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Foro Ciudadano pregunta al gobierno local por los criterios “para colocar solo a algunos afectados por la mala aplicación del decreto de exclusión”

Foro Ciudadano de Jerez ha preguntado al gobierno municipal por los criterios “teóricamente objetivos” que se están siguiendo “para colocar únicamente a un grupo de afectados por la mala aplicación del decreto de exclusión social de la Junta”. En este sentido, el portavoz de esta organización política, Raúl Ramírez, ha cuestionado que el gobierno de la alcaldesa María José García-Pelayo haya convertido al Ayuntamiento en una “empresa de trabajo temporal dando empleo de forma arbitraria en concesionarias”, tal y como han traslado a Foro tanto afectados directos como representantes de los comités de las citadas empresas concesionarias”.

“El gobierno local tiene que explicar de inmediato en base a qué criterios coloca a unos afectados, incluso varias veces, y a otros no”, ha mantenido. En este punto, Ramírez ha recordado que el Ayuntamiento se acogió “tarde y mal” al Plan de la Junta de Andalucía recogido en el Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, lo que ha supuesto que un total de 433 personas se hayan visto afectadas por una situación “rocambolesca”.

“Estas personas renunciaron a sus prestaciones sociales por un tiempo de trabajo y cotización previsto (tres meses) que finalmente ha distado mucho de la perspectiva que tenían (un solo mes de cotización), lo que, además, les ha dejado en situación de desamparo, sin acceso no solo a prestaciones por desempleo sino en muchos casos a ayudas básicas de alimento”. Según mantiene el grueso del colectivo, “para dividirles y acallar voces críticas están contratando en concesionarias a determinadas personas para reforzar los servicios municipales en los eventos, como han podido ser la Semana Santa, el Mundial de Motos y la pasada Feria del Caballo, pero lo que más indigna a estos afectados es que las contrataciones siempre van para los mismos”. “Ni esta mayoría del colectivo de afectados por la mala gestión municipal al aplicar el decreto de la Junta, ni por supuesto los 35.000 parados de la ciudad entenderían estas prácticas abusivas, oscuras y caprichosas por parte del gobierno del PP”, ha sostenido Raúl Ramírez con determinación.

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