Javier Tebas tuvo que declarar ayer en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid después de la querella que el Xerez le interpuso hace unos meses por presunta deslealtad profesional, estafa y apropiación indebida mientras fue abogado del concurso. Leer noticia completa

Primera de las tres jornadas previstas en el juicio por el denominado ‘caso del desvío de fondos’, que sienta a la ex alcaldesa Pilar Sánchez, y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, en el banquillo acusada de un presunto delito de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública por el supuesto desvío de 8,6 millones de euros del Plan E que habría destinado al pago de la nómina de la plantilla municipal o a las concesionarias en lugar de a aquellos fines para los que fueron concedidos. La expectación existente era lógica, ya que Sánchez afronta una petición de pena de prisión. 

La exalcaldesa socialista, que se ha acogido al derecho de no responder a las preguntas de la Abogacía del Estado y se ha limitado a contestar, durante aproximadamente dos horas, a las cuestiones formuladas por su abogado y la Fiscalía,  ha asegurado que en su momento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.

También ha explicado que se constituyó un “comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento”. Ha insistido en que “no hubo improvisación” y que ese comité de crisis consideró que “el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor”, lo cual también entiende que era su “obligación”. En este sentido, ha enfatizado que “nunca” ha visto a “ningún alcalde sentado en un banquillo por esto”.

También ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina, tras asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de “reponer” alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos “por causa de fuerza mayor”, como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla “y no para una fiesta”, apostilla.

Cabe recordar que los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local (PP) ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar al poco tiempo de tomar posesión, desfases que se elevaron a 8,6 millones, según ha apuntado Fiscalía. Pilar Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de una multa de más de ocho millones de euros.

Este lunes también ha declarado la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, quien se ha ratificado en su denuncia, considerando que las cuentas restringidas ” no se deben tocar”. El primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, entre otros muchos, también ha sido citado como testigo.

La eterna instrucción por el caso de ‘los huertos de ocio’ ha escrito hoy otro nuevo capítulo con la declaración de cuatro personas en el Juzgado de Instrucción número 2. Poco antes de que ello ocurriera, en el exterior del órgano el abogado de las decenas de afectados, Francisco Pérez-Vera, se reunía con algunos de ellos para valorar un procedimiento que a su juicio se ha dilatado excesivamente en el tiempo. Como explicó el letrado, en esta ocasión el juez citó a dos técnicos municipales, un antiguo notario y un registrador de la propiedad con el fin de que aclararan los términos en los que se realizó la controvertida permuta por la que la Gerencia Municipal de Urbanismo desalojó en 2004 a los propietarios de los huertos en beneficio de Xera Promociones. Un desalojo que ya fue calificado como ‘no ajustado a Derecho’ hace unos años por el Contencioso-Administrativo de Jerez, a pesar de lo que los perjudicados aún no han cobrado ningún tipo de indemnización. Leer noticia completa

Los padres de Miriam Tamayo, la joven jerezana de 21 años que murió el pasado 12 de junio tras ser abordada por G. J. G., su expareja y padre de su hijo, presuntamente tras asestarle varias puñaladas, dos de ellas mortales, pasarán mañana por el Juzgado de Violencia de Genero de Jerez para prestar declaración en el primer día de instruccion del caso. Leer noticia completa

Fue víctima de un presunto intento de homicidio en 2009, pero sus reiteradas incomparecencias en los juzgados están ralentizando el procedimiento hasta el punto de que la supuesta autora ha sido puesta en libertad a la espera del juicio. La pasada semana fue la segunda vez que no acudió a declarar ante el juez de la Audiencia Provincial, que le había citado para que identificase el arma con la que presuntamente fue atacada con el fin de que el fiscal pueda calificar los hechos y comience la vista oral. Ahora, esta mujer se encuentra en paradero desconocido y la Policía tiene orden de localizarla y llevarla ante la autoridad judicial.

Así lo han confirmado a este medio fuentes del caso, explicando que esta circunstancia está provocando dilaciones indebidas en la causa, que podrían volverse en contra de la propia demandante. Los hechos pendientes de calificar se remontan al 11 de diciembre de 2009, cuando como consta en el auto de procesamiento la víctima inició una discusión con Elizabeth R. Z. porque consideraba que la droga que le había vendido ésta no era de buena calidad. Durante el altercado y siempre según el auto, la procesada sacó un cuchillo con el que agredió a su interlocutora, causándole varias heridas por arma blanca en las regiones abdominal y torácica.

Todo ello necesitó de 60 días para su curación, y originó en la víctima secuelas de carácter digestivo además de diversas cicatrices. Se da la circunstancia de que Elizabeth R. Z. acudió a la Comisaría de Policía ese mismo día para interponer una denuncia contra la mujer lesionada, argumentando que le había robado. Por el momento, está procesada por un presunto delito de homicidio en tentativa y otro de simulación de delito, al considerar el juez que denunció a la víctima “para eludir su responsabilidad”. Cuando aquélla sea localizada y comparezca se dará por finalizada la instrucción, a la espera del señalamiento del juicio.