El dispositivo de seguridad y vigilancia que se desplegará durante la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo 2013, que se disputará en Jerez entre el 3 y el 5 de mayo, contará con la participación de unos 3.000 agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y Protección Civil.

Así lo ha destacado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, tras presidir, junto al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, una mesa técnica preparatoria de este evento, y a la que han acudido representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación gaditana, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Dirección General de Tráfico y también los alcaldes de Jerez y El Puerto, María José García-Pelayo y Enrique Moresco, respectivamente.

En líneas generales, el dispositivo de Seguridad y Tráfico es el mismo del año 2012, dado la “efectividad” registrada en la anterior edición en cuanto a los dos aspectos fundamentales para la DGT: movilidad y seguridad; es decir, que la circulación durante esta celebración sea lo más fluida y segura posible. De hecho, cabe recordar que el pasado año la disputa del Gran Premio se saldó sin ninguna víctima mortal asociada al dispositivo.

Se prevén unos 250.000 movimientos de vehículos, aproximadamente, y la asistencia de unas 50.000 motocicletas a lo largo de los tres días de pruebas. El dispositivo de tráfico es nacional, ante la asistencia de aficionados motoristas de toda Europa.

Aparte de los radares fijos para el control de velocidad, se establecerán puntos de verificación de velocidad, con casi medio centenar de vehículos equipados con radar y vehículos camuflados. También habrá controles de alcoholemia y drogas en una veintena de puntos. Desde el Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste (Sevilla) operarán más de 200 cámaras, 270 paneles informativos y 220 puntos de medida, apoyados las 24 horas por analistas de sistemas.

La Agrupación de Tráfico cubre los ejes principales viarios del país y los agentes de este servicio vigilarán las principales vías, desde las fronteras de Francia y Portugal, hasta las de llegada a Jerez. Unos 350 agentes de la Guardia Civil de Tráfico cubrirán la provincia de Cádiz y, de éstos, unos 125 se encargarán expresamente de las inmediaciones del Circuito de Velocidad. También se contará con helicópteros y patrullas especiales.

A estos agentes se sumarán otros de distintas unidades, representando aproximadamente unos 1.600 efectivos de la Benemérita, unos 600 efectivos propios de la Comandancia de Cádiz y otros casi 1.000 ajenos a la misma. La Guardia Civil instala en el propio Circuito una Oficina de recepción de denuncias que, en el pasado año, recogió 26 denuncias por delitos penales.

POLICÍA NACIONAL

El Cuerpo Nacional de Policía se ocupará, preferentemente, de la Seguridad Ciudadana, en conjunción con las policías locales de las ciudades más cercanas. Jerez y El Puerto contarán con las respectivas plantillas policiales al completo, reforzadas por tres grupos de UIP (Unidades de Intervención Policial) en cada municipio.

En el caso de Jerez, unos 300 funcionarios policiales garantizarán esa Seguridad en el casco urbano jerezano, estando apoyados en labores propias de tráfico por la Policía Local –unos 170 efectivos–.

Otros 300 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en el caso de El Puerto, especialmente en la zona de Valdelagrana, donde se concentra la ‘motorada’. La Policía Local de El Puerto contará con toda su plantilla disponible, destacando para la ‘motorada’ unos 125 efectivos.

Por último, Bomberos, Protección Civil y los medios del propio Circuito también son coordinados desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que se pondrá en marcha próximamente en las instalaciones del Circuito de Jerez.

El delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, José Galvín, ha confirmado que esta misma semana han comenzado las obras de mejora de la Torre del Agua. Este edificio, que se encuentra ubicado en el corazón del emblemático barrio de La Plata, presentaba desde hace bastante tiempo ciertas deficiencias en su fachada, por lo que no reunía las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad.

Ante esta situación, “nos hemos llevado meses trabajando con insistencia y tesón para, en primer lugar elaborar un proyecto de mejoras en el edificio, y en segundo lugar, llevar a cabo los trabajos necesarios para acabar con los problemas de seguridad que presentaba su fachada, así como para dotar de nuevo a la Torre del Agua de la imagen que se merece”, explica el delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, José Galvín.

Concretamente, los problemas que presentaba la Torre del Agua se centraban en la caída y desprendimientos de trozos de cornisa del tercio superior de la torre, por ello, el edificio ha estado durante bastantes meses acotado con una franja de seguridad.

Para dar solución al estado en el que se encuentra la fachada de este edificio, la empresa Manuel Alba procederá a identificar todas aquellas cornisas que estén sueltas o deterioradas y se retirarán para sustituirlas por otras.

Asimismo, el proyecto contempla la realización de mejoras en la impermeabilización de la cubierta y de los balcones de la Torre. Por último, está previsto pintar la fachada de este edificio, así como sus rejas y barandillas.

Se prevé que estos trabajos se lleven a cabo durante aproximadamente un mes y medio, aunque este plazo dependerá de las inclemencias meteorológicas.

