La Guardia Civil ha intervenido 1.500 cajetillas de tabaco sin las precintas legales y valoradas en más de  6.000 euros, a una persona dedicada a la venta ilegal de tabaco de  contrabando, con numerosos antecedentes por hechos de similares características. Por este motivo se le ha levantado un acta  por infracción a la Ley Orgánica 6/2011 de Represión del Contrabando. Leer noticia completa

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha presidido este miércoles una mesa técnica preparatoria para abordar diversas cuestiones relacionadas con la celebración de la prueba jerezana del Mundial de Motociclismo 2014. A la reunión ha asistido también el segundo teniente de alcalde y delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez, Javier Durá, al igual que otros representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Dirección General de Tráfico (DGT), del Ministerio de Fomento (Carreteras y Aeropuerto), de las policías locales de Jerez y de El Puerto de Santa María, del Consorcio Provincial de Bomberos, así como del propio Circuito de Velocidad.

El Gran Premio de España de Motociclismo se disputa este año los días 2, 3 y 4 de mayo y, en líneas generales, el dispositivo de Seguridad y Tráfico es el mismo del año 2013, dado la efectividad registrada en la anterior edición en cuanto a los dos aspectos fundamentales para la DGT: movilidad y seguridad; es decir, que la circulación durante esta celebración sea lo más fluida y segura posible. De hecho, cabe recordar que el pasado año, y por segundo año consecutivo, la disputa del Gran Premio se saldó sin ninguna víctima mortal asociada al dispositivo.

Se prevén unos 250.000 movimientos de vehículos, aproximadamente, y la asistencia de unas 50.000 motocicletas, a lo largo de los tres días de pruebas. El dispositivo de tráfico es nacional, ante la asistencia de aficionados motoristas de toda Europa. El año pasado la afluencia, favorecida por la buena climatología, se estimó en unas 200.000 personas y el impacto económico para Andalucía se elevó a 100 millones de euros.

Los 74.210 controles realizados por los agentes de la Guardia Civil originaron 1.862 denuncias. El análisis de los motivos de las mismas dan cuenta de que crece la concienciación entre los usuarios de las vías: sólo se registraron 35 positivos por alcohol, hubo 602 denuncias por exceso de velocidad, 131 por adelantamientos indebidos y 45 por no hacer uso del caso.

En torno a 1.500 agentes de la Guardia Civil realizarán tareas relacionadas con el dispositivo, 650 de los cuales forman parte de la Agrupación de Tráfico (350 en las inmediaciones del Circuito de Jerez).

El Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, se coordinará con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar para atender la presencia de aficionados en los cascos urbanos de las ciudades, algunas de cuyas calles serán abiertas parcial y temporalmente a la presencia de moteros con criterios de flexibilización, para beneficiar al comercio local, y control, para evitar molestias a los vecinos.

Al igual que el pasado año, se instalarán dos Centros de Coordinación Operativa (Cecop), uno en Jerez, en la calle Corredera, y otro en el propio Circuito de Velocidad, para controlar en tiempo real cualquier incidencia y coordinar los medios para reaccionar ante la misma.

Queda pendiente la celebración de sendas Juntas Locales de Seguridad con los ayuntamientos de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, donde analizar los resultados del pasado año y estudiar las necesidades para el actual.

Todas las administraciones representadas han acordado la posterior celebración de las oportunas mesas técnicas sectorializadas para cada uno de los diferentes capítulos de esta celebración.

La totalidad de los efectivos disponibles de la Policía Local, en torno a 250 agentes y a tres turnos, velarán dentro de sus competencias por el funcionamiento del dispositivo en el casco urbano de la ciudad, facilitando a los moteros el acceso al centro histórico de la ciudad, en coordinación en todo momento con el Cecop de calle Corredera, ubicado en el Centro de Control de Tráfico Municipal, enclave estratégico del dispositivo junto al que se establecerá en el propio Circuito.

La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, ha presidido la Mesa de Seguridad Rural correspondiente al mes de diciembre, en la que la Guardia Civil ha presentado a los presidentes de las Entidades Locales Autónomas, responsables de la Policía Local y a los delegados de Alcaldía de las Barriadas Rurales la nueva división del grupo ROCA (acrónimo de robos en el campo) que tiene como base Jerez y cuenta con cinco agentes. En la reunión de la mesa, los agentes del instituto armado informaron del dispositivo puesto en marcha para investigar y perseguir los robos en el ámbito rural. Leer noticia completa

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y siete meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Cádiz impuso en noviembre de 2012 a un guardia civil que puso cuatro multas falsas a un vecino de la urbanización Torrelobatón con el que estaba enemistado. La Sala Segunda de lo Penal, que rechaza el recurso de casación presentado por el condenado contra la sentencia de la Audiencia, considera a Marcos A.G. como autor de un delito de falsedad en grado de continuidad delictiva y confirma la pena de tres años de prisión que se impuso a su compañero Juan Miguel C.O. por imponer al vecino otra sanción.

