Ayer fue día de fiesta pero no de celebración para todos los españoles, como así se lo quisieron recordar a la alcaldesa los vecinos de La Asunción afectados por el riesgo de derrumbe de sus viviendas. A las puertas del cuartel de la Guardia Civil donde ayer se celebró la Hispanidad, se concentró un grupo de ciudadanos con carteles en los que denunciaban la difícil situación por la que atraviesan, debido al estado inhabitable de sus viviendas. Ana Ramírez fue la portavoz de la comitiva, y relató su caso explicando que ella misma ha tenido que mudarse a casa de su hija mayor junto con otra de trece años, debido a que su vivienda está apuntalada y podría derrumbarse en cualquier momento.

A pesar de ello y de que fue el propio Ayuntamiento quien le obligó a abandonarla, ahora le exigen a Ana que abone el IBI de un piso que no está disfrutando por el incumplimiento de las autoridades. “Somos personas y corremos peligro -sentenció-. Ahora no solo no lo arreglan sino que me demandan la contribución, cuando yo llevo dos años fuera de mi casa. No hay derecho”. Como insistió, los vecinos ni siquiera piden que se acometa la rehabilitación integral aprobada hace seis años, sino al menos un arreglo coyuntural que proporcione seguridad para que puedan volvera a sus casas y se evite el riesgo de derrumbe.

Durante su protesta, la primera regidora, María José García-Pelayo, se acercó a hablar con los manifestantes y les dio esperanzas sobre una pronta resolución del conflicto, puesto que el próximo lunes se reunirá con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, que se ha comprometido a proporcionar un plan de actuación urgente para los casos más graves.

Como se recordará, a pesar de que el convenio está firmado desde hace seis años la rehabilitación, que depende en un 75% de la Junta y en un 25% del Ayuntamiento, ha quedado paralizada por falta de financiación.