El Grupo Municipal Socialista denuncia el derroche de dinero público que está suponiendo la contratación externa de servicios jurídicos por parte del PP. Señala que, de hecho, en la Junta de Gobierno Local del pasado día 9 de mayo, el gobierno municipal aprobó una partida de casi 20.000 euros para contratar a la entidad Deloitte Abogados para ejercer la defensa jurídica del recurso de casación que ha interpuesto en el Tribunal Supremo en relación al ERE municipal, además de otra partida por un importe de 7.018 euros para la contratación de los servicios jurídicos de Sagardoy Abogados para ejercer la defensa judicial del Ayuntamiento frente al recurso de protección de derechos fundamentales, es decir, el acuerdo de libre designación que afecta al personal municipal.

El Grupo Municipal Socialista considera “un auténtico despropósito” que el gobierno local destine dinero público a la contratación de servicios externos de los casos judiciales que tiene abiertos, teniendo en cuenta la grave situación económica del Ayuntamiento, y recuerda que “la defensa jurídica del ERE va a costar a los jerezanos unos 80.000 euros en primera instancia (60.000 euros fue la primera partida que se aprobó para la contratación de la auditora Deloitte en todo lo que ha supuesto la tramitación y elaboración del expediente de regulación de empleo a lo que se sumará otros 20.000 euros para la defensa del recurso ante el Supremo)”.

Todo ello sin tener en cuenta el “gravoso coste” que va a suponer finalmente la aplicación del ERE que el Alto Tribunal ha declarado “no ajustado a derecho” y “arbitrario”, con el pago de las indemnizaciones a los trabajadores que se verán incrementadas de forma considerable si el gobierno municipal “sigue en sus trece de no readmitir a los trabajadores despedidos; lo que elevará el coste que pagaremos todos los ciudadanos a más 25 millones de euros si finalmente se opta por la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, tal y como establece la sentencia del TSJA”.

Por último, el PSOE destaca que el PP “vuelva a confiar en la consultora Deloitte para ejercer la defensa jurídica, teniendo en cuenta que la sentencia del TSJA es demoledora al poner de manifiesto la ‘absoluta arbitrariedad’ con la que se había seleccionado al personal afectado por los despidos, a pesar de que el PP no se cansó de repetir que era esta firma la que debería articular cuáles eran los criterios ‘objetivos y jurídicos’ que debían regir la inclusión de afectados por el despido colectivo en el Ayuntamiento”.

Foro Ciudadano de Jerez ha expresado en un comunicado su petición para que el gobierno de García Pelayo solicite a la mayor brevedad una demanda por daños y perjuicios contra la consultora Deloitte por haber percibido unos 60.000 euros de las arcas municipales a mediados del pasado año para asesorar y tramitar un ERE que la Justicia ha probado que “no se ajusta a derecho” y que es “absolutamente arbitrario”. El partido considera que la consultora debía articular “cuáles eran los criterios objetivos y jurídicos” que debían regir la inclusión de afectados en la lista negra del despido colectivo en el Ayuntamiento, pero la sentencia del TSJA “ha tumbado esa fachada de transparencia y legalidad de los populares con la estimación de la demanda colectiva presentada por los trabajadores”. “Si realmente la empresa asesoró, el Ayuntamiento ya está tardando demasiado en reclamar a Deloitte una indemnización por las consecuencias de haber desarrollado un trabajo claramente dañino y nocivo que va a costar a todos los jerezanos la friolera de unos 25 millones de euros”, reclama el Foro.

“Cada día que pasa sin que el desgobierno local del PP pida responsabilidades a la consultora hace pensar que Deloitte bien pudo informar a la alcaldesa Pelayo que si no era capaz de acreditar y demostrar la objetividad de los despidos perdería la demanda judicial, como así ha ocurrido, y ésta hizo caso omiso”. Si Deloitte informó y asesoró correctamente al Ayuntamiento, ha insistido Foro Ciudadano, y este hizo después “una chapuza que contravenía la Constitución y las Leyes estaríamos hablando de posibles delitos penales muy graves, como el de prevaricación, que deben ser puestos cuanto antes en conocimiento del Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción”. Y es que, así las cosas, la postura seguida por el PP “no afecta ya sólo a los 260 trabajadores despedidos sino que es un asunto que atañe a toda la ciudad, ya que esta nefasta y temeraria gestión va a suponer un coste de unos 25 millones de euros que pagaremos todos los ciudadanos si finalmente se opta por la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades”.