea vaciado de contenido por mor de la actuación concertada del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, a través de las fuerzas de Seguridad y el Ministerio Fiscal, privando a los trabajadores de un instrumento legítimo y necesario en defensa de sus intereses”.