Carlos Bellido pasará a la historia jerezana como el ‘estafador del seguro’ que se apropió de alrededor de 2 millones de euros de casi un centenar de incautos. Tras una contundente sentencia que le condenaba a 8 años de prisión, su abogado, Ángel Durán, ha confirmado a este medio su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo un fallo que considera “desproporcionado”. Según el letrado, no se llegaron a dar los agravantes específicos que la titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial argumentaba en la sentencia, por lo que la pena debería haber sido bastante menos abultada. “Realmente no se ha producido tanto perjuicio económico -asegura-. Los agravantes se dan si se deja a alguien en la ruina, cosa que no ha ocurrido, ya que el sistema que tenían era el siguiente: los clientes decían por ejemplo que invertían 3.000 euros y 

se cobraban de antemano los intereses, por lo que en realidad daban 2.500. Además, con el dinero de unos se iba pagando lo que se debía a otros, por lo que el daño no fue tal”. Leer noticia completa

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez ha acogido en la jornada de hoy la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Jerez. Como se recordará, Francisco García Cantero fue designado el pasado 7 de junio por el Consejo Fiscal, tras dos días de deliberaciones por la plaza con la fiscal antidroga Marián González Roldán. Leer noticia completa

Han pasado casi cinco años y medio del grave suceso por el que le cambió la vida para siempre a una joven de solo 24 años de la barriada rural de Los Albarizones. Un lustro durante el que Rocío Vázquez ha sido sometida a diez intervenciones quirúrgicas y diversos tratamientos, por unas dolorosas secuelas que le recuerdan a diario la fatídica noche de Fin de Año de 2007, cuando la explosión de un petardo le perforó el ojo izquierdo y parte del oído. Desde entonces no solo ha empeorado su salud física y emocional sino también su situación laboral y económica, pues no ha podido volver a trabajar y actualmente carece de cualquier tipo de prestación o ingreso, a pesar de su discapacidad y de que tiene a un hijo a su cargo. Todo ello contrasta con el día a día de los dos únicos imputados por los hechos, Manuel C. G. y Francisco Javier C. P., que continúan disfrutando de una posición desahogada al frente de sus tres negocios y se pasean por la barriada “como si nada hubiera ocurrido”.

Ésta es al menos la sensación de Rocío y de su madre, Paqui Márquez, que han hablado con Reporteros Jerez para expresar su desesperación porque después del tiempo transcurrido ni siquiera haya fecha de juicio. “No es normal lo que están haciendo con nosotros -se lamenta Paqui-. Nada más que hago llamar al juzgado y ahora me dicen que tal vez sea para finales de año, después de todo lo que llevamos pasado. Como esto siga así voy a acampar a las puertas de los juzgados, y no me moveré de aquí hasta que no nos busquen una solución”. Como relata, su abogada achaca la tardanza al colapso registrado en los órganos de lo Penal jerezanos, pero ella no puede entender que casos más recientes acaben siendo juzgados antes que el de su hija. Para colmo, es consciente de que estas dilaciones en el procedimiento podrían beneficiar a los procesados, lo que acabaría con la poca confianza que le va quedando en la Justicia. “Yo ya no quiero ni salir a la calle porque no hacen más que preguntarme, y todo el mundo me dice que qué vergüenza. La desgracia de mi hija es que no tiene dinero para pagar a un abogado; lo siento pero es así”.

Rocío, por su parte, no oculta el calvario por el que está pasando pues el haber perdido un ojo y no tener trabajo ni medios económicos ha hecho mella en su ánimo. “La verdad es que estoy regular, no veo la hora en que esto acabe. Además, aún me tienen que hacer tres operaciones más porque a veces la prótesis se rompe y me duele… Me ha cambiado la vida por completo y ya no recibo ni la ayuda de 400 euros. Ellos hicieron lo que hicieron por divertirse y a mí me destrozaron la vida. Cuando me los cruzo ni me saludan, sino que miran para otro lado”. Como recuerda la joven, en el suceso participaron más de una decena de personas, por lo que tampoco entiende que hayan imputado únicamente a dos. “Es verdad que ellos llevaban los petardos, porque eran quienes los vendían, y son los mayores culpables. Pero allí participó mucha más gente y lo que es tirarlos no se sabe quién los tiró. Lo único que quiero es que entren en la cárcel y paguen por lo que han hecho. Ellos hacen su vida normal, entran y salen, tienen coches de alta gama… Y de nosotros no se acuerda nadie”.

