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Alegan “prescripción de delitos” en el juicio contra Pedro Pacheco

El juicio por las supuestas irregularidades en la venta de la estación de autobuses de Jerez en 2006, que sienta en el banquillo al exalcalde jerezano Pedro Pacheco y a otros seis acusados, ha comenzado este martes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con las cuestiones previas. Entre otros asuntos, las defensas han alegado “indefensión” y “prescripción” de algunos de los delitos que se les imputan, lo cual ha sido rechazado por la Fiscalía.

Pacheco ha llegado a la sede judicial a las 9,20 horas en la que ha sido su primera salida de Puerto III, donde ingresó hace más de un año para cumplir una condena de cinco años y medio por el ‘caso Asesores’. Vecinos y compañeros de partido, tanto de su etapa en el PSA como en Foro Ciudadano de Jerez, han acudido para mostrar su apoyo al exalcalde.

La primera sesión del juicio, que se articulará en tres sesiones semanales y se prolongará durante aproximadamente un mes, se ha dedicado a las cuestiones previas, las cuales resolverá el tribunal este miércoles. Será en esa segunda sesión cuando comiencen a declarar los acusados. El juicio reunirá a más de 60 testigos de las partes en una causa en la que, además de Pacheco, están acusados el exgerente de la Empresa Municipal de Suelo de Jerez (Emusujesa) y el empresario José Luis López, conocido como ‘El Turronero’, su socio F.C. y tres supuestos testaferros.
De las cuestiones previas planteadas, cabe destacar la “indefensión” alegada por varias de las defensas y la “prescripción” de algunos de los delitos que se imputan a sus patrocinados. Al respecto, la Fiscalía ha argumentado que no existe prescripción de los delitos.
Asimismo, tanto la Fiscalía como el letrado de Emusujesa, que ejerce como acusación particular, han renunciado a la declaración como testigo de Pilar Sánchez, exalcaldesa socialista de Jerez, argumentando que no está al tanto del tema y, por ello, nada podría aportar para su esclarecimiento. De hecho, según ha indicado a los periodistas al término de la sesión el abogado de Emusujesa, Juan Pedro Cosano, la propia Pilar Sánchez remitió a la autoridad judicial un escrito durante la instrucción explicando que no estaba al tanto del proceso relativo a la venta de la antigua estación de autobuses.
Así las cosas, la vista se reanudará este miércoles con la resolución de las cuestiones previas por parte del tribunal y con las primeras declaraciones de los imputados en esta causa. Cabe señalar que tanto la Fiscalía como Emusujesa solicitan siete años de prisión para Pacheco por las supuestas irregularidades cometidas en la venta de la antigua estación de autobuses en 2006, cuando era delegado municipal de Urbanismo y vicepresidente de dicha empresa municipal.
El caso 
Concretamente, el que fuera líder del PSA y de Foro Ciudadano en su última etapa, está acusado de un presunto de prevaricación continuada, fraude en la administración y falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de estafa.
Según el escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados “se concertaron” para beneficiar “de manera arbitraria y con bienes públicos” a una determinada sociedad “en perjuicio económico de la propia administración”.
Para ello, según la acusación del Ministerio Público, siguieron un “plan” que se hizo “con desprecio total de las normas administrativas y legales”, “evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en términos de igualdad” y “con grave perjuicio al patrimonio público al enajenar un inmueble percibiendo un precio considerablemente inferior al que le correspondía por su valor de mercado”.
De esta manera, según el escrito de la Fiscalía, los acusados Pedro Pacheco y el entonces gerente de Urbanismo, “de común acuerdo y guiados para favorecer de manera arbitraria” a José Luis López Fernández y su socio en el proceso de enajenación de la antigua estación de autobuses, “realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias” para que les fuese adjudicada a través de la mercantil Ingeniería Jienense, S.L., “de la que eran los verdaderos titulares”. Según el Ministerio Fiscal, en dichos “actos administrativos” procuraron también que esta enajenación les fuese adjudicada por un precio “notablemente inferior a su valor real”, que ascendió a 2,7 millones de euros “cuando el valor real del mercado de la finca nunca podía ser inferior a 4,4 millones de euros, con el pertinente perjuicio para las arcas municipales del Ayuntamiento.
Para conseguir dicho propósito, según el Ministerio Público, “se aprovecharon de la posición que les proferían los cargos que ocupaban en el Ayuntamiento de Jerez y en la Empresa Municipal del Suelo, “disfrazando” dicho proyecto “bajo la apariencia de haber tomado una decisión de carácter político” que llevaron a Pleno municipal. Sin embargo, sostiene que “no tenía otro sentido ni finalidad pública más que el favorecimiento arbitrario de una determinada empresa”.
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