A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.

Corren malos tiempos para la abogacía, especialmente en el caso de la jerezana que al frente que mantiene abierto a nivel nacional contra la Ley de Tasas, se unen los impagos de la Junta que hacen peligrar el turno de oficio. Los profesionales, sin que sirva de precedente, han puesto al mal tiempo buena cara y han celebrado el día de su patrón, San Cayetano, y su patrona, la Virgen de la Consolación, con un reconocimiento a los 25 años de servicio de una quincena de letrados y el juramento de otros 12 que se incorporan al Colegio de Abogados. Un ambiente festivo que culmina con una misa y una comida, pero en el que persiste de forma inevitable esa preocupación que asola a todos los letrados.

Como ha informado el decano de los abogados, Marcos Camacho, hoy se cumplía el ultimátum a la Junta y hoy mismo la administración regional ha ingresado el 65% de lo relativo a las guardias del turno de oficio en todo el año. Sin embargo, además del porcentaje que falta hay que tener en cuenta que no se ha abonado nada de lo correspondiente a los gastos de infraestructura, por lo que el Colegio cumplirá su amenaza y a partir de la semana próxima, concretamente del miércoles, se adecuará el servicio de justicia gratuita al presupuesto existente.

Ello implicará que solo este día de la semana se atiendan los casos de turno de oficio dándole prioridad a los procedimientos con plazos improrrogables, lo que podría dilatar las designaciones de letrado en seis meses. Según Camacho, esta decisión del colectivo jerezano de recortar la asistencia ha sido secundada por el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, de manera que en toda la comunidad autónoma se empezarán a tomar medidas. Cabe recordar que, si el 15 de enero siguen los impagos, los profesionales cancelarán el turno de oficio hasta nuevo aviso, asistiendo solo a los detenidos. “Si no pagan, no tendremos dinero para realizarel servicio -sentencia el decano. La Junta será la que haya provocado su suspensión”.

Un mes es lo que le da de plazo el Colegio de Abogados de Jerez a la Junta de Andalucía para que dé marcha atrás en su decisión de reducir las tarifas del turno de oficio un 10%. En una asamblea celebrada entre los letrados, el decano Marcos Camacho les informó sobre la situación que se les presenta a raíz de la orden aprobada por el Gobierno andaluz que ha conllevado, como ya anunciara este medio, que los abogados del servicio de justicia gratuita comiencen a rascarse el bolsillo y asumir los costes de los procedimientos. Una coyuntura por la que, como incidió el decano, la asistencia se verá mermada y ello lógicamente perjudicará al ciudadano.

“La única conclusión a la que hemos llegado es que la Junta tiene que meditar – argumentó Camacho-. Se ha tomado una decisión sin tener en cuenta el informe negativo de los Colegios de Abogados, que consideramos que hay otras fórmulas para ahorrar que no pasen por el recorte del turno de oficio. Por ello exigiremos que se retire la orden”. Dentro de un mes, los letrados volverán a verse las caras y si la administración no ha cedido en sus pretensiones cortarán por lo sano y eliminarán el servicio del turno de oficio. Lo que aún no está claro es si se tratara de paros parciales o definitivos, pero lo cierto es que terminarán con una actividad que hoy por hoy no les sale rentable.

Por otro lado, no hay que olvidar que aún se les debe parte de sus gastos en infraestructuras del pasado año y todos los honorarios del corriente, por lo que la situación es aún más insostenible. “Se tienen que poner al día con los pagos, pero tampoco existe un compromiso firme, por lo que nosotros no garantizamos la absoluta permanencia del servicio”. Si ello finalmente sucediera y se suspendiera el turno de oficio, a pesar de que se mantuvieran los servicios mínimos, miles de jerezanos se quedarían sin la asistencia de un abogado gratuito y el sistema garantista quedaría seriamente dañado.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha comparecido para anunciar que su administración acaba de ingresar una inyección de 1,3 millones de euros en los servicios de justicia gratuita de la provincia. Un soplo de aire fresco para los ‘maltratados’ abogados del turno de oficio, que en el caso de Jerez han percibido 255.000 euros. El delegado se vanaglorió de la iniciativa, con la que destacó que la Junta “cumple el compromiso contraído” con los profesionales “afrontando el pago en tiempo y forma pese a la crisis”. Estas palabras, sin embargo, no han calmado los ánimos de los letrados del Colegio de Abogados de Jerez que, a través de su decano, Marcos Camacho, han querido puntualizar que aún existen ciertas cantidades pendientes de cobro.

En concreto, según el decano la Junta ha ingresado todo lo correspondiente a las tarifas pendientes del pasado año, pero no así en lo relativo a los gastos en infraestructuras, de los que demandan el 50% del último trimestre. Asimismo, recuerdan que a estas alturas aún no han cobrado ni un céntimo de lo perteneciente al año vigente. “Consideramos que este pago no cumple las expectativas -recalcó Camacho-, por no mencionar nuestro total rechazo a la orden por la que se nos baja el 10% del salario”. Ésa es la cuestión que verdaderamente les quita el sueño; a pesar de sus protestas, la medida se ha puesto en marcha desde el 1 de octubre.

López Gil también se refirió a ello justificándolo en que se trata de un “ajuste moderado de carácter temporal y reversible”, que se ha adoptado con el fin de “hacer sostenible este servicio”. Los abogados, como es lógico, lo ven desde otra óptica totalmente distinta y argumentan que la situación de los responsables del turno de oficio se ha vuelto “insostenible” a raíz de ello. De hecho, como ya publicara Reporteros Jerez, muchos de estos letrados se han visto obligados a costear parte de los procedimientos de sus propios bolsillos. Como la perspectiva no mejora para ellos, el decano ha confirmado que en los próximos días se reunirán para organizar posibles actos reivindicativos.