A los recortes sociales, económicos, laborales y de todo tipo a los que están siendo sometidos los ciudadanos se une ahora un nuevo tijeretazo que sufrirán los jerezanos a partir del día de hoy. En esta ocasión, no se trata de una iniciativa del gobierno sino de un colectivo castigado por los impagos cuya decisión repercutirá de forma directa en la ciudadanía: la justicia gratuita limitará su asistencia a un solo día a la semana, motivado por la falta de cobro de los letrados del turno de oficio. Los miércoles son los días elegidos por el Colegio de Abogados de Jerez para la atención a los usuarios, frente a los cinco días a la semana que han tenido las puertas abiertas hasta el momento. Las consecuencias son claras: si la designación de abogado se solía producir como mucho en un mes, ahora rozará los seis.

Así lo ha confirmado el decano del Colegio, Marcos Camacho, informando de que en un año se han asignado para este servicio unos 7.000 profesionales; si todo sigue igual, la cifra se reducirá hasta los 1.400. Los perjudicados, como resulta habitual en estos casos, son los demandantes con menos recursos, las personas cuyos ingresos no rebasan el doble del Iprem (fijado en unos 14.000 euros). Todos sus procedimientos que carezcan de plazos estrictos pasarán directamente al limbo de los miles y miles de asuntos pendientes, a la espera de que se designe un letrado para ellos. Los únicos que contarán con ventajas serán los procesos judiciales en los que haya detenidos; en estos casos, el Colegio tendrá la obligación de asistir de manera inmediata al perjudicado.

Cónyuges en proceso de divorcio; perjudicados por despedidos laborales en demanda de un reingreso o de una compensación económica o incluso mujeres maltratadas, si no se ha detenido a sus parejas, se pondrán a la cola y tendrán que hacerse a la idea de que sus procedimientos tardarán meses si no años, si no pueden permitirse un abogado de pago. En la calle, las reacciones no se han hecho esperar y los jerezanos han mostrado su contrariedad ante una circunstancia que les perjudica y que no tiene visos de mejora a corto plazo.  “Me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal -apostilla Miguel, de profesión camarero-. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, que se van a pensar más si denunciar porque no tendrán dinero para pagarlo”.

En la misma línea se ha expresado Manolo Rodríguez, jubilado, aprovechando para apostillar que “tampoco se pueden pagar precios abusivos”. Otros, sin embargo, se han mostrado condescendientes con los letrados argumentando que “habrá que ponerse en el lugar de los que sufren los impagos”, como justifica José Miguel, de profesión frutero. “A mí me parece que en este país se ha abusado mucho del servicio de justicia -apunta Manuel Cabrera, ingeniero técnico agrícola-. Habría que ser más selectivo y poner un pleito por lo verdaderamente urgente, ya que la justicia la pagamos todos”.

En la actualidad, la Junta de Andalucía acaba de abonar el 75% de las guardias del turno del oficio del presente año, pero aún queda pendiente ese 25% restante más todos los gastos de infraestructura. Según Camacho, todo ello unido a la bajada en un 10% de las cuotas de los abogados hace que sea imposible seguir prestando el servicio, por lo que a partir de enero se podría paralizar por completo. De momento, la asistencia se resentirá dentro de un sistema que cada vez presenta más deficiencias y que, con la reciente Ley de Tasas, se ha convertido en el nuevo azote de los bolsillos de los ciudadanos.

Cada mañana, Pilar de los Ríos y Juan Carlos López, padres de una alumna del colegio García Lorca, pasan junto al elevador antes de subir las escaleras para ayudar a su hija a llegar a clase acarreando su maleta. Hace tres años que el ascensor instalado en el centro no funciona porque ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía se hacen cargo de su mantenimiento mientras que dos alumnos se enfrentan cada día a los peldaños -a pesar de que se lo desaconsejan los médicos- para poder sentarse en sus pupitres dos plantas más arriba.