El tribunal de instancia consideró probado que el agente, destinado en el puesto de Alcalá de los Gazules, tenía “frecuentes problemas” con su vecino, que era “dueño de un perro de gran tamaño y raza rottweiler” que solía llevar sin correa ni bozal, y que también se enfrentaron por discrepancias en relación con sus jardines y la gestión del agua.

Tras comparecer los dos vecinos en un juicio por amenazas e intento de agresión y “cansado de ese estado de cosas”, según recoge la sentencia, el agente de la Benemérita “decidió usar las posibilidades de su cargo y señalarle a su vecino  lo que le podía ocurrir”, para lo cual llegó a falsificar la firma de otro compañero.

Entre octubre y noviembre de 2007 los dos agentes impusieron al hombre cuatro multas de tráfico por infracciones en carreteras por las que ni siquiera había transitado. En dos de ellas justificó que su vehículo no había superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en otra que viajaba sin cinturón de seguridad y en la última que había estacionado en un paso de peatones.

Tras estos hechos, el vecino multado llegó a poner en venta la vivienda que ocupaba en mayo de 2009 y abandonó la urbanización en la que vivía en octubre de 2010.

El Supremo rechaza las alegaciones realizadas por el recurrente y considera “meridianamente claro” que el guardia civil “falsificaba denuncias que se referían a su vecino, con el que estaba enemistado, haciendo constar en ellas hechos inciertos”.

También considera probado que él mismo u otros compañeros suscribieron estas denuncias valiéndose de “argucias impropias del servicio” que fueron “puestas de manifiesto en las declaraciones de los demás agentes”.

Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y efectivos de la Guardia Civil (Seprona) están llevando a cabo una investigación sobre el uso de cebos envenenados en una finca de Jerez. La inspección realizada durante la pasada semana se saldó con la detención de una persona que presuntamente habría colocado varios cebos envenenados empleando trozos de chorizo aderezados con miel en los que introducía el veneno. Los agentes de la Guardia Civil tomaron declaración al detenido, que trabajaba como guarda de un coto y que reconoció haber colocado al menos un par de cebos en la valla de la finca.

Durante la inspección realizada por Agentes de Medio Ambiente y la Unidad Canina Especializada de la Estrategia Andaluza contra el Veneno de la Junta se hallaron envases que contenían el producto fitosanitario ilegal Aldicarb. También se intervinieron otros productos tóxicos de fabricación casera que iban a ser empleados como raticidas. Igualmente le fueron intervenidas otras artes ilegales de captura (perchas para aves insectívoras).

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil fuese informada del envenenamiento de un galgo en las inmediaciones de la finca en cuestión. Pocos días antes se había detectado asimismo la muerte de un milano real, catalogado como especie en extinción, a escasos tres kilómetros de este mismo lugar. El cadáver fue trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de Andalucía donde, tras practicarle la necropsia, se verificó un cuadro de intoxicación severa por la presencia de Aldicarb. Tras estos dos casos de envenenamiento, y aunque por el momento no se pueden interrelacionar ambos episodios, se decidió organizar un dispositivo conjunto de Agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil (Seprona) y la Unidad Canina contra el Veneno.

La Junta de Andalucía no ha detectado más cadáveres ni cebos en la zona inspeccionada. Todas las muestras han sido levantadas y convenientemente precintadas para su remisión al CAD.

Lucha contra veneno

La labor desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el marco de la Estrategia para la Erradicación del uso ilegal de Cebos Envenenados está permitiendo una importante recuperación poblacional de las aves carroñeras y otras rapaces en esta Comunidad Autónoma. El desarrollo de esta Estrategia desde el año 2004 ha colocado a Andalucía en la vanguardia de la lucha contra el uso de venenos, una práctica ilegal que se encuentra entre las principales causas de mortalidad de numerosas especies amenazadas, entre ellas aves como el águila imperial, el quebrantahuesos, el buitre negro o el alimoche.

Durante este tiempo, el equipo especializado de la Consejería de Medio Ambiente, con su Unidad Canina, se ha convertido en la herramienta más eficaz para detectar venenos y para disuadir de su uso en el medio natural.

La Guardia Civil ha desarrollado una operación de alta intensidad a nivel nacional, en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, en la que se han intervenido un total de 105 toneladas de este metal, presumiblemente procedente de robos, y han sido detenidas 14  personas en diferentes operaciones. Se han llevado a cabo simultáneamente 850 inspecciones en chatarrerías y centros gestores de residuos metálicos, en colaboración  con las Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas y las Inspecciones de Hacienda. El objetivo de estas inspecciones ha sido detectar los posibles  puntos de venta del cobre robado, así como comprobar el correcto reciclaje y tratamiento de estos metales.

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Agentes de Policía Local procedieron ayer a la detención de quien fue identificado como A.R.J. por presunto delito de falsificación de documento público y por otro delito de usurpación de identidad ya que se hizo pasar por agente de la Guardia Civil en la Plaza de Santiago. Cuando su vehículo iba a ser denunciado por estar mal estacionado, mostró un carnet profesional del referido cuerpo de seguridad del Estado.

