Un jerezano tenía aparcados una noche sus dos vehículos familiares en la puerta de su domicilio cuando unos vándalos les prendieron fuego, dejándolos reducidos a cenizas. Por si el estropicio no hubiera sido lo suficientemente importante, el afectado se quedó estupefacto cuando recibió un requerimiento del Ayuntamiento, instándole a pagar la tasa de extinción de incendios por la intervención de los Bomberos en el incidente. Inmediatamente el propietario de los turismos puso el asunto en manos de su abogado, Juan Manuel Delgado, que ha interpuesto un recurso contra esta exigencia municipal que consideran a todas luces un ‘atropello’. En el recurso, al que este medio ha tenido acceso, el perjudicado explica cómo los coches fueron quemados en el mismo instante y por un método idéntico: alguien prendió fuego a la gasolina rociada previamente sobre las ruedas, lo que como argumentan demuestra que no se trató de un acto fortuito o que respondiera a anomalías o fallos mecánicos.

Una versión que viene sustentada en las diligencias policiales, en las que se hace alusión a un incendio intencionado, e incluso por parte del Juzgado de Instrucción número 4, que incoó diligencias previas si bien luego decretó el archivo de las actuaciones “no porque no se incurriera en un delito, sino porque no se pudo conocer la identidad de los autores”. Una serie de razones por las que el perjudicado considera que el requerimiento municipal es “una incongruencia y tiene una falta de razonamiento adecuado”, ya que como recuerda su abogado la responsabilidad de una infracción penal es de quien la comete según la Ley, y nunca puede recaer sobre la víctima de “un brutal atentado a la propiedad privada”.

En el recurso, el letrado va más allá y arremete directamente contra la administración, subrayando que ésta debe ayudar al perjudicado y “no criminalizarle con tasas indebidas”. “En todo caso -concluye-, sería responsabilidad de la propia administración por el mal funcionamiento de sus servicios”, al tiempo que critica la falta de vigilancia en las calles y la “ineficacia” en la identificación de los autores y la persecución del delito. Así, solicita la inmediata suspensión de la ejecución de liquidación que ya ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento, en concepto de dos tasas de extinción de incendios por los dos vehículos afectados.