Un pleno monográfico el próximo 2 de agosto someterá a debate y votación el nuevo estatuto jurídico para las siete pedanías de Jerez. Se trata de un documento que definirá las relaciones entre las juntas vecinales y el Ayuntamiento matriz en cuanto a competencias y financiación. Según la alcaldesa, María José García-Pelayo, es un hito histórico porque “las pedanías van a ser más pueblos que nunca”. De momento, el gobierno local ha aprobado el borrador del estatuto, que ya se ha presentado a los alcaldes pedáneos y la semana próxima, a la oposición. Después pasará a exposición pública y periodo de alegaciones con el objetivo de “alcanzar el máximo consenso posible”.

El desarrollo de este estatuto dará lugar a un convenio específico para cada pedanía -con vigencia de cinco años-, en el que los vecinos y sus representantes tendrán capacidad de decidir varios asuntos. El primero de ellos es el relativo a la cuestión económica. El Ayuntamiento propone que se adscriban a la participación de los ingresos municipales (PIM) que les corresponden siguiendo criterios de población. Recibirían ingresos de tasas como las plusvalías de compraventas, el impuesto de circulación de vehículos, el IBI y la parte municipal del IAE, además de los procedentes del Estado y de la Junta. El estatuto recoge que “nunca van a recibir menos de los que percibieron en 2013″, detalló la alcaldesa.

En cuanto a las competencias, por primera vez quedarán definidas en un estatuto jurídico desde los años 80. Se reconocerán las competencias  recogidas en la ley de 2010, además de otras que ya vinieran ejerciendo. Según el equipo de gobierno, también tendrán la opción  de decidir si transfieren ciertas labores al Ayuntamiento matriz o bien reclaman más demostrando que tienen capacidad para prestar los servicios con calidad.

Más de 7 millones de deuda con las ELAs

El Ayuntamiento arrastra una deuda de más de 7 millones de euros con las pedanías. El reconocimiento de las cantidades que se le deben a cada Entidad Autónoma se recogerá en los convenios particulares aunque la postura municipal es clara: “Nuestra prioridad es pagar el corriente y “poco a poco ir saldando la deuda”. Las cantidades sin abonar empezaron a acumularse en 2005 y han llevado a las poblaciones a situaciones de extrema dificultad.

Aunque la situación jurídica de las barriadas rurales es muy diferente a la de las ELAs, el Ayuntamiento ha anunciado hoy que están analizando la situación de cada una de ellas “y tendrán medidas específicas en el presupuesto de 2014″.

Unas 30.000 personas viven en la zona rural de Jerez, 22.000 de ellas en las siete pedanías del término municipal.