Arcaicas,  coaccionadoras,  ignorantes, inhumanas, injustas, inacertadas… son algunos calificativos que, desde el grupo LGTB de Juventudes Socialistas de la provincia de Cádiz, han usado para calificar las declaraciones que la Diócesis de Jerez ha hecho para juzgar el ‘Protocolo para alumnos transexuales’. 

Hace escasamente dos semanas se aprobaba en el Parlamento andaluz por unanimidad la nueva Ley de Transexualidad, a proposición del gobierno de izquierdas liderado por la presidenta Susana Díaz, integrando en ella un protocolo de actuación para proteger a los alumnos y alumnas transexuales. Tras la aprobación este gran proyecto social más que esperado,  que se ha elaborado y llevado a cabo por un extenso conjunto de colectivos proderechos LGTB, se ha empezado a trasladar con diligencia a todos los centros educativos para que tenga una implantación lo más breve posible.

El inicio de este gran avance para el colectivo LGTB andaluz es de nuevo cuestionado por la Iglesia, pues los Agentes de Pastoral Familiar, los miembros de los Movimientos Familiares y Padres y Madres de Familia de la Diócesis de Jerez lo han calificado como “una estrategia de tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible” o “daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven”. 

Ante estos “insultos y comentarios” contra el colectivo transexual y la equidad social en general, el Grupo LGTB de Juventudes Socialistas de la Provincia de Cádiz denuncia de forma pública los mismos, pues “van en contra de la justicia social y de los derechos del colectivo LGTB que hemos defendido y defenderemos los socialistas siempre”. Además instan de forma urgente a todas las entidades que han participado en la elaboración y emisión de esas desafortunadas declaraciones “y en especial, a la Diócesis de Jerez”,  para que se retracte y “pida disculpas a todos los ciudadanos y ciudadanas que ha menospreciado”.

Juventudes Socialistas (JSA) de Jerez critica que el Ayuntamiento no haya ejecutado el derribo de las viviendas situadas en la calle Salvador Mairena en la barriada de El Portal, desalojadas hace ya 11 meses por el riesgo de derrumbe que suponía para sus residentes. Recuerda al respecto que el pasado julio de 2012, el gobierno local “trasladó a los vecinos y vecinas que allí habitaban a las 62 viviendas adosadas de VPO construidas para el desalojo de los pisos en Salvador Mairena”. Por este motivo, 48 familias fueron reubicadas en otros alojamientos de El Portal “con el compromiso municipal de proceder al derrumbe de las viviendas de la calle Salvador Mairena, ya que su estructura suponía también un riesgo para las colindantes”.

Pero los pisos siguen sin ser demolidos, “causando un peligro para los vecinos de la barriada, ya que cada día sufren la caída de cascotes desde las cornisas, además de los reiterados ataques vandálicos que se han llevado a cabo: incendios; destrucción de paredes y tabiques que ponen en peligro la estabilidad del edificio; así como la aparición de plagas de ratas, cucarachas y otros animales que habitan en entre los escombros de los pisos”.

Juventudes Socialistas apunta también que, además,  ”desde que se produjo el desalojo y el posterior desmantelamiento de los bloques con la desaparición de los cables de luz y las tuberías de cobre, entre otros, la calle Salvador Mairena se ha quedado sin luz suponiendo un perjuicio de los vecinos que siguen viviendo allí y que tienen el mismo derecho que todos a tener alumbrado público”.