Los agentes de la Policía Local, ante las dudas que les generó la ostentación de este carné profesional por parte del individuo, confirmaron al momento que el citado carné había sido extraviado hace varios años y que el hecho había sido denunciado. Por tal motivo, A.R.J. fue detenido instruyéndose las diligencias oportunas, que serán remitidas al Juzgado de Guardia.

La Consejería de Justicia e Interior y el Ministerio del Interior ha renovado el convenio para la prestación este año del servicio de custodia y seguridad en las sedes judiciales de la provincia por parte de la Guardia Civil. Los juzgados gaditanos van a contar este año con 134 agentes de este cuerpo para este cometido.  A nivel regional, hay un total de 886 plazas de guardias civiles que se encargarán de custodiar las sedes judiciales de Andalucía. Los agentes de este cuerpo prestan este servicio desde hace 12 años, tras la firma en 2001 del citado convenio de colaboración que la Junta y Ministerio han venido renovando anualmente.

Los guardias civiles que realizan este servicio de custodia se encuentran en la reserva activa y poseen, por tanto, una amplia experiencia profesional que pueden aportar a su labor de vigilancia de los edificios judiciales gaditanos. De los 134 agentes, 29 están destinados a la custodia de los juzgados de Cádiz capital, 5 a Arcos de la Frontera, 4 a Barbate, 7 a Chiclana, 7 a El Puerto de Santa María, 15 a Jerez, 4 a Puerto Real, 4 a Rota, 4 a San Fernando, 9 a Sanlúcar de Barrameda, 4 a Ubrique, 25 a Algeciras, 9 a La Línea, 6 a San Roque y dos como responsables de las zonas de Algeciras y Cádiz.

Cádiz es la segunda provincia con mayor número de guardias civiles custodiando sus edificios judiciales. Las sedes judiciales del resto de las provincias disponen de 85 en Almería, 80 las de Córdoba, 119 las de Granada, 68 las de Huelva, 84 las de Jaén, 127 las de Málaga y 186 las de Sevilla. Según los últimos datos, los guardias civiles que se encargan de este servicio atienden a una media mensual de cerca de 775.000 personas que acuden a los edificios judiciales de las ocho provincias andaluzas.

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado el principal clan dedicado a la distribución de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar y que lo distribuía por la sierra gaditana y la provincia de Sevilla. Como consecuencia de esta operación policial, en la que se ha llegado a la detención e intervención de los proveedores en La Línea, se han detenido a 15 personas e intervenido  8 vehículos, algunos de ellos de alta gama,  50.000 euros en efectivo, 75.000 cajetillas de tabaco de diferentes marcas comerciales y numerosa documentación que se encuentra en estudio, además se han bloqueado las cuentas bancarias y los bienes de los detenidos para realizar la correspondiente investigación patrimonial.

La operación se inició cuando los guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de Arcos detectaron a uno de los mayores proveedores de tabaco de contrabando que abastecía a las localidades de la sierra y Sevilla. Tras numerosas aprehensiones de tabaco que se realizaron, los agentes empezaron a vislumbrar que el sujeto investigado contaba con toda una infraestructura que iba más allá de la de un “pobrecito” que se busca la vida vendiendo tabaco.

Las investigaciones de los agentes desvelaron que esta persona lideraba todo un clan perfectamente definido y organizado, que contaba con numerosos vehículos para los transportes de tabaco, así como almacenes donde guardar el género, numerosas propiedades inmobiliarias, y en definitiva todo un estilo de vida que hablaba de unos más que generosos ingresos.

Además de la desarticulación del clan ubicado en la sierra, los guardias civiles centraron sus esfuerzos en la identificación del proveedor que le suministraba el género de contrabando. Para ello localizaron el entramado que desde La Línea repartía tabaco a varios “mayoristas” como el investigado. Desde Gibraltar se abastecían de tres formas, una de ellas era el control de mas de   de los conocidos como “matuteros”, los cuales realizan constantes pases a través de la frontera de Gibraltar con tabaco adosado a su cuerpo. Otro de los sistemas por los que se abastecían consistía en trasvases de tabaco en las aguas limítrofes desde otra embarcación, siendo el último de ellos el envío de gran cantidad de género en contenedores.

Los miembros de esta organización habían establecido una hamburguesería como tapadera, donde el único trasiego de personas consistía en los que entraban con tabaco procedente de Gibraltar, para que una vez recepcionada la mercancía, se dejaba anotación de lo que traían y al final del día les abonaban sus servicios.

Con la explotación de la operación “Pulmones”, los agentes han podido intervenir documentos de contabilidad tanto del cuenteo diario de los proveedores que pasan la verja, como de las verdaderas cifras de beneficios diarios  de la organización, cuyo importe menor sería de 8.900 euros y el superior se va a los 24.000 euros. Además de dinero en efectivo,  los guardias civiles han inmovilizado gran cantidad de cuentas, vehículos y propiedades, que actualmente se encuentran siendo objeto de una investigación patrimonial por parte de los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.