“Las administraciones se pasan la pelota unas a otras y nada”, asegura la presidenta de la asociación de madres y padres del centro, Paqui Pliego. Lo más difícil en estos casos, que es contar con el ascensor, ya lo tienen por lo que es menos comprensible aún esta situación. Tanto la dirección del colegio como la AMPA han remitido escritos, hecho peticiones y solicitudes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento sin que, en todo este tiempo, haya aparecido un técnico de ascensores por el recinto. La plataforma elevadora -no es un ascensor al uso- funcionó durante cuatro años: la mitad del mantenimiento estaba cubierta por la garantía y la otra mitad la aportó el Ayuntamiento.

“Mi temor es que mi hija se caiga por las escaleras y se haga más daño”, explica Pilar de los Ríos. La niña lleva dos años con un corsé por un problema de columna y no es aconsejable que suba y baje escalones cuatro veces al día ni que lleve peso alguno. Así, antes de las nueve de la mañana y a las dos de la tarde sus padres la acompañan a clase y la recogen. “No quiero que otros niños tengan que ayudarla ni interferir en el trabajo de los profesores”, asegura su madre. “No van a hacer nada hasta que pase algo, como casi ocurre con la cornisa del patio hace unas semanas”, recuerda. Además de esta alumna, otro compañero con problemas en un pie y su familia también contemplan con impotencia cada día el ascensor inutilizado, “muerto de risa”.

Campaña de recogida de firmas

Sin saber ya a quién recurrir, la asociación de padres del colegio ha decidido emprender una campaña de recogida de firmas en el centro, en el barrio y en toda la zona sur para reclamar que las administraciones se hagan cargo de una vez por todas del mantenimiento del elevador. “Llevaremos las firmas a donde haga falta hasta que nos escuchen”, asegura convencida Fátima García desde la AMPA.

Hay otros colegios de la ciudad donde el Ayuntamiento instaló un elevador y se está haciendo cargo ahora de su mantenimiento. En el García Lorca fue la Junta de Andalucía la que abonó el dispositivo por la necesidad de un alumno que utilizaba silla de ruedas. Otro problema añadido para el centro es que no pueden hacerse cargo ellos directamente del mantenimiento del ascensor ya que no reciben aportación municipal alguna para gastos como éste desde el año 2007.

Corren malos tiempos para la abogacía, especialmente en el caso de la jerezana que al frente que mantiene abierto a nivel nacional contra la Ley de Tasas, se unen los impagos de la Junta que hacen peligrar el turno de oficio. Los profesionales, sin que sirva de precedente, han puesto al mal tiempo buena cara y han celebrado el día de su patrón, San Cayetano, y su patrona, la Virgen de la Consolación, con un reconocimiento a los 25 años de servicio de una quincena de letrados y el juramento de otros 12 que se incorporan al Colegio de Abogados. Un ambiente festivo que culmina con una misa y una comida, pero en el que persiste de forma inevitable esa preocupación que asola a todos los letrados.

Como ha informado el decano de los abogados, Marcos Camacho, hoy se cumplía el ultimátum a la Junta y hoy mismo la administración regional ha ingresado el 65% de lo relativo a las guardias del turno de oficio en todo el año. Sin embargo, además del porcentaje que falta hay que tener en cuenta que no se ha abonado nada de lo correspondiente a los gastos de infraestructura, por lo que el Colegio cumplirá su amenaza y a partir de la semana próxima, concretamente del miércoles, se adecuará el servicio de justicia gratuita al presupuesto existente.

Ello implicará que solo este día de la semana se atiendan los casos de turno de oficio dándole prioridad a los procedimientos con plazos improrrogables, lo que podría dilatar las designaciones de letrado en seis meses. Según Camacho, esta decisión del colectivo jerezano de recortar la asistencia ha sido secundada por el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, de manera que en toda la comunidad autónoma se empezarán a tomar medidas. Cabe recordar que, si el 15 de enero siguen los impagos, los profesionales cancelarán el turno de oficio hasta nuevo aviso, asistiendo solo a los detenidos. “Si no pagan, no tendremos dinero para realizarel servicio -sentencia el decano. La Junta será la que haya provocado su suspensión”.

