Jerez es el municipio de la provincia que más necesita una inyección económica para hacer frente a todas las situaciones de emergencia social que padece. Ésta es una de las consideraciones llevadas a cabo por el Partido Socialista, que por boca de su secretaria local, Miriam Alconchel, ha exigido al Ayuntamiento que se acoja al nuevo decreto de la Junta de Andalucía contra la exclusión, que incluye aportaciones a las administraciones locales para atender circunstancias de extrema necesidad. En total, la financiación del gobierno autonómico alcanza los 120 millones para toda la comunidad, orientada a que en cada una de las localidades beneficiadas se lleven a cabo programas específicos de solidaridad, contratación a desempleados y alimentación.

Como ha explicado Alconchel, en el caso concreto de Jerez serían 1.600.00 euros los que el Consistorio recibiría para crear planes de acción social y aportar un refuerzo a la Ley de Dependencia para quien más lo requiera o garantizar comidas en comedores escolares o centros de día, entre otras medidas. La única condición sine qua non es tan básica como que el gobierno local solicite acogerse a este decreto, cuyo plazo de inscripción expira el próximo 18 de mayo. “No se puede desaprovechar esta ocasión, y en tiempos de crisis se debe invertir en los ciudadanos. Mientras Rajoy pide sacrificios y ve cómo nos morimos en la sala de espera, los progresistas ponemos 120 millones encima de la mesa. Solo espero que el gobierno local lo aproveche y no entre en la estrategia de desprestigiar y enturbiar las iniciativas de otros partidos”.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, no ha tardado en pronunciarse sobre este asunto aunque sin arrojar demasiada luz al respecto. Así, la primera edil ha informado de que la Delegación de Bienestar Social “está estudiándolo en estos momentos”, sin atreverse a dar ninguna respuesta a los requerimientos de la oposición. “Cuando tengamos un planteamiento claro ya lo diremos. Necesitamos que nos financien los servicios, porque muchas veces acabamos prestando servicios que corresponden a la Junta de Andalucía. No nos negamos a colaborar, pero todo tiene que estar financiado”.