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La Junta prevé ahorrar este año 3 millones de euros en la gestión de las sedes judiciales

La contención del gasto se ha convertido en una de las prioridades de las administraciones, como no podía ser de otra manera, que encaran el segundo semestre del año con el objetivo de aumentar la austeridad modificando si es necesario los modelos de gestión. El área de Justicia no iba a ser una excepción, por lo que la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz ha anunciado su intención de racionalizar el presupuesto con medidas concretas, lo que supondrá un ahorro global de 3 millones de euros en toda la provincia. Según datos ofrecidos por fuentes oficiales, una de las bazas del Plan de Estabilidad consistía en renegociar el coste de las sedes judiciales en las que se pagaba un alquiler (la referencia era un descuento del 15%). 

Esa negociación se inició en 2012 y ha culminado este año, con un ahorro previsto de casi 1 millón de euros con respecto a lo que se pagó en el ejercicio anterior por todos los arrendamientos de estos órganos. A todo ello hay que sumar 2 millones más de ahorro en otros conceptos, tales como material de oficina, envíos postales, gasto telefónico y depósitos de vehículos, que según estas fuentes se han realizado sin menoscabo de los servicios. Se trata de gastos como los contratos de limpieza en las sedes judiciales, que ahora cuestan 223.000 euros menos, o el transporte de los operadores judiciales (jueces, fiscales, forenses, funcionarios que notifican embargos…), que suponen unos 350.000 euros menos al año al sustituir la utilización del taxi por cinco vehículos oficiales con conductores que ya estaban en plantilla.

Del mismo modo, apuntan al ahorro en material de oficina (223.000 euros menos desde que comenzaron a aplicarse las medidas) y muchos otros tipos de material, junto con lo relativo al personal, en concreto en todo lo que se refiere a la obligatoria cobertura de bajas con interinos. Diversos estudios y análisis de la Inspección General de Servicios de la Junta habían detectado en este colectivo funcionarial un grado de absentismo laboral sensiblemente superior al de la media. Por eso, desde el año 2012 se llegó a un acuerdo con la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades del SAS en la provincia de Cádiz para remitirle de manera sistemática las bajas por enfermedad más duraderas y reiteradas. De esta forma, muchos funcionarios recibieron el alta y ha sido necesaria una menor contratación de interinos, con un ahorro en este capítulo según la Delegación de unos 700.000 euros.

LAS CONDICIONES DE LOS ÓRGANOS JEREZANOS

La Junta asegura que las sedes judiciales de Jerez, frente a lo que ocurre en otras de la provincia, “no estaban en tan mal estado” por lo que no se planteó su traslado (como sí ocurre en Algeciras, La Línea o San Fernando, donde se está a la búsqueda de nuevos locales para su ubicación). Durante 2013, por tanto, la prioridad ha sido la de realizar algunas obras de mejora y reparación tanto en la sede de Tomás García Figueras como en la de Álvaro Domecq. Así, se han arreglado problemas de humedades y se han solucionado otras averías y, sobre todo, se han hecho obras para ampliar el espacio para los archivos y despejar el resto de instalaciones. Esto ha sido posible utilizando la zona de los aparcamientos subterráneos, que se han reformado para albergar la parte de almacenamiento de documentos. Además de ello, también se han hecho trabajos de embellecimiento y mejora de la fachada de los juzgados de Álvaro Domecq.

En lo que respecta al ansiado proyecto de la Ciudad de la Justicia, desde la administración reconocen que cualquier inversión de envergadura es “poco realista” en estos tiempos en los que la prioridad debe ser la austeridad y la contención del gasto. Por esta razón, se ha optado por mejorar las infraestructuras existentes a la espera de una mejor coyuntura. Desde la Delegación recuerdan, además, que es necesario que haya empresas que opten a la concesión para la construcción de esta infraestructura, y ahora mismo no hay ninguna que haya mostrado ese interés o que tenga garantías de que logrará financiación. Un proyecto, en resumidas cuentas, que si bien no se descarta tampoco se contempla a corto o medio plazo.

 

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