La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes ha querido dejar claro que el Servicio de Atención de Día Infantil y Juvenil (Sadil) “es una prioridad” del gobierno municipal y que su mantenimiento es un “pilar en el desarrollo de nuestras políticas sociales”. Recuerda al respecto que en enero se renovó la concesión de este servicio y se amplió su ámbito de actuación al distrito Centro, además de a los distritos Sur y Norte, y además se incluyeron dos programas más, “de manera que no hay ninguna duda de la prioridad que tiene este programa para el Ayuntamiento”, aclara la delegada.

Paredes ha afirmado que precisamente esta mañana de miércoles se ha mantenido una reunión (“que estaba prevista desde hace una semana para el día de hoy”) con representantes de los trabajadores de la  firma concesionaria, Servdepend, “para estudiar su situación actual” y, ante las declaraciones aparecidas en prensa, se ha contactado con la empresa y ha negado que vaya a abandonar el servicio.

La delegada ha trasladado a los representantes de los trabajadores que existe una deuda de dos facturas   reconocidas y que en los próximos días se realizará el pago de una de ellas. Los representantes de los trabajadores han reconocido que durante el año 2012 el Ayuntamiento no sólo ha ido abonando las cantidades del contrato actual sino que ha asumido el pago de facturaciones pendientes del año 2011, y algunas facturas del 2008 y 2009.

La delegada puntualiza que el compromiso del gobierno con este programa “es muy claro porque hemos liquidado con los fondos ICO deudas que quedaban pendientes, incluso desde el año 2008,  por un importe total de 606.000 euros y, ahora mismo, el último pago que hemos hecho tiene fecha de 26 de noviembre”.

LA DENUNCIA

Cabe recordar, tal como publicó Reporteros Jerez, que los 11 empleados del Servicio de Atención de Día Infantil y Juvenil (Sadij), que tiene su sede en una antigua aula del colegio San Vicente de Paúl, y que atiende a casi un centenar de familias con menores en riesgo de exclusión social, aseguraban ver ahora peligrar su labor y el futuro de este programa a causa de los impagos municipales.

Según narró la plantilla a este medio, la empresa concesionaria, la UTE formada por las sociedades Servdepend y Residencial de Cataluña 2, ha agotado su paciencia ante la falta de cumplimiento por parte del Consistorio y podría dejar de prestar el servicio dejando en la estacada no solo a los empleados, sino sobre todo “a los usuarios de este servicio que, además, por sus características no están en situación de protestar por esta pérdida”.

La situación es grave a juicio de los trabajadores, que también arrastran un par de nóminas sin cobrar -han llegado a sumar cinco impagadas-, y por eso van a iniciar una serie de movilizaciones para pedir al ejecutivo de María José García-Pelayo que garantice la continuidad de este programa que, de desaparecer, dejaría desasistidos a cientos de menores.

Paradójicamente, cuando a principios de este año se firmó el contrato con la nueva concesionaria, la delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, puso de relieve la importancia de este servicio del que dijo que incluso iba a ampliar su ámbito de actuación para llegar no solo a las zonas norte y sur, sino a la centro donde se han detectado un aumento de las situaciones de riesgo.

Por eso, desde enero hasta la fecha, y a pesar de los impagos, el equipo del Sadij ha ido de la mano de los Servicios Sociales a la hora de trabajar en el control y la prevención del absentismo, así como en el programa para la detección y prevención del maltrato infantil desde el centro educativo, además de sus habituales proyectos de inserción social, de escuela en familia y de prevención de conductas violentas.