La singular y emblemática Torre del Agua es actualmente sede de la Agrupación Fotográfica San Dionisio.

El objetivo, lógicamente, es combatir la proliferación de hurtos y robos en estas fechas navideñas. Por eso, según ha informado la Dirección General de la Policía, a lo largo de varias jornadas, especialmente en horarios de tarde-noche, se han llevado a cabo en la ciudad numerosos dispositivos policiales estáticos y móviles para dar respuesta al modelo de seguridad ‘Comercio seguro’ puesto en funcionamiento para las fechas navideñas por la propia Dirección General de la Policía.

El citado plan se ha llevado a cabo en puntos de la ciudad donde se concentra gran número de personas, como las zonas comerciales, los mercados tradicionales (mercadillos) y en espacios de ocio y recreo.

La participación directa, conjunta y coordinada de agentes pertenecientes a las distintas unidades y servicios especializados de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local ha permitido la realización de controles con identificación de numerosas personas y vehículos, que han propiciado la detención de alguna persona, incautación de varias armas blancas, objetos peligrosos, sustancias estupefacientes y la confección de actas por diferentes infracciones de otro tipo.

Llevan denunciando durante meses, sino años, la carencia de medios humanos del Parque de Jerez. Ahora, desde el Sindicato de Bomberos de Cádiz apoyan su reivindicación con datos que evidencian que la plantilla está muy lejos de lo recomendable en estos casos. Según la información facilitada a Reporteros Jerez por el citado colectivo, pequeños núcleos de la provincia como Benalup tienen una ratio de bombero por habitante cuatro veces superior a la jerezana, fijada en 2,22 funcionarios por cada 1.000 vecinos frente a los 0,29 en el caso de esta ciudad. En cuanto al resto de la provincia, los números tampoco son muy halagüeños puesto que Jerez siendo la más populosa ostenta el último puesto en la tabla, destacando su diferencia con respecto a localidades como Olvera (con 1,87 bomberos por 1.000 habitantes), Jimena con 1,63 o Los Barrios, con 1,36.

Las ciudades más pobladas como Cádiz o Algeciras presentan una ratio menor (0,50 y 0,44 respectivamente), aunque todas ellas por encima de nuestro municipio. Si fijamos la vista en Europa, las cifras se disparan definitivamente pues para poblaciones como la jerezana, de más de 200.000 habitantes, la media está en 210,86 efectivos frente a los 61 con los que cuenta este Parque. La interpretación del SPBC es clara al respecto: además de que el servicio resulta “desorbitadamente caro”, es “muy deficiente y sitúa a los jerezanos en una grave situación de inseguridad”. Y es que al número de habitantes hay que añadir la existencia de industrias de alto riesgo y de carreteras de primer nivel, que requieren unos protocolos de actuación específicos para los que aseguran que el Parque no está preparado.

A todo ello, como denuncian, se añade el hecho de que Jerez al ser Parque Central de Zona está obligado a prestar ayuda a otros retenes cercanos como El Puerto, Sanlúcar y Arcos, que sin embargo tienen en proporción muchos más funcionarios. Prueba de ello es que durante los disturbios sufridos en la última huelga de basuras, fueron ellos los que acudieron a apoyar a los bomberos jerezanos. En el caso de que estas poblaciones o simplemente otras del mismo municipio y relativamente alejadas como Gibalbín o Torrecera requieran de los servicios del Parque, el sindicato insiste en que los jerezanos quedarán potencialmente desatendidos si se produce un suceso grave.

ELEVADO COSTE ECONÓMICO

La falta de recursos y la peligrosidad que conlleva el sistema habilitado por el Consorcio Provincial no es lo único que preocupa a los profesionales, que subrayan que se trata de una estructura altamente costosa para los jerezanos. Concretamente, apuntan a que supone un millón y medio de euros más anuales de lo que se pagaría por un servicio de Bomberos propio. Como argumentan, todos los impuestos sobre actuaciones que se gestionan a través del cobro del IBI se desvían a la tesorería del ente provincial, que es quien solicita subvenciones destinadas a la seguridad en nombre de Jerez. Junto a ello, afirman que el Parque debe cubrir una zona despoblada en la que interviene en su mayor parte el Infoca como área forestal, lo que no ayuda a optimizar los recursos disponibles.

“En definitiva, el Consorcio no aporta ningún beneficio ni económico ni operativo a Jerez, perjudicando gravemente la seguridad. Supone además una duplicidad administrativa que ingiere una cantidad ingente de dinero público, desviando recursos a intereses que no repercuten en nada en los ciudadanos”.

Es una lacra difícil de erradicar. Los médicos de la provincia de Cádiz han sufrido más de 50 agresiones -físicas o verbales- en el desempeño de su profesión en lo que llevamos de año, según la estimación del Colegio Oficial. Son 26 las denuncias que esta institución está gestionando desde el pasado mes de enero pero son otras muchas las que no pasan necesariamente por este organismo.

