La Guardia Civil ha desarrollado una investigación a raíz de una denuncia sobre la supuesta falsificación de prendas de vestir del uniforme del colegio de Las Carmelitas. Según fuentes de la Benemérita, la investigación se inició tras una denuncia procedente de Santander que alertaba de la confección de prendas de vestir de colegios, hablándose en un primer momento de falsificación. 

Empezaron entonces las diligencias para comprobar la veracidad de la denuncia, constatando que los hechos afectan únicamente al colegio mencionado y que no puede hablarse por el momento de una cantidad de ropa elevada.

Las mismas fuentes añaden que no hay detenidos y que las diligencias son por una falta contra la propiedad industrial, ya que si las prendas de vestir no están registradas no se puede hablar de un delito falsificación. En este sentido, explican que las prendas del uniforme no están registradas, únicamente el escudo, por lo que se trataría de una falta contra la propiedad industrial.

En los hogares de muchos jerezanos, la cuesta de enero se queda en pañales si se le compara con la cada vez más abusiva vuelta al cole. Desde finales de agosto, los padres trabajan a un ritmo frenético para preparar todo lo necesario de cara a las aulas, y eso sin contar con el gasto que cada cual tiene que desembolsar para equipar los armarios durante el invierno. La Unión de Consumidores ha llegado a cifrar en hasta 1.000 euros lo que los progenitores pagarán por niño en los centros públicos (3.000 en los privados), siempre dependiendo de la edad, la necesidades y demás circunstancias de cada caso. Como ha desglosado Natalia Rojo, miembro del gabinete jurídico de la organización, lo más caro corresponde al material escolar en sí y a los uniformes, cifrado todo ello en unos 400 euros. Leer noticia completa

Los tiempos no están para mucho gasto, y menos para ellos a los que los recortes del Gobierno les han pillado de lleno, mermando unas nóminas de por sí escasas a tenor del trabajo que desarrollan. A pesar de ello, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se están viendo obligados a rascarse el bolsillo para comprar parte de un equipamiento que debería serles facilitado para la mejora del servicio que prestan. Pero las cosas distan mucho de ser como deberían, como han informado a este medio fuentes del Sindicato Unificado de Policía, puesto que un agente llega a gastarse hasta 500 euros en material imprescindible para su trabajo.

Concretamente, lo que los profesionales están adquiriendo por su cuenta son guantes anticorte (50 euros de media); chalecos antibalas (que pueden alcanzar los 400) o fundas para la pistola (cuyo precio oscila entre los 20 y los 60 euros). Según los propios afectados, el problema fundamental radica en que todo este equipo no es facilitado a cada uno de los agentes, puesto que no hay presupuesto para todo ello. Por otra parte, el que se entrega con frecuencia está deteriorado o no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, como el caso de los chalecos antibalas, que son incómodos y no lo suficientemente consistentes.

“Nos han bajado el salario en un 5% -se lamentan-, han congelado nuestros sueldos en tres años y hemos perdido la paga de Navidad. Además de todo ello, ahora tenemos que pagar de nuestro bolsillo cosas esenciales”. Para los profanos en la materia, un policía nacional con 30 años de servicio cobra alrededor de 1.700 euros, algo que consideran irrisorio teniendo en cuenta la peligrosidad y responsabilidad del cargo. Una cuestión que influye negativamente en el ánimo de estos funcionarios, que en Jerez desarrollan su labor en una Comisaría de condiciones precarias.

“No disponemos de un edificio digno, pues es antiguo y se encuentra en muy mal estado. Damos una mala imagen por la falta de uniformidad en los distintos grupos, hasta el punto de que hay compañeros que asisten a su trabajo con pantalones y camisas desgastadas y descoloridas por el uso diario. Y todo ello por no hablar de la escasa dotación de vehículos, tanto uniformados como camuflados”.

Ante esta situación, que viene agravada con la crisis económia, los agentes reivindican una mayor atención para el Cuerpo, ya que eso revierte en la seguridad de los ciudadanos, denunciando los “atropellos” que sufren ya desde hace varios años y que no están dispuestos a seguir padeciendo.