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El PSOE pide la protección de la producción de tomate de la provincia frente a las “importaciones descontroladas de Marruecos”

El Grupo Socialista llevará al próximo Pleno de la Diputación una propuesta para que la Comisión Europea controle y aplique los contingentes establecidos en el acuerdo suscrito con Marruecos en la primavera de 2012 para “una serie de producciones consideradas sensibles y que cuentan con una importancia capital para el sector agrario gaditano, entre los que destaca fundamentalmente el tomate pero que también reúne otras como el calabacín, el pepino, la clementina y el ajo, así como el azúcar”.

Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha lamentado que el sector hortofrutícola gaditano “viene padeciendo en los últimos meses las consecuencias del incumplimientos de los contingentes establecidos en materia de cupos, precios o aranceles para ese ramillete de productos, dentro de un acuerdo que incidía en el proceso de liberalización total de las exportaciones de frutas y hortalizas de Marruecos hacia los mercados comunitarios, y que establecía unas medidas de protección para aquellas variedades más amenazadas por esa apertura”.

En el caso concreto de la producción gaditana más expuesta a esta indiscriminada apertura de mercados como es el tomate, hay que tener en cuenta que “también se trata de la estrella de las exportaciones de Marruecos”, que puede situarlo a unos precios comparativamente muy bajos respecto a los que se obtienen en la provincia. Según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el tomate es el tercer cultivo hortícola en virtud de su superficie en la provincia. Las 1.250 hectáreas dedicadas a él solo son superadas por las 2.422 hectáreas de patata y las 2.326 hectáreas de zanahoria. Por municipios, la extensión dedicada a la producción de tomate es especialmente importante en Sanlúcar de Barrameda (302 hectáreas), Jerez y Conil (ambas con 195 hectáreas), así como en otras localidades como El Puerto, Chipiona y San José del Valle.

“La competencia del tomate procedente de Marruecos, desprovisto de todo mecanismo de control, está repercutiendo gravemente en la provincia, donde ha habido semanas en las que el precio en origen se ha situado en 0,23 euros el kilo, cuando los costes de producción en nuestra zona rondan los 0,40 euros por kilo y los procedentes de Marruecos han llegado a introducirse en Europa a unos 0,46 euros el kilo”, ha añadido. Y ha destacado la necesidad de cumplir esos mecanismos de protección, toda vez que “las propias organizaciones agrarias han denunciado las dificultades de los productores gaditanos y españoles para competir en condiciones de igualdad, dados los menores costes salariales de Marruecos, de 0,6 euros por hora frente a los 5 euros de media en nuestro país, y la utilización allí de productos fitosanitarios no autorizados en el seno de la Unión”.

Por todo ello, ha defendido la conveniencia de instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que “insistan ante la Comisión Europea para que se apliquen y se controlen los contingentes establecidos en el Acuerdo en materia agrícola con Marruecos en todo el territorio Aduanero de la UE”. La iniciativa al Pleno de la Diputación también busca reclamar al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de los correspondientes acuerdos con el Gobierno francés en torno a los mecanismos de control aduanero y su directa implicación en el buen cumplimiento del Protocolo Agrario del Acuerdo de Libre Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, igualmente con el objetivo de salvaguardar los intereses de los productores gaditanos y españoles.

REGADÍOS

Esta iniciativa del Grupo Socialista no es la única centrada en la defensa del sector agrario de la provincia que será abordada en el Pleno de la Diputación del próximo miércoles. Junto a ella, el PSOE también planteará otra que persigue “la modificación de la actual normativa que ha sido impuesta por el Gobierno del PP y que regula el marco eléctrico, de manera que se modulen las tarifas sobre el regadío, para evitar los elevados incrementos en tarifas eléctricas que se aplican desde agosto de 2013 y que afectan al campo gaditano y andaluz”.

Para ello, ha explicado Irene García, “es preciso arbitrar modelos de contratación temporal, acordes con las necesidades de potencia demandadas realmente por los agricultores, al tiempo que se pongan en marcha mecanismos para reducir el coste del consumo real de electricidad realizado por todos aquellos agricultores de la provincia que se dedican al regadío”.

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