Paqui, por su parte, insiste en la factura que el suceso le ha pasado a su hija, no solo a nivel físico sino también psicológico. “Nadie sabe lo que estamos pasando y la que llevamos de viajes a Madrid y a Sevilla, y no solo de médicos sino también de psicólogos. Yo he tenido que pedir dinero”. Por ello, para que su hija tenga “un incentivo y una razón para levantarse todos los días”, esta madre confía en que al menos Rocío pueda conseguir un trabajo de la mano de La ONCE que le haga sentirse útil y le proporcione los ingresos que tanto necesita. Algo que les haría feliz aunque no tanto como el hecho de poder pasar página a nivel judicial y ver cómo los presuntos autores de la tropelía, por la que se enfrentan a 2 y 3 años de prisión, dan con sus huesos en la cárcel y “se hace Justicia”.

Las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, en las que confirmaba que el proyecto de Ciudad de la Justicia de Jerez está paralizado han sentado como un jarro de agua fría a la plantilla de los juzgados. Como se recordará, hace unos días el socialista visitó la localidad y no solo anunció esta ‘buena nueva’ sino que también intentó minimizar los daños asegurando que los jerezanos cuentan con unas instalaciones “dignas y de calidad”. Ahora, desde el Sindicato Profesional de Justicia han querido desmentir estas consideraciones aludiendo al informe elaborado por la Inspección de Trabajo, en el que se advertía del “riesgo grave” que supone el estado de las infraestructuras para el personal.

El documento en cuestión fue elaborado a raíz de las continuas denuncias en las que se ponía de manifiesto la situación “deplorable” del edificio judicial de Tomás García-Figueras, pasto de inundaciones, averías continuas y falto de espacio para albergar la correcta gestión de los procedimientos. Tras la investigación preceptiva de los inspectores, Trabajo realizó un informe demoledor en el que aludía a una serie de deficiencias con las que se incumplía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, urgiendo a una remodelación integral del edificio y a la elaboración de un Plan de Emergencias.

Unos meses después, el informe se completaba con una evaluación de la plantilla en la que se alertaba del elevado nivel de estrés de la misma, debido a las condiciones extremas en las que desarrollaban su labor los funcionarios. Han transcurrido casi cuatro años desde que trascendiera ese informe, y aunque se han acometido algunas obras desde el SPJ insisten en que las instalaciones continúan obsoletas y son insuficientes para la carga de trabajo que soportan.

“Dijeron que se tenían que hacer reformas estructurales, pero la conclusión final es que salía más barato hacer un edificio nuevo. Ahora resulta que paralizan la Ciudad de la Justicia, cuando las instalaciones de Tomás García-Figueras está muy mal, a lo que se añade que sigue habiendo una considerable sobrecarga de trabajo. No creemos que el delegado se haya molestado en visitar este edificio, porque de lo contrario no habría realizado esas declaraciones”. Así las cosas, lamentan que en el presupuesto de la Consejería de 2013 se incluyan arreglos para sedes judiciales de La Línea, Algeciras y San Fernando, pero ni un solo euro destinado a la planta de Jerez. “Entendemos que no hay dinero -reconocen-. Pero se trata de una necesidad, y cuanto más se demore, peor será”.

Fue víctima de un presunto intento de homicidio en 2009, pero sus reiteradas incomparecencias en los juzgados están ralentizando el procedimiento hasta el punto de que la supuesta autora ha sido puesta en libertad a la espera del juicio. La pasada semana fue la segunda vez que no acudió a declarar ante el juez de la Audiencia Provincial, que le había citado para que identificase el arma con la que presuntamente fue atacada con el fin de que el fiscal pueda calificar los hechos y comience la vista oral. Ahora, esta mujer se encuentra en paradero desconocido y la Policía tiene orden de localizarla y llevarla ante la autoridad judicial.

Así lo han confirmado a este medio fuentes del caso, explicando que esta circunstancia está provocando dilaciones indebidas en la causa, que podrían volverse en contra de la propia demandante. Los hechos pendientes de calificar se remontan al 11 de diciembre de 2009, cuando como consta en el auto de procesamiento la víctima inició una discusión con Elizabeth R. Z. porque consideraba que la droga que le había vendido ésta no era de buena calidad. Durante el altercado y siempre según el auto, la procesada sacó un cuchillo con el que agredió a su interlocutora, causándole varias heridas por arma blanca en las regiones abdominal y torácica.