Lo que hasta ahora no era más que una simple amenaza se puede tornar muy pronto en realidad si la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos con los abogados jerezanos. Tras una concurrida asamblea a la que asistieron más de 100 letrados, los profesionales que ejercen el turno de oficio han decidido lanzar un ultimátum a la administración autonómica para que les abone todos los atrasos: es decir, lo correspondiente al año vigente. El plazo, como ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, expira el viernes. Si antes del día 1 no han cobrado, restringirán el servicio de tal forma que solo asistirán a los ciudadanos un día a la semana, frente a los cinco laborables de la actualidad.

“Si la Junta no responde al comunicado que vamos a remitirle -argumentó el decano-, adecuaremos la prestación del servicio a los fondos recibidos, por lo que asistiremos solo un día o unas horas. Hay que recordar que no nos han pagado nada en todo el año”. El montante total de la deuda supera el millón de euros, lo que a juicio de los interesados justifica esta medida e incluso una más drástica que no dudarán en adoptar si el 15 de enero persisten los impagos. “Si en esa fecha seguimos sin cobrar, estaremos imposibilitados para prestar el servicio”. O, lo que es lo mismo, los jerezanos se quedarán sin justicia gratuita nada más empiece el año.

Camacho quiso puntualizar, no obstante, que los letrados garantizarán la asistencia al detenido, “paguen o no paguen”. En el resto de los casos, los ciudadanos sin recursos o con presupuesto limitado se verán despojados del derecho de tutela judicial efectiva. “El ambiente entre los compañeros está muy caldeado -justificaba el titular del Colegio-. De hecho, hemos llegado a un acuerdo intermedio porque había algunos que querían tomar decisiones más drásticas. La verdad es que a nosotros nos duele no asistir a todos los ciudadanos”. Aunque el peor de los escenarios no llegue a cumplirse, el simple hecho de que los abogados del turno de oficio reduzcan a un día el servicio implicará que se ralenticen los procesos hasta el punto de que la mera designación de letrado suponga una espera de seis meses, cuando lo habitual es que no supere los 30 días.

El profesor de la Universidad de Navarra, James Orlando, se ha desplazado hasta Jerez para dar una conferencia sobre finanzas en el Colegio El Altillo School. En la charla, que ha sido en inglés de principio a fin, han participado un centenar de estudiantes de Bachillerato, tanto de la modalidad de ciencias como de letras.

El ponente, de nacionalidad canadiense y con varios años de experiencia en el sector, les ha explicado las claves para hacer buenas inversiones y ha puesto como ejemplo algunas multinacionales norteamericanas y grandes expertos en finanzas. “Ha sido una experiencia muy positiva, los estudiantes han hecho preguntas y han interactuado”, asegura la coordinadora de Bachillerato del centro escolar, Vanesa Moore. Es la primera vez que se lleva a cabo esta actividad con la Universidad de Navarra, una iniciativa que se repetirá con otros conferenciantes en los próximos meses.

La profesora, un buen puñado de niños de cuatro años, coloridas fichas escolares, mochilas y un cubo para recoger el agua que cae del techo. Este ha sido el panorama en una clase del CEIP Las Granjas que los alumnos no utilizan desde hace varios días debido a las goteras. En total son seis las aulas de Infantil más afectadas por las humedades en cuanto llueve y en dos de ellas el cubo ya forma parte del mobiliario.

La dirección del centro decidió la pasada semana trasladar a los alumnos de una de las clases más perjudicadas-cae agua por los tubos fluorescentes- para evitar posibles accidentes. Los niños reciben clase ahora en la biblioteca del centro, una medida que afecta a todo el colegio ya que el resto de alumnos no puede desarrollar su programa de lectura con normalidad. Para los pequeños y su maestra también supone un trastorno ya que no cuentan con aseos adaptados para su edad cerca ni con parte del mobiliario escolar necesario, como la pizarra digital. Hay otra aula en las mismas circunstancias pero el colegio no dispone ya de más espacio alternativo para otro traslado.

El colegio ha recibido ya las pertinentes visitas técnicas pero siguen sin fecha concreta para el arreglo ni tienen más información al respecto. Como recuerda el director del colegio, Juan Guerra, “hace cuatro años que estamos pidiendo las obras”. El centro, al que asisten casi mil niños cada día, se construyó en 1979 y “desde entonces no se han arreglado las cubiertas”.

