Casi dos horas y media de debate han sido necesarias para no cambiar nada. Porque como se podía prever, el PP al frente del gobierno local ha votado en contra de los dos puntos que formaban parte del orden del día del pleno monográfico sobre la privatización del agua que se ha celebrado esta mañana, y que solo ha servido para los habituales rifirrafes entre los partidos políticos pero no para profundizar en las razones que motivan -o no- la cesión de este servicio a una empresa privada como Aqualia.

La sesión extraordinaria, urgente y monográfica -y a la que han asistido los miembros de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua- se había convocado tras la petición de la oposición y con el objetivo de solicitar la nulidad del acuerdo que aprobó la memoria justificativa para la cesión del servicio y el proyecto, así como solicitar que se adotaran las medidas y acuerdos para hacer inmediata la suspensión del procedimiento de contratación iniciado con la única empresa que se presentó al concurso.

A esto respondió casi al final de la sesión el gobierno local, después de varias horas de debates y reproches cruzados y de un repaso generalizado a la situación económica municipal, la herencia recibida, la idoneidad o no de que el agua se gestione de forma privada, la concesión privada del agua en otras localidades de gobierno socialista, la gestión desde lo público de servicios como el transporte urbano y todo tipo de argumentos. Y la respuesta no se salió del guión: hay informes jurídicos que desmontan que haya nulidad del proceso, por lo que tampoco cabe la suspensión de la adjudicación.

Antes, los grupos de IU, PSOE y Foro Ciudadano coincidieron en explicar que la situación económica de las arcas municipales ya no es la misma, que el acuerdo con Hacienda mejora la liquidez, que el pago del préstamos a Unicaja recorta en mucho los ingresos por la concesión de Aguas de Jerez y que el escenario ya no obliga a la ‘venta’ del agua.

Siin olvidar, como dijo Joaquín del Valle (IU), que no se ha hecho una consulta popular; que Aqualia no es una ONG y viene a ganar dinero a Jerez sin que haya garantías de que no se modificarán las condiciones y subirán las tasas, como dijo José López (Foro); y sin que el gobierno local haya aclarado qué beneficios se llevará la empresa si es que los 350 millones de la propia memoria no son reales, como ha cuestionado Miriam Alconchel (PSOE).

A todos respondió el portavoz municipal, Antonio Saldaña, recordando el punto de partido nefasto de la economía municipal en esta legislatura, la necesidad de que los servicios lleguen a todos los ciudadanos y de que el Ayuntamiento disponga de liquidez para algo más que para pagar nóminas. También tuvo tiempo para enzarzarse en un agrio debate con el edil de IU, y de provocar la airada reacción de la portavoz del PSOE, que le recriminó que “al ciudadano no solo le importa abrir el grifo, sino que también es crítico y que quiere saber como se gestionan los servicios”.

Saldaña también reprochó a la oposición que hable “permanentenente” de estafa al adjudicar la gestión del agua, y por eso emplazó y casi animó a los ediles de la bancada contraria a que vayan a los tribunales a denunciarlo. “Si hace falta voy con ustedes”, llegó a afirmar.

Al final, desde la oposición le reprocharon que “en dos horas no se había hablado del agua, de números, de la memoria justificativa para la concesión ni los motivos concretos que la justifiquen”, lo que provocó la intervención de la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que zanjó el tema apuntando que “hay dos puntos en el orden del día y ya se han contestado: no hay razones de nulidad”.

La conclusión es que, como se esperaba, la concesión del agua seguirá adelante en medio del divorcio entre el gobierno local y la oposición.