Todo ello necesitó de 60 días para su curación, y originó en la víctima secuelas de carácter digestivo además de diversas cicatrices. Se da la circunstancia de que Elizabeth R. Z. acudió a la Comisaría de Policía ese mismo día para interponer una denuncia contra la mujer lesionada, argumentando que le había robado. Por el momento, está procesada por un presunto delito de homicidio en tentativa y otro de simulación de delito, al considerar el juez que denunció a la víctima “para eludir su responsabilidad”. Cuando aquélla sea localizada y comparezca se dará por finalizada la instrucción, a la espera del señalamiento del juicio.

El expresidente del Xerez,  José María Gil Silgado, ha sido puesto en libertad con cargos hoy  tras ser detenido ayer en la localidad sevillana de Espartinas. Silgado  ha prestado declaración ante el Juzgado numero 4 de Sanlúcar la Mayor por una orden del Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga. Leer noticia completa

FOTOS: MANUEL BRENES

Jueces, fiscales, secretarios, abogados, personal de administración… Todos ellos harán frente común el miércoles en los juzgados jerezanos de Tomás García-Figueras para protestar por lo que consideran “tropelías” contra el sistema como la nueva Ley de Tasas. Es la primera vez que la comisión interasociativa que reúne a los primeros se alía con la Plataforma de Justicia de Andalucía que representa al funcionariado, con el fin de reivindicar unos derechos que comparten todos. Como argumentan desde la citada plataforma, los profesionales “no pueden permanecer impasibles” ante una serie de medidas que ponen en peligro no solo sus puestos de trabajo sino también todo el sistema de garantías jurídicas.

En concreto, los perjudicados aluden a la “devastadora” Ley de Tasas, por la que se obliga al ciudadano a pagar unas tarifas “abusivas” para interponer recursos hasta ahora gratuitos, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a su juicio les impone unas condiciones laborales “pésimas”. Junto a ello, aluden a la bajada de las retribuciones, la carencia de medios y de financiación, la falta de oposiciones, el despilfarro y la escasa modernización del sistema. Todo un rosario de argumentos que han llevado a los diversos colectivos a unir sus fuerzas en defensa del servicio público de Justicia, con un calendario de movilizaciones que arranca ya con una recogida de firmas en todos los partidos judiciales de la provincia.

Junto a ello, el miércoles 12 está prevista una multitudinaria concentración a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García-Figueras, que será llevada a cabo de manera simultánea en otras zonas cercanas como Cádiz y Algeciras. Otra de las protestas se producirá el próximo dia 20 en forma de apagón informático, que se realizará a las 12.00 horas en la red de los órganos judiciales de toda España. El calendario de movilizaciones tendrá su cita más importante el día 19, cuando una manifestación estatal culminará en el Ministerio de Justicia, con la entrega de todas las firmas recabadas.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

La coordinadora local del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, sale al paso de las últimas manifestaciones realizadas por el concejal de Foro Ciudadano Pedro Pacheco, en las que, “haciendo uso de su habitual tono despótico”, según señala la propia Menacho en un comunicado, “ataca de nuevo al gobierno municipal sin argumentos y con un buen número de descalificaciones”.

Afirma que Pacheco “puede decir misa después cómo dejó de arruinada la ciudad. Sus insultos no hacen daño, porque solo responden a sus habituales pataletas y a la añoranza de la poltrona que se fabricó con sus aires megalómanos. Es una caricatura de lo que fue y la representación del pasado que los jerezanos quisieron olvidar”.

La coordinadora popular insiste en destacar que el concejal del Foro “no se ha entera de que se le acabó el ordeno y mando en Jerez. Aquí los que mandan son los jerezanos, quiénes deciden quién entra y sale del gobierno de la ciudad, los mismos ciudadanos que lo echaron de la Alcaldía y lo enviaron a la bancada de la oposición con una representación minoritaria”.

“Ahora Jerez tiene un gobierno que se dedica a gobernar de manera seria y responsable, por y para los jerezanos, dejando incluso de lado las siglas políticas, para sacar adelante a este Ayuntamiento y a la ciudad”, explica Menacho.

Por ello, le pide al concejal del Foro que “arrime el hombro y deje de sabotear, de las muchas maneras que lo hace, el proceso de recuperación económica emprendido ya por la alcaldesa María José García-Pelayo y su  equipo”. “Por mucho que lo intente, no va a hundir a la ciudad, porque estamos saliendo adelante y poniendo las bases para que Jerez tenga futuro, para que ningún personaje como Pacheco vuelva a hacer de las suyas con este Ayuntamiento ni con esta ciudad”, apostilla.

Por último, le recuerda al concejal del Foro que “el que se va a ir, y pronto, es él a los juzgados, por lo que debería estar más que preocupado, ya que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias”.