Los padres están “muy pendientes” de lo que ocurra con este asunto ya que “es un trastorno para todo el colegio”. Según cuenta la presidenta de la asociación de madres y padres, Esther Palomeque, “los niños han estado trabajando con las luces apagadas y la profesora ha tenido la paciencia de inculcarles que las luces no pueden encenderse allí”. Las lluvias de este fin de semana alargarán la molesta estancia de los menores fuera de su clase habitual.

Además de estas clases situadas en la parte alta de los dos edificios del recinto escolar, el techo del vestuario del gimnasio también padece desperfectos. Uno de los aseos lleva varias semanas sin poder utilizarse debido al desprendimiento de parte de la escayola por el mismo motivo: una filtración. No es la primera vez que ocurre y ya este verano se hizo un arreglo de urgencia que, a la vista está, no ha dado el resultado esperado. Mientras llegan los albañiles, niños y niñas tienen que compartir vestuario.

Hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Como han confirmado desde el Colegio de Abogados de Jerez, los letrados se sumarán a las movilizaciones emprendidas a nivel nacional y el próximo lunes se concentrarán a las doce del mediodía frente a los juzgados. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigirán la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos. Es decir, como explicó el decano jerezano Marcos Camacho, “muchas personas renunciarán a recurrir pero no porque no lleven razón, sino simple y llanamente porque no tengan dinero para ello”.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.

La Feria será este año más corta para los escolares y profesores jerezanos ya que tendrán un día festivo menos. En mayo de 2013 solo se ha establecido como no lectivo el viernes de Feria por lo que el jueves habrá clase con normalidad (otra cuestión es cuántos alumnos acudan a su centro escolar ese día) cuando lo habitual en años anteriores es que las clases se interrumpan desde el miércoles.

El Consejo Escolar Municipal ha aprobado esta circunstancia ya que hay tres días locales para elegir dentro del calendario escolar: la Merced (24 de septiembre), San Dionisio (9 de octubre) y un festivo más de libre elección, que es el viernes de Feria. Además, como días no lectivos en toda la provincia la comunidad educativa ya ha disfrutado del 2 de noviembre (puente de Todos los Santos) y hará lo mismo el 7 de diciembre, viernes (Puente de la Constitución). Existía la alternativa de cambiar el 1 de marzo -elegido a nivel provincial como Día de la Enseñanza, el antiguo Día del Maestro, y estratégicamente situado junto al 28 de febrero para hacer otro puente- por el jueves de Feria pero no se alcanzó la mayoría en el Consejo Escolar jerezano.

Hasta ahora, el ciudadano que se veía inmerso en un procedimiento judicial ya tenía bastante con los costes típicos derivados de éste, algunas veces incluso astronómicos. Sin embargo, al Gobierno central no le ha parecido suficiente y ha decidido incrementar esas cuantías mediante la Ley de Tasas, por la cual el  interesado deberá pagar cantidades que oscilan de media entre los 50 y los 750 euros por la interposición de los recursos que requiera. Los colegios de abogados de toda España han puesto el grito en el cielo ante una ley que considerán del todo injusta, puesto que “impedirá el acceso a la Justicia de los menos pudientes”.

Así lo ha explicado el decano de los letrados de Jerez, Marcos Camacho, que se ha sumado a las protestas organizadas por el territorio nacional contra esta medida. “Con ello, lo que conseguirán es que la gente no recurra pero no porque no lleve razón, sino porque no tenga dinero. Además, resulta incongruente porque se supone que la ley nace para amortizar los costes de la justicia gratuita, pero lo hará a costa de los demás”. Es decir, los acogidos al turno de oficio no abonarán estas tasas pero sí el resto, lo que perjudicará gravemente a los pequeños despachos de abogados, que previsiblemente perderán clientes y con ello sus ingresos.

De esta obligación, quedarán exentos únicamente los asuntos penales. Los otros, en una u otra medida se verán afectados con ejemplos ilustrativos como las apelaciones civiles o contenciosas, que pueden alcanzar los 500 euros o las casaciones, que abarcan entre 600 y 1.200 euros. En lo social, los recursos de súplica y casación hasta ahora gratuitos costarán entre 500 y 750 euros.

