El Sindicato Provincial de Enseñanza de CC OO Cádiz ha advertido a la Junta de Andalucía de que un nuevo conflicto puede aflorar en los centros escolares gaditanos si no toma medidas “cuanto antes”. En concreto, según ha explicado el secretario general de este sindicato, Sebastián Alcón, los cerca de 100 trabajadores y trabajadoras que la empresa STI (Sistemas Territoriales Integrados, S.L.), adjudicataria del apoyo administrativo en centros escolares, tiene repartidos por 140 centros -entre ellos, varios de Jerez-, llevan dos meses sin cobrar la nómina.

Al respecto, Alcón ha destacado que el Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) encargado de la contratación de empresas que trabajan para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, no parece que destaque “por su perspicacia a la hora de buscar a empresas para que presten estos servicios”, porque, según ha explicado, se trata de empresas que vulneran “de forma permanente sus obligaciones laborales con las plantillas contratadas, y si la situación continúa, actividades muy importantes para el normal funcionamiento de los centros corren el riesgo de quedar paralizadas ante una respuesta de la plantilla a modo de protesta por su situación que ya empieza a ser límite”, ha señalado.

“Hemos solicitado una reunión a la Consejería para que actúe frente a esta situación”, señala el responsable. Los salarios de estos trabajadores -que ejercen labores propias de auxiliares administrativos- rondan los 400 euros y muchas veces alternan centros escolares e incluso localidades diferentes, según los días de la semana.

Por todo ello, este sindicato ha manifestado que ante este tipo de conflictos con empresas como ésta o como la de Brassica y algunas otras que ya empiezan a asomar por impago de salarios, alteración de los contratos, supresión del descanso semanal, prolongación de la jornada sin compensación o aplicación de convenios colectivos que no se corresponden con la actividad”, la Junta de Andalucía debería de plantearse la contratación directa de trabajadores y eliminar empresas intermediarias, ya que al final “será la administración la que pague los incumplimientos laborales de todas ellas”.