Según el presidente del Colegio, Miguel Morgado, “la cifra se mantiene alta y si cambia con respecto al año pasado, es hacia arriba no hacia abajo”, explica. Uno de los motivos de ese temido repunte es que “la p0blación está más irritada”. Las áreas donde se producen más episodios violentos son las Urgencias y los centros de Atención Primaria, aunque ya se están registrando también algunas situaciones conflictivas en las consultas privadas. “Donde se pueden dar más casos es en Jerez, pero por la sencilla razón de que es donde hay más población. En las localidades pequeñas estos incidentes son más aislados pero también ocurren”, asegura Morgado.

Algunas de estas agresiones en la provincia han sido muy graves, como explica el representante de los médicos colegiados. “En una ocasión pretendieron romperle la cabeza al médico con la silla de la consulta”, cuenta Morgado. El caso más grave ocurrió hace algún tiempo en Murcia, donde una doctora de Urgencias murió asesinada en su puesto de trabajo.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), en sus estadísticas propias, tiene registradas 22 agresiones a profesionales sanitarios, hasta el mes de septiembre incluido, en la provincia de Cádiz. En el resto de la comunidad autónoma se ha tenido constancia de 162 casos. En 2011, los servicios jurídicos del SAS realizaron 242 asistencias letradas en toda la comunidad y se notificaron 174 sentencias condenatorias. Además, se notificaron nueve sentencias condenatorias por delito de atentado. La pena máxima de cárcel impuesta en Andalucía ha sido de dos años.

El último caso, en Chipiona

El último caso del que se tiene constancia en el Distrito Jerez-Costa Noroeste ocurrió en el centro de salud Tolosa Latour, en Chipiona. La víctima, una doctora que estaba trabajando en el área de Urgencias del centro, fue objeto de una agresión física así como de insultos por parte de una persona no identificada que exigió medicamentos para su pareja. La afectada, acompañada del director del centro de salud, presentó el mismo día una denuncia en la Comisaría. Inmediatamente, el SAS activó el protocolo de actuación existente para estos casos.

La importancia de la prevención

En el Colegio de Médicos, donde hay personal jurídico dedicado en exclusiva a estos casos, insisten en la importancia de la prevención de este tipo de situaciones. “Aconsejamos a nuestros colegiados que siempre denuncien las agresiones”, asegura Morgado, a la vez que solicitan a la Consejería de Salud que disponga de mayores medidas de seguridad y mecanismos de defensa en los centros sanitarios, como timbres antipánico y personal de seguridad. Recientemente, tuvieron un encuentro con el delegado de Salud, Ángel Acuña, en el que se abordó el problema. “Los sanitarios necesitan un lugar de trabajo seguro porque situaciones como éstas afectan a la dignidad profesional”, insiste el presidente del Colegio. A su juicio, “hay sistemas de protección en algunos sitios, donde parece que se dan más agresiones pero no es una circunstancia igualitaria para todos. Hay profesionales que se ven solos”.

Según el SAS, en la provincia existen 173 timbres antipánico, 1.144 interfonos y 89 teléfonos, así como 282 salidas alternativas, 85 videocámaras y 72 vigilantes de seguridad. A ello hay que sumar también la formación de los profesionales para saber reaccionar ante una posible agresión o acto violento. Salud tiene desde 2005 un Plan de Prevención y Atención ante las agresiones con el objetivo de reducir las posibles agresiones, al tiempo que ofrece asistencia jurídica y apoyo psicológico al profesional que lo necesite.

Hace poco más de un día que Reporteros Jerez lanzó la noticia de que el Ministerio del Interior se plantea desmantelar el grupo contra el crimen organizado de Jerez (Greco) y la oposición ya ha respondido airadamente mostrando su indignación ante la posibilidad de que eso suceda. La diputada jerezana Mamen Sánchez ha calificado de “gran error” la desaparición o mera reducción de la unidad, argumentando que tendría grandes repercusiones sobre el bienestar de los ciudadanos. “No es válido que temas como la educación, la sanidad o la seguridad sean objetivo de recortes amparados por la crisis”, declara.

Por esta razón, su grupo parlamentario en el Congreso ha decidido lanzar una pregunta al Gobierno para conocer los planes de Interior a este respecto, no solo en lo que concierne al grupo de Jerez sino también a los otros dos de la provincia, ubicados en Chiclana y el Campo de Gibraltar. En el supuesto de que desde el Ministerio reconozcan que la idea es reducir o directamente deshacerse de estas unidades, como ya ha ocurrido en otros puntos del país, los socialistas plantearán una proposición no de ley exigiendo que se mantengan.

Como argumenta Sánchez, el hecho de que Cádiz cuente con tres grecos no es una casualidad, dada la envergadura del negocio de la droga por estas tierras. No en vano, recuerda, desde su creación estas brigadas han desarticulado numerosas bandas de crimen organizado, han detenido a cientos de sus integrantes y se han incautado de miles de kilos de estupefacientes, además de embarcaciones y vehículos de alta gama.