FOTOS: MANUEL BRENES

Jueces, fiscales, secretarios, abogados, personal de administración… Todos ellos harán frente común el miércoles en los juzgados jerezanos de Tomás García-Figueras para protestar por lo que consideran “tropelías” contra el sistema como la nueva Ley de Tasas. Es la primera vez que la comisión interasociativa que reúne a los primeros se alía con la Plataforma de Justicia de Andalucía que representa al funcionariado, con el fin de reivindicar unos derechos que comparten todos. Como argumentan desde la citada plataforma, los profesionales “no pueden permanecer impasibles” ante una serie de medidas que ponen en peligro no solo sus puestos de trabajo sino también todo el sistema de garantías jurídicas.

En concreto, los perjudicados aluden a la “devastadora” Ley de Tasas, por la que se obliga al ciudadano a pagar unas tarifas “abusivas” para interponer recursos hasta ahora gratuitos, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a su juicio les impone unas condiciones laborales “pésimas”. Junto a ello, aluden a la bajada de las retribuciones, la carencia de medios y de financiación, la falta de oposiciones, el despilfarro y la escasa modernización del sistema. Todo un rosario de argumentos que han llevado a los diversos colectivos a unir sus fuerzas en defensa del servicio público de Justicia, con un calendario de movilizaciones que arranca ya con una recogida de firmas en todos los partidos judiciales de la provincia.

Junto a ello, el miércoles 12 está prevista una multitudinaria concentración a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García-Figueras, que será llevada a cabo de manera simultánea en otras zonas cercanas como Cádiz y Algeciras. Otra de las protestas se producirá el próximo dia 20 en forma de apagón informático, que se realizará a las 12.00 horas en la red de los órganos judiciales de toda España. El calendario de movilizaciones tendrá su cita más importante el día 19, cuando una manifestación estatal culminará en el Ministerio de Justicia, con la entrega de todas las firmas recabadas.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

La coordinadora local del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, sale al paso de las últimas manifestaciones realizadas por el concejal de Foro Ciudadano Pedro Pacheco, en las que, “haciendo uso de su habitual tono despótico”, según señala la propia Menacho en un comunicado, “ataca de nuevo al gobierno municipal sin argumentos y con un buen número de descalificaciones”.

Afirma que Pacheco “puede decir misa después cómo dejó de arruinada la ciudad. Sus insultos no hacen daño, porque solo responden a sus habituales pataletas y a la añoranza de la poltrona que se fabricó con sus aires megalómanos. Es una caricatura de lo que fue y la representación del pasado que los jerezanos quisieron olvidar”.

La coordinadora popular insiste en destacar que el concejal del Foro “no se ha entera de que se le acabó el ordeno y mando en Jerez. Aquí los que mandan son los jerezanos, quiénes deciden quién entra y sale del gobierno de la ciudad, los mismos ciudadanos que lo echaron de la Alcaldía y lo enviaron a la bancada de la oposición con una representación minoritaria”.

“Ahora Jerez tiene un gobierno que se dedica a gobernar de manera seria y responsable, por y para los jerezanos, dejando incluso de lado las siglas políticas, para sacar adelante a este Ayuntamiento y a la ciudad”, explica Menacho.

Por ello, le pide al concejal del Foro que “arrime el hombro y deje de sabotear, de las muchas maneras que lo hace, el proceso de recuperación económica emprendido ya por la alcaldesa María José García-Pelayo y su  equipo”. “Por mucho que lo intente, no va a hundir a la ciudad, porque estamos saliendo adelante y poniendo las bases para que Jerez tenga futuro, para que ningún personaje como Pacheco vuelva a hacer de las suyas con este Ayuntamiento ni con esta ciudad”, apostilla.

Por último, le recuerda al concejal del Foro que “el que se va a ir, y pronto, es él a los juzgados, por lo que debería estar más que preocupado, ya que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias”.

El viernes pasado fue solo el primero de una serie de ‘Viernes Negro’ con los que los funcionarios de Justicia defenderán los derechos que consideran usurpados, a través de manifestaciones y cortes de tráfico ataviados con ropa negra en señal de duelo. Como ya anunciaron en su momento, ésta no será la única protesta que cada semana llevarán a cabo, y ya han cerrado un calendario de movilizaciones que continuará mañana jueves con una concentración a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los profesionales jerezanos se unirán así a los del resto de Andalucía dentro de la campaña que arranca bajo el lema ‘Inmediación y Fe Pública’, y que continuará el viernes con el ya mencionado ‘luto’. Así lo han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia de Jerez, incidiendo en que uno de los ejes fundamentales de esta campaña será la información a todos los interesados. Por ello, remitirán los correspondientes escritos explicando la situación a los juzgados y la Audiencia Provincial, pero no se quedarán solo en eso.

