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Ni Pilar Sánchez ni María José García-Pelayo advirtieron irregularidades

Las dos exalcaldesas de Jerez, la popular María José García-Pelayo y la socialista Pilar Sánchez, han asegurado este martes que nadie advirtió de irregularidades en la venta del solar municipal por la que está siendo juzgado su exsocio de gobierno, Pedro Pachecho.

La coincidencia de los tres alcaldes que ha tenido Jerez de la Frontera desde el inicio de la Democracia hasta las últimas elecciones municipales, en la Audiencia Provincial de Cádiz, ha levantado gran expectación, especialmente porque todos se hayan inmersos en momentos cruciales de los diferentes procesos judiciales abiertos contra ellos por su gestión.

García-Pelayo, investigada por el Tribunal Supremo en su condición de aforada en la “rama jerezana” de la trama Gúrtel, y Pilar Sánchez, a punto de ingresar en prisión para cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por irregularidades en la concesión de una subvención, han acudido a la Sección Octava de la Audiencia Provincial en condición de testigos en el juicio que se sigue contra Pacheco, acusado de un supuesto fraude en la venta del solar de la antigua estación de autobuses de la ciudad. El histórico líder andalucista, que cumple ya cinco años y medio de prisión, se enfrenta en este juicio a una petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de cárcel.
La operación supuestamente fraudulenta de venta de este solar se gestó entre el 2004 y el 2006, un periodo en el que Pacheco era teniente de alcalde primero de García-Pelayo y después de Pilar Sánchez, en virtud de dos pactos de gobierno sucesivos que acabaron con numerosas tensiones y ataques entre ellos, algunos de los cuales se transformaron en denuncias judiciales.
Ante el tribunal, estas tensiones se han transformado en frialdad y en apenas unas leves miradas de reojo que tanto García-Pelayo como Sánchez han dedicado a Pachecho cuando, al abandonar la sala de vistas tras prestar declaración, han pasado al lado del exlíder andalucista, sentado en el banquillo de los acusados junto a otros seis hombres. Las dos exalcaldesas eran presidentas de la Empresa Municipal del Suelo, Emusujesa, cuyo vicepresidente era Pedro Pacheco, Delegado Territorial de Urbanismo con ambas.
Las dos han contado que no estaban en “el día a día” de la gestión de esa sociedad, de la que se ocupaba Pachecho, y han relatado que conocieron el proceso de venta de ese inmueble porque había quedado en desuso y el consistorio, con una deuda de 500 millones de euros, necesitaba liquidez. García-Pelayo, que fue alcaldesa sólo en los primeros trámites del proceso, y Pilar Sánchez, han reiterado ante numerosas preguntas de las partes que no recordaban mucho del proceso de venta, por el tiempo transcurrido.
Pilar Sánchez, bajo cuyo mandato se llevó el grueso de la venta, ha explicado que delegó todas sus competencias en Emusujesa en Pedro Pacheco y que “jamás” se ocupó del “día a día” de esta sociedad municipal. La exalcaldesa ha señalado que su pacto con Pacheco creó una legislatura “muy complicada”, y que aunque al principio la relación entre ellos fue “normal” después “se fue deteriorando”.
“No era que hubiera enfrentamiento, era que no existía relación”, ha explicado, para contar que por eso ella ejercía sus competencias y no se inmiscuía en las de Pacheco. Como alcaldesa asistió a los consejos de administración, pero no se acuerda de los detalles de la operación que ahora está siendo juzgada. “Asistí a cientos de consejos de administración. Es imposible que me acuerde”, ha respondido, al tiempo que contaba que de esta operación se habló “lo mismo que se hablaba de la venta de otros activos”, sin más.
Sánchez ha contado también que conoció a José Luis López, “El Turronero”, uno de los dos promotores juzgado por esta fraude, en el 2009, con posterioridad a la venta, y que desde entonces ha forjado una amistad, “especialmente” desde que en el 2011 ella dejó la alcaldía. Sánchez ha declarado hoy ante el tribunal que tiene que decidir sobre el recurso que ha puesto para pedir que suspenda la orden de ingreso en prisión que esta misma sala emitió la pasada semana, para que cumpla la condena de cuatro años y medio de cárcel.
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