El PSOE de Cádiz, a través del secretario de Política Institucional, Rafael Márquez, ha anunciado que “los servicios jurídicos del partido están analizando la fórmula idónea para reabrir el caso Gürtel-Jerez en el juzgado competente”. Según Márquez, “el informe de la UDEF abre un camino claro que es el depurar responsabilidades ante la gravedad del caso; actuaciones exquisitas que se tuvieron con ayuntamientos de toda España, incluido Jerez, por las empresas de Correa”.

En este sentido, el socialista ha asegurado que “el PP de Jerez no puede dejar de mirar hacia otro lado, debe dar explicaciones, no escurrir el bulto y no esconderse tras técnicos municipales”. Márquez entiende que “en el caso de que Pelayo no acuda voluntariamente ante la Audiencia Provincial, se buscarán vías judiciales, ya sea ante este órgano judicial o ante el Tribunal Supremo dada la calidad de aforada de la senadora y alcaldesa de Jerez”.

Por su parte, Miriam Alconchel ha hecho públicas pruebas documentales que se dan por cierto en el informe de la UDEF-Policía Judicial y que demuestran que presuntamente se “falsearon fechas para aprobar los contratos de las empresas de Correa por vía de urgencia, sin concurso público y sin invitación a tres empresas como marca el procedimiento administrativo local y como evidencia el hecho de que no existieran reporte de los presuntos faxes enviados a otras empresas”.

Así, la líder de los socialistas jerezanos ha mostrado públicamente el informe de la interventora municipal que marcaba los pasos del procedimiento a la contratación de Fitur 2004 en base a una consignación de 2004, prevista en los presupuestos prorrogados del año anterior “y que presuntamente se saltaron a la torera”.

“Lo llamativo del caso- añade Alconchel– es que la interventora dejaba claro que existía partida presupuestaria para atender el gasto y que se reservaría crédito; y se da la coincidencia de que el informe de intervención es del mismo día (8 de enero de 2004) en que desde el IPDC, a través de un informe, se intenta justificar la urgencia vinculándolo al Plan de Excelencia Turística aprobado 11 meses después”; “algo que demuestra el nerviosismo del PP por la adjudicación a dedo a pesar de existir una consignación presupuestaria concreta”, a juicio de Alconchel.

Igualmente, “llama la atención la irregularidad y falta de concordancia de fechas en la solicitud que se exige a las empresas en Jereyssa para justificar la inexistencia de deudas de las firmas de la trama, con registro de entrada del 4 de marzo de 2004, un mes después del evento; lo que resulta una metedura de pata gordísima”, agregó.

Es por ello por lo que la Secretaria General de los socialistas jerezanos denuncia “los continuos viajes en el tiempo del PP en este asunto, hacia delante y hacia detrás para vestir el expediente” se realizan porque “en ningún caso se justificaba la urgencia; por lo que se usó el procedimiento de negociado sin publicidad para adjudicar a sus amigos del PP”.

El Partido Popular de Jerez anuncia querellas. Así lo confirmó el teniente de alcalde y secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, quien en una comparecencia pública junto con la alcaldesa y presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo, ha manifestado que el Grupo Municipal Popular va a solicitar la comparecencia de la alcaldesa en el pleno del Ayuntamiento de Jerez. Leer noticia completa

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y conseguido por Europa Press, rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el Comité Andaluz de Gobiernos Locales. El antiguo instructor del caso ‘Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jerez.

La UDEF explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.

Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 -valorado en 162.806 euros-, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre -por 39.366 euros- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.

Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización.

“De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado”, remarca el informe.

Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban “dar una apariencia de legalidad” al procedimiento.

Los agentes también sitúan en un “papel fundamental” a Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz, quien ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez. ”El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros”, detalla la Policía.

La UDEF destaca que participó en el procedimiento formal de adjudicación por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad de Jerez la actual alcaldesa de Jerez. Su nombre figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su “antefirma y firma” en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.

La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su “antefirma, firma y rúbrica”. El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz Bernardo Villar también rubricó los contratos.