El Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación del próximo día 23 una propuesta de rechazo a la “supresión unilateral”, por parte del Gobierno de la Nación, de la fórmula de revalorización de las pensiones públicas, que se ha traducido en una importante pérdida de poder adquisitivo de las mismas, y que se irá acentuando a medida que transcurran los años. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha señalado que “la nueva fórmula para calcular la revalorización de las pensiones instaurada a partir de la Ley 23/2013, de 13 de diciembre, no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Muy al contrario, supondrá una pérdida de entre el 14 y el 26 por ciento durante los próximos 15 años, como de hecho ya están notando los más de 190.000 pensionistas de la provincia, que se verán empujados progresivamente al empobrecimiento”.

Por este motivo, los diputados y diputadas socialistas expondrán en el Pleno “nuestro más absoluto desacuerdo con la decisión del Gobierno de eliminar un sistema que venía funcionando y de sustituirlo por una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con el resto de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, y rompiendo así el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda en el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo”.

“La revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25 por ciento, viene a consolidar una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de no actualizar las pensiones”, ha afirmado Irene García. De hecho, los incrementos realizados en las cuantías en los dos últimos años no han sido suficientes para compensar la evolución de la inflación. Como consecuencia, en estos años las pensiones inferiores a 1.000 euros, (dos tercios del total) han perdido un 0,1 por ciento; y las superiores a esa cantidad (el tercio restante) han reducido su capacidad de gasto el 1,1 por ciento. “Teniendo en cuenta el aumento decidido para 2014 (el 0,25 por ciento) y la previsión de inflación manejada por el propio Gobierno (del 1,5 por ciento), este año todas las pensiones, sin distinción de su cuantía, sufrirán una disminución de su capacidad de gasto del 1,25 por ciento”.

“La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento de millones de personas, muy especialmente para quienes ya cuentan con una pensión baja. Esta situación afecta a muchísimas personas, porque nada menos que el 54 por ciento de las pensiones tiene una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Además, hay que tener en cuenta los efectos sobre las familias, ya que para el 27 por ciento de los hogares la pensión es su único ingreso o el principal de los que reciben”, ha explicado Irene García. La portavoz ha destacado también los “efectos negativos derivados sobre el empleo y la actividad económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda interna de bienes y servicios, que lógicamente se resentirán al reducirse el importe de las mismas”.

Este progresivo empobrecimiento de los pensionistas y de las personas de ellos dependientes se agrava aún más si se tienen en cuenta factores como la evolución de los precios de los medicamentos, que han aumentado el 20,9 por ciento desde 2011 como consecuencia de la exclusión de un número importante de ellos de la financiación pública; la elevación del coste del transporte público urbano, con una subida acumulada del 14,6%; y los sucesivos “tarifazos” vividos en los dos últimos años, que han elevado el gasto en luz, agua y calefacción en un 11,4 por ciento.

“Exigimos al Gobierno del PP y de Mariano Rajoy una rectificación inmediata, y que regrese al marco de diálogo y acuerdo que representa el Pacto de Toledo, porque las medidas adoptadas fuera de este no han hecho sino perjudicar a las personas más débiles, sin actuar en ningún caso sobre los verdaderos retos del sistema de pensiones. De hecho, no se ha articulado ninguna medida dirigida a la mejora de ingresos, a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, ni a la necesidad de que aflore la economía sumergida”, ha concluido Irene García.