Tras una semana de huelga de limpieza en los colegios públicos  de Jerez y el cierre de cuatro aularios de Infantil decretados para este lunes, la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Jerez (Flampa), ha tomado cartas en el asunto con contundencia. El colectivo ha remitido una solicitud al Fiscal jefe del área de Jerez “para que investigue si existe algún tipo de infracción penal que suponga un atentado al derecho fundamental a la Educación, por parte de las partes implicadas”. Ha procedido de igual forma con el Defensor del Pueblo Andaluz “con el objeto de solicitarle que acuda a la vía judicial contra cualquiera de las partes si lo considera admisible”.

Pero no se han quedado ahí sino que también han remitido escritos a la Junta de Andalucía (competente en Educación) y el Ayuntamiento de Jerez (competente en materia de limpieza de las dependencias escolares), que siguen a la gresca ante la huelga. Así, le han escrito a la consejera María del Mar Moreno “para que en virtud de las leyes, garantice la escolarización de nuestros hijos e hijas. Para tal fin le pedimos que promueva dentro del gobierno de la Junta de Andalucía o cualquier otra administración, cuantas actuaciones sean necesarias para que se reanuden las clases en las aulas cerradas y evite nuevas clausuras”. La Flampa también ha asegurado en su comunicado, que “solicitaremos una reunión para trasladarle personalmente la preocupación que nos supone la situación actual”. Y también han expresado su malestar al Ayuntamiento a través de una solicitud en la que piden a María José García-Pelayo que “haga el esfuerzo extraordinario que sea necesario para poner fin al conflicto laboral que ha sido origen de esta situación, por entender que es de su competencia”.

Aseguran que esta situación es “un incumplimiento del derecho a la Educación de los 680 niños de 28 aulas afectados por los cierres desde el lunes”. “Es del todo inadmisible la desvergüenza de cuanto está aconteciendo con este asunto. Una vez más los ciudadanos vemos cómo la clase política ningunea nuestros derechos en beneficio propio”, aseguran. El comunicado, firmado por la presidenta de la Flampa, Rosa Saborido, continúa diciendo que “asistimos a un espectáculo de payasos que creen entretenernos con sus declaraciones, que no son más que juegos de malabares con los que intentan distraernos”. Citan así varias cuestiones, como que “no se considere la situación de emergencia pero se cierran aulas” y que “para eludir responsabilidades se hacen declaraciones informando que no se cierran aulas por la huelga, sino por la insalubridad de las mismas”.

Critican, igualmente, la insuficiencia de los servicios mínimos. “Es puro desprecio al ciudadano, ¿ni siquiera los niños son merecedores de respeto?”, se preguntan.

“Sinvergüenza”

La Flampa no se ha mordido la lengua y ha asegurado que “quien teniendo responsabilidad en ello, mira impasible cómo se cierran aulas, solo cabe decir que no tiene vergüenza, o lo que es lo mismo; que es un/a sinvergüenza. Ya está bien de reírse de los ciudadanos, no todo vale”.

Además de las peticiones a las autoridades, el colectivo ha solicitado “a los directores de los centros educativos afectados por el cierre de aulas la posibilidad de reubicar al alumnado en tanto en cuanto las administraciones implicadas no solucionan este problema para evitar las consecuencias de la inasistencia a clase”. Por último, hacen un llamamiento a las Ampas de cada centro escolar a que “convoquen Consejos Escolares Extraordinarios en los que tras analizar la situación en sus respectivos
colegios, se acuerde trasladar informe de la misma y reclamar a la Consejería de Educación su intervención para que garantice el derecho de nuestros hijos a la Educación. Consideramos necesario que las comunidades educativas de los distintos centros escolares se impliquen directamente en el problema”.

A este respecto, hay que decir que algunas asociaciones de padres y madres -como la del colegio Manuel de Falla- ya han tomado decisiones al respecto y nse manifiestan este lunes a las 9,00 con una sonora cacerolada en las puertas del centro, uno de los afectados por el cierre.