El próximo lunes, 1 de octubre, los representantes sindicales de la Plataforma en Defensa de la Justicia visitarán todos y cada uno de los órganos judiciales con el fin de trasladar a los funcionarios todas las medidas a adoptar en los próximos meses. Desde la Plataforma han recordado que los recortes tanto del Gobierno central como del Autonómico suponen una merma “brutal” para los trabajadores, no solo a nivel presupuestario sino también de derechos que perjudicará al servicio que se preste al ciudadano.

No corren buenos tiempos para el sistema judicial, que ha sufrido con especial intensidad los recortes emprendidos por el Gobierno. Ahora, a las protestas de los funcionarios se han sumado las de jueces y fiscales, que consideran usurpados sus derechos a raíz de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteadas por el Ministerio. Un indignado Juan José Parra, decano de los magistrados de la ciudad, compareció esta mañana tras la Junta General de Jueces y advirtió de que los profesionales adoptarán medidas drásticas contra lo que supone “un ataque a la independencia judicial”.

“Las propuestas de reforma de este ministro nos quitan la categoría de autoridad y nos convierten en peleles -sentenció-. No se trata de una reclamación salarial; sentimos que existen al menos cinco puntos en los que directamente se nos ataca”. En concreto, se refirió a la ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España, la falta de inversión en esta materia, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema y la carencia de un estudio real que determine la carga de trabajo en cada juzgado, dada la saturación existente.

Además de esto, también aludió a los recortes salariales y estatutarios “brutales” y a la “descoordinación general” en la gestión judicial, lo que ha llevado a que jueces de toda España se unan para hacer frente común en las protestas. En lo que se refiere a los 24 pertenecientes al Partido Judicial de Jerez, esta mañana acordaron por unanimidad que darán a las autoridades un margen de 15 ó 20 días para que reconsideren el Anteproyecto de Ley propuesto. Si sigue adelante, los magistrados emprenderán acciones de presión que empezarán con una huelga y paros de la actividad a lo que, según Parra, también se adherirán los fiscales por encontrarse en similar situación.

Todo ello, supondrá una paralización de la administración que tendrá importantes consecuencias para el ciudadano. “Se dará una situación bastante grave -reconoció el magistrado-. En este sentido lamentamos el perjuicio que ello pueda causar, pero tenemos que luchar porque las nuevas medidas supondrán un retroceso de todos los derechos ya conseguidos”.

Los funcionarios de los juzgados de Jerez se han concentrado esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial en protesta por los recortes del gobierno. La comitiva ha cortado el tráfico en la Avenida Álvaro Domecq, donde los trabajadores han desplegado pancartas en las que se leían frases como ‘Griñan y Valderas nos roban la cartera’. Lo curioso del grupo era su atuendo, puesto que todos iban vestidos de negro, en señal de duelo por la ‘muerte’ del sistema.

Esta protesta es el pistoletazo de salida de toda una serie de reivindicaciones que la plataforma de sindicatos judiciales llevará a cabo durante todos los viernes de otoño y será conocida como los ‘viernes negros’. La protesta no es solo contra el decretazo del gobierno central, sino también contra los próximos recortes de la administración andaluza que se esperan a partir del mes de enero. Como han explicado fuentes del sindicato profesional de justicia, “estas medidas, además de afectar directamente al bolsillo de los funcionarios, perjudican al ciudadano y la cálidad del servicio que se presta, puesto que al no cubrirse las bajas de los funcionarios se corre el serio riesgo de saturación en las salas”.

Para ellos la justicia ha muerto, al menos en lo que a las políticas de recortes se refiere. Por eso, los funcionarios de los juzgados jerezanos se adherirán a las protestas convocadas en toda Andalucía y a partir del día 28 cada viernes se declará jornada de luto en los pasillos judiciales. Una iniciativa que la Plataforma Sindical en Defensa de la Justicia en Andalucía ha adoptado calificándola de ‘viernes negro’, y que implicará que los empleados que lo deseen acudan a sus puestos de trabajo ataviados con ropa negra o un brazalete en señal de duelo.

Éste es solo el preludio de todo un otoño lleno de protestas, cuyo pistoletazo de salida será el jueves 27 de septiembre con una manifestación en Granada a la que está previsto que acudan funcionarios de toda la comunidad autónoma. Como explicaron a este medio fuentes de la plataforma en Jerez, los recortes llevados a cabo por los gobiernos central y autonómico constituyen un “grave atentado” contra el estado social y democrático de derecho y provocan en la población una “situación de desamparo absoluto” en un intento de “acabar con el sistema público”.

Estas fuentes aseguran que el mal funcionamiento de los órganos judiciales se debe precisamente a la mala gestión de los poderes públicos, cuyos recortes suponen un grave deterioro de las condiciones laborales del personal. Por ello, animan a los ciudadanos a que apoyen sus medidas reivindicativas y a que reclamen la presencia efectiva de jueces y secretarios en todas las actuaciones que lo requieran, ante el peligro de nulidad de muchos de los procedimientos por esta política del tijeretazo.