El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la causa que seguía contra la senadora y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) del año 2004.

En una exposición motivada elevada este lunes al alto tribunal, el magistrado instructor señala que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en “groseras ilegalidades” y se hicieron “incumpliendo los estatutos” del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.

Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos “se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos”.

En concreto, el juez investiga la adjudicación del ‘stand’ del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.

El Supremo, que asumirá esta pieza separada del ‘caso Gürtel’ por la condición de aforada de García Pelayo, también investigará a los otros siete imputados, a los que también se atribuye un delito continuado de prevaricación. Se trata de los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela.

Declaración inmediata y voluntaria

Ante la noticia, la dirigente popular María José García-Pelayo solicitará de forma inmediata y voluntaria la comparecencia ante el Tribunal Supremo “para aclarar todo lo que sea necesario en relación a la tramitación del expediente y que todo se resuelva lo antes posible”

Desde el PP se ha destacado que, tal como se ha indicado a lo largo de todo el proceso, la participación de García- Pelayo como Alcaldesa de Jerez y presidenta del Instituto de Promoción de la Ciudad se limitó a la ratificación y firma de los documentos  del expediente administrativo, en cumplimiento  de las obligaciones de su cargo, y una vez que los mismos tenían los informes favorables de los diferentes funcionarios responsables de la tramitación y el propio Secretario del Ayuntamiento.

Asimismo, desde las filas populares recalcan que, con independencia de la repercusión mediática del mismo, y a la espera de conocer el auto de remisión al Supremo, en ningún caso se ponen en cuestión la incorrecta utilización de fondos públicos, ni la relación personal con ninguna trama ni organización, sino exclusivamente  el procedimiento de tramitación de un expediente administrativo.

Cabe destacar, por último, que hasta la llegada a la Alcaldía de María José García-Pelayo en el año 2003, en el Ayuntamiento de Jerez y los organismos adscritos al mismo los procedimientos administrativos se tramitaban de forma “peculiar”, así como que durante su mandato dio la orden expresa de que se adaptaran y fijasen a las exigencias legales.